Graciela F. Meijide: «De la noche a la mañana me enteré que Chacho Álvarez renunciaba»

Por Ramiro Albina y Tomás Allan

Es la mañana de un día de febrero, tocamos timbre y Graciela Fernández Meijide sale al balcón para alcanzarnos una bolsita de tela atada con un largo cordón. En su interior está la llave de entrada al edificio. Nos da la bienvenida con el trasfondo de una biblioteca llena y la mesa del comedor en la que hay un diario abierto. Nos invita a sentarnos en los sillones acariciados por la brisa que entra desde el balcón calmando el calor de la ciudad. Sacamos los grabadores y los segundos comienzan a correr. La entrevista transcurre solo interrumpida por los ruidos de la vida urbana que se entremezclan con la suave voz de Graciela. En la mitad de la conversación su gata se acerca con curiosidad, acompañándonos durante el resto de la entrevista.

Graciela Fernández Meijide sostiene que lo contrario a la verdad no es únicamente la mentira, sino también las certezas. Eso la lleva a pensar, revisar y tratar de entender el pasado escapando de las fórmulas intocables. El intento de explicarse y explicar qué pasó en la Argentina va guiado por una pregunta: ¿Por qué? Cuando Graciela habla de los años ’70 lo hace para tratar de entender por qué sucedió lo que nunca debió haber sucedido y que en lo personal le produjo un tajo en su vida. Porque cuando se refiere a los desaparecidos, habla también de su hijo Pablo. Siendo profesora de francés, el secuestro de su hijo de 17 años por la dictadura militar la llevó a abandonar el instituto e involucrarse en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y luego, una vez recuperada la democracia, en la CONADEP. Más adelante, la decepción de que se terminara con el tema de la justicia la llevó a incursionar en la política partidaria.

Su lucha incansable la convirtió en una referente en la defensa de los derechos humanos. En esta entrevista hablamos sobre los años ’70 y las políticas de memoria; nos cuenta sobre su experiencia en política; tocamos el tema de Venezuela y nos ofrece unas pinceladas sobre el presente y los desafíos a futuro para nuestra democracia.

 

Graciela, actualmente mantiene varias actividades, ¿a qué le está dedicando el tiempo?

Lo que se llamaría trabajo, si no fuera que yo me divierto (risas), tengo un programa de radio que ya lleva cinco años y uno de televisión en la TV Pública que sería el tercer año.

En rol de entrevistadora…

Claro. Para empezar no soy periodista, no quiero sacar títulos que no tengo. Me lo ofrecieron y yo dije qué podía hacer, probar y salió bien. Soy buena conversadora porque sé escuchar y tal vez eso hace que la gente se sienta cómoda. La verdad que estoy muy contenta y agradecida porque todos aquellos a quienes convoqué vinieron.

Con sus entrevistados se ve que sale un poco de la dinámica de “la grieta”. ¿Cómo lo logra?

Porque no me importa qué opinión política tiene la persona a quien entrevisto, sino que me interesa lo que hace y lo que opina en general, no solo en lo político.

¿Qué balance hace del accionar de los organismos de derechos humanos en general en estos 35 años de democracia?

Yo ahí soy muy crítica en cuanto a observar cuánto realmente se comprendió durante la dictadura el alcance de lo que es la doctrina de derechos humanos y cuánto tenía un contenido (legítimo) de demanda individual de justicia. Yo creo que a la larga, en las personas que siguieron conduciendo organizaciones, lo que terminó predominando en aquellas más visibles, sobre todo en el caso de Madres, era una cuestión de lo personal. Solo así se explica una posición actual de tanta crispación que llega a confundir un gobierno democrático, que seguramente no le gusta, con la dictadura. Esa es una equivocación grave que nos habla de posiciones políticas que rompieron lo que llamo el consenso del Nunca Más del ‘83. El Nunca Más significaba nunca más golpe, nunca más dictadura, pero también nunca más violencia en la política. Obviamente se refería a la violencia armada que producía pérdidas de vida, pero existe también la violencia de la palabra. Y en ese sentido los recuerdos del 24 de marzo de los dos últimos años nos presentaron una realidad que era impensada en el ‘83, ‘84, ‘85, ‘86… de levantar como algo digno de ser alabado la lucha armada.

¿Cuándo comenzaron las divisiones en los organismos?

En general, sobre todo en organismos testimoniales como Madres, donde se comenzó a producir la división fue en los primeros momentos de la democracia cuando se nos ofrece en el gobierno que se había elegido a la CONADEP como investigación y después el Juicio. Ahí la actitud de quien conducía la parte más visible de lo que era Madres fue negarse a colaborar y cuestionar el juicio con la no presencia. Es decir, desde el principio lo que se cuestionaba era la institucionalidad.

¿Y bajo qué pretensiones o con qué fundamentos?

De que eso no iba a terminar haciendo justicia. Uno podría preguntar: “¿Qué es hacer justicia?”. Y aunque no lo digas a veces casi te lleva a la venganza, que no debería estar en una democracia. Para mí fue todo un aprendizaje en lo personal, y supongo que para mucha otra gente también; lo que pasa es que no eran conducción. Fue un aprendizaje ir de la demanda legítima de justicia para mi hijo desaparecido, para mi familia y para mí, a entender que el tema era más extenso y que para en serio cerrar heridas tenía que haber justicia para todos, aún para mi peor enemigo. Yo tengo contacto con hijos de militares que están siendo procesados o han sido condenados, pero sin embargo nunca acepté ir a donde están en la cárcel porque no sé si me banco ver a alguien a quien yo sospecho que pudo haber matado a mi hijo. Yo no perdono porque no puedo perdonar en nombre de Pablo y nadie me pidió reconciliación ni nada. Entonces mi forma de entender el tema derechos humanos es decir que a pesar de eso yo voy a exigir que se respeten todos sus derechos como procesados, detenidos y condenados. Entiendo que eso es en serio dejarle algo a las generaciones futuras y no solo la pesada mochila de un pasado muy duro. Y que además de menos pesada, sería la más sólida a futuro y la que más serviría: una justicia igualitaria.

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¿Por qué hubo tan pocas confesiones o autocríticas por parte de los militares, más allá de casos puntuales como el de Balza?

Balza no participó en la represión, fue una autocrítica desde la organización que en su momento acompañaba el pedido de Menem de que hicieran lo mismo los Montoneros que estaban presos. Firmenich estuvo 7 años preso. Él (Menem) había hecho un acuerdo con Firmenich de que le iba a dar el indulto, de que iba a haber indulto para todos pero necesitaba que ambas partes se arrepintieran, y lo que estuvo más claro y llamó más la atención fue lo de Balza, lo de Firmenich fue nada.

Partiendo del consenso común de que son inequiparables el terrorismo de Estado y los crímenes de la guerrilla, ¿faltó una autocrítica de parte de los máximos responsables de las organizaciones armadas?

Sí, de todos. Faltó una autocrítica en serio de aquellos involucrados y responsables directamente en ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Tanto en el caso de Firmenich o Gorriarán Merlo, que al contrario, encabezó el último acto violento en La Tablada como si no pudieran terminar de desprenderse de los fierros, en lugar de ingresar en la política partidaria como hicieron Tupamaros en Uruguay o una parte de las FARC en Colombia. Yo imagino, y acá entro en el terreno de la suposición, que después de haber ingresado en semejante nivel de violencia, haber sentido tanto desprecio por la vida ajena y propia, debe ser bastante difícil reconocer que uno estaba equivocado. De ahí que sea tan meritorio cuando aparecen libros de autocrítica, que mayormente vienen desde una izquierda que apoyó aunque no haya estado en algunos casos directamente involucrada en la lucha armada, y que ha hecho una autocrítica muy fuerte de la violencia.

En el caso de Claudia Hilb, en su libro Usos del pasado cuestiona no únicamente los medios sino que se anima repensar el fin mismo, la idea de revolución…

Exactamente. Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó (y yo pertenezco a la generación que se enamoró de los barbudos bajando de la Sierra Maestra, que fue a Nicaragua después que ya se estableció el gobierno sandinista a ver esa especie de poema de revolución que termina con Daniel Ortega, el más violento de todos, a la cabeza y siendo hoy un dictador corrupto), uno se pregunta: “¿qué sentido tenía?”.

Durante los gobiernos del kirchnerismo los derechos humanos fueron una de las banderas principales. ¿Qué lectura hace del abordaje de este tema durante esos años?

Hicieron de los derechos humanos un instrumento político. Los antecedentes tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner no tenían nada que ver con su cercanía con el tema de derechos humanos, nunca habían demostrado tenerlo ni como habitantes de Santa Cruz, ni como militantes políticos, ni como primero intendente y después gobernador (por Néstor). Es más, en las escuelas desde el ’83 se daban clases alusivas a los 24 de marzo recordando el golpe y condenando la dictadura, y Cristina promovió siendo funcionaria que desde la Secretaría de Educación se suspendieran esas clases con el argumento de que la mayor parte de las docentes eran mujeres de los militares y se sentían atacadas.


«Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó, se pregunta: ‘¿qué sentido tenía?'»


 

¿Usted dice que fue para captar a un sector progresista del electorado?

Cuándo fue la elección después del fracaso de la Alianza, Duhalde primero promovió a De la Sota, que no puedo levantar vuelo. También le habían ofrecido a Reutemann, que no aceptó, y recurrió a Kirchner que tenía una fuerte ambición. Un gobernador que lo conocían poco, que sacó veintipico por ciento de los votos. Con escaso conocimiento, y con la desgracia en la Argentina de que la gran vidriera es la Ciudad de Buenos Aires, conquistar la opinión de Buenos Aires era el gran desafío de Kirchner. Un Buenos Aires que siempre rechazó al peronismo. E ingresó por el lado del progresismo; después captaron algunos de los organismos de derechos humanos más visibles, sobre todo testimoniales, y utilizaron el tema como una herramienta política para afirmarse. Pero como siempre en política, el tema de los sentimientos y las convicciones es más fuerte que los hechos duros. Las convicciones matan datos.

¿Cómo fue cambiando la representación de las víctimas de la dictadura desde la recuperación democrática?

El tema de la desaparición y toda la actuación por fuera de la ley de los militares crearon el ámbito de que todos los desaparecidos o presos políticos eran víctimas inocentes porque nunca habían sido juzgadas y eso quedó instalado. Hay una anécdota del Juicio a las Juntas: una vez que los jueces interrogaban a los testigos, podían interrogarlos también los defensores de los militares, y en el caso del doctor Norberto Liwski, que había sido ferozmente torturado, cuando le tocó preguntar a uno de los abogados defensores, apenas hizo dos preguntas el testigo le dijo a los jueces: “Señores, a mí me están preguntando lo mismo que me preguntaban bajo tortura”, e inmediatamente los jueces pararon el interrogatorio. Obviamente la defensa apuntaba a justificar que haya sido detenido. El paso que se dio después en el gobierno de los Kirchner fue heroizar a esas personas, que por el procedimiento de persecución inhumana que desarrolló la dictadura estaban simplemente como víctimas.

¿Y en el gobierno de Cambiemos cómo ve la política de derechos humanos?

El Gobierno sigue respetando las reglas del juego de los juicios y demás… Pero no es algo que vaya politizar. Yo decía cuando fueron las elecciones que ni Scioli, ni Massa, ni Macri se caracterizaban por haber tenido algo que ver con el tema. Pero en lo que se refiere a los derechos fundamentales no ha habido persecución política, ni en la prensa… No ha habido (para nada) discriminaciones políticas en los medios nacionales; los problemas de las cárceles siguen siendo los mismos y en cuanto a los derechos humanos que tienen que ver con lo económico y social se mantuvieron los planes sociales, algunos se ampliaron inclusive. Digamos que hay una sensibilidad a atender el problema.

 


«La cuestión de los derechos humanos no es algo que Cambiemos vaya a politizar»


 

En un momento se había hablado de la intención de sacar el 24 de marzo como feriado nacional. ¿Cree que fue una demostración de “falta de tacto”, digamos?

Es eso. Es falta de tacto.

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Previamente mencionó lo que sucedió en el acto del 24 de marzo de 2017 cuando se reivindicaron desde el escenario los actores de la violencia en los ‘70 como Montoneros, que además algunos de ellos no vivieron durante la dictadura…

No solo eso, sino que a uno de los que más gritaba ahí, que era un miembro del Partido Comunista, yo lo conocí a los 18 años cuando recorría los países socialistas diciendo que Videla era democrático. A eso se llama instrumentación, no convicción.

En algunas entrevistas mencionó que usted siguió la línea de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) porque se diferenciaba de otros organismos, más precisamente de Madres, por la institucionalidad. ¿En qué aspectos, o en qué casos, se veía más nítidamente ese contraste?

Yo tengo un fuerte apego por lo institucional. Los organismos como Madres, Abuelas e incluso Familiares de Desaparecidos y Presos por Razones Políticas, que es el organismo que en su propio nombre admitió la militancia, el accionar es mucho más directo y sin mediaciones ni negociaciones. Dicen lo que les sale de las entrañas y lo que puede mediar por la razón, el temor o lo que fuere. En las organizaciones que se armaron con representantes de sectores de la sociedad, como en el caso de la Asamblea Permanente, que se formó antes del golpe para interpelar al gobierno de Isabel para que pusiera en caja a la Triple A (sin éxito), había gente que tenía un cierto prestigio pero que no iba a tener el lenguaje de Madres. Donde en todo caso los pocos directamente afectados, como se decía entonces, que estábamos en la Asamblea, podíamos empujar para que el lenguaje sea más duro y de hecho lo hacíamos (es el caso de Emilio Mingrone, Augusto Conte, yo misma y otros). Para cada declaración y cada acción había que tomar acuerdos, porque había un obispo, el monseñor de Nevares, que no representaba ni con mucho a toda la Iglesia Católica y menos a la jerarquía, y sin embargo tenía que cuidar de lo que representaba. Lo mismo le pasaba a la Iglesia Metodista y a algunos radicales y socialistas que estaban ahí. Eso a mí me enseñó a buscar consenso. Mi impulso natural era meter un Exocet a todos los cuarteles, aunque sea verbal… Y me ayudó a entender que para lograr realmente crear alguna opinión necesitabas todo el tiempo ampliar la base de sustentación, que no era fácil, porque había desde miedo a convicciones. Las posiciones crispadas espantan a la gente, y las más abiertas en todo caso crean un espacio propicio para el acercamiento.

Un tema que está muy presente hoy es el de Venezuela. ¿Cómo ve la situación y algunos posicionamientos de distintos actores en nuestro país?

Entre aquellos que miran y siguen la cuestión de Venezuela hay dos posiciones. Una que es ideológica y que en principio va a sostener a Maduro sin importar lo que pase, y que está bastante ligada al kirchnerismo; y otra también dramática representada por el propio gobierno, que fue el primero que dijo que Maduro es un dictador. La realidad en todo caso es que Venezuela fracasó por distintas razones; que por primera vez aquel sector que realmente se vio beneficiado y considerado por Chávez, hoy son tantas las necesidades que está padeciendo que ya ni siquiera sostiene a Maduro, que hoy está sostenido por sobre todas las cosas por las Fuerzas Armadas, donde los generales tienen participación muy fuerte en temas de corrupción. Por lo tanto ya estamos en un momento en que está ocurriendo lo que no ocurrió antes porque encima la oposición estuvo siempre muy dividida, y cuando la oposición está dividida difícilmente se pueda enfrentar con aquel que detenta el poder. 

¿Qué puede pasar a futuro?

No lo sé… Maduro ahora busca la salida de encontrar intermediarios para forzar el diálogo; la oposición que se reunió porque Guaidó se puso a la cabeza y sorprendió a todos debe estar discutiendo si aceptan o no la propuesta. Yo veo todavía un camino largo, me parece razonable siempre lo que es el diálogo y evitar más pérdidas de vidas. Ahora, al mismo tiempo muestra una enorme debilidad de parte de Maduro y también la eficacia de una acción extendida a muchos países que le dicen a Maduro: “no te reconocemos”. Hay una contra siempre en todo esto que es la participación de Estados Unidos y sobre todo encabezada por Trump, porque eso en Latinoamérica siempre genera un resquemor, que incluso no evita decir “bueno, por ahí disponemos de soldados”. Eso es como el bloqueo a Cuba, que lo único que hizo fue fortalecer a Castro.

Hay una postura que sostiene que hay meter a todos los responsables presos, pero uno piensa que con esa idea es difícil que abandonen el poder…

Yo creo que van a ir a una amnistía, por injusta que sea. No creo en una solución al estilo Sudáfrica porque exigió mucha grandeza de ambas partes, no solo de Nelson Mandela sino también de De Klerk, que dentro de lo que eran los afrikáner era el más inteligente y dispuesto a sentarse a negociar. Ahí también había una ambición legítima pero de cumplimiento imposible si se pretendía que fueran todos presos.

Esta última década se ha hablado de los progresismos latinoamericanos. ¿Es progresista Venezuela?

Hoy no. Cuando vos tenés un pueblo que va para atrás condenado a la muerte por ejemplo por falta de medicamentos, no hablés de progresismo. Pudo haber sido progresista la salida de Chávez por malos gobiernos anteriores que no tomaban en cuenta a la gente sobre todo más humilde. Ahora, hoy por hoy, Maduro puede decir todo lo que quiera, pero te cierran el puente de Cúcuta con vallas para que no entre el socorro humanitario.

¿Cuál debería ser una agenda progresista a futuro?

Reconstruir las instituciones a rajatabla, considerar a los que menos tienen y atender a situaciones que permitan el regreso de un éxodo como nunca se vio en América Latina. Algunos se fueron en avión pero otros caminando. Tres millones de personas… Es mucho, y ahí va a haber una enorme responsabilidad de la oposición.

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Graciela, usted tuvo una trayectoria en la política partidaria como diputada, senadora, candidata a gobernadora, ministra… ¿Qué la llevó en su momento a ingresar allí?

La decepción de que se cortara el tema de la justicia. Cuando yo terminé con la CONADEP, me reintegré a la Asamblea Permanente y seguí trabajando. Armamos equipos de abogados y una de las cuestiones en las que yo me ocupaba más era recorrer esas provincias donde seguían los juicios para ver como seguían, abastecer y demás. Cuando vino la Ley de Obediencia Debida, todo eso se paró en seco, y yo me encontré con que aquello a lo que le había dedicado todo mi esfuerzo, que era como la culminación de mi propio proceso que partió de quererlos matar, y dormirme matándolos, a entender que lo más que podía hacer era juntar elementos para meterlos presos,se había terminado. Al mismo tiempo aparecía un grupo de gente que estaba conformando un nuevo partido, que se habían ido separando de partidos anteriores y me convocaron. Era un grupo muy chico al principio, yo no tenía ninguna idea, nunca había militado en un partido político y de entrada dije que no esperen de mí que aporte mucho porque no se como es esto. Después me di cuenta que había aprendido mucho de política trabajando en la Asamblea. Primero fue el Fredejuso, en el que yo fui candidata y perdí; después fue el Frente Grande donde ganamos en la ciudad (en la elección de 1993, Graciela y Carlos Álvarez fueron electos diputados nacionales del Frente Grande por la Capital; ). Éramos un partido capitalino y sin territorio; eso nos llevó a hacer alianzas. Y bueno, mi idea de sumarme era ayudar sobre todo a gente que yo respetaba y admiraba mucho, y terminé teniendo, sin darme cuenta, un papel más protagonista. Y después el fracaso de la Alianza que me pegó muy duro. Me tiró en los brazos de un terapeuta de nuevo (ríe).

¿Cuáles piensa que fueron los principales errores en esa experiencia?

Hice un libro entero sobre eso… Hubo causas subjetivas y otras objetivas, que era el momento que se vivía afuera. La Alianza había heredado del gobierno de Menem una economía muy chica y poco competitiva, que sigue siendo igual, y además dos años de recesión y varias crisis que terminamos sintiendo nosotros. Con el agregado de que Menem bicicleteaba las deudas con más deuda, y los organismos internacionales la concedían. Pero ganó Bush suplantando a Clinton y cambió la visión de los organismos internacionales por la influencia obvia de Estados Unidos que dijo “basta, los plomeros de Estados Unidos no van a pagar la deuda de los países deudores”, y ahí la Alianza chocó contra la pared porque se acabaron de golpe los préstamos. Eso produjo la renuncia de Chacho, que no era un vicepresidente cualquiera porque se había armado la fórmula para darle fortaleza y compromiso a esa alianza que no tenía institucionalidad construida. Y con la renuncia de uno de los jefes políticos… en la práctica se acabó la alianza. Y además un presidente acostumbrado a que en política, desde muy joven, las cosas anduvieran más o menos sobre rieles… Manejar un momento que exigía un piloto de tormentas, no puedo hacerlo.

¿La renuncia de Chacho se discutió dentro del espacio o fue algo unilateral?

De la noche a la mañana, literalmente, yo me enteré que Chacho renunciaba. Yo iba camino al ministerio, lo llamé y le dije “Chacho, ¿esto significa que se va el partido?” y me contestó “No, yo solo”. Nunca tengo dolor de cabeza pero ese día se me partía. Además tenía que ir a avisarle a toda mi gente que trabajaba conmigo. Un momento de mierda. A la tarde yo me fui a hablar con él al departamento. Había una reunión planificada de antes, mía con Alfonsín, para esa tarde. Alfonsín me llamó y me dijo: “Graciela, Graciela, Chacho que retire la renuncia”. “Decíselo vos”, le dije. “Bueno, voy para allá”. “No”, le digo, “vos no vas a venir para acá que está toda la prensa en la calle para salir con un ‘no’; si venís asegúrate un ‘sí’, yo te paso el teléfono y hablá con Chacho”. Y Chacho insistió en que no retiraba la renuncia. Por una cuestión de lealtad nos quedamos todos los que nos quedamos. Yo me fui cuando era ministro de Economía López Murphy, que pobre tenía que recortar, y recortó en educación. Justo mi punto. Y la verdad que ahí dije “¿Qué carajo estoy haciendo acá?”. “Lo siento mucho Fernando”, le dije a De la Rúa, “pero no puedo, me voy”.

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Hace 35 años la democracia nos devolvió la posibilidad de ser ciudadanos. ¿Cuáles son hoy sus desafíos principales?

Son varios. Una vez más tenés lo que tiene que ver con nosotros y aquello a lo que te obliga lo externo. Yo diría que el gran marco es esta globalización, que es una globalización (mas no la primera), que te desafía mucho a cambiar de actitud y adaptarte con mayor velocidad y más agresivamente porque siempre te está golpeando cerca. Internamente, a mi criterio, necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios. El tema de los subsidios, si uno los estudia, nos lleva a ver hasta qué punto se benefician con privilegios muchos sectores, sobre todo empresariales y sindicales, que aparentemente tienen intereses encontrados pero en suma se complementan. Cuando uno mira la lista de subsidios que hay, no lo puede creer.

¿Cuáles, por ejemplo?

Hay empresas enormes que vivieron de la teta del Estado y siguen viviendo porque los contratos duran hasta qué se yo cuanto. Y porque no existe la cohesión política necesaria para decir “bueno, vamos a recortar eso no importa quien gane”, porque es necesario para dejar de tener lastres y poder en serio transformar una economía que es cerrada y poco competitiva. Hay un artículo de hace poco de Vicente Palermo que decía lo difícil que es el gran acuerdismo, pero entre otras cosas decía cómo hay empresarios que fabrican dulce de leche y dulce de membrillo que se quejan porque se importa de Chile más barato. Entonces, dice, esos empresarios están diciéndole a la gente pobre que compre el dulce de membrillo, que es de lo más barato que hay, pero que lo pague más caro para que él pueda seguir ganando sin competir. Y después está el tema, en que yo insisto, de la institucionalidad, porque tenemos instituciones muy débiles. Cómo vamos a hacer para transformar la justicia en serio, y que sea más independiente de lo que uno siempre siente que es; que realmente el Congreso tenga un funcionamiento donde la gente sienta que en serio los representa, porque uno de los problemas que tenemos, y no solo acá, es que hay mucha gente que no se siente representada por el régimen representativo y sus partidos, y lo mismo pasa con los sindicatos y demás. El tema de la institucionalidad es un tema complicado para nosotros que tenemos una tendencia transgresora.

 


«Necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios»


 

¿Y cómo se puede reconstruir esa confianza con los partidos, los sindicatos y demás?

Con cambios realmente de intencionalidad, y atendiendo una participación diferente que son todas las que te aparecen en las redes, que no necesariamente todas construyen democracia ni muchísimo menos, pero que tampoco debería ser un lugar exclusivamente para hacer la campaña política. Porque te puede traer el triunfo, pero no es lo mismo en que te apoyás después.

Viendo el contexto internacional, ¿ve un riesgo de un avance de la xenofobia y la discriminación en nuestro país?

No tanto, me parece, pero nunca sé cuando se me mezclan mis convicciones con mis expresiones de deseo. No es tan fácil en la Argentina, donde no hay expresión de una derecha dura. ¿Cuanto pueden sacar? 2 o 3 puntos. Cambiemos no se puede correr un gramo más a la derecha porque ya la tiene, al que tiene que ir a buscar es al progresismo. En los festivales donde gritan “Mauricio, la p… que te pario” no está lleno de viejos de derecha.

¿Buscar el centro?

El centro y un poco más para el costado, que es lo que va a intentar el PJ federal. Todos van a ir a buscar un poco ahí. Ahora, si se pelean por quien baja más la edad de imputabilidad, por quién le da más derechos a la policía… Eso ya está ocupado.

Ley de Barrios Populares: un primer paso hacia la integración socio urbana

Entrevista a Guadalupe Granero Realini* | Por Tomás Allan |

En octubre de 2018, luego de meses de movilizaciones y protestas, el Congreso de la Nación convirtió en ley un proyecto para regularizar el dominio de tierras en villas y asentamientos informales. Impulsado por un grupo de organizaciones sociales, cuya actividad fue clave no solo para el tratamiento de la ley sino también para llevar a cabo el relevamiento que permitiera contar con la información necesaria sobre los más de 4.400 barrios informales de la Argentina, el proyecto fue aprobado por amplio consenso.

No obstante el avance que ello significa, también se presentan ciertas dificultades y desafíos en la etapa de aplicación de la ley. Sobre estos temas hablamos con Guadalupe Granero Realini, urbanista, investigadora del Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda (FADU-UBA) y coordinadora del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

¿Cuáles son las notas más salientes de la Ley de Barrios Populares? ¿En qué consiste?

Bueno lo que se conoce como Ley de Barrios Populares es una normativa que establece la utilidad pública y la sujeción a expropiación de todas las tierras en las que se asientan las villas y asentamientos informales de Argentina. La ley en sí lo que hace es establecer todas las competencias y las condiciones dentro de las cuales se va a dar ese proceso expropiatorio, y lo importante es que ese proceso se entiende como un primer paso para avanzar hacia la integración socio urbana. En ese sentido, la ley apunta a uno de los temas más estructurales de los procesos de re-urbanización, que es el dominio de la tierra. En este contexto, la ley permite dos cuestiones que son muy importantes para todos los habitantes de estos barrios: a partir del registro que se hace de las villas y asentamientos, los residentes tienen la posibilidad de solicitar el acceso a servicios; y por otro lado, se frenan los desalojos por un lapso de 4 años. Entonces, desde la entrada en vigencia de esta ley, hay un reconocimiento legal de la existencia de los barrios y de que los habitantes de esos barrios pueden acceder a servicios públicos y pueden estar protegidos contra los eventuales desalojos. En términos de integración socio urbana, esto apunta a resolver, por un lado, las cuestiones ligadas a la infraestructura básica, y por otro lado, a garantizar la seguridad de la tenencia.

¿Cómo fue el proceso social previo a su sanción? ¿Qué participación tuvieron las organizaciones sociales?

El rol de las organizaciones sociales fue clave. Por un lado porque, previo al tratamiento propio de la ley, fueron las organizaciones las que hicieron un trabajo de visibilización de la problemática durante muchos años. En ese sentido, el relevamiento de asentamientos informales que realizó Techo fue una primera iniciativa, inédita, para poder ponerle número y localización, y definir cuál es el problema. Es decir: cuántos son, quiénes son y en qué barrios están todos los habitantes de Argentina en villas y asentamientos. A partir de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en 2017, las organizaciones como CTEP, Barrios de Pie, la CCC y Cáritas también tuvieron un rol central en formalizar ese registro, con la participación de muchos habitantes de los barrios populares en lo que fue el relevamiento sobre el cual se basa la ley. Creo que esta ley tiene la particularidad de que nace de ese trabajo de las organizaciones sociales, y de que a la vez se apoya sobre ese conocimiento territorial y las redes que tienen las organizaciones. Digamos que es una ley que es hija de la movilización social.

¿La ley asigna algún rol a estas organizaciones en el desarrollo del proceso de regularización?

La ley no le asigna ningún rol a las organizaciones. En tanto es una ley que establece las condiciones para llevar adelante los procesos de expropiación, se ocupa de los roles que le tocan a la AABE (Agencia de Administración de los Bienes del Estado), al Ministerio de Desarrollo Social y a la Escribanía General de la Nación. Habla también de las competencias y las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales y municipales, pero no incorpora a las organizaciones dentro del proceso específico de la expropiación para la regularización dominial.

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¿Cuál es la importancia simbólica de esta nueva normativa?

La importancia simbólica de la ley es central porque por primera vez se reconoce que las villas y asentamientos de Argentina son territorios de derecho y sus habitantes son sujetos de derecho. Entonces, si bien la ley tiene una implicancia práctica muy concreta porque permite frenar los desalojos, es decir que va a operar directamente sobre la calidad de vida de todas las personas en los barrios populares, en otro sentido no deja de ser importante en el plano simbólico cómo reconocemos que estos territorios son también parte de las ciudades argentinas.

 

¿Podría decirse que consolida la idea del derecho a la vivienda como un derecho fundamental y exigible? (Si es que esto último no es una redundancia).

La ley no habla explícitamente del derecho a la vivienda pero, al garantizar el acceso a infraestructura básica y frenar los desalojos, toca aspectos que desde la perspectiva de derechos humanos son constitutivos del derecho a la vivienda. No son todos, no son suficientes, pero sí podríamos decir que son dos de las piezas estructurales para poder garantizarlo. Por otro lado, la ley incorpora en su primer artículo una definición de lo que es la integración socio urbana, con lo cual su alcance se inserta dentro de un marco mayor en donde se entiende la integración justamente como un complejo de acceso a servicios, vivienda digna, calidad del espacio público, conectividades, cuestiones ambientales… Entonces, la integración socio urbana no es el objeto de esta ley pero, al insertarse dentro de los procesos de integración, se está trabajando implícitamente sobre el derecho a la vivienda.

¿Cuáles son las limitaciones más importantes de la ley y con qué limitaciones prácticas puede encontrarse?

La ley tiene una primera limitación muy importante que es la presupuestaria. Para poder implementar los procesos de expropiación que permitan avanzar en los regímenes de integración socio urbana es necesario contar con fondos que permitan comprar los terrenos. Obviamente por la cantidad de barrios populares y por la superficie y valor de la tierra esto implica números enormes. Entonces, lo presupuestario tiene también una dimensión de sostenibilidad. Es decir, para llevar adelante estos procesos que en muchos casos pueden llevar 5, 10, 15 o 20 años, no sólo es necesario adjudicar una partida presupuestaria ahora, posterior a la aprobación de la ley, sino que eso se sostenga a lo largo del tiempo para que efectivamente los más de 4.400 barrios que ya se han relevado puedan acceder al terreno. Esa es una primera cuestión muy sensible porque va a ser imposible implementar cualquier proceso de expropiación si no se asignan partidas específicas para la ejecución de esta ley.

«Digamos que es una ley que es hija de la movilización social»

¿Y qué otras limitaciones además de la presupuestaria?

Y por otro lado hay una discusión latente en términos de cuáles podrían ser algunos de los conflictos en la implementación. Principalmente cómo el Gobierno Nacional articula con las provincias y los municipios estos procesos de integración socio urbana. Sobre todo en los procesos de expropiación y en el caso de los terrenos que son de dominio de las diferentes esferas públicas, pero también en los casos en que las provincias y los municipios ya están desarrollando procesos de integración o algunos programas de regularización de dominio. La ley establece el marco en el cual deberían darse los convenios entre nación, provincias y municipios pero la arena política tiene su propia lógica y sus propias reglas, con lo cual uno de los problemas que podría entorpecer los procesos de integración tiene que ver con la viabilidad que tengan esos convenios entre el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales.

Además, hay una tercera limitación que es que la ley establece únicamente la expropiación como mecanismo para acceder a la tierra. Al no utilizar otros instrumentos, como por ejemplo la prescripción adquisitiva, inevitablemente plantea una escenario más complejo porque las expropiaciones se dan sobre las tasaciones fiscales, y en el caso de los terrenos de dominio privado por supuesto que los propietarios tienen la expectativa de que la venta de sus tierras se efectúe a valores de mercado, no a valores fiscales. Con lo cual es altamente probable que con este mecanismo algunos de los procesos terminen judicializados y eso alargue los tiempos y demore lo que vendría después de ese acceso a la tierra en los proyectos de integración socio urbana.

Mencionaste que la ley habla de “integración socio urbana”… ¿Creés que puede ser un punto de partida para un proceso de integración social más amplio que implique el cumplimiento de otros derechos básicos que hoy se encuentran insatisfechos en los barrios populares?

Es que sin duda la ley es un excelente punto de partida, pero no podemos cargarla con la dimensión política, social y cultural de transformación que implica que los habitantes de los barrios populares tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano en Argentina. Creo que la ley, más allá del texto concreto, lo que puso en agenda es la problemática. Lo que también hizo en algún punto fue calibrar esas asimetrías de poder porque fueron las organizaciones sociales las que pusieron en agenda esto y son ellas las que de alguna manera permiten canalizar estas demandas masivas. Con lo cual insisto: me parece que la ley, sin duda, es un primer punto de partida muy importante porque tiene expresiones prácticas concretas en el freno a desalojos y el acceso a servicios, es decir más allá del campo simbólico tiene una aplicación concreta, pero también creo que la batalla política es mucho más compleja, mucho más larga y está estrictamente entrelazada con la capacidad de demanda social y el poder que despleguemos para que lo que el texto propone como norma tenga un correlato en las transformaciones territoriales concretas.

*La entrevistada es urbanista, docente investigadora del Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda (FADU-UBA) y coordinadora del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). 

Venezuela: hablar sin eufemismos

Por Ramiro Albina

Venezuela de a poco se fue metiendo en nuestras conversaciones y no precisamente por sus paisajes y la alegría de su gente. También ingresó en la agenda de los medios de comunicación y en las campañas políticas, muchas veces bajo comparaciones en las que escasean análisis serios de la estructura económica, de la articulación de la sociedad civil, entre otras variables que parecieran no importar. El contacto directo con venezolanos y venezolanas que emigran se hizo recurrente, y cuando escuchamos nombrarla nadie queda indiferente.

Una de las discusiones inevitables cuando hablamos de Venezuela gira en torno a su clasificación como democracia o dictadura. Pero existe una dificultad: generalmente el resultado del intercambio ya está determinado de antemano porque cada uno tiene una idea previa difícil de modificar. Sin embargo, si aspiramos a ser ciudadanos críticos en una democracia hay que hacer un uso critico de nuestras convicciones. Estas pueden ser firmes y al mismo tiempo tener una actitud dispuesta a ponerlas en tela de juicio frente a la realidad, porque somos consciente de su falibilidad. La discusión libre con el otro, con el diferente, es lo que nos enriquece en un contexto de pluralismo y lo que nos puede ayudar a acercarnos a una cuota de verdad. Vayamos al caso de Venezuela.

En el año 2013 Nicolás Maduro ganó la elección presidencial con un margen de apenas 1,5% con respecto al opositor Henrique Capriles. Si bien las características personales de Maduro difieren de las de Chávez en términos de carisma y astucia política, sería un error atribuir toda la responsabilidad de la situación actual al primero. Chávez llegó al poder como un líder carismático construido sobre el colapso de los partidos políticos tradicionales, poniendo fin al puntofijismo, y cultivando un gran apoyo popular. El propio modo de construcción y concentración del poder por parte del chavismo, privilegiando el componente mayoritario, apelando plebiscitariamente al respaldo de los ciudadanos por sobre otras instituciones representativas fue provocando a lo largo de los años un deterioro en la institucionalidad democrática. La búsqueda de garantizar el predominio presidencial en la toma de decisiones políticas llevó a intentos de cooptar o imposibilitar los mecanismos de rendición de cuentas horizontales que eran vistos como barreras.  Sin embargo, con sus más y sus menos, el gran apoyo popular y el triunfo sucesivo en numerosas elecciones lo dotaba de una legitimidad democrática de origen. En el caso de Maduro, a pesar de ser electo presidente con margen tan estrecho, encaró su gobierno con mano dura y pretendiendo erigirse como el representante del todo, elevando sus convicciones ideológicas particulares a categorías absolutas. Durante su mandato se produjo una novedad: las encuestas revelaron que le sería difícil ganar una elección compitiendo con la oposición, y por lo tanto no tenía la posibilidad de relegitimarse plebiscitariamente.

En el año 2015 tuvo lugar la elección para renovar todos los escaños en la Asamblea Nacional donde la oposición, organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), alcanzó la victoria con un 56% de los votos frente al 41% del oficialismo, consiguiendo la mayoría legislativa. En enero del año 2016 Maduro declaró el “estado de excepción y emergencia económica” en todo el territorio nacional (sucesivamente prorrogado hasta el infinito y más allá). Ese mismo año, el CNE (Consejo Nacional Electoral) controlado por el chavismo, paralizó el referéndum revocatorio contra el presidente impulsado por los opositores, previsto en la Constitución. A su vez, debían tener lugar las elecciones de gobernadores de los estados que fueron finalmente postergadas un año violando el principio de elecciones regulares.

La situación política y social se agravo aún más en el año 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el chavismo, adoptó decisiones frente a la Asamblea Nacional que violaban el principio de separación de poderes declarando nulos los actos de la misma, y arrogándose las competencias legislativas. Esta usurpación de funciones generó inmediatamente una ola de protestas callejeras que frustró el intento.

Pero esperen… ¡hay más! En este contexto de tensión, el 1 de mayo de 2017 Maduro convocó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin realizar previamente un referéndum tal como es previsto por la Constitución. En julio de ese año tuvo lugar la elección de la misma sin participación de la oposición, y con un mecanismo de elección territorial y sectorial que fue criticado por afectar el principio de igualdad de poder del voto. A su vez Smartmatic, la empresa encargada del sistema de votación, denunció que entre la cantidad de votos en su sistema y los resultados dados por la autoridad electoral había una diferencia de al menos un millón de electores, lo que reflejaba una posible manipulación de la elección. La ANC se alejó de su mandato constitucional con las medidas adoptadas que excedían (y exceden) la naturaleza de sus funciones. Destituyó en circunstancias irregulares a la Fiscal General Luisa Ortega, quien había expresado críticas al gobierno de Maduro; se alzó con los poderes de la Asamblea Nacional, y asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.

El 15 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales que recordemos habían sido postergadas un año. La oposición se enfrentó con dificultades tales como no poder presentarse en algunos estados donde había litigios electorales pendientes, y la reubicación de centros de votación a pocos días de las elecciones. A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente anunció que las y los gobernadores electos iban a tener que jurar ante ella; y ante la negativa de uno de los opositores, se le impidió su asunción.

Las elecciones presidenciales que debían tener lugar en diciembre de 2018 fueron adelantadas para mayo de ese mismo año. En ellas, calificadas como “limpias” por sus seguidores (tanto como el agua del Riachuelo), el CNE inhabilitó a los principales candidatos y partidos de la oposición; y la participación fue de solo el 46% según el organismo electoral oficial.

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El contexto

La utilización de diversos mecanismos para acallar a la oposición se volvió una constante, agravada desde el año 2017. Podríamos nombrar casos puntuales, pero por cuestiones de espacio intentemos al menos tener una noción del patrón existente. Nos encontramos un gran número de políticos opositores que fueron perseguidos y privados de libertad; objetos de amenazas y hostigamiento. Una ola de apertura de procesos contra muchos de ellos que se encuentran con arresto domiciliario, exiliados, o inhabilitados de competir por cargos públicos.

La situación de los Derechos Humanos en Venezuela se volvió cada vez más alarmante en los últimos años. La reacción estatal desproporcionada (junto a al accionar de grupos de civiles armados denominados “colectivos”) frente a las diversas protestas dejaron un saldo de numerosos muertos, miles de detenciones arbitrarias, y denuncias de violaciones a los DDHH durante las detenciones, tales como prácticas de torturas, violaciones sexuales, y procesamiento de civiles en tribunales penales militares.

Tomemos como ejemplo el informe de la ONG “Foro Penal” para el periodo de protestas que va desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2017. En el ámbito de esas protestas 136 personas perdieron la vida, 5431 fueron detenidas arbitrariamente, 726 civiles fueron procesados inconstitucionalmente en la jurisdicción penal militar, y 418 de ellos privados de libertad mediante sentencias de tribunales militares. Según esta misma organización, al 30 de noviembre de 2018 el número de presos políticos era de 288.

En lo que respecta a la libertad de expresión, diversos medios de comunicación se enfrentaron a la amenaza de cierre. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2017 condenó el cierre de 50 medios por motivos relacionados a su línea editorial.

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Crisis humanitaria

 La crisis humanitaria que sufren los venezolanos y venezolanas se expresa en todos los indicadores. Con una hiperinflación que en 2018 alcanzó un alza interanual de más de un millón por ciento, un desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la dependencia de gran parte de la población de la ayuda gubernamental a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción como sus caras más crudas. Tomemos algunos datos. Los boletines del Ministerio de Salud revelaron que en 2016 hubo un aumento del 30,1% de la mortalidad infantil con respecto al 2015; y en el caso de la mortalidad materna, el incremento fue del 65,8%. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) en el año 2017 la pobreza por nivel de ingreso llegaba al 87% de la población; y sobre 6.168 hogares de todo el país, el 64% de los encuestados tuvo una pérdida de peso en promedio de 11 kilos en ese año. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) revelaron que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos alcanzó los tres millones.

La discusión sobre las razones del colapso económico puede requerir ríos de tinta. Quienes siguen apoyando a Nicolás Maduro hacen uso de una retórica inflada para acusar al “imperialismo” de haber desatado una “guerra económica”. Un análisis menos épico podría estar enfocado en la dependencia del rentismo petrolero del Estado venezolano y la necesidad de ahorrar recursos en tiempos de bonanza. Durante el mandato de Hugo Chavez, este disfrutó de un alto precio internacional del petróleo que le permitió hacerse de los recursos necesarios para encarar numerosos programas sociales que lograron bajar la pobreza y la marginalidad. Sin embargo, todo el mundo sabe que los precios en la industria petrolera son cíclicos, por lo que en tiempos de vacas gordas es mejor pensar en lo que vendrá cuando estas estén flacas. Estatizaciones y favores a la llamada “boliburguesía” (el lector sabrá por qué) sin criterio económico de eficiencia en la acción estatal y guiados por una búsqueda de poder, terminó destruyendo la capacidad productiva. Cuando el precio del petróleo cayó, la crisis llegó generando una reversión en los indicadores sociales, lo que evidencia que las mejoras habían sido superficiales y dependientes de los excedentes petroleros.

El problema ya no es únicamente el régimen político

Hoy en día nuestras comunidades políticas tienen forma de Estados los cuales, para ser exitosos, requieren tener capacidad de controlar el orden dentro de sus fronteras pero no por la pura violencia sino mediante la obediencia consentida de sus ciudadanos. Preferimos formar parte de un Estado y vivir bajo sus reglas en buena medida porque la convivencia nos trae beneficios que se traducen en la previsibilidad y la posibilidad de anticipar hasta cierto punto las formas en la que se darán los encuentros, intercambios y disputas “con el otro”. Por el contrario, en el “estado de naturaleza” donde no hay una autoridad común, la alerta, la amenaza y la desconfianza cuando nos relacionamos con “el otro”, adquiere más fuerza; y la posibilidad de pensar el largo plazo no existe ante el peligro permanente de que el vecino nos intente saquear y nos declare la guerra. Un determinado orden político, para ser legitimado, necesita en los cálculos de perjuicios y beneficios hacernos creer que los primeros serán menores que los segundos, y al mismo tiempo debe permitirnos ampliar el horizonte temporal. Ahora bien, cuando el Estado se ve incapaz de asegurar el cumplimiento de las reglas que regulan los intercambios y canalizan el conflicto, y peor aun, cuando se vuelve parte de una parcialidad que nos es amenazante, la posibilidad de lograr obediencia por medio del consentimiento se esfuma. La percepción de que quien controla el Estado nos ocasiona sistemáticamente más perjuicios hace que en nuestro cálculo de costos y beneficios la idea de que nos conviene cooperar con las autoridades se invierta.

En línea con lo anterior, la situación política en Venezuela está llegando a un punto donde surge una preocupación mayor a la cuestión del régimen político: la operatividad del Estado. El régimen entendido como las reglas para el acceso y ejercicio del poder ha dejado hace rato de ser democrático para tornarse autoritario. Pero el poder despótico no es sinónimo de poder estatal en términos de organización de las relaciones sociales. La violencia descontrolada que alcanzó en el 2018 una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que da el numero de 23.047 muertes violentas según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, ponen en cuestionamiento la capacidad del Estado para garantizar el orden interno. A lo que se le suman los datos que vimos anteriormente de la crisis económica y social que parecen hoy el resultado de un enfrentamiento bélico.

Debido a la pérdida del apoyo popular que tuvo antaño, hoy el gobierno (fusionado con el Estado) se sostiene principalmente en las Fuerzas Armadas y el aparato represivo en su conjunto, lo que nos merece una reflexión. Si pensamos a la política como una actividad colectiva que surge en la necesidad de regular conflictos entre grupos por medio de la toma de decisiones vinculantes, fruto de la actuación e intervención en un ámbito público y compartido, la violencia instrumental se convierte en anti-política, ya que atenta contra cualquier noción de ámbito “común”. Siguiendo esta idea, la tentación a recurrir a la violencia y la fuerza de las armas surge de la pérdida de poder.

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¿Y ahora?

Hay hoy dos actores que se disputan la conducción del gobierno legítimo, por un lado Nicolás Maduro, y por el otro Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y proclamado “Presidente encargado de Venezuela” el 23 de enero de 2019 acompañado por una marcha multitudinaria. Resulta difícil pensar la forma que adquiriría una salida frente a una dictadura que se ha encargado de cerrar los canales constitucionales a los sectores de la oposición y suspender en los hechos los derechos políticos de los ciudadanos. La transición en Venezuela no tendrá que ver únicamente con las reglas de juego democrático en el futuro, sino también con la reconstrucción de la economía, de la operatividad del estado, la desmilitarización del poder político, y el castigo a los responsables de las violaciones de DDHH. Y quizás lo más difícil: el posible limite que deba tener ese castigo. No va a haber una disposición del gobierno a abandonar el poder si en el horizonte lo único que se ve es la cárcel, más aún teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, así como las máximas autoridades en la cúpula de poder están implicadas en una red institucionalizada de corrupción, violaciones de DDHH, acusaciones de narcotráfico, y otros delitos. La presión internacional es fundamental en la búsqueda de una salida pacífica, pero si no es acompañada por un incentivo a abandonar el poder que reduzca los costos, el riesgo es avanzar en una escalada de la represión y la violencia. En este sentido no parece haber hoy una actitud aperturista por parte del gobierno sino todo lo contrario. Otra hipótesis sería la de una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, lo que podría por un lado forzar a Maduro a abandonar el poder, o por el otro el riesgo de precipitar el escenario más temido: un enfrentamiento armado. A esta altura, el rol de los militares se tornó fundamental a la hora de pensar en una transición. Así como también el juego geopolítico que gira alrededor de los intereses de peces gordos como EEUU, Rusia, y China.

Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones de la situación a la que llego el proceso venezolano. Cada uno carga con su conciencia y es dueño de su opinión, pero cuando se caen los ropajes democráticos, la desnudez del autoritario no da lugar a confusión. Pocas dudas pueden plantearse hoy sobre el carácter antidemocrático e ilegítimo del gobierno de Maduro. De lo que se trata, es de intentar una transición pacífica, con la menor cantidad de víctimas posible, donde los protagonistas sean los actores venezolanos y la comunidad internacional acompañe. Esta transición no sería el punto de llegada, si no el de partida para poder encarar los desafíos complejos a los que se deberá hacer frente en la reconstrucción del país con una sociedad absolutamente fracturada, lo cual no se soluciona solamente en una elección.

* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires

 

 

 

 

El cierre del año, «palo y afuera»

Por Gregorio Rodríguez Ferro |

 

En el ultimo año, como nunca se había podido lograr, se avanzó en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Semillas (20.247), que desde 2012, año en que se trato por primera vez, habían sido incipientes los intentos de actualizarla. Entrado el 2018, en el marco de una serie de cambios impulsados por el gobierno entre los que se incluyó el cambio de nombre al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministerio de Agroindustria, y el nombramiento como ministro de dicha cartera a Luis Miguel Etchevehere (ex presidente de la Sociedad Rural), fue tomando mayor relevancia. Con sus idas y vueltas, la reforma logró tener el apoyo del oficialismo, con el “auspicio” de la mencionada Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) y el CONINAGRO, principales actores del agro a nivel nacional. La Federación Agraria Argentina (FAA) es el principal opositor a la reforma, mientras que el CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) se paseó, en medio de mucho lobby y negociaciones, entre posturas de aceptación y rechazo. El cierre del año terminó dejando en agenda seguir tratando el tema al inicio de las sesiones en el 2019.

Y la ley, ¿de qué trata?

La ley de semillas actual, que data de 1973, abarca toda la cadena de producción de las semillas: producción propiamente dicha, certificación y comercialización. La reforma busca actualizar la ley al convenio UPOV 91, donde avanza en varios aspectos.

En primer lugar, en cuanto a las formas de reconocer la propiedad intelectual. El reconocimiento de estos derechos sobre las semillas se concreta de dos maneras: mediante el derecho al obtentor (DOB), por un lado, y las patentes de invención, por otro. El derecho de obtentor es otorgado a aquelles que producen una variedad mejorada de la semilla agrícola para explotarla con exclusividad, pero no alcanza al producto obtenido por lo que le productor/a paga ese derecho solamente al momento de adquirir la semilla. Por otro lado, las patentes de invención son derechos que le otorga el Estado a una invención (no a un descubrimiento); es decir, a un producto o procedimiento que aporta una nueva forma de hacer algo. En el caso de las semillas, este derecho abarca al producto en sí mismo y a las sucesivas generaciones del mismo, por lo que le productor/a debería pagarlo no solo al momento de adquirirlo, sino luego de la cosecha y sus posteriores resiembras.  Actualmente la ley contempla solamente el DOB pero no las patentes, derecho que se busca incorporar en la actual reforma.

El hecho de ampliar la propiedad intelectual a las patentes de invención puede significar un riesgo muy grande, no solo para les agricultores, sino para todes. Por un lado, les agricultores pasan a ser condenades por el hecho de cosechar y sembrar su propia semilla, práctica que se realiza desde los principios de la humanidad, si no pagan las “regalías” por la utilización de esas semillas patentadas. No es muy difícil darse cuenta quiénes serían los actores que pueden generar esas patentes y así cobrar esas regalías, ya que vienen siendo los mismos que desde la revolución verde se vienen apropiando de la manera de producir y generar mercancías y commodities en el agro, en vez de alimentos. En otro plano de debate, surge la pregunta de si es moral y éticamente correcto hablar de “patentes” sobre las semillas, que básicamente son seres vivos. El hecho de patentar vida como si fuera mercancía deja en evidencia los valores y principios del destino al que apunta el sistema productivo de alimentos.

No se aclaran muy bien en la ley los procedimientos para registrar esas semillas, ni se habla de algún acompañamiento o asesoramiento técnico a les pequeñes productores o comunidades campesinas que vienen haciendo un proceso de recolección y siembra de semillas ancestral. Lo que sí resulta fácil deducir es que las empresas líderes en el agro tienen vía libre para patentar sus semillas «mejoradas» y avanzar sobre las demás.

A su vez, se pretende avanzar en la fiscalización y registro de las semillas, con el INASE (Instituto Nacional de Semillas) como ente regulador. Se busca realizar un registro de las semillas y aquellas que no se encuentren registradas pasarán a ser denominadas como “semillas clandestinas”. Toda semilla que no esté registrada (o sea “clandestina”), habilita la función «policial» del INASE, que podrá intervenir a le productor/a que posea esa semilla mediante las fuerzas de seguridad y sin necesidad de intervención judicial, esto es, dándole absoluto poder de maniobra.

La administración y dirección del INASE estaría conformada por un directorio de 12 personas, de las cuales 6 representan al sector privado, y las partes del sector público provendrían del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el Ministerio de Agroindustria, que poseen intereses bastante cercanos a los del sector privado, sin tener representantes de les pequeñes y medianes productores regionales de las vastas zonas del país, y ni que hablar de las comunidades campesinas, dando como resultado un cercamiento y homogeneización de la producción agropecuaria tendiente al avance de las principales reguladoras del mercado agropecuario.

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¿Cómo nos impacta la ley?

Pero el impacto de la ley no es solo “tranqueras adentro”: repercute a les productores del agro y también nos afecta a todes como consumidores de alimentos. De avanzar hacia la reforma de la ley de semillas, se profundiza el modelo de alimentación tendiente a homogeneizar nuestra dieta alimenticia con cada vez menor diversidad de alimentos (les desafío a ir un supermercado y ver cuántos alimentos procesados, enlatados o industrializados no tienen soja o sus derivados), lo que aumenta la predisposición a enfermedades como el cáncer, diabetes u obesidad.

La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un análisis realizado por el grupo de estudios Proyecto Económico, en el que afirma que de hacerse la reforma «se le garantizan 3.000 millones de dólares al año a Monsanto y se transfieren 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores”. A su vez señala que el principal damnificado será “el Estado y los contribuyentes argentinos, ya que el proyecto de ley permite deducir del impuesto a las ganancias 1,5 veces los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada, lo que significa, en la practica, que el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales por 13 millones de pesos anuales, en un escenario de mínima”, y que “resulta harto factible que el sobrecosto de las semillas termine transfiriéndose al precio de los alimentos, con lo que repercute de manera directa en les cosumidores/as». A esto se suma un trabajo presentado por la Federación Agraria Argentina (FAA), en el cual se afirma que de aprobarse la reforma de la ley, el costo de producción para les productores/as locales se encarecería en 600 millones de dólares por año, en al menos cinco años, lo que repercute de manera directa en el precio de los alimentos que pagaría le consumidor/a.

El avance de la Ley de Semillas implicaría un “guiño” del gobierno a las grandes empresas, como Bayer-Monsanto, que tienen un peso muy importante no solo a nivel nacional, sino mundial, y podría ser un factor importante a tener en cuenta en el 2019 que, como sabemos, es año electoral.

 

*El autor es estudiante de Agronomía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Ileana Arduino: “La formación con perspectiva de género es un requisito mínimo y urgente”

Semanas atrás, el Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata declaró inocentes a los acusados por el homicidio y abuso sexual de Lucía Pérez, la joven de 16 años cuyo rostro se convirtió en una figura recurrente en las manifestaciones y reclamos feministas.

Varias cosas del fallo llamaron la atención. En primer lugar, la absolución de los acusados. O mejor dicho: fueron condenados por delitos menores, relacionados al tráfico de drogas. En segundo lugar, los elementos analizados para determinar que efectivamente hubo consentimiento en las relaciones sexuales que mantuvieron Lucía y uno de los acusados. También la imagen de tres hombres juzgando un caso de femicidio que involucraba cuestiones como comprender el grado de autonomía real para prestar consentimiento que tenía Lucía. Y por último, la cantidad de referencias a la vida privada de la víctima.

Sobre el tema hablamos con Ileana Arduino, abogada con orientación en derecho penal y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal de INECIP, donde vienen estudiando y trabajando temáticas como la perspectiva de género en el desarrollo de procesos judiciales y la posibilidad de encontrar respuestas más efectivas a las problemáticas de género desde el derecho penal.

Ya pasaron algunas semanas desde que se publicó la sentencia del caso de Lucía Pérez, la cual disparó una serie de discusiones e indignaciones para nada soslayables. ¿Cuáles te parecen las notas más salientes del fallo?

 Lo más saliente del fallo me resultó el apoyo o la centralidad que los prejuicios tienen en la fundamentación de la decisión. Si hubiera habido elementos para absolver, muchos de los que están considerados no tienen nada que ver con un juicio objetivo sino con la exaltación de una concepción prejuiciosa del costo que la autonomía puede tener para la vida de las personas.

 ¿Qué idea de consentimiento se desprende de la sentencia?

 La noción de consentimiento que se desprende del fallo es pobre, no explicita sobre qué doctrinas se apoya, y además construye consentimiento sobre la base de la historia sexual previa de la víctima, y eso es objetable desde el punto de vista de la calidad de la información, porque de lo que se trata es de juzgar lo que pasó en ese momento, no la vida previa de una persona y en función de lo que alguien especularmente, desde sus mensajes de texto, evalúa. Por ejemplo cuando se acredita que ella debió haber consentido una situación por unos mensajes de texto de 6 meses atrás… Ese prejuicio que informa el fallo no hay razón para escindirlo de la totalidad de la valoración, porque la valoración probatoria también es una valoración que está hecha por los mismos jueces que utilizaron esos prejuicios, y no hay motivos para pensar que fueron prejuiciosos en una parte del fallo pero que luego pudieron desprenderse de toda esa información estereotipada y sexista y abstraerse a hacer una valoración mínimamente objetiva.

¿Y en cuanto a la relación de subordinación? ¿Qué idea se desprende?

 Y en cuanto a la relación de subordinación, me parece que hay que poder comprender qué tipo de violencia sexista se desata en sociedades donde el régimen de género tiene el peso que tiene, porque en realidad si nosotros vamos a suponer que la violencia solo puede dirigirse a aquellos cuerpo que se expresan de acuerdo a lo que cultural y estereotipadamente se entiende como sumisión, tendríamos que afirmar que las personas que no responden a los estereotipos, o las mujeres que son “aventuradas” para la exigencia patriarcal de lo que una buena mujer debe ser, no podrían ser pasibles de ser victimizadas por este tipo de delitos. En cambio las investigaciones construidas desde la antropología y demás mas bien sugieren que no se trata de la asimetría por la asimetría misma sino de la violencia en auxilio de la reafirmación de un orden que precisamente aparece deafiado por quienes no se adhieren a conductas estereotipadas.

 ¿Qué papel jugaron los prejuicios y los estereotipos de los que hablabas antes en la resolución del Tribunal?

 Fueron determinantes. Informaron y atravesaron la totalidad de la decisión, con una cierta demagogia tendiente a posicionarla como una víctima reconocida. Es un fallo que cada cuatro párrafos señala “sin ánimo de juzgar la vida de la víctima…” para inmediatamente pasar a juzgar la vida de la víctima, con lo cual el nivel de prejuicio es estructural. Uno puede hacer el ejercicio de tachar todas las referencias a la vida privada de ella, a sus comunicaciones… y va a encontrar bastante poco sustento argumental en la sentencia, porque ocupa mucho espacio el tiempo dedicado a ponderar elementos que no tienen nada que ver con el juicio. Y además lo que se ve, y me parece importante, es un doble estándar: una crítica al uso de comunicaciones de Facebook del imputado pero un uso deliberado de las comunicaciones privadas de la víctima.

 Normalmente se plantea, al menos desde lo discursivo, una tensión entre el garantismo (entendido como derecho penal mínimo y cumplimiento riguroso de las garantías procesales) y el uso efectivo del derecho penal como respuesta a los conflictos derivados de la violencia machista. ¿Es una falsa contradicción la que se plantea entre el garantismo y esta utilización del derecho penal? Si la hay, ¿cómo se sale de ella?

 La discusión entre feminismo y garantismo es una falsa dicotomía. Quien plantee el reconocimiento de unas formas de opresión, que se traducen en violencias que históricamente han gozado de impunidad selectiva (precisamente por parte de las estructuras judiciales, que han reconducido esos conflictos al campo de las relaciones privadas, o lo han ignorado, o han construido doctrinas de absolución apoyadas en prejuicios y en versiones estereotipadas de la víctima), lo que plantea es que todo eso debe revisarse. Las ideas más elementales del garantismo están vinculadas a la posibilidad de administrar o resolver conflictos limitando el abuso de poder. Y en un sistema donde existen garantías pero también deberes de tutela judicial efectiva con el mismo rango, la intervención no es simple, ni desprovista de complejidades, pero si una cierta forma de conflictividad social está siendo desatendida, está siendo convalidada en sus formas más violentas por la impunidad generada judicialmente, hay una necesidad de revisar las herramientas con las que estamos interviniendo en los conflictos. Tampoco la doctrina garantista es una doctrina inmutable que esté desprovista de construcciones ideológicas y de posicionamientos hegemónicos, que también deben ser revisados al interior de esos discursos. La idea de que hay una relación irreconciliable ni siquiera es privativa de los discursos jurídicos. En general en todos los ámbitos donde el feminismo plantea la revisión del orden de las cosas (precisamente porque detrás de ideas como la de neutralidad u objetividad lo que hay es una gran funcionalidad al mantenimiento de las jerarquías), los reflejos iniciales de reacción tienen que ver con plantear que la interpelación feminista pone en juego las estabilidades alcanzadas… Y claro que las pone en juego.

 ¿Qué modificaciones se pueden hacer en la Justicia Penal a corto y largo plazo? ¿Creés que la formación con perspectiva de género de agentes judiciales es la solución a la justicia patriarcal?

 A esta altura, la formación es un requisito urgente y un mínimo requerido para intentar transitar de otra forma la relación entre estas demandas y la capacidad de intervención de los sistemas de justicia. Ahora, las reglas de interpretación, el modo en el que estos conflictos son abordados por los procesos tradicionales… también deben ser puestos en cuestión. Los términos de intervención de los cuerpos médicos, de los cuerpos policiales… son todos elementos que al menos en el caso de esta sentencia quedan expuestos. Las políticas de formación son necesarias pero son un instrumento en el marco de un proceso más profundo. La formación por la formación misma no produce transformación. Por supuesto que no da lo mismo tener operadores con perspectiva de género que no tenerlos, pero se trata de procesos mucho más amplios, empezando por aquellos que pongan en valor la relevancia de estas violencias como violencias jurídicamente relevantes. Por otra parte, también es una enseñanza para ver cómo, independientemente de las agendas que avanzan solo por el lado de la creación de tipos penales, luego hay que lidiar con sistemas en los que la prueba, el lenguaje en los juicios orales y demás están en las antípodas de poder procesar la diversidad y la complejidad de las miradas que deben plantearse para casos de estas características.

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 Luego de la sentencia comenzaron a circular las fotos de los jueces y aparece algo difícil de soslayar: tres hombres juzgando un caso de abuso sexual y femicidio, que involucra cuestiones como analizar el grado de autonomía real para prestar consentimiento en las relaciones sexuales… ¿Debería diseñarse una política de cupo para la conformación de los tribunales? ¿O la cuestión pasa por otro lado?

 A mí me parece ridículo, a esta altura de los acontecimientos, que cualquier proceso de toma de decisión, de representación institucional, esté en manos solo de varones o solo de mujeres. De hecho, ya la representación binaria atrasa en un contexto donde muchas otras identidades sexo-genéricas son reconocidas y deben ser reconocidas y por lo tanto ya nos estaríamos quedando cortos con el reclamo de mayor diversidad entre varones y mujeres. Aún así, creo que no hay que caer en esencialismos absurdos, en el sentido de creer que porque hubiera mujeres la perspectiva necesariamente es otra… Porque en definitiva el problema es la opresión, el problema es el sexismo; y las prácticas prejuiciosas, estereotipadas y sexistas pueden ser portadas por cuerpos de distinta conformación. El punto es que en sí mismo, y por otras razones que no tienen que ver con asociar una cierta identidad de género con la capacidad real de entender en clave de género los casos, sino con la necesidad mínima de democratizar la estructura de decisión, ya no pueden sostenerse reglas de integración que omitan completamente la posibilidad de que los tribunales estén conformados con personas del mismo sexo. En el caso de los delitos sexuales se vuelve patente, pero hay que tener cuidado con los riesgos esencialistas. Y también lo que plantea esto es la necesidad de administrar el sistema de justicia con juicio por jurados, como manda la Constitución. Y que estos sean mixtos. Debería ser una condición de legitimidad democrática básica.

 ¿Cómo aparece definida la mujer en el Código Penal? ¿Se reconoce un único tipo de opresión? En ese caso, ¿creés que eso lleva a que lleva a que se ignore la situación concreta de diversas opresiones?

Sí, digamos que es una definición universal. No hay interseccionalidad en las definiciones normativas. Entonces, por supuesto que está atravesada por todos los esencialismos, los reduccionismos y los binarismos que atraviesan al discurso jurídico en su conjunto. No hay referencias de otros aspectos o de otras situaciones que pudieran dar cuenta de otros regímenes jerárquicos o estructuras de opresión en la redacción de las normas del Código Penal.

 

*La entrevistada es abogada (UBA) con orientación en derecho penal, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). También fue consultora de la OEA en proyectos de evaluación de reformas procesales penales relativos a distintos países de América Latina.