Será Ley: claves del nuevo proyecto que llega al Congreso

Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Hace un año que bajo el impulso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación federal que nuclea el reclamo por esta demanda, logramos que por primera vez después de 13 años, se debatiera en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E). Se trató del proyecto de ley más discutido de la historia de nuestro país, con más de setecientas expositoras y expositores en cuatro meses de debate.

No obstante, tras lograr la media sanción en Diputados, fue en la madrugada del mes de agosto y tras un extenso debate, que dicho proyecto fue rechazado por 38 votos en contra reunidos por senadoras y senadores de Cambiemos, el PJ Federal y uno del kirchnerismo, contra 31 a favor.

A pesar de ello, todo ese día indicaba que ya no había vuelta atrás: en las afueras del recinto, miles de personas ya se habían adueñado de las calles a pesar del frío y la Plaza del Congreso era poblada por la demanda popular. La multitudinaria movilización demostró una participación política inédita, sobre todo de parte de las juventudes. Esa noche, las mujeres ganábamos las calles y el tratamiento de la ley traspasó el edificio legislativo siendo no solo político, sino también social.

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Este proceso, dio inicio a la “marea verde” en la Argentina y el mundo, demostrando que el aborto legal, seguro y gratuito es una demanda popular y masiva, y que forma parte
de los reclamos históricos del movimiento feminista que se manifiesta de forma coordinada, territorial, transversal, política e intergeneracionalmente.

Hoy, 28 de mayo y casi un año después, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña vuelve a presentar por octava vez un nuevo proyecto, modificado con lo aprendido durante el debate parlamentario del año pasado y con algunos cambios en la redacción para evitar discusiones que ya fueron saldadas en el debate anterior, con el objetivo principal de ampliar el apoyo a la iniciativa.

Dando cuenta de ello y de la ampliación de la transversalidad de apoyos, las primeras quince firmas son de Brenda Austin, Carla Carrizo, Victoria Donda, Mónica Macha, Romina del Pla, Carolina Moises, Cecilia Moreau, Araceli Ferreyra, Monica Schlotthauer, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato, Daniel Lipovetzki, Daniel Filmus, Nicolás del Caño y Hugo Yaski, abarcando un arco partidario notablemente amplio.


«Con este nuevo proyecto, que abraza una perspectiva en derechos humanos y feminista, incorpora a la ESI y armoniza con la Ley de Identidad de Género, la marea verde vuelve al Congreso»


Sin embargo, las lógicas parlamentarias en años electorales son difíciles en general, más allá del tema de la I.V.E, y desde la Campaña se entiende que los tiempos políticos son impredecibles, debiendo crearse las condiciones para que la política avance. Esperan que la iniciativa sea “tratada y aprobada” pese al revés legislativo del año pasado, y aún advirtiéndose que influirá la campaña electoral, los sectores que impulsan la legalización del aborto volverán a insistir, nuevamente con el acompañamiento de acciones federales simultáneas que se darán en más de cien ciudades del país, y apoyados por pañuelazos y concentraciones en diversas partes del mundo.

 

LAS MODIFICACIONES 

Como consecuencia de los debates que se dieron en el 2018, surgieron una serie de modificaciones en el proyecto original. Sin embargo, hay una base que permanece: el plazo para que pueda ser realizado un aborto sigue siendo solo durante las primeras 14 semanas de gestación, y, luego de ese plazo, si corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

Cuerpos gestantes –   No obstante, el artículo que hace alusión a dicho plazo, ya no referirá solo a las mujeres sino también a «otras identidades con capacidad de gestar», reconociendo como sujetos de este derecho a todos los cuerpos gestantes.
Esta modificación se dio en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Objeción de conciencia –   Otra de las novedades contempladas en el texto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

Malformaciones fetales –   Además, se eliminó la causal de las “graves malformaciones fetales”, dando lugar a los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.

Despenalización –   En cuanto a la despenalización, el proyecto es más que claro: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. En la misma línea, añade que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada”. También establece que se debe garantizar la práctica dentro de los 5 días de su requerimiento y debe estar cubierta  en hospitales, obras sociales y prepagas.

Educación Sexual Integral –   El texto modificado incluye, además, un artículo que reafirma las obligaciones del Estado sobre el dictado de la ESI y prevé que las mujeres reciban información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.


Con este nuevo proyecto, que abraza una perspectiva en derechos humanos y feminista, incorpora a la ESI y armoniza con la Ley de Identidad de Género, la “marea verde” que nunca se fue sino que, por el contrario, creció exponencialmente entre un año y otro, vuelve al Congreso con el convencimiento de que el reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina, porque la demanda de una práctica de salud no puede devenir en violencia institucional, punición, estigmatizaciones o amenazas de encierro.

La transformación hacia una sociedad más democrática y plural requiere compromiso político con un Estado laico e igualitario que haga efectivas las demandas populares y que garantice nuestros derechos.  El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se enmarca en el respeto a la decisión responsable, en la justicia social y en la perspectiva de derechos humanos.  

 

El financiamiento de los partidos y una reforma polémica

Entrevista a Joaquín Caprarulo* |

Entre subas y bajas del dólar, números preocupantes de inflación y encuestas políticas semanales que intentan predecir el futuro electoral de este año -temas que indudablemente se llevan la mayor atención-, la reforma al sistema de financiamiento de los partidos políticos logra abrirse algo de espacio en el debate público, particularmente en lo relacionado a las campañas electorales.

El martes 16 de abril de este año el proyecto de reforma a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) que impulsa el Gobierno obtuvo media sanción al ser aprobado en el Senado de la Nación. Entre sus puntos principales se destacan la bancarización obligatoria de los aportes y la posibilidad de que las empresas financien las campañas electorales de los partidos. Si bien el primero de estos puntos goza de un alto consenso, el último es objeto de agitadas discusiones.

Sobre esto hablamos con Joaquín Caprarulo, abogado (UBA) y coordinador del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

¿En qué consiste la reforma a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que ya comenzó a tratarse en el Congreso? 

Desde el 2018 el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso de la Nación una reforma de la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. La última reforma hecha a esta ley, que data del 2006, fue en el 2009, cuando se incorporó la prohibición de que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas de los partidos políticos.

La normativa vigente consagra un sistema de financiamiento mixto, es decir, tanto público como privado. Los partidos políticos reciben aportes del Estado para sus tres actividades principales: desenvolvimiento institucional; capacitación y formación política, y campañas electorales. Las personas físicas pueden aportar voluntariamente a cualquiera de estas tres actividades, pero las personas jurídicas de cualquier carácter tienen prohibido aportar a las campañas, tanto para primarias como elecciones generales.

Uno de los principales cambios que propone esta reforma es la modificación del artículo 44 bis de la ley vigente y, por consiguiente, permitir –con ciertas restricciones- que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas electorales de los partidos políticos.

¿Implica otorgarle derechos políticos a las empresas?

La posibilidad de que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas electorales representa el reconocimiento de un derecho político que en la Constitución Nacional sólo está reconocido a las ciudadanas y los ciudadanos. En nuestra comunidad política, los principios que rigen el proceso electoral son: la igualdad de los ciudadanos -reflejada en el principio “un ciudadano, un voto”-, la libertad de los electores y el principio de representación (el deber de los gobernantes de representar los intereses de la ciudadanía).

Las personas jurídicas son “ficciones legales” que no tienen derechos políticos propios: no votan, no pueden ser votadas y no tienen un rol asignado en el debate democrático y la deliberación pública que no sea el que las personas físicas puedan ejercer a través de ellas (como es el caso de los medios de comunicación).

Con esta reforma que se pretende, ¿se aumenta el riesgo de captura del Estado? ¿La clase política puede verse más condicionada por los aportes de las empresas?

El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las élites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen favorecer a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general. Habilitar el aporte empresario es una de las peores reformas posibles al sistema institucional y electoral, que de ser aprobado facilitará procesos de captura del Estado por parte de empresas privadas.

Las advertencias de que este tipo de reforma aumenta los riesgos de captura del Estado son numerosas. En el informe Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos, de la organización Oxfam, se menciona al financiamiento empresario de las campañas como uno de los principales mecanismos para que las élites económicas se adueñen de los procesos de tomas de decisiones públicas. En particular, nuestra región registra antecedentes que evidencian los efectos nocivos del financiamiento empresario, como fue el escándalo de Odebrecht que alcanzó a muchos países de América Latina.

El principal argumento que se esgrime a favor de la reforma es que se blanquea algo que ya sucede en las sombras y permite que contemos con mayor información…

Quienes impulsan este tipo de reformas sostienen eso: que transparenta algo que inevitablemente sucede. Pero esta mirada es problemática. Primero, porque el hecho de que una actividad prohibida “ocurra de todas maneras” no es argumento suficiente para su legalización. El debate debe girar en torno a sí la sociedad considera o no esta actividad como contraria a los principios constitucionales y los valores democráticos que desee preservar. Saldado este primer punto, la discusión debe centrarse en cuales son los mejores mecanismos para controlar dicha actividad y garantizar que la prohibición sea efectiva.

Sobre este segundo punto se argumenta que la prohibición del financiamiento empresario ha fracasado y que no es posible evitarlo. Los casos judiciales de “los cuadernos” y de los “aportantes truchos” demuestran justamente lo contrario. En ambos casos se trataba de complejas maniobras de encubrimiento de aportes, que sin embargo fueron descubiertas, primero por periodistas y luego investigadas en la Justicia. Ello demuestra que cuando se investiga adecuadamente es posible detectar este tipo de casos. Lo que habitualmente no sucede es que las violaciones a la ley resulten en sanciones adecuadas que efectivamente desincentiven las prácticas delictivas por parte de partidos políticos, candidatas/os y/o empresas.

Lo defensores de esta propuesta de reforma sostienen que para evitar posibles casos de captura empresaria de los partidos políticos se contempló en el texto un tope al aporte de cada persona jurídica de un 2% del total de la campaña (monto que fija la Cámara Electoral). Siguiendo el razonamiento de que no es posible controlar estos aportes, no hay motivos para suponer que los límites y nuevas prohibiciones serán respetados o que el sistema de control funcionará. A ello se suma que el tope está previsto para cada persona jurídica, pero no contempla límites al caso de grupos empresarios o “holdings”, conformados por numerosas personas jurídicas. Esta omisión normativa permitiría con facilidad a ciertas empresas aportar mucho más del tope del 2% sin violar la ley.

 


«Esta reforma genera incentivos para que los representantes políticos busquen favorecer a las empresas que financian sus campañas»


 

Otras organizaciones, como los sindicatos, ¿no podrían aportar?

La prohibición, en este proyecto, se mantiene sobre varias de las personas jurídicas que ya tenían vedado cualquier tipo de aporte en la ley anterior: empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas; personas jurídicas que exploten juegos de azar; personas jurídicas no inscriptas en el país; asociaciones sindicales, patronales y profesionales.

¿Cómo puede abordarse el análisis de la reforma desde el punto de vista de la igualdad entre los distintos partidos políticos? 

Desde la óptica de los partidos políticos, el financiamiento empresario genera un efecto de “cancha inclinada” en favor de aquellos que tienen mayor acceso al financiamiento empresario. Quienes se favorecen de esta situación son sobre todo aquellos partidos cuyas ideas son más afines a las de los sectores con poder económico. Este escenario atenta seriamente contra la igualdad en la competencia electoral, ya que desbalancea las oportunidades de las diferentes propuestas electorales de convencer a las mayorías y disputar su voto, algo elemental para nuestro sistema democrático.

Este escenario lógicamente condiciona la diversidad de ideas y la fortaleza de la deliberación pública en el contexto de la sociedad civil. Indudablemente, hacer política necesita de recursos económicos, sobre todo para la publicidad de ideas y propuestas en los períodos electorales. A ello se suma el rol de los grandes medios de comunicación, que también tienen intereses en tanto actores económicos y muchas veces representantes de intereses corporativos. Una propuesta de estas características redunda en una amplificación de ciertas ideas o debates en detrimento de otras.

¿Y desde el punto de vista de la igualdad en la sociedad civil?

La captura del Estado que produce este tipo de medidas tiene también un impacto mayúsculo para la sociedad civil, ya que altera seriamente el esquema de incentivos para la definición e implementación de las políticas públicas. Los partidos políticos que acceden al poder producto del financiamiento empresario priorizan la satisfacción de los intereses particulares de sus aportantes antes que los de la mayoría del electorado, lo que viola el principio constitucional de representación (el deber de las/os gobernantes de representar los intereses de la ciudadanía). Para graficarlo, podemos hacernos algunas de las siguientes preguntas: ¿cuánta autonomía tendría para defender al medio ambiente un gobierno financiado por empresas mineras o petroleras? ¿Cuál sería el impacto en las políticas de salud pública cuando las campañas electorales de los principales partidos se financian con aportes de la industria farmacéutica o de la medicina privada? ¿Qué rol ocupará el Estado en la defensa de los derechos de los consumidores si quienes lo conducen llegaron al poder financiados por empresas que ofrecen bienes y/o servicios?

En un contexto con cada vez menos afiliados que pagan una cuota, y campañas más caras, ¿qué instrumentos pueden encontrarse para evitar la dependencia del financiamiento que puede traducirse en favores políticos?

La solución al actual problema no puede ser la legalización de una práctica nociva para el sistema democrático y que atenta contra la independencia de quienes tienen que decidir en función del bien común. Al contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma.

La democracia es el bien más preciado que tenemos para vivir en una sociedad justa e igualitaria. Es necesario asumir que los costos de la política deben ser sostenidos por toda la sociedad o enfrentar el riesgo de que las decisiones públicas respondan a los intereses de quienes puedan comprarlas. Para ello hay que pensar mecanismos que mejoren la distribución de los recursos públicos y reduzcan los costos de las campañas.

 


«Quienes se favorecen de esta situación son sobre todo aquellos partidos cuyas ideas son más afines a las de los sectores con poder económico»


 

¿Cuáles son los principales puntos a fortalecer en lo que refiere a las campañas electorales en Argentina? ¿De qué forma?

En primer lugar, es necesario abordar algunas reformas en materia de control que están pendientes desde hace mucho tiempo. Un ejemplo es la creación de los juzgados electorales, una deuda desde la sanción de la ley 19.945 en 1972. Es necesario separarlos de la justicia federal y dotar a dichos juzgados, junto con la Cámara Nacional Electoral, de las capacidades institucionales, humanas y financieras necesarias para llevar adelante el control de los partidos políticos y su financiamiento.

Por otra parte, ciertas medidas de transparencia, como la bancarización total de los aportes que prevé esta reforma, son fundamentales. Además, los partidos deberían estar obligados a tener cuentas bancarias exclusivas para las campañas, para evitar que se confundan los aportes para actividades ordinarias y facilitar de esta manera el control de los ingresos durante el periodo electoral.

Actualmente los gastos de campaña se auditan con enormes demoras en el tiempo, y sólo con la información provista por los propios auditados. La mayoría de las veces, las cuentas de una campaña no son auditadas sino hasta varios años después, incluso luego de que ya transcurrieron nuevos procesos electorales. La reforma que se debate en este momento incorpora, acertadamente, la obligación de que ciertos organismos públicos como la UIF, la PROCELAC o la AFIP, entre otros, compartan la información que tengan de los partidos y sus campañas con la Justicia Electoral.

Por último, hay que mejorar el sistema de sanciones a los partidos políticos que incumplan con la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley. Estas sanciones pueden comprender multas; reducción o eliminación de aportes públicos; suspensión para próximas elecciones; pérdida del cargo electivo; y, en ciertos casos, la prisión. Pero más allá del tipo de sanción, el foco debe estar puesto en dotar a las instituciones públicas que se encargan del control del financiamiento de la política de los recursos y las capacidades suficientes para identificar, investigar y sancionar violaciones a la ley con la mayor celeridad posible.

 

* El entrevistado es abogado (UBA) y se desempeña como coordinador del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Además es docente e integrante de equipos de investigación en la Facultad de Derecho de la UBA. 

Venezuela en el laberinto de la transición

Opinión | Por Ramiro Albina |

En este artículo vamos a partir de un hecho básico: la situación de crisis humanitaria y autocratización del poder político en Venezuela. Reconocer esta situación no es algo que requiera un esfuerzo intelectual importante, pero, sin esa premisa, el tema del que trata esta columna no tendría sentido. Por lo tanto, no es de interés en este caso discutir con aquellos que niegan la situación venezolana con un discurso vergonzoso y desde hace mucho tiempo distante de la realidad (un intento modesto en este sentido lo intentamos en un artículo anterior). Tampoco nos interesa plantear una discusión en términos de izquierda-derecha. La utilización de estas categorías no tiene demasiada relevancia cuando lo que está en juego es una disyuntiva entre democracia y autoritarismo. Quienes creemos en la democracia en sí misma podemos tener preferencias inclinadas hacia uno u otro lado, pero siempre preferiríamos un gobierno democrático de signo ideológico contrario antes que uno autoritario de los “nuestros”.

Venezuela volvió a ser noticia el 30 de abril cuando en la madrugada se conoció un video de Juan Guaidó (Presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como Presidente Encargado por alrededor de 50 países) junto al dirigente Leopoldo López (quien se encontraba en prisión domiciliaria), anunciando el comienzo de la “Operación Libertad”. Finalmente, este no logró el apoyo militar esperado, la movilización opositora fue reprimida, y López terminó refugiado en la Embajada de España. Maduro logró una vez más aquello en lo que más éxito ha demostrado tener: durar.

En esta capacidad del gobierno de aferrarse al poder, bloqueando paulatinamente los canales de acceso legítimos, hay una responsabilidad de parte de los gobiernos de la región que han permitido, y en algunos casos avalado, que la situación venezolana llegue a este punto límite. La retórica de integración regional y la conformación de esquemas de cooperación no lograron (o no quisieron lograr) evitar la creciente autocratización del poder en Venezuela, a pesar de las alarmas que se venían encendiendo desde hace tiempo. Esta incapacidad o falta de voluntad tuvo dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, transformó lo que en un principio era un problema de política interna en una pieza más dentro del ajedrez geopolítico mundial. En segundo lugar, al mirar para otro lado mientras el gobierno venezolano se tornada cada vez más autoritario, violando derechos humanos y viéndose implicado en graves casos de corrupción y narcotráfico, los costos de abandonar el poder aumentaron enormemente. En una democracia competitiva, la derrota electoral del oficialismo significa solamente pasar al llano durante un tiempo, esperando por volver al gobierno. Pero cuando lo que está en juego en una derrota es la prisión o la vida, esta deja de ser una opción para quienes corren ese riesgo.

Sin embargo, algo puede estar cambiando desde el 30 de abril. Esta pequeña fractura en un sector de las Fuerzas Armadas (algo que no había sucedido anteriormente), junto con la profundización de la crisis económica y de los servicios públicos esenciales, hacen muy difícil pensar que el gobierno pueda volver a la situación hegemónica de años atrás. Por lo tanto, se habla cada vez más, y con un poco de optimismo, sobre la posibilidad de que finalmente se avance en una transición (incluso hay trascendidos sobre posibles negociaciones secretas). Hay que ser precavidos en este punto ya que quizás sería un error pensar la salida venezolana en términos del esquema de transiciones de décadas anteriores. El autoritarismo venezolano es uno de nuevo tipo. No es un régimen surgido de un golpe de Estado encabezado por un grupo de militares que se quedan en el poder por tal cantidad de años, sino que fue producto de una lenta descomposición de las instituciones democráticas desde el interior de las mismas por un partido con control militar (debate que se avivó recientemente con la publicación de “Como mueren las democracias” de Steven Levitsky y  Daniel Ziblatt). Este hecho, sumado a un contexto global cuyas condiciones no son las más favorables para las democracias, hace que las soluciones de manual recetadas puedan no garantizar necesariamente el éxito.

No hay nada que asegure que el gobierno no vaya a triunfar en su empresa de mantenerse con uñas y dientes en el poder (hablamos de gobierno y no solamente de Maduro, ya que también existe la posibilidad de una transición dentro y no de régimen). En este sentido, el desafío principal de la oposición es generar las expectativas y condiciones para una oferta transicional que pueda quebrar a la coalición dominante del gobierno, hoy sostenida fundamentalmente por el apoyo de los principales mandos militares. Una transición lo más pacífica y al menor costo social posible sólo puede ser el resultado de una negociación. Sin ella difícilmente se podrá salir de una situación en la que ningún bando puede imponerse definitivamente sobre el contrario.

En caso de que la oposición logre sumar cada vez más voluntades militares, en un contexto de suma cero, donde encontrarse del lado de los perdedores tiene costos altísimos, abdicar en la negociación y apostar a una estrategia de a todo o nada, generaría la posibilidad real de un enfrentamiento armado. En ese escenario, que hoy no es el más probable, los costos sociales serían incalculables y podríamos despedirnos del Estado venezolano. Esto significa que, sin una derrota militar (la única forma en la que pueda haber un castigo masivo a todos los responsables), la transición solo es posible pactando, ya que la certeza del castigo hace que desaparezca cualquier incentivo para abandonar el poder. En el contexto de una transición, el castigo de los crímenes cometidos por un régimen autoritario es ciertamente el tema más difícil. Se trata de esas situaciones en las que lo es deseable entra en tensión con lo que es viable.

Nada de esto será posible sin una fractura en los mandos militares que obligue al gobierno a sentarse en una mesa de negociación en serio (no las farsas que ha venido planteando el oficialismo para ganar tiempo), y sin una unidad opositora que se agrupe en torno a una estrategia viable en la práctica y una comunidad internacional que acompañe firmemente este proceso (para lo cual podría ser de gran utilidad un país como Cuba jugando un rol de “intermediario”). Si se abre esta posibilidad, donde los más moderados de ambos bandos deberían ser quienes la lideren, tendrá que asegurarse que la transición sea estable y dure en el tiempo mediante una estrategia conjunta, con un manejo responsable de las expectativas, y un difícil consenso acerca del límite hasta el cual pueden llegar las amnistías y los castigos. Una transición que permita al nuevo régimen consolidar su legitimidad y reconstruir una sociedad fracturada, marcada por un éxodo masivo y años de profunda división política, junto con una capacidad productiva destrozada.

Por lo tanto, para plantear las posibles alternativas de transición primero deben darse las condiciones de su posibilidad. Otro escenario posible, es aquel en que los sucesos del 30 de abril sean utilizados como la excusa perfecta para intensificar la persecución de opositores. En esta dirección, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó enjuiciar a siete diputados y la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ahora con prisión preventiva en una cárcel militar. Si el gobierno logra mantener el apoyo militar, los riesgos de una radicalización de la dictadura venezolana son altos y su permanencia en el poder no estará en verdadero peligro.

* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires

Precios Esenciales: ¿un alivio de cara a las elecciones?

Opinión | Por Mateo Pérez Copello* |

 

El pasado 17 de abril, en ausencia del presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a sus pares Dante Sica (ministro de Producción y Trabajo) y Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), anunció un set de medidas económicas para morigerar la inflación. De cara a los comicios presidenciales, el gobierno planea políticas que buscan, según los comentarios de los propios ministros, darle “alivio a la población”.

El objetivo de las decisiones anunciadas es apuntalar tres aspectos generales, que vienen castigando a los argentinos desde inicios del mandato: precios, préstamos y cargas impositivas. De todas ellas, la que generó mayor sorpresa -tanto dentro del macrismo como en la oposición- fue el relanzamiento del programa de “Precios Esenciales”, antiguamente conocido como “Precios Cuidados.

El programa Precios Cuidados fue diseñado en el 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es una herramienta que busca distribuir de manera más equitativa los márgenes de rentabilidad entre los diferentes sectores sociales, fijando un acuerdo de precios que en medio de un contexto inflacionario intenta cuidar el bolsillo de los consumidores.

Opciones para agregar 2

Desde su asunción, el gobierno puso como caballo de batalla para reducir la inflación al Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien entendió lo que era una problemática distributiva como un fenómeno plenamente monetario. A lo largo del tiempo y de manera sostenida, las autoridades del BCRA optaron por fijar elevadas tasas de interés, controlando la base monetaria con el mero objetivo de ir quitando dinero del mercado. Esto trajo como consecuencia un enfriamiento económico, que motivó una caída en la inversión y en el consumo.

Si hay algo que el gobierno actual ha criticado a voz alzada fueron los programas de intervención del mercado y el programa Precios Cuidados tiene como mecanismo de ejecución la intervención del mismo. Es por ello que este viraje económico sorprendió a todo el arco político.

• ¿Por qué tomaron una decisión del estilo? Luego del último informe del INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo de 2019, una alarma sonó en las altas cúpulas gubernamentales: la inflación interanual (de marzo de 2018 a marzo de 2019) alcanzó un 54,7 %. (Ver cuadro)

INDEC IPC
Índice de Precios al Consumidor (IPC – INDEC). Variaciones del mes de marzo de 2019 con respecto al mismo mes de 2018.

 

Lo más sorprendente aquí fue la inflación para los alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanzó un 64 % interanual. Ante este duro panorama, el gobierno vio la necesidad de tomar una decisión de carácter urgente frente a las futuras elecciones. En su esfuerzo por morigerar los efectos que las medidas optadas anteriormente provocaron en la vida cotidiana de los ciudadanos, las autoridades gubernamentales decidieron resucitar y rebautizar al programa Precios Cuidados. Es por esta razón que el pasado 17 de abril Dante Sica comunicó la reapertura de “Precios Esenciales”.

• ¿En qué consiste este acuerdo? El objetivo del mismo es fijar los precios de 60 productos esenciales para la canasta básica, pertenecientes a 16 firmas, desde el pasado lunes 22 de abril hasta el 19 de octubre del año corriente (180 días). Entre ellos habría productos como aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Adicionalmente, se incluye un acuerdo por cortes de carne a precios accesibles, donde se compromete vender 120 mil kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo (precio final) en la feria minorista del Mercado Central y en las bocas de expendio de cada uno de los frigoríficos.

• ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Quién se encargará de llevar a cabo el control del acuerdo? El gobierno cerró el programa con grandes cadenas de supermercados, quedando fuera los supermercados chinos y almacenes de barrio. En el acuerdo podemos encontrar grandes firmas como Carrefour, La Anónima, Walmart, Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) y Coto, que forman parte de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Sé contará con un equipo de 350 fiscalizadores del Ministerio de Trabajo, quien tendrá a su cargo el control del cumplimiento del acuerdo a nivel nacional. Además, se ampliarán las facultades de la Secretaría de Comercio para evitar distorsiones en el mercado.

• ¿Está bien aplicado? Por un lado, podemos ver que hay una gran dificultad de acceso al mismo ya que fuera de las grandes urbes es notoria la ausencia de hipermercados, y con el aumento en el transporte y combustibles quizás sea más caro llegar al Mercado Central a primera hora del día que comprar un kilo de carne en la carnicería del barrio. Por otro lado, la canasta ofrecida no cuenta con verduras, frutas ni legumbres. Según el cálculo del índice de masa corporal por mediciones físicas, realizado por INDEC en la cuarta Encuesta de Factores de Riesgo, se evidencia que el 66,1 % de los individuos tuvieron exceso de peso (sobrepeso + obesidad). Teniendo en cuenta esta estimación, si vemos el contenido ofrecido por el gobierno notamos que la lista es extensa en grasas y bebidas alcohólicas, dejando en evidencia que detrás de esta política no hay ningún plan de alimentación saludable. También se han realizado críticas respecto a las calidades de los productos, dado que se han involucrado dentro del acuerdo segundas y terceras marcas. Para citar un ejemplo de la falta de interés en la conformación del programa: 120 mil kilos semanales de carne vacuna representan aproximadamente 2 vacas diarias por provincia. El desabastecimiento en variedad y en calidad de los nuevos productos comprometidos dentro de este programa nos deja sabor a poco. (Ver cuadro)

carne vacuna variacion

• ¿Cuáles son sus implicancias a nivel económico? El programa retomado por el actual gobierno tiene un alcance menor al 2 % de los productos utilizados para calcular el IPC (1). Más allá de representar un beneficio momentáneo para los consumidores, si el objetivo principal es reducir la inflación, su cumplimiento será poco probable. Este parche económico no es suficiente para erradicar la inflación. Para ello, es necesario que dentro del período en el que el programa es aplicado se ataquen los problemas estructurales que la generan.

Además, si este programa no está bien regulado, puede traer dos problemas. En primer lugar, al ser un programa de control de precios el Gobierno debe garantizar el abastecimiento de los productos en los mercados. Se sabe que si se regula vía precios esto puede causar problemas en las cantidades ofrecidas. En segundo lugar, un problema que se observará al finalizar el acuerdo: cuando concluya Precios Esenciales, los productos, al haber estado expuestos a un congelamiento de precios durante un lapso de tiempo, pueden generar un pico inflacionario. Este fenómeno puede no ser factible en un contexto donde los costos se mantengan en un nivel estable, pero si una semana después de este anuncio se verifica un aumento de los combustibles del 4 %, esperaríamos dos reacciones distintas de las empresas: o bien que las mismas salgan del acuerdo antes de su finalización, o que una vez acabado este aumenten sus precios de manera abrupta. Por otra parte, la política de desregulación que se vivió permitió que las empresas tuvieran total libertad para remarcar precios en góndolas. Cortar con tal comportamiento de un día para el otro no será una tarea fácil.

En resumen, a lo largo de todo el mandato de Mauricio Macri se había optado por un sendero de política económica que se dirigía a la libertad de los mercados, controlando las principales variables macroeconómicas a través de la política monetaria del BCRA. El anuncio puede llevar a la interpretación de que las autoridades gubernamentales están innovando en su comportamiento, sin poder dar una explicación certera del mismo, generando desconfianza en los mercados. El gobierno optó por cambiar las reglas del juego minutos antes del silbato final. Es por ello que, de cara a las elecciones y ante una inflación que no para de crecer, decidió olvidar su filosofía de política económica y optó -parcialmente- por el sendero de la intervención. Sin una explicación lógica que justifique la decisión desde el lineamiento económico y político del oficialismo, y ante los endebles cimientos de este programa, el alivio que se espera con gran ilusión podría quedar solo en un anuncio decorativo.

 

(1) Según cita Martín Rozada, investigador del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella

 

*El autor es estudiante de Economía en la Universidad Nacional de La Plata.

Gabriel Puricelli: “Hay un modelo de Europa que viene siendo cuestionado”

Por Ramiro Albina |

La lluvia cae sobre Buenos Aires. De a poco el cielo se va oscureciendo y la calle es una escena de personas cubriéndose bajo los techos, paraguas rompiéndose y vendedores ofreciéndoles reemplazo. Eso no impide que Gabriel Puricelli nos reciba para consultarle el diagnóstico de un paciente complicado: Europa.

Gabriel Puricelli es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y coordinador del programa de Política Internacional en el Laboratorio de Políticas Publicas desde hace varios años. Ha publicado como columnista regular en Revista Debate, Colsecor, Replanteo, entre otras.

¿Qué sucede con ese lento divorcio que se conoce como Brexit? ¿Cuáles son los escenarios posibles en la política española de cara a las elecciones del domingo 28 de abril? ¿Cuáles son los principales desafíos de la Unión Europea? La mayor parte de las respuestas conducen de una manera u otra a un mismo punto: las agrupaciones de extrema derecha que fueron conquistando un lugar cada vez más visible en la escena política.

Atención: Este no es un viaje para quienes buscan certezas. Los tiempos de incertidumbre prefieren las sorpresas.

BREXIT

El Parlamento británico recientemente rechazó una vez más el acuerdo al que había llegado el gobierno de Theresa May con la Unión Europea, quien finalmente consiguió una prórroga hasta el 31 de octubre, ¿cuáles son los escenarios posibles a futuro?

El Brexit era un divorcio que se suponía iba a durar una determinada cantidad de tiempo y que ahora se ha transformado en una especie de saga infinita, dando lugar hasta a un léxico propio. Primero este neologismo de British exit (brexit), y ahora estamos en la Brextension. La correlación de fuerzas dentro de la Cámara de los Comunes hace muy complicado pensar que en el contexto de esta Brextension cambien mucho las coordenadas que hemos visto hasta ahora. Hay un Partido Conservador que no logra traducir la mayoría que tiene para gobernar en una mayoría en favor de algún acuerdo de salida de la Unión, sea el que logró inicialmente May, sean las cinco o seis alternativas que ya fueron sometidas a votación por el Parlamento, o alguna forma de salida muy suave como la que impulsó principalmente el Partido Laborista (salir de la Unión Europea, pero mantenerse dentro de la unión aduanera). La verdad es que la Brextension es más bien postergar la fecha de lo que puede ser económicamente una catástrofe y de lo que seguramente, al menos por un tiempo, va a ser una catástrofe logística con impacto económico inmediato. Después entramos en el terreno de prospecciones de más largo plazo donde yo soy de los que supone un impacto negativo. A pesar de haber estudios de todos los colores, ninguno llega a decir que no va a haber ningún impacto. Entonces, entramos en un terreno donde se gana tiempo, pero está muy poco claro para qué.

¿Hay espacio para un segundo referéndum?

El único factor que parece estar moviéndose o subiendo en la consideración es la campaña por un “People´s vote”, que se pueda votar de nuevo. Pero tampoco esto es algo que se esté abriendo paso a mucha velocidad ni mucho menos, entre otros motivos porque no solo hay una situación de bloqueo en el Parlamento en general sino también dentro de los partidos. El Partido Laborista que podría eventualmente apoyar la propuesta, y que seguramente bajo un liderazgo más pro-europeo que el de Jeremy Corbyn ya lo hubiera hecho, está siendo muy tímido al respecto. Pero de las múltiples variables que hay, la única que realmente parece estar generando algún movimiento, y a la que quizás le pueda servir esta Brextension, es al “people´s vote”. Cualquier predicción es poco responsable hacerla, pero dentro de este cuadro complejo de un Partido Conservador tomado decididamente por una mayoría pro-Brexit, pero dentro de la cual tampoco hay acuerdo sobre la forma, y un Partido Laborista que es claramente pro-europeo pero que al mismo tiempo ve todos los días cómo tiene el gobierno casi al alcance de la mano, siempre y cuando no haya un segundo referéndum, ya que la condición de construcción de una mayoría en la Cámara de los Comunes para el Partido Laborista es sacar suficientes votos en distritos donde el Brexit fue mayoritario. Todo el mundo está de una manera u otra con las manos atadas y, vuelvo al argumento, parece que el único factor que se escapa de todo eso es una parte de la opinión pública que no tiene una representación única en los partidos y que tal vez pueda inclinar en algún momento la balanza en la dirección de un segundo referéndum.

Brexit

En caso de no poder lograr una mayoría para el acuerdo de May, ¿existe la posibilidad de disolución del gobierno?    

Eso está a punto de pasar todos los días. La situación es muy curiosa porque cada vez que el gobierno somete a votación algo que tenga que ver con el Brexit, pierde. Esto genera la impresión de que es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria; y sin embargo, cuando los laboristas presentan una moción de censura, se ratifica el pacto con los unionistas democráticos de Irlanda del Norte que proveen esos dieciocho votos que necesita el Partido Conservador para lograr la mayoría, y le alcanza. Entonces, con la continuidad de May en el gobierno pasa algo parecido a lo que sucede con el Brexit: está todo el tiempo al borde de resolverse y al mismo tiempo de no resolverse. Creo que también la división del Partido Laborista respecto a la cuestión del Brexit, sumado a la ruptura reciente con este pequeño grupo de diputados que formaron el bloque de “Change UK”, hace que el Partido Laborista esté empujando de manera menos convencida y menos unida en dirección de hacer caer el gobierno, que es tal vez el otro factor que podría destrabar la situación. Y un poco la hipótesis de Corbyn es hacer caer el gobierno cuanto antes para maximizar las chances de desplazarlo sin tener que definirse claramente por un “people´s vote” o por alguna forma de Brexit blando. Entonces ahí también el choque de intereses es muy fuerte, y las condiciones para desempatar esa situación no se dan.

Algunos analistas señalan un interés de la Unión Europea en mandar un mensaje claro acerca de los costos de salir del bloque…

Bueno, yo creo que esa ha sido la posición de la Unión Europea siempre. No creo que busque subir el costo del Brexit, sino que es un acuerdo donde se plantea que si quieren un Brexit al menor costo posible, no van a poder evitar hacer una concesión en el tema irlandés. Eso es lo que está ofreciendo la Unión Europea. Ofrece un acuerdo muy razonable, no está arrinconando a May. Pero como se da esta circunstancia de que May sin el primer partido de Irlanda del Norte no se sostiene en el gobierno (que es un factor que no estaba presente inmediatamente después del referéndum, sino que se sumó cuando May adelantó las elecciones creyendo que se ratificaba con amplia mayoría) y bueno, esta situación de un gobierno sostenido exclusivamente por los protestantes nor-irlandeses complica más la cuestión.

Theresa may
Theresa May

 


«El choque de intereses es muy fuerte, y las condiciones para desempatar esa situación no se dan»


ESPAÑA

El domingo 28 de abril hay elecciones generales en España. ¿Cuál es la foto actual de su sistema de partidos?

En primer lugar, un sistema de partidos claramente en evolución que ya desde el 2015 sancionó el fin de un bipartidismo que fue casi perfecto desde la elección de Felipe González y la derrota de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. España era prácticamente junto al Reino Unido el único caso europeo de un bipartidismo casi perfecto donde las terceras fuerzas eran por un lado, Izquierda Unida que en su mejor momento llega a conseguir el 10 por ciento de los votos nada más, o por otro lado las fuerzas regionales que tienen significación en algunas comunidades autónomas. Entonces, en el 2015 esa elección sanciona la desaparición del bipartidismo básicamente porque el campo de la izquierda se dividió de pronto en mitades casi iguales entre el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y Podemos. Lo que vemos de cara a esta elección es que esta vez la derecha, que ya se había partido en dos, ahora aparece dividida en tres. Para la izquierda el gran cambio es que ese campo parece reordenarse en un escenario de dos tercios para el PSOE y un tercio para Unidas Podemos; mientras que en la derecha hay una fragmentación que en algunas encuestas aparece como una división en tercios perfecta. Es una elección crucial para España y para Europa porque la única hipótesis de un gobierno de derecha es con participación de la extrema derecha, con lo cual España estaría pasando de ser el último país que todo el mundo señalaba como aquel en que no había ultraderecha, a ser uno de los ya no tan pocos países en los que la ultraderecha participa de alguna manera en el gobierno, ya sea que lo haga nada más en el voto de investidura o que pueda llegar a tener ministros a través de Vox (la formación de extrema derecha). Las encuestas adelantan que el primer partido va a ser claramente el PSOE, que no llega de ninguna manera a los niveles históricos alrededor del 40 por ciento, pero que claramente parece haber vuelto a estar más cerca de la frontera del 30 que de la frontera del 20 por ciento que es lo que habíamos visto en el 2015 y 2016.

¿Qué importancia tiene esta elección para la política europea en general?

Es clave no solo para España sino también para Europa por el papel que puede llegar a jugar la ultraderecha si esa hipótesis, que no parece la más probable hoy, se diera; y clave también para la recomposición de socialismo europeo porque significaría una ratificación de Pedro Sánchez, que si no solo se religiera, sino que además lo hiciera logrando que crezca el voto del partido casi un 50 por ciento estaríamos frente a un fenómeno que la izquierda en Europa hace prácticamente diez años que no lo ve. Entonces, sumándose a la experiencia de gobierno que viene consolidándose mucho en Portugal, y tratándose a diferencia de éste, de uno de los países mediano-grandes de la Unión Europea, puede tener un impacto en otros.

Pedro Sánchez y Zapatero en Gijón

Vox tuvo ascenso sorpresivo a partir de las elecciones en Andalucía, ¿qué ideas representa y de que parte del electorado consigue su principal apoyo?

España tiene la característica de que no es una democracia arrancada de las manos del autoritarismo, sino que se hereda de la muerte de Franco y se funda en una serie de pactos de impunidad sobre los crímenes de la Guerra Civil. Esto tiene una perduración en la cultura política muy fuerte. Entonces, el biporalismo que uno ve en España es uno que representa mucho la división de la Guerra Civil. Por supuesto es la representación de una superación total de ese conflicto pero que encapsula, sobre todo dentro de la derecha, una cultura antidemocrática muy fuerte que fue contenida electoralmente por un Partido Popular, que fue teniendo un proceso muy consistente de democratización a lo largo de los años. Probablemente ese proceso fue posible porque los cuadros más lúcidos del franquismo y más convencidos de la democratización, que estuvieron en la Unión de Centro Democrático con Adolfo Suarez, fueron los que tuvieron el control del gobierno en la inmediata transición. Entonces ese viraje muy decidido y muy convencido de algunos cuadros muy importantes de la derecha hacia la adopción de la cultura democrática forzó al sector más franquista o pos-franquista que era Alianza Popular, y que después se transformó en el Partido Popular. Al mismo tiempo, España es un país que inmediatamente estuvo bajo tutela de la Unión Europea; o sea, la democratización se da por la muerte del caudillo, pero además porque el país tiene un bloque económico y político al cual incorporarse y que estaba interesado no solo en la incorporación económica sino en asegurarse de la perdurabilidad de sus instituciones democráticas. Por lo tanto, en virtud de estos pactos de impunidad que fundan la democracia española, con el franquismo no hay un proceso que se pueda asemejar a la des-nazificación en Alemania y Austria, o la des-estalinización en la Unión Soviética, sino que este se acomoda de alguna manera. Y ese experimento resultó relativamente exitoso porque el Partido Popular, que se planteó inicialmente como un partido puramente conservador, le da cobijo a los que deciden seguir siendo franquistas (ya que también entre ellos hay quienes deciden pasar a ser simplemente conservadores). La implosión de la Unión de Centro Democrático después de la elección en la que triunfa el PSOE, hace que también un sector de la derecha que se había corrido más hacia el liberalismo, aliada con Alianza Popular, dé lugar a ese Partido Popular que siempre incluyó tres culturas de fronteras muy borrosas: una de talante más liberal, una corriente muy mayoritaria conservadora y católica, y una presencia de la cultura franquista potente. El estallido de ese partido-coalición, que se comportó durante prácticamente 30 años como un partido pero que nunca dejó de ser una coalición, da lugar a un partido liberal-conservador como Ciudadanos, a un partido que se va haciendo ultraconservador con Pablo Casado, y el franquismo que se escapa y recupera vida propia.

¿Cuáles son las condiciones para que eso suceda?

Por supuesto que las condiciones sociológicas para que suceda son contemporáneas, no es un franquismo que simplemente estuvo reprimido y vuelve a emerger sin ningún tipo de cambio, sino que se combina con sectores de la clase media-alta que adoptan una posición muy anti-inmigrante, que trasforman su preocupación por los temas de seguridad publica en una posición xenófoba. Entonces hay realidades sociológicas nuevas, porque esas clases medias-altas que se empieza a ver que votan por Vox, no son necesariamente el franquismo tradicional, sino que lo que se produce ahí es una fusión en caliente de ciertas demandas de estos sectores orientadas hacia una postura anti-inmigrante, de mano dura en temas de seguridad, virulentamente contraria a los nacionalismos regionales, etc. Entonces diría que Vox concatena esos tres factores: una agenda de seguridad bastante xenófoba, el ultra españolismo que lo despierta sobre todo el ultranacionalismo independentista catalán más reciente, y los residuos del franquismo. Y Santiago Abascal, líder del partido, es como el punto de encuentro de esas tres cosas.

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Manifestación anti-independentista

En esta dinámica de crispación y polarización entre el nacionalismo independentista y el nacionalismo español, donde pareciera que el primero necesita un gobierno central inflexible para crecer y justificar su posición, y por otro lado el segundo necesita del primero para su discurso duro sobre la unidad de España, ¿cuán posible es encontrar una posición intermedia como quizás está buscando Pedro Sánchez?

La verdad es que es muy complicado. Porque primero Pedro Sánchez empuja en la dirección de un federalismo más claro, pero no todo el PSOE lo acompaña. El PSOE es fuerte en muchas de las comunidades más pobres de España, donde el españolismo es muy fuerte. Entonces yo creo que Pedro Sánchez va en la dirección correcta, pero está por verse si el PSOE es realmente la herramienta que puede desarrollar esa política. Los socialistas en Cataluña han pagado un precio altísimo por la polarización. Si había una ciudad naturalmente socialista en España era Barcelona y hoy la conduce una izquierda que no es independentistas, pero está más cerca de ellos que el PSOE. Ha perdido muchísimos votos en la periferia obrera de Barcelona, regiones que votaban pasara lo que pasara al Partido de los Socialistas Catalanes para la comunidad y al PSC-PSOE para las elecciones nacionales. Ahí entró fuerte Ciudadanos. Una de las razones por las cuales hoy, con un liderazgo renovado y muy bien valorado, el PSOE está todavía más cerca del 30 que del 40 por ciento es porque se ha debilitado mucho en Cataluña. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez expresa una línea que podría preservar la unidad de una España federal, pero está poco claro que tenga el acompañamiento de su partido y de Unidas Podemos, que también es muy oscilante y que ha tenido sus propios conflictos.  La comunidad donde más le ha costado consolidar un liderazgo a este último ha sido justamente Cataluña, y Pablo Iglesias oscila también entre una forma de españolismo de izquierda y momentos más ambiguos respecto al independentismo. Así que yo creo que la necesidad es que baje un poco la tensión, y por eso es tan importante la elección si ganara Sánchez y se pudiera pensar un gobierno que dure toda una legislatura, es decir no un gobierno de emergencia como lo fue Rajoy y lo es hasta hoy Sánchez. Tal vez todo ello contribuya a ir en una dirección de distensión. Hay un elemento que no controla de ninguna manera ni el PSOE, ni Unidas Podemos, ni el nacionalismo catalán: la Justicia, que también es un reducto ultraconservador y del ultra españolismo, y probablemente contribuya muy poco a esto. Con una Justicia que tuviera parámetros apenas más garantistas, tal vez la tensión bajaría más rápido.

Buscar una solución política antes que judicial…

Exacto. Pero me parece que el aspecto judicial, al menos en el corto plazo, va a ser un obstáculo para las soluciones políticas. Así que tal vez ahí este sea el desafío más fuerte de Pedro Sánchez, porque al mismo tiempo si uno mira los datos económicos de España, se está recuperando un nivel de crecimiento que incluso es elevado para los parámetros europeos contemporáneos. Así que con un crecimiento en el número de bancas que va a controlar, un gobierno más fácil de gestionar, y una economía que le sopla con viento a favor, tendrían que ser factores muy decididos para que Sánchez pueda desarrollar un gobierno relativamente exitoso. Pero me parece que ahí la polarización catalana, las reverberaciones que eso tiene en el País Vasco, y el papel de último reducto de la españolidad peor entendida de la Justicia van a ser obstáculos serios.

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Manifestación a favor de la independencia de Cataluña

 


«El aspecto judicial, al menos en el corto plazo, va a ser un obstáculo para las soluciones políticas»


 

Si se confirman las encuestas se conformaría un Congreso de los Diputados bastante fragmentado, y teniendo en cuenta que se debe alcanzar una mayoría para formar gobierno, ¿cuáles son los posibles escenarios del PSOE para consolidar alianzas?

Todo depende mucho de cuantos abstencionistas logre movilizar el PSOE, y sobre todo Unidas Podemos que llega un poco maltrecha a las elecciones, pero con muy buen desempeño de campaña de Iglesias. Entonces si este último crece haciendo bajar el abstencionismo y no a costa del PSOE, puede llegar a haber una mayoría de investidura que no requiera del apoyo de ningún partido nacionalista. Ahí hay cuatro escenarios: el más complicado es que el PSOE y Unidas Podemos acuerden un gobierno de coalición con ministros de los dos partidos pero que necesiten para la investidura del apoyo de los nacionalistas catalanes y de los nacionalistas vascos. Este es un escenario que podría hacer que el gobierno de Sánchez nazca con un “pecado de origen” para sectores ajenos al independentismo (no necesariamente anti independentistas), pero que Sánchez necesitaría para ir ampliando su base de sustentación y para poder tener éxito en su política hacia Cataluña. Un segundo escenario un poco más favorable es que el PSOE y Unidas Podemos estén cerca de la mayoría y necesiten para la investidura nada más que del apoyo de los nacionalistas vascos que, de todas maneras, aunque no están impulsando la independencia, hoy también pueden implicar un costo sobre todo si ese voto incluye al de ex etarras, y eso es también un “pecado de origen” no solamente para sectores de derecha sino también para algunos votantes y ex votantes de la izquierda y en particular del PSOE. El escenario más favorable, porque no se me ocurre de ninguna manera que el PSOE tenga mayoría propia, es uno donde basta una alianza con Unidas Podemos. Las señales que ha dado esta última durante la campaña es de estar interesada realmente, si van al gobierno, de que sea un gobierno que dure cuatro años, por lo que uno puede suponer que esa fórmula no solo es una fórmula realista sino que puede además llegar a ser estable. Y después en cuarto lugar está el escenario en el que no alcanza con ninguna de esas hipótesis, y gobierne la derecha. Ahí habría que ver si se genera un esquema de apoyo externo de Vox como en Andalucía, o si se va a un gobierno tripartito, pero eso dependería mucho cuantos votos consiga. Uno supondría que al componente ex PSOE que tiene Ciudadanos o aquellos que llegan desde la Unión Progreso y Democracia de Rosa María Díez, se pueden llegar a sentir incómodos con Vox, pero la realidad nos viene indicando que ese sector no dijo nada cuando este último apoyo la formación de un gobierno de derecha en Andalucía, y probablemente hoy Ciudadanos se haya ubicado ya muy decididamente en el campo liberal-conservador y no tenga problemas con recibir ese apoyo. Si uno mira a los conservadores moderados en otros lugares de Europa como Dinamarca, Noruega y Austria, han aceptado el apoyo de la ultraderecha sin mayores problemas.

 

PARLAMENTO EUROPEO

A fines de mayo son las elecciones para el Parlamento Europeo, en medio de una campaña para impulsar que los ciudadanos acudan efectivamente a las urnas. ¿Cuál es el modelo de Europa que se está discutiendo?

Hay un modelo que viene siendo crecientemente cuestionado. Tal vez las instituciones europeas sean las de menor legitimidad democrática de Europa porque están más lejanas de los ciudadanos, y porque mucha menos gente vota en esas elecciones. Y esta ola anti-elitista que se manifiesta en la política nacional en todos los países, encuentra en las instituciones europeas una forma de híper-elite a la que necesita oponerse más todavía. Entonces, no es que haya realmente modelos en juego porque las ultraderechas tienen muchas contradicciones más allá de un cierto anti-europeísmo instintivo que comparten. No tienen un proyecto alternativo de Europa, ni tampoco necesariamente muchos acuerdos entre ellos más allá del cuestionamiento a la elite y del aprovechamiento sinérgico de este. Así que dependiendo de las tasas de participación, la elección puede llegar a ver una duplicación y hasta una triplicación del peso de la ultraderecha en el Parlamento, lo cual seguramente va a jugar a favor de consolidar un eje inter-estatal como el grupo de Visegrad, que constituyen Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, y que teniendo una presencia más fuerte en el Parlamento Europeo, puede volverse un factor más importante en las cumbres y en las instancias gubernamentales del gobierno colectivo de la Unión. Por eso también es tan importante la elección de España, porque ocurre un mes antes y una victoria de Sánchez podría estimular la participación en otros lugares y ayudar a los partidos socialdemócratas que todavía no se derrumbaron a los niveles que se han derrumbado los laboristas holandeses o los socialistas griegos y franceses, a volver a transformarse en el eje de la convocatoria del voto progresista en sus países. Da la impresión de que los que llegan con una motivación más fuerte para ir a votar son los que quieren impugnar a las instituciones europeas de la misma manera que quieren cuestionar a las elites de sus propios países. El momento anti-elitista está ahí. Por ahí uno mira las elecciones finlandesas del otro día y se encuentra con que la ultraderecha se estancó, pero a un nivel de segundo partido, así que habrá que ver. Uno podría analizar de manera optimista que la desbandada de lo que fue el Partido de la Independencia del Reino Unido, aunque ahora lo reemplaza el Partido del Brexit, puede haber sido un factor de pérdida de potencia de este tipo de nacionalismos, y sumado al hecho de que no haya quedado como primer partido la ultraderecha en Finlandia pueden ser indicadores que, empujando un poco el argumento y con un poco de voluntarismo, hablen de una ultraderecha tocando techo. Veremos si la elección europea muestra eso o no, pero es clave y puede ser durísima para los socialistas.

Merkel
Angela Merkel

 


«Las ultraderechas tienen muchas contradicciones, comparten un cierto anti-europeísmo instintivo, pero sin un proyecto alternativo de Europa»


 

Teniendo en cuenta que Angela Merkel anunció su retiro de la política, y siendo que es un pilar fundamental en el sostenimiento de la Unión, ¿se puede ver algún nuevo liderazgo asomándose?

La verdad que eso está muy en cuestión. De cara a estas elecciones no parece haber un liderazgo alternativo. Es interesante, por ejemplo, que los socialistas hayan elegido como candidato a Presidente para la Comisión Europea a Frans Timmermans, un socialista de un perfil bastante aguerrido y de apelación a la base más popular de la izquierda. Me parece que en ese sentido eligieron un candidato que es más difícil de ser impugnado por los discursos anti-elitistas. Pero la verdad es que no emerge con ninguna claridad un liderazgo alternativo a Merkel, porque el de Macron, aunque seguramente se va a ratificar como primer partido, es un liderazgo minoritario y no uno que represente a toda Francia. En Alemania ni siquiera está claro si alguien va a poder convocar lo que convocó todos estos años Merkel, sumado al ascenso de Alternativa para Alemania, etc. El Reino Unido, está en esta situación particular en que va a participar en las elecciones, pero no puede proveer liderazgos porque, en los papeles, no debería formar parte de las instituciones europeas por los próximos cinco años que es lo que dura este Parlamento. Italia desde ya tampoco debido la fragmentación de su sistema político, aunque también hoy parece estar en recuperación la centro-izquierda con el Partido Democrático y Nicola Zingaretti. Como un comentario muy marginal, con poca base en la realidad, podemos decir que los portugueses vienen haciendo las cosas bien a muchos niveles, por ejemplo, tienen un gobierno nacional muy consolidado, el Secretario General de las Naciones Unidas es un socialista portugués…Así que esto lo formulo como pregunta: ¿Hay que mirar a Portugal o algún país chico que de pronto pueda sorprender con un liderazgo? Porque la verdad es que por el momento no está claro. No tuvo reemplazo Mitterrand, nunca; y probablemente no tenga reemplazo en el corto plazo Merkel.

 

* El entrevistado es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y coordinador del programa de Política Internacional en el Laboratorio de Políticas Publicas desde hace varios años. Ha publicado como columnista regular en Revista Debate, Colsecor, Replanteo, entre otras.

Feminizar la política

Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Advertidas y advertidos quedan quienes lean esta nota, que están por adentrarse en una incomodidad: se encuentran al borde de leer sobre aquello cuya protagonista no es la que acostumbran. Tampoco es cómodamente ubicable en el tiempo, pues versa sobre un tema injustamente reciente en nuestra historia mundial moderna, aunque su principal intérprete lleve en el mundo idéntica cantidad de años que la mismísima humanidad. Sí, mujer protagonista. ¿El campo de actuación? La política.

Como si esas dos cuestiones no fueran lo suficientemente complejas de abordar, también son un asunto delicado los términos a utilizar. De aquí en adelante, cada vez que se haga empleo de las expresiones “mujer” o “la mujer”, no será cayendo en el monopolismo de considerar que se trata de un género único o igual, sino siendo consciente de que no refiere a una sola idea de mujer para poder usar tan cómodamente el término en singular. Somos muchas y distintas, atravesadas por múltiples contextos.

Desde los principios más remotos, esta mitad de la población mundial no fue siquiera parte del diseño institucional y social, ni mucho menos tuvo un espacio en la política. Dicho de otra forma, el Estado moderno, origen de la democracia vigente, nació trunco: desde su gestación excluyó a las mujeres de toda participación dentro del mismo.

Actualmente, las mujeres han conquistado poco a poco el acceso a distintos estamentos de la vida institucional y a espacios militantes, políticos y de gobierno, pero realmente el crecimiento de su participación en estas actividades ha sido extremadamente lento. El objetivo de correr al patriarcado del centro de la escena continúa siendo algo todavía lejano.

Cabe entonces realizar algunas preguntas: ¿Por qué la relación entre la mujer y la política siempre ha sido vista como conflictiva? ¿Cuáles son los obstáculos existentes que aún traban su participación?

En el contexto del crecimiento de la militancia revolucionaria y la lucha feminista, muchas mujeres, subversivas frente a un orden normativo hegemónico que queda atrás, desafían y trastocan las muchas facetas de la identidad social históricamente esperada para ellas: se integran a la lucha. Pero, ¿cuál es el verdadero grado de participación, liderazgo y capacidad operativa que las mujeres tienen en los lugares de decisión y de mando?

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La participación política como derecho en Argentina

Trayendo estos interrogantes a nuestro país, puede notarse como el Estado ha realizado avances significativos en la protección de los derechos de las mujeres, manifestando su compromiso con la igualdad, la no discriminación y el ejercicio de los derechos políticos de alcance universal y regional. Argentina suscribe a la normativa de derechos humanos en el plano internacional, destacándose la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de su Protocolo Facultativo, junto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en el contexto regional.

En base a los preceptos establecidos en los instrumentos internacionales adoptados por los Estados, se define al derecho a la participación política de las mujeres como: “El derecho (…) al acceso y la plena participación en la vida política y pública, lo que implica un ejercicio real y efectivo del poder político, así como del proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo”.

Con todo, la condición de las mujeres ha mejorado a través de los años y, si bien el país no tiene una ley marco de igualdad de género o un plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, el activismo de mujeres desde la sociedad civil y en el Poder Legislativo favoreció la introducción de importantes reformas legales e institucionales.

Durante la década del 90, específicamente desde la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino en 1991, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30% de mujeres en las listas legislativas, convirtiéndose en una medida pionera para mejorar el acceso de las mujeres a puestos de representación. Luego del impulso inicial, durante la última década se han registrado oscilaciones en la participación femenina en ambas Cámaras, sin superar nunca el 45%.

A 25 años de su sanción, esta norma no sólo ha operado como un techo para la participación de las mujeres, sino que a su vez aún es vulnerada por diferentes partidos políticos, alianzas y frentes electorales sin que la Justicia Electoral cumpla de un modo cabal y efectivo con la función que le corresponde para garantizar su observancia. En 2015, un 10% de las listas a nivel nacional no cumplieron con el cupo. Pero además, lo que hace un cuarto de siglo fue un avance, hoy es considerada una meta obsoleta cuando países como España y Francia y muchos de la región (Costa Rica, México, Bolivia, Nicaragua y Honduras) han avanzado hacia la paridad.

Este año, se produjo un hito en el tema al reglamentarse la ley número 27.412 de Paridad de Género, que se estrenará en las listas de candidatos a competir en las primarias y en las elecciones generales para senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. De esta manera, las listas legislativas deberán tener, a partir del 2019, el 50% de candidatas mujeres de forma intercalada y secuencial.

En la actualidad, la Cámara baja cuenta con una representación femenina del 38,5% del total y el Senado está conformado por un número de mujeres equivalente a una participación del 41,6% del total. No obstante, aún persisten desigualdades que limitan la autonomía de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad argentina, y la representación política de las mujeres ha encontrado un techo que parece difícil de superar sin producir nuevas reformas paritarias.

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Una cuestión de género

La ausencia de la representación femenina en determinadas esferas es un indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece, y es por ello que, para efectuar un completo análisis de la cuestión, no solo se debe rescatar a las mujeres como actores sociales, sino estudiar a partir de la relación entre los sexos, un aspecto de dichas relaciones. Hablar de género es hablar de relaciones de poder, y solo de esta manera se podrá comprender el lugar asignado a varones y mujeres dentro de la construcción de un determinado orden social. Ello, a su vez, contribuye a comprender la naturaleza misma de la construcción del poder, en tanto que la lógica del género es un reflejo de la lógica de la dominación. De ahí que, siguiendo a la teórica feminista Joan Scott, “el género es una manera primaria de significar las relaciones de poder”; es el que explica la histórica construcción social y simbólica de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. Por lo tanto, si la política construye el género, y este construye la política, la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe poder integrarse a todos ellos.

La relación entre la mujer y la participación política, entonces, ha sido vista como conflictiva de forma persistente a lo largo de la historia y ello se debe indefectiblemente a la ruptura femenina de los roles tradicionales y de los límites impuestos por la persistencia de prácticas tradicionalmente asignadas.

Es en la participación política y en situaciones revolucionarias o de conflictividad social donde afloran nuevas feminidades dejando que las normas genéricas hegemónicas se esfumen. Se trata de experiencias que permiten subvertir identidades, donde aquella que era “para otros” pasa a constituirse en “ser para sí”, o en otras palabras, la mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver. El problema son mujeres comportándose nada más y nada menos de forma aparentemente alternativa.

Es de esta forma que el género permite entender cómo toda esa configuración predeterminada se traslada a la práctica política y a la constitución misma del poder, y cómo influyen esas percepciones que tienen varones y mujeres de sí mismos y del otro sexo: la mujer sentimental, maternal, sexual y doméstica, frente al hombre intelectual, dominante, pensante, fuerte y líder. Construcciones impuestas que llevaron al “sexo débil” a recorrer un camino lleno de obstáculos para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la sociedad.

Lo personal es político: la mujer destinada a la esfera privada

El análisis del poder y la dominación nos traslada a otra cuestión central que no puede ignorarse: lo público y lo privado. Es en esta última esfera donde prevalecen las tareas del hogar, la maternidad y el matrimonio como partes esenciales de realización personal. En la otra es donde se imponen las características que construyen nada más y nada menos que sujetos razonables y fuertes, capaces de dominar. Les será una adivinanza de las sencillas notar en cual de las dos predominan las mujeres.

Sin embargo, la distinción entre ambas esferas no es más que circunstancias personales estructuradas por factores públicos y, por lo tanto, los problemas personales y domésticos solo pueden resolverse por medio de acciones públicas. Una esfera necesariamente regula a la otra: lo personal es político.

 


«La mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver»


 

No solo es la configuración del poder a través del género la que obstaculiza la participación política de las mujeres sino que, de lograr esfumar esa problemática, su desarrollo en la vida institucional continuaría limitado por el trabajo extra, propio del desempeño femenino en el ámbito privado, al que se le suman las funciones en el ámbito público. La mujer será revolucionaria, política, líder o militante, pero la sociedad no dejará de imponerle también ser madre, familiar y ama de casa.

Las desigualdades de género en el trabajo doméstico no remunerado aún prevalecen: las mujeres dedican el 75% de su tiempo, contra un 24% de dedicación en el caso de los hombres (INDEC, 2013). De esta manera, “cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, generalmente continúan a cargo de las actividades de cuidado y organización de sus hogares, en detrimento de su tiempo de descanso y ocio” (PNUD, 2014).

No hay entonces barreras legales para que las mujeres accedan a lugares de decisión y de mando; sin embargo, no es fácil que lo logren. Como bien dice Roberto Saba, existen obstáculos invisibles que no se encuentran expresados en las normas, sino en los hechos y en las prácticas.  Además, no parece ser casualidad que aquellos grupos que sufrían barreras legales explícitas en el pasado (cuya expresión más acabada en materia política era la imposibilidad de ocupar cargos y la negación del voto) sean los que hoy sufren barreras sociales. Insisto entonces y evidenciado ahora el porqué: la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe integrarse a todos y cada uno.

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Expuestas algunas de las dimensiones que intervienen en el acceso de las mujeres a la vida política, cabe ahora preguntarnos: ¿Cuál es la importancia de ocupar estos roles?

Algunos se esforzarán por afirmar que la participación de las mujeres en cargos y funciones públicas tiene relevancia porque su incorporación contribuye a que se atiendan distintas realidades consideradas femeninas. Es decir, sostendrán que incluir a las mujeres implica la aparición en agenda de sus propias injusticias e impactará en el número o calidad de iniciativas presentadas que aborden cuestiones de género. Sin embargo ese argumento no es del todo acertado; o al menos no es justo, como tampoco lo es el creer en la noble existencia de temas esencialmente “del ser humano”, cuando bien sabemos que la imagen de ese ser es solo un calco de la del hombre.

En efecto, que la mujer participe en la política no implica necesariamente que lo haga para atender por sí misma las problemáticas de las que es víctima. Sostener que las mujeres indefectiblemente ocuparemos ciertos roles, determinadas posturas y seleccionados lugares o puntos de vista también es discriminatorio, al igual que pensar que somos o pertenecemos a una especie de grupo homogéneo en el cual existen los mismos puntos de vista y objetivos en común.

Que a las mujeres se las incluya en estos espacios quiere decir sencillamente que forman parte de la sociedad, del Estado y por lo tanto de la ciudadanía. Tiene relevancia por el hecho de que dicha participación evidencia su existencia, la reconoce como sujeto de derecho, y recién a partir de esa inclusión podrán verse reflejadas sus necesidades.

La verdadera importancia de la mujer en la vida política radica entonces en que su voz debe ser escuchada en el proceso democrático por el hecho de constituir la mitad de la población mundial, siendo por lo tanto urgente impulsar acciones que promuevan su participación protagónica a nivel social y político. En otras palabras, la participación de las mujeres dentro de la política está íntimamente vinculada al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cuando estos son vulnerados, no estaríamos ante una política plena y equitativa, y por ende, ante una verdadera democracia.

La participación social y política de las mujeres ha sido, y es considerada, como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización del estado de derecho. En tiempos donde el cuerpo femenino se profana, donde nuestros temas se minorizan y donde la mujer es violentada de forma constante, reconocerla entonces como un significante político es dar directamente en las vértebras de una estructura asimétrica, dominada por el sistema patriarcal, que pretende la dominación y la subordinación multiculturales.

Nosotras, las mujeres, nos encontramos atravesando una nueva revolución histórica que nos otorga una oportunidad: si el feminismo nos está dando la posibilidad de replantear el poder, será entonces nuestro movimiento el que deba plantear nuevas coordenadas políticas.

Si la guerra es feminizada, feminicemos entonces la política.

Libertad de expresión: más allá del “libre mercado de las ideas”

Por Tomás Allan* |

 

“La mejor ley de medios es la que no existe”, esbozó en octubre de 2016 Oscar Aguad, en ese momento ministro de Comunicaciones del actual gobierno, en una entrevista radial brindada al sitio Política Argentina (1). Tomamos como excusa la afirmación del ministro porque viene a reflejar una larga tradición en materia de libertad de expresión, que resultó hegemónica en el siglo XIX y gran parte del XX y que hoy podría decirse que se encuentra en tela de juicio.

¿Qué dice esta tradición? En pocas palabras, concibe a la libertad de expresión exclusivamente como prohibición de censurar; un mandato que va dirigido a particulares y especialmente al Estado, de manera que se construye una coraza protectora de la autonomía individual. En este sentido, ningún discurso puede ser censurado en función de su contenido, debiendo someterse en todo caso a sanciones posteriores a las personas que expresen discursos que afecten a terceros.

Esta concepción observa con desconfianza cualquier tipo de regulación estatal sobre los medios de comunicación, fundamentalmente por el miedo a intervenciones que obstaculicen o directamente eliminen ciertas voces o ideas, por ejemplo por ser “molestas” para el poder de turno. Así, lo mejor en materia de libertad de expresión sería no entrometerse en el “mercado de las ideas”; no distorsionarlo, permitiendo que las ideas más sólidas se impongan en una competencia libre cuyo campo de batalla se encuentra constituido principalmente por los medios masivos de comunicación tradicionales (diarios, radios, televisión), que mantienen su preponderancia a pesar de la irrupción de otras plataformas como las redes sociales.

Hay un buen motivo para suscribir a esta postura que describimos: esa “atadura de manos” que le pedimos al Estado es necesaria para evitar abusos en el ejercicio de su poder. Hay también un buen motivo para tomarla solo parcialmente: es insuficiente. Dicho esto, procuraremos introducir dos nuevas perspectivas – a su vez interrelaciondas- para revisar la forma en que pensamos la libertad de expresión: una perspectiva igualitaria y otra democrático-deliberativa.

Igualdad como no subordinación de grupos

Una de las premisas sobre las que se apoya el razonamiento que describimos al inicio, particularmente en lo que refiere a los medios masivos de comunicación, es que el criterio del mercado para autorregularse es el correcto para decidir cómo se distribuyen los espacios en el mercado de las comunicaciones. Entonces, asumiendo esto, intentemos elaborar un razonamiento a partir de una premisa distinta: el mercado puede generar tantas distorsiones en la estructura social como el Estado. En verdad, el acceso al foro público, lejos de tener entrada libre y gratuita, está sujeto factores económicos y sociales que resultan condicionantes y restrictivos.

En sociedades con desigualdades socioeconómicas profundas, altos niveles de pobreza, grupos discriminados, concentración de riqueza en pocas manos y asimetrías notorias en las capacidades de los distintos grupos sociales para ejercer influencia sobre el diseño de las políticas públicas, la no-intervención del Estado cristaliza esa estructura social injusta.

A la clásica concepción “formal” de igualdad suele oponérsele una visión “material” (consagrada en la reforma constitucional de 1994 y en varios tratados de derechos humanos) que implica cuanto menos complejizar el rol del Estado. Para los grupos que sufren desigualdad estructural (minorías raciales y étnicas; mujeres; inmigrantes; etcétera), que el Estado no los “moleste” es condición necesaria pero no suficiente para que puedan gozar de sus derechos en pie de igualdad con el resto (2). De ahí la necesidad de adoptar acciones positivas o de efectuar una discriminación inversa. Las políticas de cupo (laboral, electoral, educativo) son formas de contrarrestar una discriminación (desfavorable) que ya se presenta en los hechos, a través de una discriminación (favorable) llevada a cabo por el propio Estado, que da un tratamiento especial intentando de esta manera forzar un cambio en la estructura social y revertir esas asimetrías, aumentando a su vez el grado de autonomía de los individuos que conforman esos grupos.

Si dejamos de ver a la igualdad meramente como “no discriminación” y pasamos a verla como “no subordinación de grupos”, en palabras de Roberto Saba, debemos asumir nuevos compromisos. Así, podemos abordar el análisis del derecho a la libertad de expresión señalando una dualidad: las obligaciones estatales que este derecho fundamental conlleva son tanto de no-hacer como de hacer. Las primeras se relacionan con la prohibición de censurar voces. Las segundas, con la adopción de acciones positivas dirigidas a corregir la desigualdad estructural que sufren algunos grupos para hacerles un espacio en el foro público.

cartel marcha feminista

 

Debate público robusto

Por otro lado, lograr un debate público “abierto, desinhibido y robusto”, que se aproxime al ideal de la democracia deliberativa, exige que los grupos potencialmente afectados por una medida participen de alguna forma del debate que precede a su sanción expresando sus opiniones; exige también pluralidad de voces (que no es lo mismo que pluralidad de propietarios); contraposición de puntos; participación en pie de igualdad; poner toda la información necesaria sobre la mesa y la inclusión de temas que puedan resultar relevantes. Extremos que no necesariamente se ven cubiertos si le damos exclusividad a los vaivenes de la dinámica del mercado. Además, del propio artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos surge que el derecho a la libertad de expresión no solo comprende la libertad de expresarse propiamente dicha sino también la de buscar y recibir información, haciendo hincapié tanto en la faz de emisión como en la de recepción de un mensaje (3).

Llegados a este punto, alguien podría objetar que nadie le impide a los miembros de esos grupos pararse en una esquina y expresar lo que se les dé le la gana. Pero de nuevo: aquí estamos considerando la libertad de expresión no sólo como un fin en sí mismo (argumento de la autorrealización) sino también como un medio: es la forma que tienen las personas para hacer llegar demandas, preocupaciones e intereses, tanto a sus gobernantes como al resto de la sociedad. Y en ese sentido, de poco sirve que se puedan expresar intereses y preocupaciones diversas si esa expresión no llega a un número más o menos considerable de actores.

Entonces, no basta con que el Estado no moleste a esas personas mientras se paran en un esquina llevando un cartel con algún mensaje político (o mientras twittean, por poner un ejemplo versión 2.0), sino que se necesita –también- (a) la apertura de espacios de discusión pública que garanticen lo que el mercado de las comunicaciones no siempre garantiza, más aún en mercados concentrados (acceso de las minorías; representación de intereses diversos; pluralidad de perspectivas) y (b) el establecimiento de vías institucionales que canalicen la comunicación de esas demandas con relativa efectividad. Vías que no tienen por qué sustituir a las clásicas instituciones de la democracia representativa (que a su vez resultan absolutamente perfectibles -vg. el Congreso), sino simplemente complementarlas.

De hecho, cabe pensar a la protesta social, sobre todo en versiones particulares como los cortes de calle, precisamente como un dispositivo que ciertos sectores encuentran para comunicar demandas que de otra manera no pueden ser comunicadas efectivamente. Piénsese, por ejemplo, en el movimiento de desocupados o en el de trabajadores informales. Estos sectores difícilmente tengan los recursos económicos para hacerse lugar en el mercado comunicacional. Teniendo en cuenta esto y la debilidad actual de las vías institucionales de nuestro país para procesar ciertas demandas, es entendible que recurran a la protesta. De ahí que quepa la hipótesis de que la propia insuficiencia e impotencia del sistema institucional sean algunas de las causas del exceso de tráfico en el ámbito extrainstitucional (las calles). O en otras palabras: el excesivo nivel de protesta social es un síntoma de la dificultad de nuestras instituciones para procesar los conflictos sociales.

Ahora bien, no obstante la relación de complementariedad entre ambas narrativas sobre la libertad de expresión que establecimos al principio, se vuelve necesario introducir algunos matices. Como dice Roberto Gargarella

 

“Las dos tradiciones examinadas (la del ‘libre mercado de las ideas’ y la del ‘debate público robusto’) son capaces de avanzar de modo conjunto en una enorme diversidad de casos, para dar fortaleza a una doctrina hiperprotectiva de las opiniones críticas. Sin embargo, esta feliz coincidencia no nos habla de una superposición de ambas doctrinas, ni de una coexistencia sin conflictos. Mas bien, y por el contrario, corresponde decir que esa multitud de coincidencias que las unen se acompaña con una multitud de diferencias que amenazan con tornar a éstas en tradiciones rivales.”

 

Para la concepción del “debate público robusto”, como la denomina Gargarella, puede ser necesario restringir la libertad de expresión de algunos elementos o actores preeminentes de nuestra sociedad con el objeto de realzar la voz relativa de otros (por ejemplo limitando la fusión de empresas de telecomunicaciones que concentraren gran parte del mercado), lo cual implica una regulación poco agradable para la concepción del “libre mercado de las ideas”.

Ahora bien, ¿con qué otras herramientas cuenta el Estado para trasladar estas perspectivas a la práctica concreta -además de políticas de cupos y limitaciones a las concentraciones de mercado? En principio -y esto no tiene por qué ser cerrado- podríamos mencionar dos: medios públicos de comunicación y audiencias públicas (judiciales y parlamentarias, o bien convocadas por el Ejecutivo).

Los medios públicos de comunicación pueden ser una poderosa herramienta no solo en cuanto a la producción de contenidos en general sino también por su potencialidad para volverse una plataforma para el desarrollo del debate político y  para garantizar la expresión de los grupos a los que nos referíamos antes. Aunque, claro está, poco contribuye a ese fin el hecho de que se conviertan en un espacio para la reproducción de voces afines al gobierno de turno.

Mientras tanto, en 2016 y 2017 la Corte Suprema ha convocado a u ordenado la realización de audiencias públicas en temas sumamente relevantes como fueron la suba de tarifas energéticas (con participación de los partidos políticos) y la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta (con participación de organizaciones sociales, teóricos del Derecho y demás).

Por su parte, en 2018 presenciamos una ejemplar discusión en la etapa de debates en comisiones en el seno del Congreso de la Nación, que tuvo como objeto la legalización del aborto, y que además de contar con la participación de más de 700 expositores y expositoras, de suministrar información variada y necesaria y de dar participación a diversos actores sociales que aportaron una muy destacable pluralidad de perspectivas, tuvo la virtud de promover un diálogo amplio en dos sentidos: vertical (gobernantes-gobernados) y horizontal (puso a la sociedad a informarse, argumentar, contraponer puntos y cambiar posturas).

audiencia por el aborto 2

 

Estado amigo, Estado enemigo, Estado neutro: entre muros y puentes

Los elementos que analizamos imponen una relectura del rol estatal en la materia: pasamos de un Estado “enemigo” a un Estado que puede ser, eventualmente, “amigo”, en donde el derecho a la libertad de expresión deja de ser meramente un muro a la actividad estatal para pasar a exigir la construcción de puentes que faciliten el acceso al foro público y permitan robustecer el debate colectivo. Del «por acá no pasas» al «acá te necesitamos», que reivindica el rol del Estado como responsable de la inclusión de grupos vulnerados en sus derechos y como promotor de un debate público amplio.

Ahora bien, ¿quiere decir ello que toda intervención es virtuosa? Desde ya que no, pero la declamada neutralidad estatal no es tal y en tanto que la estructura económico-social es desigual e injusta, la no-regulación, como dice Gargarella, implica una toma de partido en favor de los (injustamente) mejor posicionados. Hay muchas razones para creer que el Estado no sea tan público como aparenta y hasta puede estar controlado por las mismas fuerzas que dominan la estructura social que queremos modificar. Pero, citando al profesor Owen Fiss, “acudimos a él porque es el único medio para corregir la influencia distorsionadora de la estructura social sobre el debate público”. Quizás el mayor o menor éxito se encuentre en la capacidad que tengamos para diseñar fuertes controles democráticos a la intervención del Estado en la materia que tratamos.

Creemos que la libertad de expresión, como precondición de la democracia, merece ser pensada tanto en su dimensión individual (en tanto forma de autorrealización de las personas) como en su dimensión colectiva (en tanto el propio proceso democrático supone el debate de ideas, la invocación de intereses y la utilización de información para llegar a las mejores decisiones); y en ese sentido consideramos que el Estado puede –y debe- maximizar ambas esferas.

Para finalizar, vale hacer dos aclaraciones: la primera es que no debemos caer en el simplismo de suponer que aquí enfrentamos una disyuntiva entre la propiedad privada y estatal de los medios de comunicación, sino que hablamos de mecanismos que se superponen y se combinan de distintas formas. La segunda es, parafraseando a Carlos Nino, que “esa estructura institucional, cualquiera que ella sea, no tiene un valor intrínseco sino que solo tiene un valor instrumental respecto de la satisfacción de los principios antes examinados”. De este modo, siguiendo al mismo autor, “el valor de una mayor o menor injerencia estatal o de una mayor o menor iniciativa privada depende de probar en qué medida una y otra contribuyen causalmente a expandir la autonomía individual igualitariamente distribuida y hacer más amplio, imparcial y racional el debate colectivo.”

 

(1) Ver https://www.politicargentina.com/notas/201610/17459-oscar-aguad-la-mejor-ley-de-medios-es-la-que-no-existe.html

(2) El art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional estipula como atributo del Congreso “legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato”; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su art. 5, habla de “ajustes razonables” y de “medidas específicas… necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho”; el art. 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer menciona las “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”; entre otros.

(3) Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos: «El derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

 

Este artículo fue originalmente publicado en el primer número de la Revista FOJUDE Digital y sufrió algunas modificaciones para la presente republicación.

 

*El autor es estudiante de Derecho (UNLP). Escribió artículos de opinión para La Tinta, La Vanguardia Digital, Revista Bordes y Revista FOJUDE Digital. 

 

Graciela F. Meijide: «De la noche a la mañana me enteré que Chacho Álvarez renunciaba»

Por Ramiro Albina y Tomás Allan

Es la mañana de un día de febrero, tocamos timbre y Graciela Fernández Meijide sale al balcón para alcanzarnos una bolsita de tela atada con un largo cordón. En su interior está la llave de entrada al edificio. Nos da la bienvenida con el trasfondo de una biblioteca llena y la mesa del comedor en la que hay un diario abierto. Nos invita a sentarnos en los sillones acariciados por la brisa que entra desde el balcón calmando el calor de la ciudad. Sacamos los grabadores y los segundos comienzan a correr. La entrevista transcurre solo interrumpida por los ruidos de la vida urbana que se entremezclan con la suave voz de Graciela. En la mitad de la conversación su gata se acerca con curiosidad, acompañándonos durante el resto de la entrevista.

Graciela Fernández Meijide sostiene que lo contrario a la verdad no es únicamente la mentira, sino también las certezas. Eso la lleva a pensar, revisar y tratar de entender el pasado escapando de las fórmulas intocables. El intento de explicarse y explicar qué pasó en la Argentina va guiado por una pregunta: ¿Por qué? Cuando Graciela habla de los años ’70 lo hace para tratar de entender por qué sucedió lo que nunca debió haber sucedido y que en lo personal le produjo un tajo en su vida. Porque cuando se refiere a los desaparecidos, habla también de su hijo Pablo. Siendo profesora de francés, el secuestro de su hijo de 17 años por la dictadura militar la llevó a abandonar el instituto e involucrarse en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y luego, una vez recuperada la democracia, en la CONADEP. Más adelante, la decepción de que se terminara con el tema de la justicia la llevó a incursionar en la política partidaria.

Su lucha incansable la convirtió en una referente en la defensa de los derechos humanos. En esta entrevista hablamos sobre los años ’70 y las políticas de memoria; nos cuenta sobre su experiencia en política; tocamos el tema de Venezuela y nos ofrece unas pinceladas sobre el presente y los desafíos a futuro para nuestra democracia.

 

Graciela, actualmente mantiene varias actividades, ¿a qué le está dedicando el tiempo?

Lo que se llamaría trabajo, si no fuera que yo me divierto (risas), tengo un programa de radio que ya lleva cinco años y uno de televisión en la TV Pública que sería el tercer año.

En rol de entrevistadora…

Claro. Para empezar no soy periodista, no quiero sacar títulos que no tengo. Me lo ofrecieron y yo dije qué podía hacer, probar y salió bien. Soy buena conversadora porque sé escuchar y tal vez eso hace que la gente se sienta cómoda. La verdad que estoy muy contenta y agradecida porque todos aquellos a quienes convoqué vinieron.

Con sus entrevistados se ve que sale un poco de la dinámica de “la grieta”. ¿Cómo lo logra?

Porque no me importa qué opinión política tiene la persona a quien entrevisto, sino que me interesa lo que hace y lo que opina en general, no solo en lo político.

¿Qué balance hace del accionar de los organismos de derechos humanos en general en estos 35 años de democracia?

Yo ahí soy muy crítica en cuanto a observar cuánto realmente se comprendió durante la dictadura el alcance de lo que es la doctrina de derechos humanos y cuánto tenía un contenido (legítimo) de demanda individual de justicia. Yo creo que a la larga, en las personas que siguieron conduciendo organizaciones, lo que terminó predominando en aquellas más visibles, sobre todo en el caso de Madres, era una cuestión de lo personal. Solo así se explica una posición actual de tanta crispación que llega a confundir un gobierno democrático, que seguramente no le gusta, con la dictadura. Esa es una equivocación grave que nos habla de posiciones políticas que rompieron lo que llamo el consenso del Nunca Más del ‘83. El Nunca Más significaba nunca más golpe, nunca más dictadura, pero también nunca más violencia en la política. Obviamente se refería a la violencia armada que producía pérdidas de vida, pero existe también la violencia de la palabra. Y en ese sentido los recuerdos del 24 de marzo de los dos últimos años nos presentaron una realidad que era impensada en el ‘83, ‘84, ‘85, ‘86… de levantar como algo digno de ser alabado la lucha armada.

¿Cuándo comenzaron las divisiones en los organismos?

En general, sobre todo en organismos testimoniales como Madres, donde se comenzó a producir la división fue en los primeros momentos de la democracia cuando se nos ofrece en el gobierno que se había elegido a la CONADEP como investigación y después el Juicio. Ahí la actitud de quien conducía la parte más visible de lo que era Madres fue negarse a colaborar y cuestionar el juicio con la no presencia. Es decir, desde el principio lo que se cuestionaba era la institucionalidad.

¿Y bajo qué pretensiones o con qué fundamentos?

De que eso no iba a terminar haciendo justicia. Uno podría preguntar: “¿Qué es hacer justicia?”. Y aunque no lo digas a veces casi te lleva a la venganza, que no debería estar en una democracia. Para mí fue todo un aprendizaje en lo personal, y supongo que para mucha otra gente también; lo que pasa es que no eran conducción. Fue un aprendizaje ir de la demanda legítima de justicia para mi hijo desaparecido, para mi familia y para mí, a entender que el tema era más extenso y que para en serio cerrar heridas tenía que haber justicia para todos, aún para mi peor enemigo. Yo tengo contacto con hijos de militares que están siendo procesados o han sido condenados, pero sin embargo nunca acepté ir a donde están en la cárcel porque no sé si me banco ver a alguien a quien yo sospecho que pudo haber matado a mi hijo. Yo no perdono porque no puedo perdonar en nombre de Pablo y nadie me pidió reconciliación ni nada. Entonces mi forma de entender el tema derechos humanos es decir que a pesar de eso yo voy a exigir que se respeten todos sus derechos como procesados, detenidos y condenados. Entiendo que eso es en serio dejarle algo a las generaciones futuras y no solo la pesada mochila de un pasado muy duro. Y que además de menos pesada, sería la más sólida a futuro y la que más serviría: una justicia igualitaria.

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¿Por qué hubo tan pocas confesiones o autocríticas por parte de los militares, más allá de casos puntuales como el de Balza?

Balza no participó en la represión, fue una autocrítica desde la organización que en su momento acompañaba el pedido de Menem de que hicieran lo mismo los Montoneros que estaban presos. Firmenich estuvo 7 años preso. Él (Menem) había hecho un acuerdo con Firmenich de que le iba a dar el indulto, de que iba a haber indulto para todos pero necesitaba que ambas partes se arrepintieran, y lo que estuvo más claro y llamó más la atención fue lo de Balza, lo de Firmenich fue nada.

Partiendo del consenso común de que son inequiparables el terrorismo de Estado y los crímenes de la guerrilla, ¿faltó una autocrítica de parte de los máximos responsables de las organizaciones armadas?

Sí, de todos. Faltó una autocrítica en serio de aquellos involucrados y responsables directamente en ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Tanto en el caso de Firmenich o Gorriarán Merlo, que al contrario, encabezó el último acto violento en La Tablada como si no pudieran terminar de desprenderse de los fierros, en lugar de ingresar en la política partidaria como hicieron Tupamaros en Uruguay o una parte de las FARC en Colombia. Yo imagino, y acá entro en el terreno de la suposición, que después de haber ingresado en semejante nivel de violencia, haber sentido tanto desprecio por la vida ajena y propia, debe ser bastante difícil reconocer que uno estaba equivocado. De ahí que sea tan meritorio cuando aparecen libros de autocrítica, que mayormente vienen desde una izquierda que apoyó aunque no haya estado en algunos casos directamente involucrada en la lucha armada, y que ha hecho una autocrítica muy fuerte de la violencia.

En el caso de Claudia Hilb, en su libro Usos del pasado cuestiona no únicamente los medios sino que se anima repensar el fin mismo, la idea de revolución…

Exactamente. Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó (y yo pertenezco a la generación que se enamoró de los barbudos bajando de la Sierra Maestra, que fue a Nicaragua después que ya se estableció el gobierno sandinista a ver esa especie de poema de revolución que termina con Daniel Ortega, el más violento de todos, a la cabeza y siendo hoy un dictador corrupto), uno se pregunta: “¿qué sentido tenía?”.

Durante los gobiernos del kirchnerismo los derechos humanos fueron una de las banderas principales. ¿Qué lectura hace del abordaje de este tema durante esos años?

Hicieron de los derechos humanos un instrumento político. Los antecedentes tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner no tenían nada que ver con su cercanía con el tema de derechos humanos, nunca habían demostrado tenerlo ni como habitantes de Santa Cruz, ni como militantes políticos, ni como primero intendente y después gobernador (por Néstor). Es más, en las escuelas desde el ’83 se daban clases alusivas a los 24 de marzo recordando el golpe y condenando la dictadura, y Cristina promovió siendo funcionaria que desde la Secretaría de Educación se suspendieran esas clases con el argumento de que la mayor parte de las docentes eran mujeres de los militares y se sentían atacadas.


«Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó, se pregunta: ‘¿qué sentido tenía?'»


 

¿Usted dice que fue para captar a un sector progresista del electorado?

Cuándo fue la elección después del fracaso de la Alianza, Duhalde primero promovió a De la Sota, que no puedo levantar vuelo. También le habían ofrecido a Reutemann, que no aceptó, y recurrió a Kirchner que tenía una fuerte ambición. Un gobernador que lo conocían poco, que sacó veintipico por ciento de los votos. Con escaso conocimiento, y con la desgracia en la Argentina de que la gran vidriera es la Ciudad de Buenos Aires, conquistar la opinión de Buenos Aires era el gran desafío de Kirchner. Un Buenos Aires que siempre rechazó al peronismo. E ingresó por el lado del progresismo; después captaron algunos de los organismos de derechos humanos más visibles, sobre todo testimoniales, y utilizaron el tema como una herramienta política para afirmarse. Pero como siempre en política, el tema de los sentimientos y las convicciones es más fuerte que los hechos duros. Las convicciones matan datos.

¿Cómo fue cambiando la representación de las víctimas de la dictadura desde la recuperación democrática?

El tema de la desaparición y toda la actuación por fuera de la ley de los militares crearon el ámbito de que todos los desaparecidos o presos políticos eran víctimas inocentes porque nunca habían sido juzgadas y eso quedó instalado. Hay una anécdota del Juicio a las Juntas: una vez que los jueces interrogaban a los testigos, podían interrogarlos también los defensores de los militares, y en el caso del doctor Norberto Liwski, que había sido ferozmente torturado, cuando le tocó preguntar a uno de los abogados defensores, apenas hizo dos preguntas el testigo le dijo a los jueces: “Señores, a mí me están preguntando lo mismo que me preguntaban bajo tortura”, e inmediatamente los jueces pararon el interrogatorio. Obviamente la defensa apuntaba a justificar que haya sido detenido. El paso que se dio después en el gobierno de los Kirchner fue heroizar a esas personas, que por el procedimiento de persecución inhumana que desarrolló la dictadura estaban simplemente como víctimas.

¿Y en el gobierno de Cambiemos cómo ve la política de derechos humanos?

El Gobierno sigue respetando las reglas del juego de los juicios y demás… Pero no es algo que vaya politizar. Yo decía cuando fueron las elecciones que ni Scioli, ni Massa, ni Macri se caracterizaban por haber tenido algo que ver con el tema. Pero en lo que se refiere a los derechos fundamentales no ha habido persecución política, ni en la prensa… No ha habido (para nada) discriminaciones políticas en los medios nacionales; los problemas de las cárceles siguen siendo los mismos y en cuanto a los derechos humanos que tienen que ver con lo económico y social se mantuvieron los planes sociales, algunos se ampliaron inclusive. Digamos que hay una sensibilidad a atender el problema.

 


«La cuestión de los derechos humanos no es algo que Cambiemos vaya a politizar»


 

En un momento se había hablado de la intención de sacar el 24 de marzo como feriado nacional. ¿Cree que fue una demostración de “falta de tacto”, digamos?

Es eso. Es falta de tacto.

3

 

Previamente mencionó lo que sucedió en el acto del 24 de marzo de 2017 cuando se reivindicaron desde el escenario los actores de la violencia en los ‘70 como Montoneros, que además algunos de ellos no vivieron durante la dictadura…

No solo eso, sino que a uno de los que más gritaba ahí, que era un miembro del Partido Comunista, yo lo conocí a los 18 años cuando recorría los países socialistas diciendo que Videla era democrático. A eso se llama instrumentación, no convicción.

En algunas entrevistas mencionó que usted siguió la línea de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) porque se diferenciaba de otros organismos, más precisamente de Madres, por la institucionalidad. ¿En qué aspectos, o en qué casos, se veía más nítidamente ese contraste?

Yo tengo un fuerte apego por lo institucional. Los organismos como Madres, Abuelas e incluso Familiares de Desaparecidos y Presos por Razones Políticas, que es el organismo que en su propio nombre admitió la militancia, el accionar es mucho más directo y sin mediaciones ni negociaciones. Dicen lo que les sale de las entrañas y lo que puede mediar por la razón, el temor o lo que fuere. En las organizaciones que se armaron con representantes de sectores de la sociedad, como en el caso de la Asamblea Permanente, que se formó antes del golpe para interpelar al gobierno de Isabel para que pusiera en caja a la Triple A (sin éxito), había gente que tenía un cierto prestigio pero que no iba a tener el lenguaje de Madres. Donde en todo caso los pocos directamente afectados, como se decía entonces, que estábamos en la Asamblea, podíamos empujar para que el lenguaje sea más duro y de hecho lo hacíamos (es el caso de Emilio Mingrone, Augusto Conte, yo misma y otros). Para cada declaración y cada acción había que tomar acuerdos, porque había un obispo, el monseñor de Nevares, que no representaba ni con mucho a toda la Iglesia Católica y menos a la jerarquía, y sin embargo tenía que cuidar de lo que representaba. Lo mismo le pasaba a la Iglesia Metodista y a algunos radicales y socialistas que estaban ahí. Eso a mí me enseñó a buscar consenso. Mi impulso natural era meter un Exocet a todos los cuarteles, aunque sea verbal… Y me ayudó a entender que para lograr realmente crear alguna opinión necesitabas todo el tiempo ampliar la base de sustentación, que no era fácil, porque había desde miedo a convicciones. Las posiciones crispadas espantan a la gente, y las más abiertas en todo caso crean un espacio propicio para el acercamiento.

Un tema que está muy presente hoy es el de Venezuela. ¿Cómo ve la situación y algunos posicionamientos de distintos actores en nuestro país?

Entre aquellos que miran y siguen la cuestión de Venezuela hay dos posiciones. Una que es ideológica y que en principio va a sostener a Maduro sin importar lo que pase, y que está bastante ligada al kirchnerismo; y otra también dramática representada por el propio gobierno, que fue el primero que dijo que Maduro es un dictador. La realidad en todo caso es que Venezuela fracasó por distintas razones; que por primera vez aquel sector que realmente se vio beneficiado y considerado por Chávez, hoy son tantas las necesidades que está padeciendo que ya ni siquiera sostiene a Maduro, que hoy está sostenido por sobre todas las cosas por las Fuerzas Armadas, donde los generales tienen participación muy fuerte en temas de corrupción. Por lo tanto ya estamos en un momento en que está ocurriendo lo que no ocurrió antes porque encima la oposición estuvo siempre muy dividida, y cuando la oposición está dividida difícilmente se pueda enfrentar con aquel que detenta el poder. 

¿Qué puede pasar a futuro?

No lo sé… Maduro ahora busca la salida de encontrar intermediarios para forzar el diálogo; la oposición que se reunió porque Guaidó se puso a la cabeza y sorprendió a todos debe estar discutiendo si aceptan o no la propuesta. Yo veo todavía un camino largo, me parece razonable siempre lo que es el diálogo y evitar más pérdidas de vidas. Ahora, al mismo tiempo muestra una enorme debilidad de parte de Maduro y también la eficacia de una acción extendida a muchos países que le dicen a Maduro: “no te reconocemos”. Hay una contra siempre en todo esto que es la participación de Estados Unidos y sobre todo encabezada por Trump, porque eso en Latinoamérica siempre genera un resquemor, que incluso no evita decir “bueno, por ahí disponemos de soldados”. Eso es como el bloqueo a Cuba, que lo único que hizo fue fortalecer a Castro.

Hay una postura que sostiene que hay meter a todos los responsables presos, pero uno piensa que con esa idea es difícil que abandonen el poder…

Yo creo que van a ir a una amnistía, por injusta que sea. No creo en una solución al estilo Sudáfrica porque exigió mucha grandeza de ambas partes, no solo de Nelson Mandela sino también de De Klerk, que dentro de lo que eran los afrikáner era el más inteligente y dispuesto a sentarse a negociar. Ahí también había una ambición legítima pero de cumplimiento imposible si se pretendía que fueran todos presos.

Esta última década se ha hablado de los progresismos latinoamericanos. ¿Es progresista Venezuela?

Hoy no. Cuando vos tenés un pueblo que va para atrás condenado a la muerte por ejemplo por falta de medicamentos, no hablés de progresismo. Pudo haber sido progresista la salida de Chávez por malos gobiernos anteriores que no tomaban en cuenta a la gente sobre todo más humilde. Ahora, hoy por hoy, Maduro puede decir todo lo que quiera, pero te cierran el puente de Cúcuta con vallas para que no entre el socorro humanitario.

¿Cuál debería ser una agenda progresista a futuro?

Reconstruir las instituciones a rajatabla, considerar a los que menos tienen y atender a situaciones que permitan el regreso de un éxodo como nunca se vio en América Latina. Algunos se fueron en avión pero otros caminando. Tres millones de personas… Es mucho, y ahí va a haber una enorme responsabilidad de la oposición.

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Graciela, usted tuvo una trayectoria en la política partidaria como diputada, senadora, candidata a gobernadora, ministra… ¿Qué la llevó en su momento a ingresar allí?

La decepción de que se cortara el tema de la justicia. Cuando yo terminé con la CONADEP, me reintegré a la Asamblea Permanente y seguí trabajando. Armamos equipos de abogados y una de las cuestiones en las que yo me ocupaba más era recorrer esas provincias donde seguían los juicios para ver como seguían, abastecer y demás. Cuando vino la Ley de Obediencia Debida, todo eso se paró en seco, y yo me encontré con que aquello a lo que le había dedicado todo mi esfuerzo, que era como la culminación de mi propio proceso que partió de quererlos matar, y dormirme matándolos, a entender que lo más que podía hacer era juntar elementos para meterlos presos,se había terminado. Al mismo tiempo aparecía un grupo de gente que estaba conformando un nuevo partido, que se habían ido separando de partidos anteriores y me convocaron. Era un grupo muy chico al principio, yo no tenía ninguna idea, nunca había militado en un partido político y de entrada dije que no esperen de mí que aporte mucho porque no se como es esto. Después me di cuenta que había aprendido mucho de política trabajando en la Asamblea. Primero fue el Fredejuso, en el que yo fui candidata y perdí; después fue el Frente Grande donde ganamos en la ciudad (en la elección de 1993, Graciela y Carlos Álvarez fueron electos diputados nacionales del Frente Grande por la Capital; ). Éramos un partido capitalino y sin territorio; eso nos llevó a hacer alianzas. Y bueno, mi idea de sumarme era ayudar sobre todo a gente que yo respetaba y admiraba mucho, y terminé teniendo, sin darme cuenta, un papel más protagonista. Y después el fracaso de la Alianza que me pegó muy duro. Me tiró en los brazos de un terapeuta de nuevo (ríe).

¿Cuáles piensa que fueron los principales errores en esa experiencia?

Hice un libro entero sobre eso… Hubo causas subjetivas y otras objetivas, que era el momento que se vivía afuera. La Alianza había heredado del gobierno de Menem una economía muy chica y poco competitiva, que sigue siendo igual, y además dos años de recesión y varias crisis que terminamos sintiendo nosotros. Con el agregado de que Menem bicicleteaba las deudas con más deuda, y los organismos internacionales la concedían. Pero ganó Bush suplantando a Clinton y cambió la visión de los organismos internacionales por la influencia obvia de Estados Unidos que dijo “basta, los plomeros de Estados Unidos no van a pagar la deuda de los países deudores”, y ahí la Alianza chocó contra la pared porque se acabaron de golpe los préstamos. Eso produjo la renuncia de Chacho, que no era un vicepresidente cualquiera porque se había armado la fórmula para darle fortaleza y compromiso a esa alianza que no tenía institucionalidad construida. Y con la renuncia de uno de los jefes políticos… en la práctica se acabó la alianza. Y además un presidente acostumbrado a que en política, desde muy joven, las cosas anduvieran más o menos sobre rieles… Manejar un momento que exigía un piloto de tormentas, no puedo hacerlo.

¿La renuncia de Chacho se discutió dentro del espacio o fue algo unilateral?

De la noche a la mañana, literalmente, yo me enteré que Chacho renunciaba. Yo iba camino al ministerio, lo llamé y le dije “Chacho, ¿esto significa que se va el partido?” y me contestó “No, yo solo”. Nunca tengo dolor de cabeza pero ese día se me partía. Además tenía que ir a avisarle a toda mi gente que trabajaba conmigo. Un momento de mierda. A la tarde yo me fui a hablar con él al departamento. Había una reunión planificada de antes, mía con Alfonsín, para esa tarde. Alfonsín me llamó y me dijo: “Graciela, Graciela, Chacho que retire la renuncia”. “Decíselo vos”, le dije. “Bueno, voy para allá”. “No”, le digo, “vos no vas a venir para acá que está toda la prensa en la calle para salir con un ‘no’; si venís asegúrate un ‘sí’, yo te paso el teléfono y hablá con Chacho”. Y Chacho insistió en que no retiraba la renuncia. Por una cuestión de lealtad nos quedamos todos los que nos quedamos. Yo me fui cuando era ministro de Economía López Murphy, que pobre tenía que recortar, y recortó en educación. Justo mi punto. Y la verdad que ahí dije “¿Qué carajo estoy haciendo acá?”. “Lo siento mucho Fernando”, le dije a De la Rúa, “pero no puedo, me voy”.

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Hace 35 años la democracia nos devolvió la posibilidad de ser ciudadanos. ¿Cuáles son hoy sus desafíos principales?

Son varios. Una vez más tenés lo que tiene que ver con nosotros y aquello a lo que te obliga lo externo. Yo diría que el gran marco es esta globalización, que es una globalización (mas no la primera), que te desafía mucho a cambiar de actitud y adaptarte con mayor velocidad y más agresivamente porque siempre te está golpeando cerca. Internamente, a mi criterio, necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios. El tema de los subsidios, si uno los estudia, nos lleva a ver hasta qué punto se benefician con privilegios muchos sectores, sobre todo empresariales y sindicales, que aparentemente tienen intereses encontrados pero en suma se complementan. Cuando uno mira la lista de subsidios que hay, no lo puede creer.

¿Cuáles, por ejemplo?

Hay empresas enormes que vivieron de la teta del Estado y siguen viviendo porque los contratos duran hasta qué se yo cuanto. Y porque no existe la cohesión política necesaria para decir “bueno, vamos a recortar eso no importa quien gane”, porque es necesario para dejar de tener lastres y poder en serio transformar una economía que es cerrada y poco competitiva. Hay un artículo de hace poco de Vicente Palermo que decía lo difícil que es el gran acuerdismo, pero entre otras cosas decía cómo hay empresarios que fabrican dulce de leche y dulce de membrillo que se quejan porque se importa de Chile más barato. Entonces, dice, esos empresarios están diciéndole a la gente pobre que compre el dulce de membrillo, que es de lo más barato que hay, pero que lo pague más caro para que él pueda seguir ganando sin competir. Y después está el tema, en que yo insisto, de la institucionalidad, porque tenemos instituciones muy débiles. Cómo vamos a hacer para transformar la justicia en serio, y que sea más independiente de lo que uno siempre siente que es; que realmente el Congreso tenga un funcionamiento donde la gente sienta que en serio los representa, porque uno de los problemas que tenemos, y no solo acá, es que hay mucha gente que no se siente representada por el régimen representativo y sus partidos, y lo mismo pasa con los sindicatos y demás. El tema de la institucionalidad es un tema complicado para nosotros que tenemos una tendencia transgresora.

 


«Necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios»


 

¿Y cómo se puede reconstruir esa confianza con los partidos, los sindicatos y demás?

Con cambios realmente de intencionalidad, y atendiendo una participación diferente que son todas las que te aparecen en las redes, que no necesariamente todas construyen democracia ni muchísimo menos, pero que tampoco debería ser un lugar exclusivamente para hacer la campaña política. Porque te puede traer el triunfo, pero no es lo mismo en que te apoyás después.

Viendo el contexto internacional, ¿ve un riesgo de un avance de la xenofobia y la discriminación en nuestro país?

No tanto, me parece, pero nunca sé cuando se me mezclan mis convicciones con mis expresiones de deseo. No es tan fácil en la Argentina, donde no hay expresión de una derecha dura. ¿Cuanto pueden sacar? 2 o 3 puntos. Cambiemos no se puede correr un gramo más a la derecha porque ya la tiene, al que tiene que ir a buscar es al progresismo. En los festivales donde gritan “Mauricio, la p… que te pario” no está lleno de viejos de derecha.

¿Buscar el centro?

El centro y un poco más para el costado, que es lo que va a intentar el PJ federal. Todos van a ir a buscar un poco ahí. Ahora, si se pelean por quien baja más la edad de imputabilidad, por quién le da más derechos a la policía… Eso ya está ocupado.

Venezuela: hablar sin eufemismos

Por Ramiro Albina

Venezuela de a poco se fue metiendo en nuestras conversaciones y no precisamente por sus paisajes y la alegría de su gente. También ingresó en la agenda de los medios de comunicación y en las campañas políticas, muchas veces bajo comparaciones en las que escasean análisis serios de la estructura económica, de la articulación de la sociedad civil, entre otras variables que parecieran no importar. El contacto directo con venezolanos y venezolanas que emigran se hizo recurrente, y cuando escuchamos nombrarla nadie queda indiferente.

Una de las discusiones inevitables cuando hablamos de Venezuela gira en torno a su clasificación como democracia o dictadura. Pero existe una dificultad: generalmente el resultado del intercambio ya está determinado de antemano porque cada uno tiene una idea previa difícil de modificar. Sin embargo, si aspiramos a ser ciudadanos críticos en una democracia hay que hacer un uso critico de nuestras convicciones. Estas pueden ser firmes y al mismo tiempo tener una actitud dispuesta a ponerlas en tela de juicio frente a la realidad, porque somos consciente de su falibilidad. La discusión libre con el otro, con el diferente, es lo que nos enriquece en un contexto de pluralismo y lo que nos puede ayudar a acercarnos a una cuota de verdad. Vayamos al caso de Venezuela.

En el año 2013 Nicolás Maduro ganó la elección presidencial con un margen de apenas 1,5% con respecto al opositor Henrique Capriles. Si bien las características personales de Maduro difieren de las de Chávez en términos de carisma y astucia política, sería un error atribuir toda la responsabilidad de la situación actual al primero. Chávez llegó al poder como un líder carismático construido sobre el colapso de los partidos políticos tradicionales, poniendo fin al puntofijismo, y cultivando un gran apoyo popular. El propio modo de construcción y concentración del poder por parte del chavismo, privilegiando el componente mayoritario, apelando plebiscitariamente al respaldo de los ciudadanos por sobre otras instituciones representativas fue provocando a lo largo de los años un deterioro en la institucionalidad democrática. La búsqueda de garantizar el predominio presidencial en la toma de decisiones políticas llevó a intentos de cooptar o imposibilitar los mecanismos de rendición de cuentas horizontales que eran vistos como barreras.  Sin embargo, con sus más y sus menos, el gran apoyo popular y el triunfo sucesivo en numerosas elecciones lo dotaba de una legitimidad democrática de origen. En el caso de Maduro, a pesar de ser electo presidente con margen tan estrecho, encaró su gobierno con mano dura y pretendiendo erigirse como el representante del todo, elevando sus convicciones ideológicas particulares a categorías absolutas. Durante su mandato se produjo una novedad: las encuestas revelaron que le sería difícil ganar una elección compitiendo con la oposición, y por lo tanto no tenía la posibilidad de relegitimarse plebiscitariamente.

En el año 2015 tuvo lugar la elección para renovar todos los escaños en la Asamblea Nacional donde la oposición, organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), alcanzó la victoria con un 56% de los votos frente al 41% del oficialismo, consiguiendo la mayoría legislativa. En enero del año 2016 Maduro declaró el “estado de excepción y emergencia económica” en todo el territorio nacional (sucesivamente prorrogado hasta el infinito y más allá). Ese mismo año, el CNE (Consejo Nacional Electoral) controlado por el chavismo, paralizó el referéndum revocatorio contra el presidente impulsado por los opositores, previsto en la Constitución. A su vez, debían tener lugar las elecciones de gobernadores de los estados que fueron finalmente postergadas un año violando el principio de elecciones regulares.

La situación política y social se agravo aún más en el año 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el chavismo, adoptó decisiones frente a la Asamblea Nacional que violaban el principio de separación de poderes declarando nulos los actos de la misma, y arrogándose las competencias legislativas. Esta usurpación de funciones generó inmediatamente una ola de protestas callejeras que frustró el intento.

Pero esperen… ¡hay más! En este contexto de tensión, el 1 de mayo de 2017 Maduro convocó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin realizar previamente un referéndum tal como es previsto por la Constitución. En julio de ese año tuvo lugar la elección de la misma sin participación de la oposición, y con un mecanismo de elección territorial y sectorial que fue criticado por afectar el principio de igualdad de poder del voto. A su vez Smartmatic, la empresa encargada del sistema de votación, denunció que entre la cantidad de votos en su sistema y los resultados dados por la autoridad electoral había una diferencia de al menos un millón de electores, lo que reflejaba una posible manipulación de la elección. La ANC se alejó de su mandato constitucional con las medidas adoptadas que excedían (y exceden) la naturaleza de sus funciones. Destituyó en circunstancias irregulares a la Fiscal General Luisa Ortega, quien había expresado críticas al gobierno de Maduro; se alzó con los poderes de la Asamblea Nacional, y asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.

El 15 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales que recordemos habían sido postergadas un año. La oposición se enfrentó con dificultades tales como no poder presentarse en algunos estados donde había litigios electorales pendientes, y la reubicación de centros de votación a pocos días de las elecciones. A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente anunció que las y los gobernadores electos iban a tener que jurar ante ella; y ante la negativa de uno de los opositores, se le impidió su asunción.

Las elecciones presidenciales que debían tener lugar en diciembre de 2018 fueron adelantadas para mayo de ese mismo año. En ellas, calificadas como “limpias” por sus seguidores (tanto como el agua del Riachuelo), el CNE inhabilitó a los principales candidatos y partidos de la oposición; y la participación fue de solo el 46% según el organismo electoral oficial.

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El contexto

La utilización de diversos mecanismos para acallar a la oposición se volvió una constante, agravada desde el año 2017. Podríamos nombrar casos puntuales, pero por cuestiones de espacio intentemos al menos tener una noción del patrón existente. Nos encontramos un gran número de políticos opositores que fueron perseguidos y privados de libertad; objetos de amenazas y hostigamiento. Una ola de apertura de procesos contra muchos de ellos que se encuentran con arresto domiciliario, exiliados, o inhabilitados de competir por cargos públicos.

La situación de los Derechos Humanos en Venezuela se volvió cada vez más alarmante en los últimos años. La reacción estatal desproporcionada (junto a al accionar de grupos de civiles armados denominados “colectivos”) frente a las diversas protestas dejaron un saldo de numerosos muertos, miles de detenciones arbitrarias, y denuncias de violaciones a los DDHH durante las detenciones, tales como prácticas de torturas, violaciones sexuales, y procesamiento de civiles en tribunales penales militares.

Tomemos como ejemplo el informe de la ONG “Foro Penal” para el periodo de protestas que va desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2017. En el ámbito de esas protestas 136 personas perdieron la vida, 5431 fueron detenidas arbitrariamente, 726 civiles fueron procesados inconstitucionalmente en la jurisdicción penal militar, y 418 de ellos privados de libertad mediante sentencias de tribunales militares. Según esta misma organización, al 30 de noviembre de 2018 el número de presos políticos era de 288.

En lo que respecta a la libertad de expresión, diversos medios de comunicación se enfrentaron a la amenaza de cierre. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2017 condenó el cierre de 50 medios por motivos relacionados a su línea editorial.

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Crisis humanitaria

 La crisis humanitaria que sufren los venezolanos y venezolanas se expresa en todos los indicadores. Con una hiperinflación que en 2018 alcanzó un alza interanual de más de un millón por ciento, un desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la dependencia de gran parte de la población de la ayuda gubernamental a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción como sus caras más crudas. Tomemos algunos datos. Los boletines del Ministerio de Salud revelaron que en 2016 hubo un aumento del 30,1% de la mortalidad infantil con respecto al 2015; y en el caso de la mortalidad materna, el incremento fue del 65,8%. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) en el año 2017 la pobreza por nivel de ingreso llegaba al 87% de la población; y sobre 6.168 hogares de todo el país, el 64% de los encuestados tuvo una pérdida de peso en promedio de 11 kilos en ese año. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) revelaron que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos alcanzó los tres millones.

La discusión sobre las razones del colapso económico puede requerir ríos de tinta. Quienes siguen apoyando a Nicolás Maduro hacen uso de una retórica inflada para acusar al “imperialismo” de haber desatado una “guerra económica”. Un análisis menos épico podría estar enfocado en la dependencia del rentismo petrolero del Estado venezolano y la necesidad de ahorrar recursos en tiempos de bonanza. Durante el mandato de Hugo Chavez, este disfrutó de un alto precio internacional del petróleo que le permitió hacerse de los recursos necesarios para encarar numerosos programas sociales que lograron bajar la pobreza y la marginalidad. Sin embargo, todo el mundo sabe que los precios en la industria petrolera son cíclicos, por lo que en tiempos de vacas gordas es mejor pensar en lo que vendrá cuando estas estén flacas. Estatizaciones y favores a la llamada “boliburguesía” (el lector sabrá por qué) sin criterio económico de eficiencia en la acción estatal y guiados por una búsqueda de poder, terminó destruyendo la capacidad productiva. Cuando el precio del petróleo cayó, la crisis llegó generando una reversión en los indicadores sociales, lo que evidencia que las mejoras habían sido superficiales y dependientes de los excedentes petroleros.

El problema ya no es únicamente el régimen político

Hoy en día nuestras comunidades políticas tienen forma de Estados los cuales, para ser exitosos, requieren tener capacidad de controlar el orden dentro de sus fronteras pero no por la pura violencia sino mediante la obediencia consentida de sus ciudadanos. Preferimos formar parte de un Estado y vivir bajo sus reglas en buena medida porque la convivencia nos trae beneficios que se traducen en la previsibilidad y la posibilidad de anticipar hasta cierto punto las formas en la que se darán los encuentros, intercambios y disputas “con el otro”. Por el contrario, en el “estado de naturaleza” donde no hay una autoridad común, la alerta, la amenaza y la desconfianza cuando nos relacionamos con “el otro”, adquiere más fuerza; y la posibilidad de pensar el largo plazo no existe ante el peligro permanente de que el vecino nos intente saquear y nos declare la guerra. Un determinado orden político, para ser legitimado, necesita en los cálculos de perjuicios y beneficios hacernos creer que los primeros serán menores que los segundos, y al mismo tiempo debe permitirnos ampliar el horizonte temporal. Ahora bien, cuando el Estado se ve incapaz de asegurar el cumplimiento de las reglas que regulan los intercambios y canalizan el conflicto, y peor aun, cuando se vuelve parte de una parcialidad que nos es amenazante, la posibilidad de lograr obediencia por medio del consentimiento se esfuma. La percepción de que quien controla el Estado nos ocasiona sistemáticamente más perjuicios hace que en nuestro cálculo de costos y beneficios la idea de que nos conviene cooperar con las autoridades se invierta.

En línea con lo anterior, la situación política en Venezuela está llegando a un punto donde surge una preocupación mayor a la cuestión del régimen político: la operatividad del Estado. El régimen entendido como las reglas para el acceso y ejercicio del poder ha dejado hace rato de ser democrático para tornarse autoritario. Pero el poder despótico no es sinónimo de poder estatal en términos de organización de las relaciones sociales. La violencia descontrolada que alcanzó en el 2018 una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que da el numero de 23.047 muertes violentas según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, ponen en cuestionamiento la capacidad del Estado para garantizar el orden interno. A lo que se le suman los datos que vimos anteriormente de la crisis económica y social que parecen hoy el resultado de un enfrentamiento bélico.

Debido a la pérdida del apoyo popular que tuvo antaño, hoy el gobierno (fusionado con el Estado) se sostiene principalmente en las Fuerzas Armadas y el aparato represivo en su conjunto, lo que nos merece una reflexión. Si pensamos a la política como una actividad colectiva que surge en la necesidad de regular conflictos entre grupos por medio de la toma de decisiones vinculantes, fruto de la actuación e intervención en un ámbito público y compartido, la violencia instrumental se convierte en anti-política, ya que atenta contra cualquier noción de ámbito “común”. Siguiendo esta idea, la tentación a recurrir a la violencia y la fuerza de las armas surge de la pérdida de poder.

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¿Y ahora?

Hay hoy dos actores que se disputan la conducción del gobierno legítimo, por un lado Nicolás Maduro, y por el otro Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y proclamado “Presidente encargado de Venezuela” el 23 de enero de 2019 acompañado por una marcha multitudinaria. Resulta difícil pensar la forma que adquiriría una salida frente a una dictadura que se ha encargado de cerrar los canales constitucionales a los sectores de la oposición y suspender en los hechos los derechos políticos de los ciudadanos. La transición en Venezuela no tendrá que ver únicamente con las reglas de juego democrático en el futuro, sino también con la reconstrucción de la economía, de la operatividad del estado, la desmilitarización del poder político, y el castigo a los responsables de las violaciones de DDHH. Y quizás lo más difícil: el posible limite que deba tener ese castigo. No va a haber una disposición del gobierno a abandonar el poder si en el horizonte lo único que se ve es la cárcel, más aún teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, así como las máximas autoridades en la cúpula de poder están implicadas en una red institucionalizada de corrupción, violaciones de DDHH, acusaciones de narcotráfico, y otros delitos. La presión internacional es fundamental en la búsqueda de una salida pacífica, pero si no es acompañada por un incentivo a abandonar el poder que reduzca los costos, el riesgo es avanzar en una escalada de la represión y la violencia. En este sentido no parece haber hoy una actitud aperturista por parte del gobierno sino todo lo contrario. Otra hipótesis sería la de una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, lo que podría por un lado forzar a Maduro a abandonar el poder, o por el otro el riesgo de precipitar el escenario más temido: un enfrentamiento armado. A esta altura, el rol de los militares se tornó fundamental a la hora de pensar en una transición. Así como también el juego geopolítico que gira alrededor de los intereses de peces gordos como EEUU, Rusia, y China.

Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones de la situación a la que llego el proceso venezolano. Cada uno carga con su conciencia y es dueño de su opinión, pero cuando se caen los ropajes democráticos, la desnudez del autoritario no da lugar a confusión. Pocas dudas pueden plantearse hoy sobre el carácter antidemocrático e ilegítimo del gobierno de Maduro. De lo que se trata, es de intentar una transición pacífica, con la menor cantidad de víctimas posible, donde los protagonistas sean los actores venezolanos y la comunidad internacional acompañe. Esta transición no sería el punto de llegada, si no el de partida para poder encarar los desafíos complejos a los que se deberá hacer frente en la reconstrucción del país con una sociedad absolutamente fracturada, lo cual no se soluciona solamente en una elección.

* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires