Reforma judicial: ver más allá de lo penal

Entrevista a Francisco Verbic sobre el proyecto de reforma judicial

Dossier Reforma de la Justicia | Entrevista a Francisco Verbic* |

 

Semanas atrás, el Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Poder Judicial que incluye la creación de juzgados federales penales con asiento en las provincias, la unificación del fuero Criminal y Correccional federal (Comodoro Py) con el Penal Económico, la unificación del fuero Civil y Comercial federal con el Contencioso Administrativo federal (aspecto que ya sufrió modificaciones en el dictamen del Senado) y el traslado de la Justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, entre otras medidas.

A su vez, creó un Consejo Consultivo, conformado por once juristas, cuyas tareas consisten principalmente en formular recomendaciones relativas al diseño y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura y a la implementación de los jurados populares.

Con varias definiciones pendientes, tanto en relación a la recomendaciones del Consejo Consultivo como a posibles cambios en la letra del proyecto por parte del Congreso, entrevistamos a Francisco Verbic, abogado, profesor de Derecho Procesal Civil en la UNLP y especialista en procesos colectivos en esta tercera del Dossier Reforma de la Justicia.

Desde que se anunció la reforma de la Justicia las críticas más altisonantes vienen alertando por lo que consideran un proyecto muy ambicioso por parte del gobierno. Sin embargo, hay otro conjunto de críticas que lo califica como superficial. En base a lo que conocemos hasta el momento, ¿creés que implica modificaciones estructurales al Poder Judicial?

No creo que sea un proyecto ambicioso. Se trata de una iniciativa que intenta resolver algunas cuestiones muy específicas, mayormente vinculadas con la dimensión penal del sistema de administración de justicia y con algunas deudas pendientes en términos constitucionales (por ejemplo, el traslado a la Ciudad de Buenos Aires de ciertos tribunales que hoy se llaman “nacionales” pero tienen competencia limitada a esa jurisdicción territorial).

Creo que las propuestas de modificaciones estructurales pueden venir con motivo del trabajo del Consejo Consultivo designado por el Presidente, sobre lo cual, hasta ahora, solo hay trascendidos respecto de los temas de su agenda.  Más allá de eso, me parece muy acertado e inteligente que este Consejo haya convocado a la sociedad civil, universidades y otros espacios para que aporten ideas a fin de incorporar en esa agenda. Esto enriquecerá la discusión, permitirá generar otros niveles de consenso y, además, pondrá en valor muchas y valiosas investigaciones y estudios que se vienen realizando sobre distintos aspectos del Poder Judicial desde hace años.

¿Qué aspectos del funcionamiento actual de la Justicia te parecen los más relevantes y más urgentes de abordar? ¿Se puede hablar de “la Justicia” o hay que hablar de “varias Justicias” para entender los problemas que presenta hoy la administración judicial?

Ante todo, me parece que es conveniente desterrar el término “la justicia” para referirnos al Poder Judicial. No deberíamos hablar de la justicia sino del Poder Judicial. La justicia es un valor, mientras que el Poder Judicial es una de las estructuras políticas que conforman el Estado. Ni más ni menos que aquella donde se define, en última instancia, la interpretación y alcance de nuestros derechos.

En ocasiones, esta definición sobre nuestros derechos ha sido justa. En otras, no tanto. Y en otras, lisa y llanamente ha derivado en la consolidación de graves situaciones de injusticia.

La historia demuestra que estas situaciones de injusticia han perjudicado sistemáticamente a ciertos grupos vulnerables de nuestra sociedad, al mismo tiempo que han favorecido a sectores de poder -público y privado- que avanzaron y consolidaron sus intereses violando derechos fundamentales bajo la mirada cómplice del Poder Judicial.

Por eso me parece relevante romper con esta terminología. Dejar de pensar en “la justicia” nos permite visibilizar mejor que el Poder Judicial es un espacio de poder, integrado por personas que, se quiera reconocer o no, tienen preferencias políticas, orientaciones ideológicas e intereses individuales y corporativos que influyen en el modo en que ejercen su poder y sobre los cuales muy poco se discute.

 


«Dejar de pensar en ‘la justicia’ nos permite visibilizar mejor que el Poder Judicial es un espacio de poder»


 

Dicho esto, creo que hay problemas comunes a las diferentes dimensiones del Poder Judicial tales como su ineficiencia, demoras, altos costos, lenguaje incomprensible y falta de rendición de cuentas.  Y, al mismo tiempo, hay problemas específicos en distintas áreas de conflictividad que merecen una atención también específica (seguridad social, comercial, contencioso administrativo, etcétera).  Hay mucho por discutir en ambos escenarios.

¿Hay modificaciones sustantivas en materia de derecho procesal?

Lo más relevante, sin duda, es la implementación del sistema acusatorio en materia penal. Fuera de eso, según ha trascendido, el Consejo Consultivo se encuentra trabajando en otras cuestiones. Habrá que esperar y ver cómo se desarrolla el trabajo de ese espacio.

¿Cuál es la situación actual de los procesos colectivos en materia de regulación normativa?

A nivel nacional la situación es preocupante. Existen leyes aisladas en algunas materias que regulan tan solo unas pocas cuestiones procesales colectivas y que, además, lo hacen de manera totalmente asistemática. Me refiero a la Ley General del Ambiente N° 25.675 (sancionada en el año 2002) y la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 (modificada en el año 2008 por la ley N° 26.361, que incorporó algunas previsiones sobre este tema).

Esto implica que desde 1994 no hemos logrado diseñar un mecanismo de enjuiciamiento adecuado para conflictos colectivos y que hace más de 12 años que no tenemos novedades legislativas concretas en la materia.

El vacío legislativo viene siendo ocupado por la Corte Suprema a través de distintas reglamentaciones administrativas (llamadas “Acordadas”) que han avanzado en el tema. Entre las cuestiones reguladas más destacables podemos mencionar las audiencias públicas, los amigos y amigas del tribunal, la unidad de análisis económico (para medir el impacto de las decisiones), el registro de procesos colectivos y, ya en el año 2016, un “reglamento de actuación en procesos colectivos”.

 


«Desde 1994 no hemos logrado diseñar un mecanismo de enjuiciamiento adecuado para conflictos colectivos»


 

Estas regulaciones dictadas por la Corte, sin embargo, tampoco se ocupan del tema en forma sistémica. Además, a mi modo de ver, algunas de ellas tienen defectos que han concurrido a complicar aún más el caótico escenario actual. Y otras, por su parte, son abiertamente incumplidas en la práctica.

Sobre este último problema, podemos señalar como ejemplo lo que sucede con las audiencias públicas y los amigos y amigas del tribunal. Desde el dictado de las Acordadas pertinentes, el promedio de expedientes en los cuales se convocó a amigos y amigas del tribunal es de menos de 1 por año, mientras que ese número asciende a 2 por año si hablamos de audiencias públicas. Comparemos esto con la cantidad de causas de trascendencia institucional que el tribunal resuelve cada año y podremos ver que, más allá de los loables objetivos de tales reglamentaciones, hay un serio problema en las prácticas del tribunal.

¿Cuál es la importancia de diseñar un marco jurídico nuevo o más actualizado?

Creo que el tema tiene que ser discutido en el Congreso para lograr consensos que nos permitan sancionar una ley moderna y adecuada para procesar y resolver conflictos colectivos. Estos conflictos involucran delicadas cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales que no pueden ser analizadas ni decididas en base a un mecanismo de debate (nuestro código procesal tradicional) pensado para atender conflictos individuales y eminentemente privados.

En base a la versión actual del proyecto de reforma que presentó el gobierno, con la aclaración de que aun queda un largo camino por recorrer en el Congreso, por lo que puede sufrir modificaciones, ¿qué aciertos marcarías?

Creo que la mayor bondad del proyecto, que acaba de recibir media sanción, es haber instalado el tema en la agenda para su discusión pública. Hay un consenso generalizado sobre el hecho que el Poder Judicial no funciona como debería. Los niveles de desconfianza social en el Poder Judicial, medidos por distintas consultoras regularmente desde hace años, son muy bajos, demasiado bajos.

Es indispensable discutir una estructura del Estado que poco y nada ha cambiado desde que fue creada hace más de 150 años. No olvidemos que la “Ley de organización de la justicia nacional” es la N° 27, sancionada en el año 1862, mientras que aquella que regula la “Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales” es la N° 48, sancionada en el año 1863. Insólito, ¿no?

¿Y alguna cuestión relevante que se haya omitido, o bien que se haya incluido pero pueda resultar problemática?

Me parece que hay al menos tres cosas muy puntuales que deberían ser parte de esta discusión: la Ley de Amparo, el Código Procesal Civil y Comercial y los procesos colectivos.

Las dos primeras leyes son normas de facto, con enormes problemas de efectividad y -en el caso de la ley de amparo, además- con sistemáticas declaraciones de inconstitucionalidad sobre distintos aspectos de su articulado.

Necesitamos adaptar estos mecanismos de discusión a la realidad actual, y para ello es esencial rediscutir ambas leyes a la luz de las convenciones y tratados internacionales incorporados a nuestro derecho con la reforma constitucional de 1994 y con posterioridad a ella (algo que ya se logró con el Código Civil y Comercial sancionado en el 2015).

En cuanto a los procesos colectivos, el dictado de una ley es una exigencia derivada de la garantía de debido proceso legal colectivo regulada en el art. 43 de la Const. Nacional e interpretada por la Corte Suprema en numerosos precedentes desde comienzos del año 2009. La ausencia de esta ley, además y como ya comenté, ha permitido que dicha garantía fundamental sea regulada por la Corte Suprema en ejercicio de facultades administrativas, lo cual es un problema en sí mismo que deberíamos también resolver.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que estos procesos involucran importantes ventajas en términos de política pública que concurren, junto con la previsión constitucional, a sostener la necesidad de su regulación urgente. En este sentido, son una herramienta fundamental de acceso a la justicia de grupos y personas subalternizadas, generan enormes niveles de macroeconomía procesal, permiten a ciudadanos y ciudadanas participar del control de la cosa pública y de los poderes fácticos del mercado, habilitan soluciones igualitarias para miles de personas que se encuentran en la misma situación y, además, son fuente de información muy valiosa para tomar decisiones de política pública en distintos sectores.

 

*El entrevistado es abogado, profesor de Derecho Procesal Civil en la UNLP y magister en Derecho Internacional (New York University School of Law). Hace varios años se dedica al estudio de los procesos colectivos y contribuye al debate público a través de su página web.

Marche una acordada

Dossier Reforma de la Justicia | Opinión | Por Bautista Cañón* |

 

Como es de público conocimiento, durante el último tiempo diversos tribunales de la Nación colaboraron, mediante acordadas, con el análisis de la estructura y organización de sus respectivos fueros, a los efectos de contribuir con la inminente Reforma Judicial. Las acordadas son actos administrativos que los tribunales dictan por fines diversos pero que no constituyen sentencias sobre casos concretos que llegan a su conocimiento por planteo de las partes con intereses en conflicto.

Así pues, la Cámara del Crimen expresó públicamente “su opinión respecto del proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional”. Del mismo modo, la Cámara Civil y Comercial Federal manifestó que el dictado de su Acordada no tiene otro propósito que el de “aportar elementos de juicio técnicos para valorar la eficiencia de la unificación de este fuero con el Contencioso Administrativo Federal, en pos de una mejor administración de justicia”.

Ahora bien, la particularidad del caso reside en que dichas dependencias judiciales no fueron consultadas, en modo alguno, sobre la reforma propuesta. Como consecuencia de ello, en la doctrina se discutieron las facultades constitucionales de los tribunales judiciales para emitir opiniones sobre proyectos de ley sin consulta anterior.

Previo a adentrarnos en la consideración del tema, resulta esencial determinar si nos encontramos frente a aquellos supuestos excepcionales en los cuales el Poder Judicial ejerció una especie de control de constitucionalidad de algunas normas emanadas de los restantes poderes nacionales, por intermedio de una acordada.

Del análisis histórico de los precedentes jurisprudenciales se desprende que la Corte Suprema, en ocasiones especiales, declaró la inaplicabilidad de una ley o un acto fuera de los casos judiciales, despojándose enteramente de los requisitos que ha elaborado para el ejercicio del control de  constitucionalidad. Vale decir, a los efectos de preservar la independencia del Poder Judicial, la Corte prescindió de la doctrina del caso judicial, originada en los albores de la organización nacional (1), la cual impone la existencia de una controversia o conflicto entre partes legitimadas que afirmen o contradigan sus pretensiones.

Esta práctica pretoriana de nuestro Tribunal Supremo ya se avizoraba en 1903 en el caso “Delfín N. Baca” (2), en donde la Corte decidió no tomar juramento al juez en comisión, Dr. Delfín Baca, designado por el Presidente provisional de la Nación, el Dr. Uriburu, debido a que este último no había prestado el juramento prescripto por el art. 80 de la Constitución. Allí, la Corte Suprema afirmó que “corresponde a las facultades de este Supremo Tribunal así declararlo, como una atribución inherente a la naturaleza del poder que ejerce, de juzgar, en los casos ocurrentes, de la constitucionalidad y legalidad de los actos que se someten, toda vez que con ocasión de ellos ha de cumplir una función que le confiere la Constitución o la ley”.

Este análisis constitucional de la legitimidad que detentaban las autoridades del Poder Ejecutivo se efectuó nuevamente con las acordadas de 1930 (3) y 1943 (4) las cuales, con una tergiversada cita de Constantineau, Public Officers and the Facto Doctrine, instauraron la doctrina de los gobiernos de facto.

Luego, durante el transcurso del siglo veinte, la Corte Suprema consolidó la doctrina del control de constitucionalidad por acordada, dictando varios de sus más importantes pronunciamientos de carácter político-institucional fuera de los casos judiciales contenciosos.

En un caso de gran resonancia pública, la Corte Suprema pronunció, de manera formidable y categórica, una síntesis de su doctrina histórica sobre la materia. El Tribunal, a través de la Acordada 20/96 (5), declaró la inaplicabilidad del art. 1 de la ley 24.631 que derogaba la exención del impuesto a las ganancias para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La Corte entendió que se trataba de una ley “cuya constitucionalidad debe ser examinada por este Tribunal, aun sin la presencia de un caso judicial, en su condición de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial de la Nación”.

Esta Acordada consolidaba una antigua doctrina, amalgamada al artículo 108 de la Constitución Nacional, en virtud de la cual la Corte “tiene facultades o privilegios inherentes a todo poder público, para su existencia y conservación”. En consecuencia, afirmaba que “no es necesaria la presencia de un caso en los términos requeridos por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional”. De esta manera, la Corte consolidaba la tesis que había sido defendida por Joaquín V. González, en su imperecedero Manual de la Constitución Argentina, según la cual «en cuanto la Corte Suprema es la representación más alta de poder judicial de la Nación, tiene facultades o privilegios inherentes a todo poder público, para su existencia y conservación…” (6).

De modo que para la propia Corte Suprema es evidente que la prerrogativa de declarar la inconstitucionalidad de una norma de los poderes políticos no atañe ni a las facultades jurisdiccionales ni a las facultades de superintendencia del Tribunal. En efecto, al llevar a cabo el control de constitucionalidad por la vía de la acordada, la Corte actúa en el ejercicio de sus poderes inherentes que posee como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial de la Nación, con el fin de resguardar la independencia de la judicatura.

Por esta razón, las Cámaras Federales están impedidas de controlar mediante acordadas la constitucionalidad de los actos de los restantes poderes, aun cuando ellos interfieran en el normal desempeño de su magistratura. Ello se debe a que el control constitucional no deriva de una mera facultad de superintendencia –art. 113-, delegada en parte a las Cámaras Federales, sino que encuentra fundamento constitucional en la condición de la Corte nacional como órgano supremo y cabeza de uno de los Departamentos del Gobierno Federal –art. 108-.

Por ende, los tribunales inferiores de la Nación, frente a la existencia de ataques externos que avasallan su independencia judicial, deberían acudir ante la Corte Suprema para que esta proteja sus garantías constitucionales. Tanto es así que en una de las célebres acordadas de 1945 (7), nuestro Máximo Tribunal intervino en el caso a raíz de la nota que presentó un juez, que vio afectada su garantía de inamovilidad en el cargo, con la finalidad de que la Corte Suprema adopte las medidas que considere necesarias. En esta Acordada, el Tribunal expresó que el decreto dictado por el Presidente de facto, E. J. Farrell, el cual disponía el traslado de jueces federales, con afectación de sus haberes, “violan la garantía de la inamovilidad de los jueces consagrada en el artículo 96 –actual art. 110- de la Constitución Nacional”. De manera similar, la Corte Suprema intervino en Fallos 237:29; 241:50; 246:237; 306:72.

 


«Las Cámaras Federales están impedidas de controlar mediante acordadas la constitucionalidad de los actos de los restantes poderes, aun cuando ellos interfieran en el normal desempeño de su magistratura»


 

Es decir, que los magistrados integrantes de la Cámara del Crimen y de la Cámara Civil y Comercial Federal estaban facultados para solicitar la protección de la Corte, ante los avances del Poder Ejecutivo en la reforma judicial. No obstante, el Alto Tribunal probablemente habría rechazado la petición, a causa de la mera condición de proyecto de ley que ostenta el acto impugnado. Así, por diversos motivos, los requerimientos de Fallos 241:50; 259:11; 306:72 fueron desestimados por el Tribunal.

Lo que les está vedado por la Constitución es declarar la inconstitucionalidad –“inaplicabilidad”, “invalidez”, “nulidad” o cualquier otro eufemismo- de un precepto normativo por vía de acordada, en virtud de la doctrina del caso judicial, cimentada sobre la base del art. 116. Esta fue la postura adoptada por dichas Cámaras Federales que, no obstante esgrimir argumentos constitucionales para oponerse a la reforma, simplemente manifiestan su opinión sobre el proyecto de ley, que de ningún modo podría dar lugar al ejercicio del control de constitucionalidad.

palacio de justicia 2

Opiniones por acordadas y diálogo entre poderes

En relación con las opiniones de los tribunales por vía de acordada, los estudios de los precedentes jurisprudenciales revelan que la Corte Suprema, en casos excepcionales, efectuó una función de asesoramiento a los restantes poderes en diversos proyectos de reforma judicial.

Como primer antecedente, se pueden citar los estudios y las preparaciones del recurso extraordinario federal de la ley 48; los cuales fueron elaborados, además de Rafael García al analizar la Judiciary Act de 1789 (8), por los ministros de la primera Corte Suprema nacional (9). En efecto, como consecuencia de los numerosos obstáculos que sufría la Corte Suprema para entrar en funciones, el entonces Presidente Mitre encomendó a los miembros del Tribunal la elaboración de trabajos para mejorar las leyes de organización del procedimiento federal. Así fue como los magistrados supremos prepararon en privado los antecedentes de la ley 48 (10).

Continuando con el análisis de las opiniones de la Corte por vía de acordada, en 1958 el Presidente de la Nación, Arturo Frondizi, se dirigió mediante oficio a la Corte Suprema a los efectos de que esta emita opinión sobre el aumento del número de ministros del Tribunal. En este oficio el Presidente manifiesta “de sumo interés conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acerca de la oportunidad y conveniencia de aumentar el número de jueces que la integran, con asignación de salas de competencia determinada”.

En ese mismo año, los ministros de la Corte (11) dictaron una Acordada (12) en la cual consideraron “de toda necesidad y urgencia aumentar a nueve el número de miembros del Tribunal, en consideración al elevado monto de causas que durante los diez años últimos, sobre todo, han llegado regularmente a conocimiento de la Corte… no obstante el trabajo constante y empeñoso de jueces y secretarios…”.

A su vez, el Tribunal también señaló que esta situación crítica solo puede remediarse con una reforma sustancial en la estructura de la Corte que “al mismo tiempo que aumente el número de sus jueces y secretarios, tenga posible la división en salas a fin de dar pronto despacho a un gran número de causas (expropiaciones, cuestiones de réditos o aduanas, etcétera) que no constituyen el trabajo realmente propio de una Corte Suprema”. Por su parte, el ministro Aráoz de Lamadrid expresó en disidencia que, por el breve tiempo de funcionamiento de esta Corte en su actual composición, resultaba prematuro el pronunciamiento del Tribunal.

Paradójicamente, la elevación del número de jueces a siete en 1960 agravó las tensiones existentes con el presidente del Tribunal, Alfredo Orgaz, que culminaron con su renuncia presentada el mismo año debido a un “cansancio moral”.

En sentido contrario, el 10 de agosto de 1964, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (13), en la opinión dirigida al Senado (14), consideró que “no hay razón bastante ni urgencia para el aumento de los miembros del tribunal” y sostuvo que la división de la Corte en salas “es de constitucionalidad problemática”. Asimismo, rechazó la competencia del Poder Ejecutivo para designar con acuerdo del Senado al presidente del Tribunal Supremo. Aquí vemos cómo la Corte Suprema emitió, en el transcurso de un breve período, opiniones un tanto disímiles.

Ahora bien, las opiniones hasta aquí desarrolladas fueron emitidas por el Tribunal ante la consulta de los poderes políticos de la Nación, lo cual no sucedió en las acordadas sub examine. Incluso, la Cámara Civil y Comercial Federal manifestó explícitamente que “dados ciertos trascendidos periodísticos, en primer lugar nos vemos obligados a aclarar que ninguno de los miembros de esta Cámara fue consultado, en modo alguno, sobre la reforma propuesta”.

De modo que las opiniones de las Cámaras Federales guardan mayor semejanza con la afamada Acordada 44/89 (15) en la que la Corte Suprema intervino al tomar conocimiento, por medio de la prensa, de que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la composición del Tribunal.

Para fundamentar su intromisión en la reforma judicial sin requerimiento previo, la Corte entendió que “no puede permanecer ajena a una circunstancia de tan seria repercusión sobre las instituciones republicanas, en la medida en que compromete, precisamente, el funcionamiento de la cabeza de uno de los poderes…”. En consecuencia, arguyó que resulta “un imperativo ético e institucional que esta Corte contribuya al esclarecimiento de un tema tan capital, máxime cuando su experiencia y juicio, por vincularse con puntos básicos de su organización, parece tener un valor difícilmente sustituible”.

Luego de invocar estas circunstancias que legitiman, a su juicio, la participación del Tribunal, opinó que la Corte Suprema no puede ser dividida en salas “por cuanto es imperativo constitucional que esta Corte sea ‘una’ (art. 94)”. Asimismo, señaló que el aumento del número de magistrados no solo no agiliza el proceso judicial ante la Corte, sino que, por el contrario, causaría debates interminables, multiplicación de votos dispares, inseguridad jurídica, prolongación de las situaciones litigiosas, etcétera.

Por su parte, el presidente del Tribunal, José Severo Caballero, entendió que resultaba improcedente el dictado de la acordada, por cuanto “no se ha producido consulta alguna sobre la oportunidad y conveniencia de la reforma proyectada por el Poder Ejecutivo Nacional, como ocurrió en 1958 y en 1964”.  Al siguiente día de acuerdo, con motivo de las divergencias surgidas en el seno del Tribunal por la Acordada Nº44/89, el doctor Caballero presenta su renuncia al cargo de Presidente de la Corte Suprema.

A mi modo de ver, correspondería que los restantes poderes del Estado, al momento de planificar una reforma judicial, efectúen una consulta previa a los tribunales que se verán afectados por la eventual sanción de la ley.

Sin embargo, la obligatoriedad de peticionar la opinión de la magistratura no se encuentra prevista, de manera expresa, en ninguno de los preceptos constitucionales; ni aun cuando el proyecto de ley pretenda modificar materias trascendentales para la organización institucional de la República, como la composición de los miembros de la Corte Suprema o su división en salas.

Es cierto que no solo el Poder Legislativo y Ejecutivo gozan de poderes implícitos o inherentes, sino que también los posee el Poder Judicial. De tal forma, se podría argumentar que la prerrogativa de emitir opiniones, ante la inminente modificación de la estructura, competencia o composición de un tribunal, constituye uno de los poderes implícitos de la magistratura, junto con el control de constitucionalidad, las facultades de autopreservación o, en su momento, la aplicación de facto del certiorari o del recurso per saltum. Empero, a diferencia de los supuestos señalados, la atribución de valorar la conveniencia y oportunidad de las reformas legislativas no se adecúa a los fines que inspiraron la creación de la rama judicial, conforme lo exige el principio de especialidad (16).

 


«La obligatoriedad de peticionar la opinión de la magistratura no se encuentra prevista, de manera expresa, en ninguno de los preceptos constitucionales»


 

Por lo tanto, la Constitución Nacional no habilita a los tribunales de la Nación a emitir opiniones, sin consulta previa, sobre reformas al Poder Judicial. La circunstancia de los magistrados –con independencia del fuero o instancia- opinando por vía de acordada respecto de cualquier proyecto de ley, que consideren que los perjudica, constituiría una práctica pretoriana deleznable, que implicaría una intromisión del Poder Judicial en las atribuciones conferidas por la Constitución a los demás poderes del Estado. De manera que el empleo de la herramienta de la acordada, como mecanismo de evasión de la doctrina del caso judicial, no debe instituirse en una costumbre tribunalicia.

Por último, debemos señalar que los jueces están impedidos de valorar la oportunidad, mérito o conveniencia de las leyes en una controversia judicial, sustituyendo la voluntad de las autoridades legislativas por los criterios personales de los magistrados. Tampoco es adecuado que manifiesten su opinión en los medios de comunicación, en virtud del rol trascendental que cumplen los jueces en la vida institucional del país. Por ello, resulta conveniente que la legislación nacional regule un mecanismo de consulta previa obligatoria, por el que se solicite opinión de los tribunales federales afectados por reformas que modifiquen la estructura, competencia o composición del fuero respectivo.

 

*El autor es abogado (UNLP). Ha colaborado con publicaciones de la editorial Hammurabi.

 

(1) En efecto, los redactores del art. 110 –actual art. 116- de la Constitución Nacional de 1853, basándose en el art. III de la Sección 2º de la Constitución de los Estados Unidos, dispusieron que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación. Asimismo, la histórica ley 27 de 1862 en su art. 2 estableció que la justicia federal nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. Como se puede observar, estas normas primigenias demuestran que la idea del caso judicial se encontraba muy presente al momento de diseñar la organización y estructura de la justicia federal.

(2) Esta Acordada no fue publicada oficialmente por la Corte Suprema, únicamente se encuentra archivada en la Sala de Superintendencia de dicho Tribunal. De todos modos, el texto completo puede verse en: Carlos S. Fayt, Nuevas fronteras del Derecho Constitucional. La dimensión político institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Ley, Buenos Aires, 1995, págs. 192 y ss.

(3) Fallos, 158:290

(4) Fallos, 165:5

(5) Fallos 319:24

(6) Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Ed. Ángel Estrada y Ca., Buenos Aires, 1897, pág. 632. Este manual fue escrito para servir de texto de instrucción cívica en los establecimientos de escuela secundaria.

(7) Fallos 201:245.

(8) La Judiciary Act de 1789 de los Estados Unidos constituye el antecedente inmediato de nuestra ley 48. Esta ley judicial norteamericana surge de la transacción entre los federalistas, que buscaban fortalecer el Gobierno Central, y los republicanos, inclinados por conservar los poderes estaduales.

(9) Los doctores De las Carreras, Delgado, Del Carril, Barros Pazos y el procurador general Pico. Ver: Néstor P. Sagüés, Recurso Extraordinario, Ed. Astrea, Buenos Aires, Tomo I, Cap. IV, pág. 237 y ss.

(10) Conf. Clodomiro Zavalía, Historia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en relación con su modelo americano, Ed. Talleres Casa Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1920, pág. 61 y 62.

(11) Los doctores Orgaz, Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte.

(12) Fallos 241:112.

(13) Integrada por los ministros Aráoz de Lamadrid, Aberastury, Colombres, Imaz y Bidau.

(14) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 1964-1,p. 897 y ss.

(15) Fallos 312:1513

(16) El principio de especialidad fue desarrollado originariamente en la doctrina de derecho civil francesa y, con posterioridad, fue receptado por la doctrina de derecho público. Ver: Bianchi, Alberto B., Control de Constitucionalidad, Ed. Ábaco, 2º edición, Buenos Aires, 2002, T I, pág. 197.

El derecho, como el aire, está en todas partes

Extracto del libro de Carlos Nino* | Homenaje a 27 años de su fallecimiento |

 

«El derecho, como el aire, está en todas partes. Por ejemplo, puede ser que hoy usted se haya contenido de ejercitar su agradable voz bajo la ducha, recordando que vecinos con poca sensibilidad artística podrían hacer valer ciertas ordenanzas contra los ruidos molestos; seguramente usted se habrá vestido al salir de su casa, porque entre otras razones, usted sabe bien que hay regulaciones jurídicas que desalientan una excesiva ligereza en el vestir; probablemente usted haya celebrado un contrato tácito de transporte al ascender a un ómnibus público o, si ha conducido su automóvil, habrá seguido, o simulado seguir, algunas reglamentaciones y habrá hecho uso de la facultad jurídica de transitar por la vía pública; es casi seguro que usted debe haber celebrado hoy varios contratos verbales de compraventa (al adquirir, por ejemplo, el periódico o cigarrillos) y de locación de obra (al llevar, por ejemplo, sus zapatos a arreglar); aunque usted no tenga un físico imponente, usted tiene alguna confianza en que probablemente no será golpeado, insultado, vejado o robado gracias a la «coraza» normativa que le proporciona el derecho; la organización donde usted trabaja o estudia (es de esperar que usted no sea un miembro de una asociación ilícita) está seguramente estructurada según una serie de disposiciones legales; si usted tiene que hacer un trámite quizá no advierta que cada uno de sus intrincados pasos está prescripto por normas jurídicas. Todos estos contactos con el derecho le ocurrirán a usted en un día normal; piense en cuánto más envuelto en el derecho estará usted cuando participe de algún suceso trascendente, como casarse, ser demandado judicialmente.

(…) El derecho cumple la función de evitar o resolver algunos conflictos entre los individuos y de proveer de ciertos medios para hacer posible la cooperación social. Esto no quiere decir que las funciones mencionadas estén siempre en la mente de todos los actores en el proceso jurídico —muchas veces los propósitos que los mueven están muy lejos de coincidir con estas funciones—, ni que todo sistema jurídico cumpla con estas funciones en forma adecuada, ni que algunos aspectos de un sistema jurídico no puedan ser causa de nuevos conflictos y trabar la cooperación social, ni que no haya otras exigencias que un orden jurídico deba satisfacer para ser valorado positivamente.

(…) La tarea de contestar todas estas preguntas, y muchas otras relacionadas con ellas, no es cosa fácil; pero la tentativa de hacerlo no puede dejar de ser provechosa, porque empezar a comprender la estructura, el funcionamiento y las posibilidades de perfeccionamiento de la maquinaria jurídica, es una forma de comenzar a vislumbrar la compleja trama del tejido social que envuelve la vida humana».

 

*Nino, C. (1887). Introducción al análisis del Derecho. Editorial Astrea, pp. 1-9.

 

Carlos Nino (1943-1993) fue un teórico del Derecho que nació y vivió en la Argentina. Pensador notable, escritor de obras inolvidables, contribuyó al desarrollo del estudio del Derecho, fue uno de los grandes artífices del diseño del juicio a las juntas militares y pieza clave en el proceso de consolidación de la democracia, coordinando el Consejo para la Consolidación de la Democracia creado por Raúl Alfonsín en 1985. Hoy se cumplen 26 años desde su fallecimiento.

La reforma judicial y el rol institucional de la Corte

Entrevista a Pedro Caminos, abogado constitucionalsta

Dossier Reforma de la Justicia | Entrevista a Pedro Caminos*| Por Tomás Allan |

 

Semanas atrás, el Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Justicia que incluye la creación de juzgados federales penales con asiento en las provincias, la unificación del fuero Criminal y Correccional federal (Comodoro Py) con el Penal Económico, la unificación del fuero Civil y Comercial federal con el Contencioso Administrativo federal y el traslado de la Justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, entre otras medidas.

A su vez, creó un Consejo Consultivo, conformado por once juristas, cuyas tareas consisten principalmente en formular recomendaciones relativas al diseño y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura y a la implementación de los jurados populares.

Con varias definiciones pendientes, tanto en relación a la recomendaciones del Consejo Consultivo como a posibles cambios en la letra del proyecto por parte del Congreso, entrevistamos a Pedro Caminos, abogado, profesor de Derecho Constitucional y miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos en esta primera entrega del Dossier Reforma de la Justicia.

Pedro, ¿cuál es actualmente el rol institucional de la Corte Suprema en nuestro país?

La Corte actualmente tiene un rol institucional explícito o auto-asumido y otro que cumple sin asumirlo abiertamente.

El primero surge de precedentes como «Itzcovitch», «Barreto» y «Anadón». En esos casos, la Corte afirmó de manera enfática que su rol institucional consiste en la solución de cuestiones constitucionales. De ese modo, le corresponde a la Corte resolverlas a través del recurso extraordinario, cuando se plantean cuestiones federales ante los tribunales inferiores, nacionales y provinciales. Y también en ejercicio de su competencia originaria en los supuestos en que sea parte una provincia y la cuestión federal sea la predominante en la causa. Desde esta perspectiva, el rol de la Corte, según su propia visión, es constituirse como el tribunal que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional.

Al mismo tiempo, la Corte también interviene en causas en las que no hay una cuestión federal referida a la cuestión de fondo del juicio. Esto ocurre típicamente cuando aplica la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Eventualmente, también se da cuando ejerce su competencia originaria en casos en los que es parte un embajador, ministro o cónsul extranjero (y la causa no tiene materia o contenido federal) o en los que hay un pleito entre una provincia, «un vecino de otra provincia» y la materia es una «causa civil». El supuesto de los representantes diplomáticos y consulares de estados extranjeros surge directamente del artículo 117 de la Constitución. El requisito de «causa civil» para los pleitos entre una provincia y los vecinos de otra surge de la legislación que regula la competencia del Congreso. Estos dos casos pueden ser presentados por la Corte como excepciones admisibles a su rol institucional auto-asumido. En el caso particular del conflicto entre una provincia y un vecino de otra, la Corte seguramente lo mantendrá en la medida en que supere el test de razonabilidad que aplicó en los casos «Itzcovitch», «Barreto» y «Anadón»: la Corte asumirá la competencia siempre que ello no desnaturalice su función institucional. 

¿Presenta problemas esta doctrina de la arbitrariedad?

La doctrina de la arbitrariedad es un problema que la Corte, como institución, se da a sí misma. Se trata de una doctrina creada jurisprudencialmente por la propia Corte. Fue originalmente enunciada a principios del siglo veinte, pero comenzó a ser aplicada de manera relativamente masiva a partir de mediados del mismo siglo. El ejemplo paradigmático de sentencia arbitraria se da cuando el decisorio contiene una contradicción. Por ejemplo: «La norma ‘N’ es constitucional y es inconstitucional» o «El señor ‘S’ debe ser jurídicamente responsabilizado por el hecho ‘H’ y no debe ser jurídicamente responsabilizado por ese mismo hecho». La Corte explica que una sentencia que presente un vicio así no está fundamentada y, por lo tanto, transgrede la exigencia de «sentencia fundada en ley» que surge de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional como recaudo para tomar decisiones que afecten la propiedad y la libertad de las personas. En la construcción doctrinal que hace la Corte, una sentencia que carezca de fundamentación no cuenta jurídicamente como una sentencia. Por eso, resulta «descalificable como acto jurisdiccional» y es necesario que el superior tribunal de la causa dicte una nueva sentencia que sí esté fundamentada.

Sin embargo, la doctrina de la arbitrariedad se extiende mucho más allá de lo que indica el ejemplo paradigmático de la contradicción. De hecho, si uno tuviera que generalizar el estándar aplicado por la Corte no es que una sentencia arbitraria es una que «no está de ningún modo fundada», como ocurre claramente cuando ella es contradictoria, sino que una sentencia arbitraria es la que «no está mínimamente fundada».

 


«El rol de la Corte, según su propia visión, es constituirse como el tribunal que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional» 


 

El paso del «de ningún modo» al «mínimamente» abre la puerta a que la Corte considere arbitraria a una sentencia que: (i) no le dio peso adecuado a cierta prueba incluida en el expediente (o le dio peso excesivo a otra prueba en desmedro de aquélla); (ii) no tuvo en cuenta alguno de los planteos conducentes introducidos por las partes; (iii) interpretó de manera inadecuada normas de derecho común o de derecho público local; (iv) interpretó «con excesivo rigor formal» las normas procesales aplicables.

Esta enumeración es meramente ilustrativa. Lo que deseo mostrar es que, a través del paso del «de ningún modo» al «mínimamente», la Corte se permite ejercer funciones vinculadas a la evaluación de la prueba (i), al ejercicio de potestades procesales propias de los jueces de la causa (ii), y a la interpretación de normas de derechos común, procesal y público provincial (iii y iv).

Por lo tanto, la doctrina de la arbitrariedad, en su versión contemporánea, entra en tensión con el rol institucional que la Corte se auto-asigna. Restaría ver si es una tensión con la cual la Corte esté dispuesta a convivir. Los hechos parecen dar una respuesta afirmativa a esta inquietud. Sin embargo, creo que hay un campo para el debate sobre este punto.

¿Y qué otros problemas, o aspectos mejorables, presenta su funcionamiento actual?

La Corte Suprema es un órgano colegiado con mucha visibilidad pública. Esto hace que el proceso de toma de decisiones sea complejo porque sus integrantes deben tomar decisiones sobre cuestiones de gran trascendencia que hacen que toda la sociedad los observe.

Como no puede ser de otra forma, el funcionamiento institucional depende en buena medida de la negociación entre sus miembros. Si hay conflictos internos que aumentan el costo de la negociación, ello entorpece el funcionamiento del tribunal. Del mismo modo, los procesos de negociación consisten típicamente en un «doy si das». Aun cuando haya buena predisposición entre los ministros, puede ocurrir que una de las partes en la negociación considere que el precio que se pide a cambio del apoyo de cierta decisión es demasiado elevado.

Por lo tanto, una reforma posible sería la de tratar de reducir los costos de negociación entre los jueces. Es difícil adoptar una reforma así «desde afuera» de la Corte sin que ello implique regular su funcionamiento interno, en violación de la Constitución que dispone que la Corte se da su propio reglamento.

Sin embargo, sí es posible incidir por vía indirecta regulando el procedimiento. En el ámbito del recurso extraordinario, por ejemplo, se podría establecer que el transcurso de cierto plazo implique automáticamente la inadmisibilidad del recurso (extraordinario o de queja). Al mismo tiempo, se podría establecer que, si el tribunal admite un recurso, entonces que tenga un plazo para resolver sobre su procedencia. En este caso, debería considerarse que la sentencia recurrida fue confirmada «por sus fundamentos». Lo que podríamos llamar «el certioriari negativo tácito».

¿Qué efectos tendrían estas modificaciones?

Esta solución tiene la ventaja de que las partes ya saben de antemano cuánto tendrán que esperar a la Corte. Se elimina así la incertidumbre que aqueja a las partes cuando se plantea una cuestión ante el tribunal. Pero, principalmente, esta solución reduce la discrecionalidad de los jueces de la Corte. De ese modo, el juez que entienda que la Corte debe tratar una cuestión o que una sentencia debe ser revocada, tendrá un incentivo positivo para construir el acuerdo necesario para ello. Dado que el resto de los jueces estarán en la misma situación con respecto a otras cuestiones, entonces todos tendrán un incentivo para negociar rápidamente y no podrán dejar pasar el tiempo a la espera de una mejor circunstancia para negociar o decidir (la famosa «cronoterapia»).

Es probable que esta regulación tenga el efecto de que los jueces puedan alcanzar acuerdos sobre muy pocas cuestiones. De ese modo, se reducirá la cantidad de sentencias que dicta la Corte y aquéllas que sí son resueltas serán decisiones negociadas. Esto puede tener consecuencias positivas para asegurar una mayor estabilidad de los criterios que emplea el tribunal.

También es probable que los jueces de la Corte, individualmente, resientan una medida de estas características. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en materia de diseño institucional, muchas veces «menos es más». Limitar las opciones de los jueces individualmente puede dar lugar a una mejor y más fuerte institución. Individualmente los jueces tendrán menos poder, pero colectivamente participarán de una institución más poderosa que podrá indicar criterios estables para la interpretación de la Constitución para el largo plazo.

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Carlos Rosenkrantz, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Una de las tareas del Consejo Consultivo designado por el gobierno consiste en sugerir posibles cambios para la Corte. Si bien hasta el momento no se han formulado recomendaciones, en el debate público comenzaron a circular discusiones sobre diseños distintos al actual, como un aumento en el número de miembros o una división en salas especializadas. ¿Qué ventajas y debilidades presentan estas alternativas?

La discusión sobre la cantidad de miembros del tribunal y su división en salas puede ser desarrollada racionalmente y creo que tenemos un deber de hacerlo, sobre todo en el ámbito académico. A la sociedad le corresponderá decidir si están dadas las condiciones para ese debate o si el oficialismo tiene o no «segundas intenciones».

La cantidad de miembros de la Corte es una cuestión no regulada por la Constitución. A lo largo de nuestra historia tuvimos composiciones de cinco, siete y nueve miembros. Por mi parte, creo que es importante mantener la estabilidad de la composición de la Corte. Entonces, en principio, no soy partidario de elevar su número. Sin embargo, algunos colegas, como Gustavo Arballo, indicaron que, en una Corte con cinco miembros, aumenta la probabilidad de inestabilidad de las decisiones. En caso de que este argumento sea correcto, y en principio suena plausible, entonces tendríamos una buena razón para elevar la cantidad de jueces del tribunal. Gustavo Arballo propuso como número óptimo una integración de siete miembros. En este caso, es perfectamente factible adoptar medidas que reduzcan las ansiedades que una decisión así puede generar en la oposición. Martín Oyhanarte, por ejemplo, propuso que las designaciones queden diferidas en el tiempo, para el próximo período presidencial. Ello daría el mensaje de que la intención es verdaderamente mejorar la calidad institucional y no cooptar al tribunal.

¿Y la división en salas?

La cuestión de la división en salas tampoco tiene una regulación expresa en la Constitución. Algunos colegas, como Osvaldo Pérez Sammartino, siguen a Bidart Campos quien sostenía que la división en salas estaría prohibida por la Constitución en tanto que su artículo 108 dispone que habrá «una Corte Suprema». Sin embargo, yo tengo algunas dudas con respecto a esta interpretación. En cualquier caso, para no obturar la discusión, asumiré que la división en salas es constitucionalmente posible.

Ahora bien, que algo sea constitucionalmente posible no lo vuelve institucionalmente deseable. Si el rol institucional de la Corte es el de ser la intérprete final de la Constitución, ello es porque nos interesa contar con un órgano que «diga el derecho constitucional» de manera definitiva. Es un mecanismo institucional para implementar ideales como la certeza y la seguridad. Para ello, es mejor que la Corte hable con una única voz. La división en salas fuerza al tribunal a hablar con varias voces. Adicionalmente, no está claro de qué modo se procedería a realizar la división en salas. ¿Todas las salas tendrían la misma competencia material? ¿O las salas estarían especializadas? En este último caso, se plantea el problema de cómo llevar adelante la división. Si la Corte es un tribunal especializado en la resolución de cuestiones constitucionales, la división en materias parece ir en contra de ese rol. Si todas las salas tuvieran la misma competencia material, se confirmaría que ello impediría que la Corte hable con una única voz.

 


«Es mejor que la Corte hable con una única voz. La división en salas fuerza al tribunal a hablar con varias voces»


 

Una ventaja posible es que la división en salas podría conducir a una tramitación más rápida de los expedientes. Pero si hay otros medios para alcanzar ese fin, como puede ser la implementación del certiorari negativo tácito, que no tienen la desventaja de impedir que la Corte hable con una única voz, entonces la división en salas debería quedar al final de la lista de las reformas posibles.

También se ha hablado de la posibilidad de crear una especie de Tribunal Superior que haga las veces de “filtro” para solucionar el problema de la sobrecarga de casos con el que estaría lidiando el máximo tribunal. ¿Podría ser una buena solución?

La creación de uno o más tribunales intermedios entre la Corte y los tribunales que existen actualmente me parece una mala idea desde todo punto de vista. En primer lugar, porque no se ataca el problema de fondo. ¿Por qué se le pide a la Corte que revise tantas sentencias? Si en todas ellas o en la gran mayoría hay cuestiones constitucionales, entonces no estamos ante un problema: la Corte debería tratar, en principio, tales cuestiones.

Pero si la gran mayoría de los recursos invocaran la doctrina de la arbitrariedad, entonces la pregunta es: ¿de verdad las Cámaras Federales y los superiores tribunales de provincia dictan tantas sentencias arbitrarias? Si la respuesta es afirmativa, estaríamos frente a un problema gravísimo que es el de una muy mala administración de justicia en las más altas instancias judiciales. Si este diagnóstico es correcto, la solución tiene que estar dirigida a mejorar la calidad del servicio que presta el poder judicial. La existencia de vías procesales puede ser un paliativo, pero no es una solución. Entonces, la propuesta de crear un tribunal intermedio me parece que es el resultado de la pereza intelectual en investigar por qué se produce cierto fenómeno antes que de un análisis pormenorizado del problema.

Adicionalmente, la creación de nuevos tribunales siempre plantea cuestiones vinculadas a los costos. No solo el obvio costo de pagar sueldos de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, que no son para nada despreciables en un país con la pobreza y la desigualdad que tiene el nuestro. También está el costo administrativo de designar a esos magistrados, el costo político por las controversias que se generarán y demás.

Por último, siempre me pregunto por qué se piensa que la respuesta a la arbitrariedad en las decisiones judiciales será la creación de nuevos tribunales. ¿Acaso aparecerán por generación espontánea jueces impolutos para esos tribunales que no reproducirán los mismos vicios de los otros jueces? En tal sentido, la cantidad de buenos abogados es finita y no todos quieren ser jueces. Si se multiplican los cargos judiciales de las instancias más altas, aumentará la probabilidad de designar allí a jueces malos o mediocres. En fin, creo que crear más instancias no sólo no soluciona el problema, sino que lo empeora. Ello sin contar con el hecho de que los procedimientos se harán todavía más largos.

En base a la versión actual del proyecto de reforma que presentó el gobierno, con la aclaración de que aun queda un largo camino por recorrer en el Congreso, por lo que puede sufrir modificaciones, ¿qué omisiones y problemas marcarías?

Creo que es saludable que se discuta una reforma judicial. Tal vez habría sido interesante que el Presidente reprodujera la mecánica que decidió emplear con la reforma de la Corte, es decir, crear una comisión, con amplia participación de expertos en las temáticas involucradas.

En cuanto al proyecto en sí, una objeción tiene que ver con que dispone que se les asignen causas en materia penal federal a los nuevos juzgados, estableciendo un mecanismo especial de subrogancias hasta tanto se sustancien los concursos y se designe a los jueces respectivos. Se trata de una decisión que no me parece bien encaminada. Lo más razonable sería sustanciar los concursos y proceder a las designaciones y comenzar con el sorteo y asignación de causas una vez que los juzgados cuentan con magistrados. Los fundamentos del proyecto sostienen que el nuevo régimen procesal penal requerirá una mayor cantidad de magistrados. Pero, dado que el nuevo Código Procesal Penal viene implementándose de manera gradual, no veo por qué habría algún apuro en ese sentido.

Aunque no soy un experto en derecho procesal penal, me permito señalar que los colegas especializados advierten que, más importante que la creación de nuevos juzgados, es la de más fiscalías, pues el Ministerio Público pasará a absorber el grueso del trabajo con la nueva legislación. Por lo tanto, si hubiera alguna urgencia institucional en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, parecería que el ojo debería ponerse en el Ministerio Público.

¿Y aciertos?

Un acierto del proyecto es ponerle un fin a la cuestión de la transferencia de la Justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la justicia penal está desmembrada en tres fueros en la Ciudad (el federal, el nacional y la justicia penal, contravencional y de faltas), lo cual es absurdo. Tal vez el impulso para la transferencia de ese fuero permita concretar la transferencia de la totalidad de la justicia ordinaria, para cumplir así de una vez por todas con el artículo 129 de la Constitución Nacional.

 

*El entrevistado es abogado, profesor de Derecho Constitucional y miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos.

La revancha de los runners

Opinión | Por Emiliano Vitaliani* |

 

El jueves 25 de junio el presidente Alberto Fernández, acompañado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno porteño, anunció una nueva extensión de la cuarentena. En esta nueva etapa se restringieron algunas de las actividades que habían sido previamente habilitadas, entre ellas el running y los paseos en bicicleta o a pie entre las siete de la tarde y las ocho de la mañana. De esta forma, reapareció una discusión que ya se había dado en los primeros días de cuarentena (éramos tan jóvenes). ¿Puede el Estado prohibirnos salir a correr?

Probablemente la mejor argumentación en defensa de las restricciones para los runners sea la que brindó Natalia Volosin en Infobae. Su nota contaba con dos argumentos centrales. El primero era que en democracia los individuos tenemos buenas razones para aceptar la autoridad de las decisiones gubernamentales en tanto ellas son producto de un proceso deliberativo en el que todas las voces pudieron expresarse. El segundo, que el running aumentaba los contagios, dañando así (al menos potencialmente) a otras personas. Por lo tanto, el running no solo dañaría a otras personas, lo que habilita al Estado a establecer restricciones razonables, sino que afectaría particularmente al derecho que más vulnerable aparece en este contexto: la salud. En este sentido cabe recordar que los estudios en ese momento nos decían que la actividad física aumentaba el riesgo de contagio, por lo que el running parecía especialmente peligroso.

Sin embargo, algunas cosas cambiaron desde el 12 de abril, cuando esta nota fue publicada. En primer lugar, parecería que el debate del que surgen las medidas del gobierno no es tan amplio y público como nos exige un compromiso con una concepción robusta de la democracia. Desde entonces, la Corte Suprema le dijo al Senado que podía sesionar virtualmente y la Cámara de Diputados lo hizo sin preguntarle a nadie. Es decir que contamos ahora con un espacio institucional preparado para la discusión y donde es posible escuchar una mayor cantidad de voces, es decir, mejorar la calidad deliberativa.

Las decisiones, sin embargo, siguen tomándose en una habitación cerrada para después ser comunicadas. Todos sabemos que las medidas para el AMBA son tomadas por Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y Alberto Fernández con sus equipos. Esto tiene al menos dos problemas en términos democráticos. El primero de ellos es que, al darse la discusión en un ámbito cerrado, quienes defienden ciertas posiciones no se ven obligados a justificarlas frente a toda la ciudadanía de forma que sean potencialmente aceptables por todos. Cuando adscribimos a una concepción deliberativa de la democracia nos preocupa no solo que las decisiones sean producto de una discusión sino también que esa discusión sea pública, de modo que todos podamos evaluar las razones que justifican las decisiones finalmente adoptadas.

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Por otro lado, debido a la decisión de seguir tomando las medidas en un ámbito cerrado, aquellos que pueden traer nuevos argumentos y propuestas a la mesa son muy pocos. Si creemos que lo que justifica la autoridad de las decisiones es que ellas son producto de un proceso deliberativo en el que se puedan escuchar las voces de todos los potencialmente afectados, discutir y decidir entre tres gobernantes en una habitación a la que el gran público no tiene acceso parece particularmente poco apropiado. En realidad, uno podría decir que es exactamente lo contrario a lo que esta teoría nos demanda. La deliberación que precede a las decisiones dista de ser pública e inclusiva, por lo que su confiabilidad epistémica decrece.

 


«Cuando adscribimos a una concepción deliberativa de la democracia nos preocupa no solo que las decisiones sean producto de una discusión sino también que esa discusión sea pública»


 

En segundo lugar, no solo la situación de nuestras instituciones cambió, sino también los datos sobre el contagio producido por los runners. Diferentes estudios muestran que el contagio al aire libre es muy bajo y tanto Fernán Quirós como Carla Vizzotti y Ginés González García afirmaron que no hay evidencia que muestre que el running sea una fuente de contagio. Por el contrario, el ministro de Salud de la Nación afirmó que los contagios no eran la razón de la nueva restricción al running, sino que su preocupación era gestual y que “no es bueno ver una vida de ese tipo”.

Recordemos que uno de los argumentos sobre los que se sostenía la prohibición sobre los runners era que la actividad física era especialmente contagiosa. Sin embargo, la evidencia parece ahora decirnos otra cosa. Tanto los científicos como los funcionarios políticos acuerdan ahora en que el riesgo de contagio del running es muy bajo. Como alguna vez dijo Keynes (o al menos eso dicen): “When the facts change, I change my mind – what do you do, sir?”

La justificación que nos queda en pie es la del ministro González García. ¿Realmente es malo ver una vida de este tipo? ¿Hay un problema de imagen cuando vemos a la gente correr por la plaza? La respuesta es que simplemente no importa. Uno de los grandes logros de la tradición liberal es haber encontrado un principio que establece límites al poder del Estado: el principio de daño. Según el principio de daño el Estado solo puede regular las acciones u omisiones de las personas cuando ellas dañan sustancialmente a otras, es decir cuando el libre desarrollo de nuestra vida afecta de forma sustancial el libre desarrollo de la vida de otro.

Por lo tanto, no es función del Estado determinar qué vidas es bueno ver y qué vidas no. La respuesta no es que la vida runner sí merece ser vista, sino que esta no es una pregunta que le quepa hacer al Estado, sino que cada uno de nosotros, en tanto somos el mejor juez de nuestros propios intereses, podemos desarrollar nuestra vida libremente sin que el Estado priorice un plan de vida sobre otro.

 


«Según el principio de daño el Estado solo puede regular las acciones u omisiones de las personas cuando ellas dañan sustancialmente a otras, es decir cuando el libre desarrollo de nuestra vida afecta de forma sustancial el libre desarrollo de la vida de otro»


 

Incluso aceptando el argumento según el cual no es bueno ver a gente corriendo en la plaza y eso es suficiente para justificar la prohibición de la actividad, resulta interesante destacar la situación de las actividades distintas del running que fueron prohibidas con la última extensión de la cuarentena. Como dijimos, el ida y vuelta con los runners incluyó también a los ciclistas y a aquellos que querían dar un paseo nocturno. Sin embargo, ellos pasaron sorprendentemente desapercibidos en el debate público. Ninguna de estas dos actividades fue objeto del mismo nivel de discusión que suscitó el running ni mereció por parte de las autoridades ninguna justificación en su restricción. Los (pobres) argumentos refirieron simplemente a aquellas personas que decidieron salir a correr cuando fue posible.

Es llamativo, por lo tanto, que estas actividades hayan sido prohibidas, dado que ni siquiera pasan el test de Ginés. Realmente nadie estaba viendo a quienes salían a caminar, no era una vida observada y no fue objeto de la discusión pública ni de la crítica que sí sufrieron los runners.

Por último, quisiera contar un secreto muy bien guardado en estos días: existen otros derechos además de la salud. Al justificar las nuevas restricciones, Rodríguez Larreta afirmó que si bien el riesgo de contagio era muy bajo, algún riesgo es mayor que ninguno y por lo tanto debían restringir las salidas habilitadas. Sin embargo, este nivel de prioridad para la salud parece no tomarse en serio que lo que está en juego cuando se restringen las salidas nocturnas también son derechos constitucionales y merecen ser seriamente considerados.

Imaginemos la siguiente situación. El nivel de circulación del virus ha bajado muchísimo, ahora es muy poco contagioso y si el gobierno nos permite retornar a nuestras vidas un grupo se contagiará. Solamente un grupo muy reducido de personas. En este caso, ¿pensaríamos que se justifican las fuertes restricciones impuestas actualmente? Seguramente no.

Esta respuesta viene dada por el hecho de que a la hora de tomar decisiones de política pública debemos ponderar en qué medida se restringe un derecho a los fines de garantizar otro. Por lo tanto, el derecho a la salud no tiene una prioridad tal que su defensa justifique cualquier afectación a otros derechos de igual jerarquía

Afirmar que si se permite el running habrá algún contagiado no es suficiente. Lo que el Estado debe mostrar es que el nivel de contagio sería tan alto que justificaría una severa restricción sobre la autonomía personal y la libertad ambulatoria. Sin embargo, ninguno de estos argumentos apareció en la justificación de las nuevas restricciones ensayadas por los gobiernos de la Ciudad y de la Nación.

En conclusión, sobran las razones para sostener que las nuevas restricciones sobre runners, ciclistas y gente que quiere dar un paseo no están debidamente justificadas. La excepcionalidad de la situación no es una buena excusa para abandonar la discusión pública ni los derechos que tanto nos costó conseguir.

 

*El autor es estudiante de Derecho y de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)

¿El cine ha muerto?

Un análisis sobre el impacto del surgimiento de las plataformas de streaming en el mundo del cine

Opinión | Por Ulises Lazarte* |

 

A lo largo de la historia, el mundo y las sociedades han sufrido pequeños y grandes cambios, en áreas que van desde la cultura y la arquitectura hasta la lengua. Y también, lógicamente, el cine. El cine ha variado a lo largo del tiempo, y la forma de expectación de una película se fue dando de diferentes maneras, desde la sala de cine propiamente dicha hasta la exhibición de filmes en museos, centros culturales, autocines y demás.

En el momento en el que salió el tan famoso VHS (sistema de video doméstico), se creyó que la sala de cine iba a desaparecer, debido a que se comenzó a reducir la cantidad de espectadores. Algunas personas tenían acceso al dispositivo y podían comprar películas o alquilarlas y verlas sin salir de la comodidad de su casa. El cine siempre ha sufrido atentados; luego del VHS se empezó a comercializar el DVD, ya con mayor tecnología en el dispositivo y con una mejor calidad técnica en las películas. Pero actualmente, un coloso ha venido a ocupar el terreno y a ser la competencia directa de las salas cinematográficas: las famosas plataformas streaming.

El cine vs Netflix: entidades y películas

Netflix, la plataforma streaming por excelencia y a la que la mayoría de la población mundial tiene acceso, comenzó siendo una plataforma con varias series y alguna que otra película disponibles, aunque todas eran producciones ajenas a la compañía. Con el tiempo, vieron que podían generar su propio material y se lanzaron también a la producción, con mucho éxito comercial en series pero con poco éxito en el caso de las películas.

Fue hasta hace algunos años que las historias comenzaron a mejorar: se contrataron a mejores guionistas y directores como Martin Scorsese, Noah Baumbach y Alfonso Cuarón, entre otros, para llevar a cabo varias producciones, algunas de ellas con nominaciones a los Óscars.

Soportes técnicos

Empecemos con los cambios que introduce esta novedad en los soportes técnicos. Mientras que ver una película desde el sillón de nuestra casa puede traer algunas ventajas relativas a la comodidad, también representa algunas desventajas en cuanto a que no es exactamente una película lo que terminamos viendo, sino una representación -un reflejo- de esa película.

Para entenderlo mejor, digamos que una película siempre va a funcionar mejor en una sala cinematográfica, en primer lugar por las características técnicas de imagen y sonido. Cuando se piensa la fotografía de un film, por ejemplo, el ratio de aspecto, la sensibilidad y el uso de la óptica se piensan para una pantalla grande, en donde estos elementos se verán con mejor detalle y generarán cierto impacto en el espectador, tanto visual como emocional. En cambio en una pantalla pequeña, la calidad y el formato se verán modificados para este dispositivo, lo cual genera mucha pérdida en la narración visual y eso afecta, lamentablemente, a la emoción.

Lo mismo va para el sonido: en líneas generales, el sonido se mezcla en 5.1 o en 7.1 o hasta en más canales, dependiendo de la sala y de la calidad de la producción. Este procedimiento favorece que las diferentes capas de sonido del film (ambientes, efectos, diálogos, música y demás) hagan que la narración tome un rumbo concreto en afán de constituir una emoción.

Desgraciadamente, los dispositivos de televisión no cuentan con canales 5.1. Hay una opción en Netflix que permite reproducir el sonido en este nivel de calidad técnica pero en realidad no es así, dado que para eso se necesita la disposición de los parlantes necesarios distribuidos de una forma concreta. En cine serían tres parlantes detrás de la pantalla (izquierdo, central, derecho), un subwoofer delante de la pantalla y dos medialunas de parlantes surround en los costados de la sala. Por lo que el formato de sonido de un Smart TV será estéreo y eso modificará (para mal) la calidad narrativa de los sonidos: se escucharán achatados, uno encima del otro y siempre resultará en que se priorice un canal por encima del otro (el sonido ambiente o la música se escuchan fuerte y los diálogos, más bajo).

Emotividad

Más importantes aún son las diferentes emociones que le produce al espectador visualizar un film en una sala de cine. Con respecto al efecto espejo, un film en Netflix actúa de forma inversa; es decir, el espectador es quien manipula la película, algo que no debiera ser así porque el cine no se trata de eso. Una película no tiene que estar atada al espectador: de hecho, todo lo contrario. El espectador se sienta cómodamente en su sillón, pone play a una película, no le gusta, la saca. Pone otra película, cambia el idioma, le llega un mensaje, pone pausa, chatea, pone play, hay una escena de diálogos extensos, el espectador revisa las diferentes redes sociales, no pone pausa y deja que la escena de diálogo continúe, pone pausa, tiene sueño, se va a dormir y retoma el asunto al otro día, en unos días o quizás nunca.

Todo este procedimiento repercute negativamente en la visualización de una película, independientemente de si es de carácter narrativo, descriptivo, para pasar el rato, pasa filosofar, o lo que sea. El formato del cine genera una especie de relación de respeto entre la película y el espectador: todo film debe ser respetado por el espectador y debe entregarse de lleno a aquello que elige mirar. Algo que no está presente en las plataformas de streaming.

En cambio, en una sala cinematográfica el procedimiento es muy distinto: ir al cine es una salida más, al mismo nivel que ir a cenar o ir a bailar. Al igual que ver una película en Netflix, es un momento que puede compartirse con un amigo o amiga, con pareja, familia o incluso solo. Pero la enorme diferencia es que también se comparte con gente desconocida, gente que al vivir en la misma ciudad, pareciera que aparecen de la nada en un mismo espacio. El espectador ingresa al cine, va al baño, compra bebidas y pochoclos y se sienta en una ubicación lo más favorable posible (los espectadores obsesivos llegan temprano y eligen los mejores asientos). Allí sucede la magia, luego de los trailers y del indicador de “apagar los celulares”, las luces comienzan a caer y todo ese ritual de ir al cine se concentra en ver la película, a oscuras, en una pantalla gigante, con sonido envolvente, con personas alrededor, conocidas y desconocidas.

El espectador se entrega por un lapso de tiempo a aquello que está viendo y escuchando, se mete de lleno en una historia ajena y empatiza con personas ajenas, sin pensar en ningún momento en que aquello que se está reproduciendo no es más que mera ficción. Es algo inexistente pero en lo que el espectador cree. El espectador sufre, se ríe, se enoja, se asusta, se emociona.

Luego de esa ceremonia, sale del cine, aturdido, sin saber qué día ni qué hora es, vuelve a ir al baño y se encuentra con las desconocidas personas con quienes compartió la película, en algunos casos algunos que fueron juntos debaten lo que vieron. El espectador se queda durante horas pensando en aquello que vio y escuchó, el film invade su mente pero un buena película también invade su corazón. Esas horas de digestión ponen al espectador en jaque. Ese conjunto de sensaciones es algo que una pantalla chica jamás podrá reproducir, independientemente del producto. Una sala de cine trae consigo una mística sin igual: hace que la película tome el carácter que se merece y la relación entre película-espectador fluya y perdure en el tiempo.

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Cine vs series

Durante estos últimos años se produjo el boom de las series, en su mayoría disponibles en Netflix y muchas de ellas producidas por esta compañía. Una primera aproximación arroja que en las series prevalecen fines de entretenimiento, por el simple hecho de que se apoyan más en el factor guión que en el trabajo de dirección y cuestiones técnicas. Los tiempos en televisión suelen ser más rápidos que en cine y lógicamente se prioriza la historia. A su vez, hay series que tienen un grandísimo contenido y muchos factores de análisis; también hay algunas que datan de períodos históricos particulares y hay otras con un contenido bastante más superficial.

Una primera conclusión alude al tipo de espectador que genera; lo que podríamos llamar el espectador pasivo: alguien con poca tolerancia y que se aburre fácil. Esa pasividad que surge del desacople entre tener la intención de ver algo pero no tener el compromiso de introducirse y someterse a la narración.

Lastimosamente, los grandes perjudicados son el cine y las películas. Un espectador que se acostumbró a ser pasivo se acostumbró al mismo tiempo al formato de estructura de una serie. Una estructura puramente narrativa, con conflictos externos, que avanza rápido y sitúa el conflicto en los primeros cinco o diez minutos de comenzado el primer capítulo. Allí el espectador se engancha y mira todas las temporadas que componen a esa serie. Luego, comienza a indagar cuál será la futura serie que desea ver. En cambio, al momento de ver una película, si no hay acción en los primeros diez o quince minutos, se aburre y la termina sacando. En líneas generales, en un film clásico el conflicto aparece a partir de los veinte minutos… Cinco minutos más de paciencia.

El autor, el contenido y los puntos a favor

Es muy común que Netflix adquiera los derechos de un film que se filmó con una productora cualquiera, se estrenó en festivales y todavía no tiene distribuidora. Pero, lamentablemente, en la mayoría de los casos no se le da crédito al autor de la obra. El contenido queda como “una película de Netflix”.

Asimismo, dentro del catálogo, la división de géneros parece muy limitada y se utilizan categorías como “lentos” y allí dentro hay un conjunto de series y películas aparentemente “lentas”. En parte es cierto que existen productos que tienen procesos de narración más lentos que otros, pero Mindhunter no es una serie lenta por tener mucho diálogo, ni El Irlandés lo es por durar tres horas y media. Quizás Netflix no conoce la existencia de las películas de Tarkovksi, o quizás se resume a que su catálogo solo contiene filmes de años recientes, como si el cine hubiese sido inventado hace veinte años. Posiblemente Netflix tenga como tarea estudiar la historia del cine.

Más allá de todos los puntos en contra que pueda llegar a tener la plataforma, es cierto que también tiene muchas cosas a favor. Volviendo al caso de El Irlandés, ninguna productora ni distribuidora estaba interesada en llevar a cabo la producción. Es muy extraño ya que se trataba de un film de nada más ni nada menos que Martin Scorsese y con actores como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Aunque, al mismo tiempo, no es tan extraño si consideramos que hoy en día un espectador no aguanta ver una película larga en la sala de cine (otro guiño al nuevo espectador pasivo). Gracias a Netflix, esa joya (recomendadísima, por cierto) pudo ver la luz.

Por otra parte, Netflix está teniendo grandes acercamientos a producciones nacionales, lo cual es muy bueno si tenemos en cuenta hoy en día la industria es muy acotada y gracias a la inserción de esta plataforma se genera más movimiento de producciones nacionales y más fuentes de empleo.

Por último, la famosa plataforma de streaming hace algo muy extraño: lanzan una serie de filmes en carteleras de cines y luego las quitan y las colocan en su plataforma. Pasó el año anterior con Roma, El Irlandés, Historia de un matrimonio, Diamantes en bruto y algunas otras más. El motivo es estar en carrera para las diferentes ceremonias de premiaciones (Oscars, Globos de Oro, premios de la crítica, entre otras). Una de las tantas reglas para participar es que un film debe estar en cartelera como mínimo una semana. Por un lado es una maravillosa experiencia poder disfrutar de esas películas en salas cinematográficas, pero por otro lado es algo triste que las quiten tan rápido y luego las estrenen en su plataforma.

Quizás, esperemos, en un futuro Netflix produzca contenido exclusivo para salas de cine. Eso enriquecería mucho a la industria y podría ser una reivindicación para aquellas y para el cine mismo. Un cine que, a pesar de todo, sigue y seguirá prevaleciendo a lo largo de la historia.

 

*El autor es estudiante de Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine (FUC).

 

 

 

Los significados judiciales del castigo

Opinión | Por Ezequiel Kostenwein* |

 

Al ingresar al ámbito judicial, es difícil advertir debates acerca de si a quien se castiga es al prójimo o al enemigo. Así las cosas, en los tribunales al castigo se lo llama pena, y de manera ideal, el derecho de penar debería servir como límite al ejercicio inapropiado del castigo. Es aquí donde cobra relevancia lo que se conoce como las teorías de la pena, las cuales agrupan una serie de justificaciones acerca de por qué sería válido ocasionar dolor deliberadamente por parte del Estado.

Según los mismos actores judiciales, una de las posturas que genera más adhesión es la de las teorías mixtas o de la unión, las cuales justifican la pena procurando armonizar los propósitos que refieren las distintas teorías vigentes. O, dicho con otras palabras, para las teorías mixtas la pena será legítima en la medida que sea a la vez justa y útil.

Otra de las posturas de los operadores jurídicos parte de una mirada negativa o agnóstica en torno a la pena: dado que, según esta postura, no se está en condiciones de conocer verdaderamente para qué sirve el castigo del Estado, lo que hay que ofrecer es una mirada cautelosa y escéptica acerca del tema.

Por último, están quienes se consideran ajenos a una postura específica sobre la pena. Ya sea porque no tenga efectos concretos, ya sea porque no existan fundamentos válidos, ya sea porque no logran justificar acabadamente su aplicación, hay un tercer grupo de operadores jurídicos que aseveran no contar con un repertorio de argumentos que los coloque en algún enfoque tradicional sobre el castigo.

A todo esto, una de las cuestiones más significativas que surge de los testimonios de los actores judiciales es que el ideal rehabilitador tiene escasa preponderancia en sus representaciones. Esto quiere decir que son pocos los integrantes de la justicia penal que creen que el castigo legal sirva para mejorar -esto dicho en términos generales- a quienes son encarcelados. Si bien no podemos calificar de llamativa esta situación, dado que el enfoque correccional hace tiempo que está en declive, resulta importante porque, entre otras cosas, evidencia la intrincada relación que surge entre la justificación de la pena y la legislación sobre la ejecución de la pena, la cual, aún hoy, se sigue apoyando en un proyecto normalizador asociado al ideal rehabilitador.

En definitiva, ¿cuál es la relevancia de conocer lo que piensan los actores judiciales sobre las teorías de la pena? Porque permite analizar con más herramientas las decisiones que toman: tanto las convicciones sobre las justificaciones de la pena como las expectativas sobre las causas concretas por las que se castiga en la sociedad pueden incidir en los parámetros a partir de los cuales los actores judiciales terminan resolviendo causas penales específicas. En definitiva, todo esto nos ayuda a pensar más claramente cómo es que opera la traducción de las mencionadas razones teóricas y sociales sobre el castigo a sus significados judiciales.

 

*El entrevistado es abogado (UNLP), magister en Criminología (UNL) y Doctor en Cs. Sociales (UNLP). Actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET y docente de Sociología Jurídica en la UNLP. También dicta clases en la maestría de Criminología de la UNL.

Joe Biden define su compañera de fórmula en medio de la pandemia

Comenzó la (otra) carrera demócrata: una presentación de las candidatas a la vicepresidencia

Opinión | Por Joaquín Nuñez* |

El hecho de que la Convención Nacional Demócrata se haya reprogramado para el 17 de agosto puede que parezca un dato intrascendente para muchas personas; sin embargo, no es así para Joe Biden. Esta fecha le impone un plazo, un cronómetro que cada vez parece bajar más rápido y que marca el tiempo para que el ex vicepresidente escoja un compañero de fórmula para las elecciones del 3 de noviembre. Escoger un compañero de fórmula puede ser una de las decisiones más importantes de una campaña presidencial. Puede allanar el camino hacia Pennsylvania al 1600 o llenar ese camino con adoquines.

En la política norteamericana hay algunas cuestiones que son fundamentales para cualquier candidato a la hora de elegir un compañero: el Estado al que pertenece esta persona, cuál es el tipo de votante que atrae, su popularidad y, la más importante, el equilibrio que le pueda aportar a la boleta (en términos de edad, de color de piel, de religión, de experiencia y de ideología).

Este equilibrio muchas veces da resultado, como cuando el presidente Barack Obama eligió al propio Biden para acompañarlo, o cuando John Kennedy escogió a su más duro rival en las primarias, Lyndon Johnson. Lamentablemente en otras ocasiones ese equilibrio no da tan buen resultado. Podemos tomar un par de casos medianamente recientes como los de John McCain eligiendo a Sara Palin, o el hoy senador Mitt Romney con Paul Ryan.

Tomemos el caso de Obama con Biden. Este es uno de los ejemplos de equilibrio perfecto: la envidia de los fabricantes de balanzas. Por un lado, Barack Obama, un senador junior de 46 años, relativamente joven para buscar el “liderazgo del mundo libre”, popular entre los jóvenes progresistas, latinos y votantes de color. Por otro lado, Joe Biden, quien ha pasado más años de su vida en el Senado que fuera de él, 65 años de pura experiencia y algunos roces de más, visto como un moderado que puede atraer los votos de personas blancas mayores, votantes independientes y algún que otro republicano del ala más centrista. Evidentemente mal no les fue. Obtuvieron diez millones de votos más que su homólogo republicano y un categórico triunfo en el colegio electoral: 365 a 173, lo que equivale a un 4-1 futbolísticamente hablando.

Biden empezó bien en la búsqueda de ese equilibrio, ya que en el debate que sostuvo en marzo con el senador Bernie Sanders anunció que su compañero de fórmula sería una compañera de fórmula. “Si obtengo la nominación me comprometo a escoger a una mujer como vicepresidenta”, expresó sin dar más detalles. Entonces, ¿quiénes son las candidatas?

Amy Klobuchar

Actual senadora por el estado de Minnesota, Klobuchar tiene fama de ser una jefa muy exigente. Durante años ha tenido una de las tasas más altas de rotación de personal en el Senado. Buscó la nominación demócrata para la Presidencia este año pero los resultados no fueron los esperados y decidió terminar su campaña el 2 de marzo, un día antes del supermartes, para dar su apoyo a Biden. Se expresa a favor del aborto pero con algunas restricciones y plantea expandir el Medicare y construir sobre el Obamacare.

Según la encuestadora Morning Consult, es la séptima senadora con mayor índice de aprobación del país, con un 56% de imagen positiva contra un 31% de negativa. Se mostró fuerte en los debates demócratas y es vista como una política moderada que atrae votantes de diversos sectores. Incluso de algunos republicanos moderados, principalmente electores blancos rurales y sin educación universitaria, votos que últimamente se les hacen cuesta arriba a los demócratas. Es bueno echar un vistazo a la encuesta de CNN de 2018 en Minnesota y ver cómo se desempeñó en estos grupos. Klobuchar se hizo con el 52% de los votos de los hombres blancos y el 56% de los votantes sin educación universitaria. No le fue tan bien entre hombres blancos no universitarios, pero aun así consiguió un 45% de los votos.

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Amy Klobuchar en el lanzamiento de su campaña presidencial en Minnesota. Fuente: Star Tribune

De más está decir que es muy popular en su estado (en las últimas elecciones aventajó por 24 puntos a su oponente republicano). Cabe destacar también que Minnesota tiene una cantidad considerable de electores (10), se encuentra pegado a Wisconsin (10) y está muy cerca de Michigan (16). Dos estados que se consideran “puntos de inflexión” y que estaban dentro del “muro demócrata” que fue dinamitado cuatro años atrás por el presidente Trump.

Tiene una ventaja regional muy fuerte donde más la necesita su partido, en el medio oeste. Esto resulta importante ya que desde que las elecciones son bipartidistas (1892), en el 87% de los casos la fórmula ganadora también se lleva el estado del candidato a la Vicepresidencia. «Si observamos 2016, las mismas tendencias que ocurrían en Wisconsin y Michigan ocurrían en Minnesota», explicó Jeff Blodgett, un antiguo agente demócrata de Minnesota que se desempeñó como asesor informal de su campaña presidencial.

La senadora no suele tomar posiciones impopulares. Por ejemplo, estuvo en contra de la Guerra de Irak y está a favor de tomar medidas para frenar el cambio climático, pero no está en contra del fracking.

Además de tener fama de jefa exigente -y según ciertos rumores, algo abusiva-, su principal carta en contra es que puede ahuyentar el voto latino que Biden tanto necesita. El conocido episodio que tuvo donde no pudo contestar el nombre del presidente de México le puede jugar muy en contra a la hora de atraer votantes de origen mexicano, que representan el 66% de los latinos en Estados Unidos. Esto impactaría en estados que Biden necesitaría ganar para llegar a la presidencia, tales como Arizona, Nevada, Florida o incluso Ohio.

A su vez, no es la candidata más popular entre los votantes jóvenes y de color, los cuales son la base del partido demócrata moderno. «Su problema son los demócratas no blancos, aunque otro problema son los jóvenes. Ella no ha estado ganando apoyo entre los votantes nacidos después de 1975 «, expresó David Wasserman, editor del Cook Political Report.

Stacey Abrams

Cuarenta y seis años, ex representante por el estado de Georgia, escritora de novelas románticas y solo 50.000 votos la separaron de ser gobernadora de aquel estado. Abrams es una de las opciones que más equilibrio aporta a la mesa. Su caso es similar al de Obama-Biden de 2008. Representa al partido demócrata moderno, se llama a sí misma pragmática, no tiene miedo de abrazar el progresismo y ha coqueteado con presentarse para todos los cargos públicos en juego en las elecciones de este año.

Sus principales puntos a favor son la frescura, el carisma y la juventud que le aportaría a la boleta. Abrams es muy popular entre votantes jóvenes, de color, de centro izquierda y, más importante, mujeres (un voto que probablemente se le haga cuesta arriba a Biden por las reiteradas denuncias de acoso sexual en su contra).

Otro dato que también juega a su favor es su estado de procedencia. Si bien Georgia no se pinta de azul desde 1992, Joe Biden ha demostrado ser muy popular en el sur, principalmente con los votantes de color, que representan más del 30% de los habitantes del estado. Si a esa afinidad por Biden le sumamos a Abrams, podrían llegar a ser un dolor de cabeza para el presidente Trump, en un estado que cuenta con la cuantiosa cifra de 16 electores. Abrams tiene muy buenos índices de aprobación allí. Según una encuesta realizada en 2019 por la Atlanta Journal-Constitution (AJC), goza de la simpatía del 51,9 de los votantes. Este número incluye alrededor del 60% del voto femenino, dos tercios de los moderados y el 90% de los votantes negros.

Quizás una de sus mayores virtudes puede ser su mayor debilidad: su juventud y falta de experiencia en cualquier cargo federal potencialmente la invitan a convertirse en un Dan Quayle demócrata. Prácticamente no ha estado ni cerca de Washington DC. Fue parte de la cámara baja de su estado por diez años, pero su mejor carta de presentación podría decir “casi gobernadora de Georgia”.

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Stacey Abrams en un acto de campaña en 2018. Fuente: AP news

El pez por la boca muere, dicen algunos. El hecho de que haya cambiado de parecer sobre las denuncias de acoso sexual presentadas por mujeres es una de sus más grandes controversias. «Creo que las mujeres y las sobrevivientes de la violencia siempre merecen ser apoyadas y que se escuche su voz”, afirmaba Abrams en 2018, refiriéndose al caso de Brett Kavanaugh. Como abanderada del movimiento Me Too, se esperaba que apoyase también a las mujeres que han denunciado a Biden por acoso sexual.

Para sorpresa de muchos, “Yo creo en Joe Biden”, fue lo que salió de la boca de Abrams el pasado 29 de abril en una entrevista con CNN. «Creo que las mujeres merecen ser escuchadas y creo que necesitan ser escuchadas, pero también creo que esas acusaciones tienen que ser investigadas por fuentes creíbles. El New York Times hizo una investigación profunda y descubrieron que la acusación no era creíble. Creo en Joe Biden”, dijo Abrams en la misma entrevista en relación a la denuncia de Tara Reade en contra del ex vicepresidente.

Elizabeth Warren

Ex candidata a la nominación demócrata para la presidencia, escritora, profesora de Derecho en la Universidad de Harvard y siete años sirviendo en el Senado por el estado de Massachusetts. Con ese curriculum se afianza Warren en el casting para la Vicepresidencia. Abanderada del progresismo norteamericano, se destacó en las primarias por desarrollar planes detallados para cada una de las problemáticas, lo que llevó a la viralización del meme «Warren tiene un plan para eso».

A favor del Medicare para todos, promueve una gran inversión en educación que se basa, principalmente, en expandir los préstamos estudiantiles y dejar sin efecto hasta 50.000 dólares de esos mismos préstamos a miles de estadounidenses, dependiendo de su ingreso. Orgullosa de su ascendencia indígena, lo que le valió el apodo de Pocahontas, por el presidente Trump.

Es prácticamente un imán para el voto progresista norteamericano, dado que, en términos ideológicos es la candidata más cercana al senador Bernie Sanders. Esto significa que aportaría equilibrio ideológico a la fórmula. Según una encuesta realizada por CBSN, es la opción predilecta de los votantes demócratas ya registrados, un 36% de estos votantes la prefieren para acompañar a Biden.

La imagen positiva de Warren sube a la par del grado de educación de los votantes. Entre los demócratas es la favorita de los votantes blancos con título universitario, la segunda candidata con mejor imagen positiva entre los graduados universitarios, y presume de ser la favorita entre las personas con educación superior.

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Elizabeth Warren dialoga con Joe Biden en uno de los debates demócratas. Fuente: Boston Gerarld

Si bien expresamos con firmeza que era una especie de imán para el voto progresista en general, podríamos decir que es una “espanta-moderados”. Las elecciones generales se tratan de seducir a nuevos votantes, de atraer más gente a tu equipo, gente que antes no estaba allí. De ser Warren la elegida por Biden, estaría sacrificando mucho voto centrista e independiente, voto que necesita más que sus característicos lentes y su sonrisa ganadora si piensa vencer a Trump. Para muchos de estos votantes la imagen de la senadora en la boleta resultaría muy poco (o nada) atractiva. Por supuesto que dentro de estos posibles votantes espantados se encuentran republicanos moderados.

Al representar al estado de Massachusetts, no ofrece ninguna ventaja regional, ya que este estado no se tiñe de rojo desde el presidente Ronald Reagan. Además, sus 70 años no ofrecerían mucho equilibrio generacional a la fórmula.

Kamala Harris

Varios comentaristas políticos de Estados Unidos la han descrito como “la mejor opción para la Vicepresidencia”. Con cincuenta y cinco años y orígenes indios, Harris se desempeñó siete años como Fiscal General del distrito 27 de San Francisco, seis años como Fiscal General de California y desde 2017 ocupa una banca del Senado representando a este último estado.

Abandonó la carrera por la nominación demócrata para la presidencia el 3 de diciembre de 2019, luego de que su (forzada) apariencia de fiscal progresista no diera resultado. Se muestra a favor de legalizar la marihuana, recortar el gasto en defensa, leyes migratorias más flexibles, aumentar el salario mínimo a quince dólares la hora y a favor de ampliar los beneficios fiscales para hogares de clase media y de bajos ingresos.

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Kamala Harris habla en un acto de campaña a favor de Joe Biden. Fuente: Vox

Harris podría aportar un interesante equilibrio a la fórmula. Su experiencia como fiscal y senadora, su postura de centro izquierda, su popularidad entre los votantes (especialmente mujeres) de color y su origen asiático-americano contrastan muy bien con el presunto nominado demócrata. De hecho, Harris fue la primera mujer afroamericana en convertirse en Fiscal General de California e incluso la primera persona afroamericana en representar a este estado en el Senado.

Se muestra muy fuerte en los debates, como lo demostró en las primarias. Si no pregúntenle a Joe Biden quién era “esa pequeña niña”. Podría hacerlo muy bien en el debate con el vicepresidente Pence. Con su gran oratoria puede ponerse fácilmente en la piel de defensora de las minorías, no solo con los votantes de color, sino inmigrantes y minorías religiosas, especialmente aquellos que se encuentran decepcionados por la presencia de otro hombre blanco en la Casa Blanca. Por eso es que puede ser un gran contrapeso para Biden, quien ya goza de una gran popularidad entre los votantes de color, pero no así de algunos inmigrantes, todavía molestos con las deportaciones del presidente Obama. Harris podría convertirse en la Biden (2008) de Biden (2020).

Durante su campaña presidencial no terminó de mostrarse tal cual es, no parecía muy auténtica. Si bien ahora puede hacerlo a través de Biden, su táctica de mostrarse como una fiscal progresista convenció a pocos. Es popular entre los votantes de color, aunque no todos la ven con buenos ojos, algunos por su pasado como fiscal y otros por su campaña presidencial. «Los candidatos negros cometen un error principal: suponen que van a tener el voto negro solo porque son negros», expresaba Johnnie Cordero en 2019, presidente del Caucus Negro Democrático de Carolina del Sur. Cordero sugirió, además, que Harris no se dedicó a sumar apoyo entre los votantes de color porque ya lo daba por asegurado.

Según Lara Bazelon, directora de las clínicas de justicia penal y racial en la Universidad de San Francisco, “cuando el Caucus Negro Legislativo le pidió a Harris que respaldara proyectos de ley que habrían ordenado que todos los policías usaran cámaras con el cuerpo puesto y que la oficina del Fiscal General investigara los tiroteos letales involucrados por oficiales, ella se negó. Incluso apoyó un sistema que encierra a las personas que son demasiado pobres para pagar una fianza de dinero exorbitante. Estas políticas fueron parte integrante de un sistema de encarcelamiento masivo que ha dañado profundamente a las personas pobres y a las comunidades de color”.

Por otro lado, tampoco ofrece ninguna ventaja regional, ya que California lleva más de 30 años siendo demócrata en las presidenciales.

Tammy Duckworth

Es posible que estemos ante la presencia de una de las candidatas más novedosas entre el abanico de posibilidades que maneja Joe Biden. Veterana de la Guerra de Irak, fue miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Illinois por cuatro años, lleva tres como senadora por el mismo estado y fue subsecretaria durante el mandato de Barack Obama.

Su principal carta a favor es que prácticamente no tiene ninguna en contra. Hemos mencionado que participó en Irak, lo que no hemos dicho es qué allí perdió sus dos piernas y parte de la movilidad de su brazo derecho. Como veterana y madre, puede empatizar muy bien con el voto femenino en general, ya que se muestra como una figura fuerte, trabajadora y que pudo salir adelante a pesar de su discapacidad física.

Su padre también se alistó en el ejército y participó en la Segunda Guerra Mundial, lo que inmediatamente le abre la puerta al voto veterano en general, sumando su propia experiencia en Medio Oriente. Por si esto fuera a poco a la hora de empatizar, es la primera senadora en la historia de Estados Unidos en amamantar a su bebe durante una votación y en emitir un voto con un bebe en brazos. No sé qué más se puede pedir.

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Tammy Duckworth en la Convención Nacional Demócrata de 2016. Fuente: Vox

Si bien le amputaron la pierna izquierda por debajo de la cadera y la derecha por debajo de la rodilla, nunca perdió el sentido del humor. En una entrevista comentó qué fue lo primero que dijo luego de despertar tras la operación y ver a su esposo junto a la cama. “Dije tres cosas cuando desperté en Walter Reed: ‘Te amo, ponme a trabajar y ¡Apestas! ¡Bañate!”, recordaba.

Duckworth fue la primera mujer nacida en Tailandia y la primera mujer con discapacidad física en ser elegida para el Congreso. No abraza tan fuerte al progresismo, aunque tampoco llega a la moderación, por lo que no haría dudar a la base del partido. Según Morning Consult, su índice de aprobación como senadora es del 42%, contra el 32% que la desaprueba. Además, la senadora refleja bien el ánimo bipartidista, ya que desde el 15 de abril trabaja junto a la administración Trump en un grupo enfocado en la reapertura de la economía durante el Covid-19.

Representa al estado de Illinois, tradicionalmente azul con sus 20 electores, por lo que no ofrece ninguna ventaja en ese aspecto.

Catherine Cortez Masto

De ascendencia latina, la actual senadora por el estado de Nevada es un caso muy particular, dado que se desconoce si estaría dispuesta a aceptar el cargo. Según algunos rumores, Biden le dijo en persona a uno de sus ex colegas en el Senado, Harry Reid, que Cortez Masto está entre sus tres opciones principales para hacerle compañía el 3 de noviembre. La senadora tiene una gran ventaja sobre las demás: tiene ascendencia latina. Su abuelo paterno, Edward Cortez, nació en México y emigró a Estados Unidos cuando era joven. Se hizo con la ciudadanía estadounidense en 1940, antes de servir en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

Puede presumir de ser la primera latina en servir en la cámara alta de los Estados Unidos. Esto resulta fundamental y podría ser un suero de tranquilidad para Biden a la hora apelar al voto latino. Según una encuesta realizada por Latino Decisions el pasado mes de abril, el ex vicepresidente está bajando su popularidad e intención de voto entre los latinos. Esto confirmaría la tendencia que se observó en las primarias: Biden no cuenta con un fuerte apoyo latino, como si lo hizo su amigo el Presidente Obama. La encuesta indicó que el 59% lo apoyaba o se inclinaba hacia él, en comparación con el 67% de febrero. La misma encuesta revela que, en caso de elegir a Cortez Masto como compañera de fórmula, su intención de voto escalaría hasta el 72%. Es precisamente el voto latino el que puede impulsar a Biden a ganar estados como Florida y Arizona. Entre los dos suman 40 electores y ambos se colorearon de rojo en 2016.

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Joe Biden con Catherine Cortez en 2018

Hay que tener muy en cuenta también la relación personal que la senadora mantenía con Beau Biden, hijo de Joe, que falleció en 2015. «Mi hijo tenía muy buen juicio. Y mi hijo realmente, realmente, realmente admiraba a Catherine. Él habló sobre ella. Trabajó con ella. Están cortados de la misma tela. Ella es latina. Beau sufre de ser un católico irlandés, como yo. Pero tienen el mismo valor establecido. Así es como conocí a Catherine «, manifestó Biden sobre la relación.

Si bien se desempeñó como fiscal general de Nevada por siete años, el 2020 es solo su tercer año en Washington DC, lo que no la hace la candidata más experimentada en el gobierno federal. Tampoco es la demócrata más conocida: según la misma encuesta de Latino Decisions, más de un tercio de los encuestados no la conocía, aunque eso se solucionaría desde el momento en el que Joe Biden pronuncie su nombre públicamente.

Por mucho que el ex vicepresidente intente disimular sus 77 años con su atractivo bronceado, en caso de ser electo presidente en noviembre, finalizaría su primer mandato con 82 años. Esta situación hace que muchos consideren que no va a buscar la reelección. Lo que significa que la entonces vicepresidenta será la primera opción para buscar la nominación demócrata y, por qué no, la primera opción para suceder al ex vicepresidente en la Casa Blanca. Por lo tanto, Biden podría estar eligiendo, aunque no explícitamente, a la primera inquilina de la calle Pennsylvania al 1600.

*El autor es estudiante de Periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

Fuente de la foto principal: Taiwan News

Perspectivas del poscoronavirus: la esfera internacional

Opinión |por Milton Rivera|

La crisis desatada por la pandemia del COVID-19 no viene con manual de instrucciones. No se debería pasar por alto el carácter sumamente distintivo de esta situación: nunca antes el mundo se encontró sometido a una crisis autoinducida. Eso es, en definitiva, este enorme problema desde el punto de vista económico. Muchos países decidieron unilateralmente encerrar a los ciudadanos en sus casas para detener la circulación del virus, al tiempo que cerraron sus fronteras. La falsa dicotomía que se instaló en los últimos días en Argentina entre salvar a la economía o a la salud, deja a las claras la punta esencialmente social que tiene esta crisis: lo social visto como una generalidad. Es decir, las consecuencias son, en primer orden, sociales.

De todas formas, veamos este análisis que se ubica en un plano más mediato. Poco pueden importarle a un ciudadano argentino las transformaciones que sufrirá la esfera internacional como consecuencia de este virus, cuando su preocupación más importante pasa por el armado de un barbijo casero. Pero algunas observaciones demuestran por qué la configuración de los países en las relaciones internacionales del post coronavirus pueden inquietarnos.

Andrés Malamud suele sostener que la suerte de los presidentes argentinos depende exclusivamente de dos factores externos: uno es Estados Unidos y el otro es China. El país del norte influye en el deterioro de nuestra moneda y la disponibilidad de capitales a través de las tasas de interés que pone la Reserva Federal, en tanto que el gigante asiático determina en gran parte el precio de las commodities que vendemos al mundo. Sin mencionar la situación de renegociación de deuda que profundiza nuestra dependencia. En este sentido, la configuración del mapa mundial nos afectará indudablemente (tarde o temprano).

Por transformaciones en las relaciones internacionales no necesariamente me refiero a alteraciones en las tendencias evidentes antes de la crisis. Al contrario, coincido con Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en Harvard, que sostiene que “China y Estados Unidos se mantendrán en su curso de colisión. Y la batalla dentro de los estados-nación entre oligarcas, populistas autoritarios e internacionalistas liberales se intensificará, mientras la izquierda lucha por diseñar un programa que apele a una mayoría de votantes”. En términos generales, la crisis acelerará procesos anteriores a su explosión e intensificará posturas evidentes.

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Clasificando al Estado neosoberano

Pero por otro lado, hay algunos conceptos que irremediablemente deberán sujetarse a revisiones rigurosas. La comparación que establece el filósofo surcoreano Byung-Chul Han entre la Unión Europea y la comunidad asiática sirve para escenificar esta cuestión. ¿Qué importancia tiene el cierre de fronteras cuando dentro del país no se toman las medidas adecuadas para detener la circulación del virus? Según el autor de La sociedad del cansancio, en Europa abundan estas sobreactuaciones inútiles: “Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía”. Y acá me gustaría detenerme. ¿Qué es la soberanía y qué implica este concepto en medio de la pandemia? Originalmente estaba referido a la autoridad del Estado: no había nada por encima suyo. En la época en que se popularizó esta definición se hacía referencia la Iglesia. Visto en perspectiva hoy podemos preguntarnos por las organizaciones internacionales.

Por lo visto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) será victima de un escarnio público por algunas disposiciones erráticas cuando comenzó la enfermedad. Será utilizada además por los realistas (en términos de la teoría de las relaciones internacionales) como la expresión de un orden basado en las organizaciones internacionales que ya no tiene ninguna razón de ser. “La soberanía plena vuelve a los Estados” dirán. Pero ¿cuál soberanía? Weber define al Estado como una asociación institucional que “en un ámbito territorial determinado reivindica para sí con éxito el monopolio de la coacción legítima”. Pero en este caso, ¿qué coacción posible pueden ejercer los Estados de Europa si no cuentan con herramientas útiles? El cierre de fronteras entonces aparece como un autoconvencimiento de las facultades soberanas, cuando en realidad no es más que una reacción instintiva sin implicancias reales sobre la solución del problema. No quiero decir que estén mal, quiero decir que no son suficientes. Veámoslo en detalle:

En primer lugar, nadie quiere entrar en Europa. Al contrario, la gente quiere salir. Hay una demanda masiva de asiáticos que viven en occidente para volver a sus países de origen. Paradójicamente las personas se sienten más seguras en China (donde se originó el virus), Taiwán, Corea del Sur o Japón, que en España, Italia e Inglaterra. Y eso es fundamentalmente porque los Estados asiáticos entendieron que en el mundo de las telecomunicaciones la soberanía pasa por otro lado: el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. “Es soberano quien dispone de datos”, dice Byung-Chul Han. Solo un ejemplo: en Corea, quien se acerca a un edificio en el que estuvo algún infectado recibe una señal de alarma a través de una aplicación. Estos países están usando la vigilancia digital para combatir al coronavirus. Y están siendo efectivos.

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Tom Hall – Getty p. Bloomberg

Europa, por lo pronto, sigue aferrado a modelos anquilosados de soberanía que abren un nuevo frente de crisis en la Unión. La sensación es que Bruselas abandonó a los Estados a su suerte y reavivó los tres focos que amenazan con disminuir la cohesión intra continental: la disputa norte-sur (Estados responsables, Estados gastadores); la división este-oeste (Estados populistas, Estados liberales); la competencia oriente-occidente (la influencia de Beijing y Washington).

Pero debería existir un punto medio. La cuestión es cómo apoyarse en la tecnología sin mojarse los pies en la fuente del totalitarismo. Cómo conciliar vigilancia y libertad individual. Cómo implementar el big data en las democracias liberales sin dañar (aún más) la concepción que los ciudadanos tienen de ellas. En Polonia sin ir más lejos, el viceprimer ministro propuso extender el mandato del presidente, Andrzej Duda, por dos años porque “los datos científicos muestran que es lo más seguro”. Quiero decir: la cuestión tecnológica sin cuidado ni resguardo de los datos personales puede suponer otro incentivo para que estos líderes autoritarios se lleven puesta otra esfera de privacidad.

Por otro lado, Estados Unidos aparece como el país con más infectados del mundo y no hace pie en la crisis mundial. Con las políticas de inyección de liquidez en la economía ensaya una maniobra, importante puertas para adentro, pero hasta el momento tibia en el plano internacional. Además Trump anunció que le quitará financiamiento a la OMS en pleno desarrollo de la pandemia, una movida que se suma a la retirada del la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ni bien asumió la presidencia. A Xi le gusta esto. “La globalización no se está muriendo por el coronavirus, se está volviendo más china”, tituló una nota de opinión David Rosenberg. Estados Unidos parece ya no estar interesado en ser el guardián del mundo. Europa tiene otra oportunidad y el mundo liberal mira a Merkel que asoma como la última esperanza del modelo que supimos construir.

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Peter Drucker, en su libro La Sociedad poscapitalista, sostuvo la transformación paulatina que fue sufriendo el Estado Nación en los 100 años que van desde 1870 a 1970. El viraje social que comenzó con Bismarck en 1880 condujo lentamente a un cambio sustancial en la consideración del Estado. Cada vez se arrogaba más funciones y facultades, y tras varios estadios intermedios terminó constituyéndose lo que Drucker llama el megaestado. Pero casi a la par fueron surgiendo fenómenos incontrolables que se traducían en demandas cada vez más complejas y heterogéneas de la sociedad. Incapaz el Estado de seguir creciendo y satisfaciendo estas demandas de forma efectiva, nacen las organizaciones internacionales. Y con ellas, la necesidad de ceder algún tipo de soberanía en virtud de la resolución de conflictos. Pero curiosamente, desde este punto de vista, puede que algunos actores individuales (determinantes) estén aprovechando esta crisis para recuperar soberanía que habían perdido. El resurgir de los Estados en una crisis global: ¿Volverá el megaestado?

Volviendo a Weber, la asociación institucional que supone el Estado también tiene un carácter político. Y lo político implica poder: es decir, la potestad de imponer la propia voluntad. El elemento del poder, sumado al del monopolio de la coacción, casi que describe naturalmente al modelo de Estado chino. ¿Será capaz Xi Jinping de vender su megaestado policial digital como modelo de éxito? El mundo occidental es una cultura muy diferente, mucho menos obediente y autoritaria. Sólo le faltará a China, dirá Weber, hacerse del elemento moral de la dominación: la legitimidad.

 

*Foto de portada: Evgenia Novozhenina p. Reuters

*El autor es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA)