Crítica de El Hoyo: nada brilla en la película de Gaztelu-Urrutia

Crítica |por Ulises Lazarte|

El Hoyo es una película española dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia que narra básicamente la crisis que vive el personaje llamado Goreng en una especie de cárcel o lugar penitenciario distópico que tiene una estructura piramidal. En este contexto los que habitan en los niveles superiores gozan de mayores privilegios y tienen acceso al banquete a la hora de comer. Los que están en los niveles inferiores no comen otra cosa que sobras, y para los que están aún más abajo directamente no llega ningún tipo de alimento.

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La película es exageradamente pretenciosa, obvia, lineal y grosera en algunos aspectos. Se denota que está articulada para espectadores sin uso de la razón analítica profunda de un film. Es decir, en todo momento se muestra exageradamente que la película habla metafóricamente de un conflicto de clases pero el guión es tan lineal como su diseño de producción. En otras palabras, es obvio que la estructura de ese lugar llamado El Hoyo implica una división entre ricos y pobres. En primer lugar utiliza de forma grosera el concepto de la estructura piramidal, lo cual nos dice literalmente y sin proponernos otro punto de vista analítico que los de arriba son los ricos y los de abajo los marginados. Digo piramidal y no vertical porque los primeros niveles representan la punta de la pirámide. El estrato más alto aparece como un imposible. Siempre se parte de la base y es difícil escalar hasta la punta. En ningún momento propone otro nivel de análisis, por lo que esa metáfora queda diluida desde el primer momento en que empieza la película. El hecho de que se entienda desde el primer minuto hace que el film se torne aburrido, repetitivo y tedioso.

Veamos un ejemplo: en Parasite, de Bong Joon-Ho, aparece bien lograda la metáfora del conflicto de clases. La casa de los Kim está literalmente en un semisótano, y sin analizarlo en profundidad no es un lugar para marginados. Es decir, si uno no lo interpreta metafóricamente simplemente los Kim viven en ese lugar. En cambio, la casa de los Park se ubica en calles más arriba, como si fuera en una colina. La distribución muestra muchas escaleras dentro de la casa, dando un mensaje sobre el nivel económico de la segunda familia.

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Esto quiere decir que no hay necesidad de utilizar la estructura piramidal que vemos en El Hoyo. La situación no tiene lugar de análisis porque el significado metafórico está explícito. En cambio, si el espacio se presenta como un lugar aparentemente cotidiano y con distribuciones sutiles, pero al mismo tiempo está repleto de segundas lecturas, se da un abanico enorme de puntos de vista desde donde analizarlo. Quizás se requiera una revisión de la película, en el caso de Parasite, para entender ese espacio como la real división de clases. Una mirada más atenta no es un problema. Al contrario, en El Hoyo, al arruinar la metáfora se echa tierra sobre toda la narración.

Independientemente de lo burdo y lineal que está estructurado el espacio, los personajes tienen mucha pobreza narrativa. Están muy poco desarrollados desde el punto de vista interno al igual que la relación entre ellos. Además, todos los personajes son malvados: como si los ricos fueran culpables de ser ricos y los pobres culpables de ser pobres; lo cual es un recurso muy banal y repetitivo porque no se caracteriza a ningún personaje de otra forma. Todos son iguales. Por momentos se entendía que el personaje de Goreng era Don Quijote (libro que lee) y necesitaba un Sancho Panza (el cual aparece recién en el tercer acto). El conflicto está muy poco desarrollado y puede decirse que ni siquiera existe uno. Quizás recién en el tercer acto pero no se entiende si es externo o interno. Está ahí meciéndose entre ambos sin dirección clara.

En síntesis, El Hoyo es un film bastante pretencioso, repetitivo y sumamente obvio. Hace pensar que no confía en la capacidad de análisis del espectador y sirve las metáforas en bandeja de manera muy lineal. No ofrece la capacidad de establecer un análisis desde diversos puntos de vista. La película no es ambigua: plantea algo y es esquemática. Hasta nos esclaviza con su falta de capacidad para narrar algo metafórico.

 

*El autor es estudiante de Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine (FUC).

Priorizar derechos, remarcar obligaciones: derechos y deberes en tiempos de pandemia

Derechos, deberes y libertades en tiempos de pandemia

Opinión | Por Tomás Allan|

 

Cuando la renegociación de la deuda acaparaba todas las voces y miradas, en el mes en que Argentina presentaría una oferta formal a los bonistas, el cisne negro del coronavirus irrumpió en escena y movió la estantería de todos: ciudadanos, familias, instituciones educativas, empresas y Gobierno. En cuestión de días, todos los otros temas que venían ganando lugar en la agenda (Ley de Hidrocarburos, reforma de la Justicia, legalización del aborto) quedaron en suspenso ante la urgencia de un problema que tiene en jaque a más de un centenar de países.

Desde entonces, el Gobierno nacional viene tomando algunas decisiones que se han materializado en decretos y resoluciones para intentar controlar el problema y darle tiempo al sistema de salud, de modo que sea capaz de absorber los casos de infección del COVID-19. Según lo expuesto por especialistas, en ausencia de estas medidas la circulación del virus sería mucho más amplia y veloz, lo que dificultaría las posibilidades del sistema sanitario de procesar los casos.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 (cuyo contenido se puede consultar aquí) dispuso, entre otras cosas, la obligatoriedad del aislamiento durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, para las siguientes personas: a) quienes revistan la condición de “casos sospechosos”, es decir que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además tenga historial de viaje a “zonas afectadas”; b) quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19; c) los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los dos apartados anteriores; d) quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”.

Algunos días después, se anunció la suspensión de las clases de nivel maternal, primario y secundario, licencias obligatorias para trabajadores de más de 60 años, suspensión de eventos masivos y cierre de fronteras para aquellos que pretendan ingresar al país.

Si bien las medidas parecen haber tenido buena recepción por parte de la mayoría de la población de nuestro país, no deja de haber quienes las consideran restricciones ilegítimas por violar otros derechos de corte constitucional. La afirmación de que son restricciones no presenta demasiadas dudas: efectivamente hay derechos (el de trabajar, el de circular, el de educarse) que con este marco regulatorio que se delineó en los últimos días sufren nuevos límites y alteraciones. La pregunta, entonces, es si son legítimas desde el punto de vista constitucional. Es decir, si la Constitución permite este tipo de limitaciones a los derechos.

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Ningún derecho es absoluto

En primer lugar, vale hacer una aclaración: ningún derecho es absoluto (1). Los derechos (¡por suerte!) tienen muy buena prensa, y son “cartas de triunfo” que podemos invocar en nuestro propio interés. Es decir que hay intereses individuales o colectivos jurídicamente protegidos. Intereses asegurados por un sistema de normas que los reconoce y que dispone la activación del aparato estatal cuando estos se ven insatisfechos.

Sin embargo, de ello no se deriva que quien tenga un derecho pueda ejercerlo sin ningún tipo de límites o restricciones. Como bien dice una vieja frase que seguramente todos nosotros conozcamos, “el derecho de uno termina donde empieza el del otro”. Y es que, en efecto, estos entran permanentemente en conflicto. De hecho, la función del Derecho, entendido coloquialmente como un como sistema de normas que regula la conducta humana, es precisamente la de resolver los permanentes conflictos y desacuerdos que genera la vida en sociedad.

Si nos tomamos el trabajo de pensar cómo ejercemos diariamente nuestros derechos advertiremos estas restricciones. Cuando circulamos con nuestro auto debemos respetar las reglas de tránsito; cuando nos expresamos en una manifestación nos abstenemos (o al menos debemos hacerlo) de agredir físicamente a otras personas; cuando desarrollamos alguna actividad productiva nos sometemos a las reglas que regulan esa actividad; etcétera. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de regular los derechos de forma tal que todos los ejerzan en un marco de relativa armonía, estableciendo restricciones constituidas por los derechos de los demás y también por los pormenores de la regulación necesaria para hacerlos operativos.

Por eso los derechos se reglamentan; es decir, se dispone la manera como han de ser ejercidos, tarea a cargo del Poder Legislativo (el Congreso). En primer lugar, los derechos se reconocen en términos generales en la Carta Constitucional (“el derecho a circular”; “… a trabajar”; “…a expresarse libremente”). Luego, las leyes del Congreso los regulan con mayor precisión, cuidando de no alterarlos sustancialmente, conforme indica el art. 28 de la CN. Y finalmente los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo terminan de darles forma regulando los pormenores de la ejecución de las leyes, siempre sin contrariar el espíritu de estas y de la Constitución, que tienen jerarquía superior.

Quien detenta entonces el poder de policía (la facultad para restringir y limitar derechos principalmente por motivos de seguridad y salubridad) es el Congreso. Sin embargo, el art. 99 de la Constitución, luego de establecer que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, dice:

«Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia»

Desde la reforma constitucional de 1994, en la cual se consagró la posibilidad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), estos se han utilizado frecuentemente como un vehículo del Ejecutivo para saltarse al Congreso, conteniendo medidas que usualmente no eran lo suficientemente necesarias ni lo suficientemente urgentes para utilizarlo. En este caso, la necesidad y urgencia de ordenar la cuarentena para personas que se encuentren en las situaciones previstas parece clara. Quizá sea una de las pocas veces en las que esta herramienta se usó de acuerdo a lo que los constituyentes del 94 realmente previeron.

Tradicionalmente se ha entendido que esa reglamentación de los derechos debe hacerse siguiendo un principio de razonabilidad. Esto significa, a grandes rasgos –y teniendo en cuenta que es un concepto jurídico indeterminado, amplio, que se verifica según el caso concreto-, que el medio que elige el legislador debe ser idóneo para lograr el fin que persigue y que entre los medios idóneos para el logro del fin que procura debe optar por aquel que resulte menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados.

Para el caso, la preservación del derecho a la salud y a la vida necesariamente requiere ciertas restricciones en la circulación y el contacto social, según lo indican las autoridades sanitarias y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En condiciones normales, semejantes restricciones a los derechos –como las impuestas en las medidas de los últimos días- serían irrazonables, injustificadas e impropias de una democracia liberal. En estas condiciones particulares y anormales, como las que vivimos a causa de la pandemia del coronavirus, son perfectamente razonables.

Las libertades de circular, trabajar e ir a la escuela, en los términos en los que se desarrollan normalmente, lamentablemente se han vuelto una amenaza al derecho a la salud y la vida de, digamos, gran parte de la población, con la particularidad de que estos últimos sirven de precondición para el ejercicio de otros derechos: no podemos circular, ni trabajar, ni educarnos si nuestra salud se ve seria o totalmente afectada.

Semejante conflicto de derechos lleva a la necesidad de establecer prioridades. Las decisiones gubernamentales reflejan una priorización del derecho a la salud y a la vida que lamentablemente exige imponer ciertas restricciones a los otros derechos por el momento. Parece claro que las decisiones de los últimos días no responden a caprichos dirigenciales sino a criterios razonables, basados en información científica, que tienen como eje proteger ciertos derechos que en las condiciones actuales se encuentran amenazados.

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Todo derecho implica obligaciones

Nos queda otra faceta por analizar. A pesar de que normalmente hagamos hincapié en los derechos, debemos advertir que estos siempre tienen como correlato obligaciones, tanto estatales como ciudadanas. Cuando reivindicamos o clamamos por el cumplimiento de un derecho le estamos exigiendo algo a alguien. Ese algo es una conducta y ese alguien es el Estado u otros ciudadanos. Si pedimos por nuestro derecho a expresarnos libremente estamos exigiendo que el Estado y nuestros compatriotas cumplan con su obligación de no censurarnos. Si pedimos por nuestro derecho a una vivienda digna estamos exigiendo que el Estado nos facilite el acceso. Y de cualquier forma, si esos derechos se ven vulnerados podemos acudir a la Justicia (que lógicamente también es parte del Estado) para que lo garantice.

De este modo, las obligaciones pueden ser tanto de hacer como de no hacer. Las primeras implican una conducta activa (por ejemplo, que el Estado garantice el acceso al sistema de salud para todos a través de la construcción de hospitales públicos). Las segundas, una conducta pasiva (si aprehendo a una persona caminando por la calle estoy interfiriendo indebidamente con su derecho a circular –es decir, debo omitir actuar de ese modo).

Si pasamos estas líneas en limpio nos encontramos con que todo derecho tiene como contracara el cumplimiento de ciertos deberes por parte de otros sujetos, distintos a su titular, como condición necesaria para que aquel se vea satisfecho. Vivimos enfatizando –con razón- los derechos; hoy, por las situación que atravesamos, quizá sea tiempo de enfatizar las obligaciones necesarias para que esos derechos se cumplan. Respetar la cuarentena y las medidas y recomendaciones que dispongan las autoridades es respetar el derecho a la salud de los demás.

Hay ciertas conductas que tenemos que seguir porque son obligatorias (aislamiento para algunas personas en determinados casos). Hay otras, emitidas en forma de recomendaciones (cierto grado de distanciamiento social, algunos hábitos de higiene), que no lo son y dependen mas bien de nuestra buena voluntad –en la medida de nuestras posibilidades- para ayudar a atenuar la circulación del virus. No debemos olvidar que, como en el caso de las vacunas, no es solo en nuestro propio interés sino que hay derechos de otras personas en juego.

 

*El autor es abogado (UNLP) y estudiante de Ciencia Política.

(1) La única observación que podríamos hacerle a esta tesis es el de la libertad de pensamiento.

I. Bonomo: «La economía, tal como está planteada, tiene muchos costos ambientales que termina pagando la sociedad»

Los costos ambientales de la economía actual

Entrevista a Inti Bonomo* | Por Tomás Allan |

Desde hace décadas el deterioro del ambiente viene siendo uno de los grandes temas de preocupación a nivel global. Los desastres naturales, como incendios, tsunamis e inundaciones, hacen de llamados de atención para la comunidad internacional, en un contexto en que el líder de la mayor potencia económica mundial desconoce los efectos del cambio climático y relativiza la importancia de tomar medidas encaminadas a adoptar formas de producción más comprometidas con el cuidado del ambiente.

Lejos de ser un problema burgués que deban atender solo los países que ya cuentan con un grado de desarrollo económico que les permita preocuparse por cosas «menos importantes» que la pobreza y la desigualdad, el cuidado del ambiente concierne (o debería concernir) a todos. Porque, aunque no se lo advierta tan recurrentemente, su deterioro afecta a todos pero perjudica con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Esto nos dice Inti Bonomo, Licenciado en Ciencias Ambientales, a quien entrevistamos para que nos dé su perspectiva sobre el tema.

Para introducirnos al tema: ¿de qué hablamos cuando hablamos de “economía verde”?

Economía verde es incorporar la dimensión ambiental al desarrollo económico. Hubo varios intentos de esto en el pasado que no tuvieron mucho éxito. Hay que resignificarlo e insistir con esta idea. La economía tal como está planteada tiene muchos costos ambientales, externalidades, que no se incorporan a los balances económicos pero que después termina pagando la sociedad (y en general los sectores más vulnerables). Talar bosques para plantar cultivos genera un rédito económico, pero también una pérdida en regulación hídrica de la cuenca. La obra que hay que hacer para igualar ese servicio ambiental probablemente sea mucho más cara que la renta de ese cultivo. Una economía verde contemplaría estas cosas para tomar decisiones inteligentes.

Lo interesante de los últimos planteos respecto de esto es la jerarquía de la inclusión social como eje indispensable para pensar en políticas ambientales que también disminuyan las desigualdades sociales.

Siendo el deterioro del ambiente un problema global, ¿pueden enfrentarlo los países individualmente o es indispensable que las soluciones sean también globales? Pienso en la competitividad a la baja que podría generar la globalización actual: una empresa que encuentra requisitos de cuidado ambiental muy estrictos en un determinado país puede mover fácilmente su producción a otro país con requisitos menos exigentes, lo cual pareciera achicar los márgenes de acción de los Estados.

Es el gran problema que enfrenta el ambiente. Los límites políticos de los países y provincias son límites fantasiosos. Una molécula de CO2 no distingue si fue emitido por Francia o por Argentina. El yaguareté no sabe que está cruzando Brasil cuando pasa por el límite. Son abstracciones nuestras que en un momento nos permitieron organizarnos mejor, ordenarnos.

Hoy en día creo que el ambiente pone en crisis esa mirada. La respuesta a esto son las Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los acuerdos que allí se generan como el de París. Pero vamos por la Conferencia n° 26 y todavía estamos lejos de obtener soluciones concretas. Ahora, que sea un problema no significa que sea una excusa válida. Hay que hacer lo que hay que hacer con las herramientas que tengamos a mano mientras ideamos otras superadoras.

En Suecia se está discutiendo esto de externalizar en otros países las producciones contaminantes. Ellos lograron limpiar una gran parte de su matriz productiva pero importan mucho de países con industrias muy contaminantes. Pero de a poco se van poniendo más exigentes también. Allí hay que tener cuidado, creo que cualquier industria que dañe el ambiente de manera severa está destinada al fracaso en el corto plazo, incluso económico, si no se reinventa.

tala de arboles

¿Y actualmente cuál es el marco regulatorio a nivel global? ¿Qué medidas se adoptaron desde la comunidad internacional en relación al tema?

El marco regulatorio es difuso. Lo máximo que se ha planteado son incentivos de préstamos y financiamiento verde, pero en la práctica son escasos, limitados y de difícil acceso. Por ahora se maneja más en un terreno de intenciones y allí debemos innovar y rápido. Porque las negociaciones de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático no van a la velocidad que necesitamos y aún cuando hay acuerdos, muchos países no los cumplen, sin ningún perjuicio importante y directo.

Desde algunos sectores se relativiza la urgencia de adoptar formas de producción más amigables con el ambiente porque se entiende que es prioritario lograr el crecimiento económico. De ahí que se diga que el cuidado del ambiente puede ser abordado en profundidad en países desarrollados pero no puede tener un lugar central en países en desarrollo que necesitan crecer para sacar a millones de personas de la pobreza. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción entre crecimiento económico y ecologismo?

Es un poco lo que mencionaba antes: dañar el ambiente cuesta y siempre alguien lo termina pagando. Los primeros que están sufriendo el cambio climático son las personas en barrios con menos infraestructura que ya se inundan. Ante un aumento de las tormentas, van a tener aún más inconvenientes. El dengue aumenta porque la distribución del mosquito vector es mayor por el cambio climático y bueno, si estás en una situación de vulnerabilidad, y no estás bien alimentado, por ejemplo, vas a ser más propenso a que el virus sea más dañino. Si estás en un departamento en Buenos Aires, bien alimentado y con espiral vas a ser menos vulnerable.

Pero otra cosa, la relación con el ambiente es la relación con nuestros recursos naturales y el modelo productivo; la economía empieza allí, con ese vínculo. Nosotros rifamos nuestros recursos naturales por poco dinero y compramos productos con alto valor agregado a otros países (salvo algunas excepciones). Eso genera una balanza comercial difícil de corregir desde el vamos.


«Cualquier industria que dañe el ambiente de manera severa está destinada al fracaso en el corto plazo, incluso económico, si no se reinventa»


Algunos intelectuales, como Martín Caparros por ejemplo, creen que el ecologismo forma parte de un discurso conservador: países que se dedicaron a explotar los beneficios de sus recursos naturales para garantizar su desarrollo hoy exigen a los países en subdesarrollo que busquen otro camino para crecer. ¿Cómo se maneja ese desencuentro de posturas?

Yo creo que, al margen de lo que dijo Martín, que no conozco el contexto, Latinoamérica ha estado en una posición adolescente durante décadas: “Ustedes ya contaminaron, ahora me toca a mí”. Es verdad y hay que reclarmarlo en las negociaciones internacionales, pero yo creo que estamos para más. Nosotros tenemos la oportunidad y la necesidad de crear un modelo de desarrollo verde, distinto al que las potencias utilizaron en el pasado. Imitarlo no se puede, ya lo venimos intentando hace décadas sin resultados favorables. Quizás es hora de dejar de patalear y tomar recetas de afuera y crear alguno nuevo, nuestro y audaz.

Finalmente, creo que la evidencia científica nos pide que reordenemos nuestras prioridades socioeconómicas pero también lo pide cada vez con más fuerza la sociedad. Ahí estará la audacia de los distintos sectores de si se suben a la ola con los cambios necesarios o si se quedan afuera.

*El entrevistado es Licenciado en Ciencias Ambientales y ha escrito artículos en El Cohete a la Luna y Diario BAE

El federalismo que supimos construir

Opinión|Por Ramiro Albina|

 

Las instituciones importan como conjunto de reglas que generan incentivos. A su vez, la estructura de incentivos impacta en el comportamiento de los actores que, con un poco de suerte, adquiere regularidad y previsibilidad.

Cuando hablamos sobre el federalismo argentino, la previsibilidad que otorgan las reglas claras es una ilusión. Hoy vuelve a aparecer la discusión sobre una eventual reducción de la coparticipación de la CABA. Decir “vuelve” es engañoso, porque la discusión sobre coparticipación federal de impuestos forma parte de nuestro ser nacional.

Según cuenta la leyenda, las relaciones fiscales entre el estado nacional y las provincias no siempre se guiaron por los mismos criterios. Veamos algunos hechos puntuales.

Con la Constitución del 53, el mecanismo de coordinación fiscal estaba guiado por el principio de separación de fuentes: los recursos vinculados al comercio exterior eran recaudados por la Nación, y los impuestos internos por las provincias.

Con la crisis de 1930, y la caída de recursos derivados del comercio exterior, se avanzó hacia una mayor concurrencia de fuentes, con el estado nacional avanzando sobre facultades tributaras de las provincias, lo que hizo necesaria la instauración en 1935 de un régimen de reparto (no global) de esos impuestos hacia las provincias.

En 1973 nos encontramos con la sanción de la Ley 20.221 que establecía una distribución primaria por mitades entre Nación y Provincias. Esta ley se guiaba por criterios objetivos de población, brecha de desarrollo y densidad poblacional, con un espíritu redistributivo.

En el año 1988 se sancionó la ley 23.548, acordada por todas las provincias y la Nación, que establecía un régimen, en principio transitorio pero que se mantiene como base hasta nuestros días, de coparticipación federal. Esta establecía en un comienzo una distribución primaria de 42,34% a Nación, 54,66% a las Provincias, 2% para el recupero del nivel relativo de determinadas provincias, y 1% para ATN. Los criterios para la distribución secundaria (entre provincias) no se guió por criterios objetivos, como la ley anterior, sino que los porcentajes fueron resultado de la negociación política y la pulseada entre los gobernadores, y entre estos y la Nación.

La reforma constitucional de 1994 establecía que antes de finalizar el año 1996, se debía dictar una nueva ley de coparticipación federal. Sin embargo, los criterios establecidos para esta son de muy difícil cumplimiento, ya que requeriría la aprobación por parte de las 24 jurisdicciones. Teniendo en cuenta que un nuevo sistema de reparto generaría nuevos ganadores y perdedores con respecto al esquema anterior, los incentivos para avanzar en esta dirección son escasos.

Desde la sanción de la Ley 23.548 se fueron implementado numerosos parches por medio de modificaciones a partir pactos, compromisos, introducción de “pre coparticipaciones”, afectaciones específicas de impuestos, etc. Lo cual volvió al sistema mucho más complejo, incluso para los especialistas. Para cuando te preguntes: «¿A dónde van mis impuestos?». Damas y caballeros, este es el monstruo que supimos construir:

 

 

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Fuente: Comisión Federal de Impuestos

 

 

Desequilibrio fiscal vertical.

En las últimas décadas se generó una tendencia hacia una mayor descentralización del gasto público, en particular en la década de 1990 en lo que respecta a salud y educación, y a la inversa, una mayor centralización fiscal luego de la crisis de 2001 con la creación de impuestos nuevos en manos del estado nacional, nula o parcialmente coparticipados, como el impuesto al cheque y las retenciones. Esto, sumado a la mayor dependencia de varias provincias debido la refinanciación de las deudas provinciales luego de la absorción de las cuasi- monedas, terminó generando uno de los aspectos fundamentales que adquirieron las relaciones fiscales intergubernamentales: el elevado nivel de desfasaje entre la recaudación y el gasto público en las provincias.

La dependencia del estado nacional para el financiamiento de los gastos provinciales presenta grandes diferencias entre las provincias.

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Fuente: IARAF

El resultado de esta tendencia, terminó siendo que los recursos provenientes de la coparticipación, sumado a las transferencias discrecionales, han ido aumentando su participación en el financiamiento de los gastos provinciales generando importantes desequilibrios y afectando fuerte y negativamente la correspondencia fiscal.

Como resultado, el criterio de reparto termina siendo en buena medida inverso a la población: a menor población en una provincia, mayores recursos en términos per cápita. Así, varias provincias terminan siendo fuertemente subsidiadas por el Estado nacional (mejor dicho, por las provincias más grandes).

Algunos autores, como Carlos Gervasoni (2011), sostienen que la combinación de sectores públicos enormes con débiles sectores privados, y la recepción de importantes recursos de una fuente externa, y que por lo tanto que no proviene de la necesidad de cobrar impuestos a su población (y así asumir el costo político) y desarrollar sectores productivos, tiene consecuencias negativas sobre la calidad democrática.

El caso que resuena frecuentemente en las discusiones sobre la discriminación en el reparto de recursos, es la Provincia de Buenos Aires, la cual recibe per cápita muchos menos recursos en relación a lo que los bonaerenses contribuyen a la renta nacional por medio de impuestos. Esta provincia se vio desde un principio perjudicada con la sanción de la Ley 23.548 (1988) que le hizo perder casi 7 puntos de la coparticipación con respecto a la ley anterior, reducción que luego se intentó compensar con la creación del Fondo del Conurbano Bonaerense en 1992 (financiado por un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias), pero al mismo tiempo que, en 1995, se le terminó imponiendo un tope de 650 millones de pesos que se fue licuando por obvias razones y abrió paso a las disputas que continúan hasta hoy.

Esta distribución evidentemente tampoco ha contribuido a impulsar el desarrollo productivo y mejorar los malos índices socioeconómicas de varias de las provincias beneficiadas por el esquema en términos de recursos per cápita, lo que hace que nos preguntemos, ¿Qué sentido tiene realmente mantener esta situación?

El impacto en la dinámica política.

 El federalismo, simplificando, es un mecanismo de descentralización vertical del poder político mediante el cual se distribuyen distintas competencias, con mayor o menor autonomía, entre el estado nacional y las unidades subnacionales. La forma en la que se desarrolla el federalismo fiscal, es una de las claves principales para entender cómo se da esa distribución.

Para analizar el impacto de las relaciones fiscales intergubernamentales en la dinámica política tenemos que tener en cuenta también otros factores como el sistema electoral, el margen de maniobra de los gobernadores, y como su influencia en la dinámica legislativa.

Los gobernadores son actores fundamentales en la política argentina por los recursos de los que dispone, no solo económicos, sino fundamentalmente políticos. El hecho de que los distritos electorales para la elección de diputados coincidan con las provincias, que las listas sean cerradas y bloqueadas (votamos por un conjunto ya preestablecido de candidatos por un partido o frente con un orden predeterminado que no podemos modificar), el control sobre el calendario electoral (posibilidad de desdoblar elecciones), provee a los gobernadores, en tanto líderes provinciales del partido, de un margen de control muy amplio sobre las carreras de los legisladores nacionales.

 “En democracia, todos los votos valen lo mismo”

Como cuando uno de chicos poníamos el diente debajo de la almohada como nuestra inversión más segura, de grandes ponemos los votos las urnas confiados en el tuyo y el mío valen lo mismo. Sin embargo, nuestro Congreso es uno de los que más se aleja de este principio. Sí, tu voto cotiza más o menos de acuerdo a en qué provincia votás.

Por mandato constitucional, la representación en el Senado se reparte en forma igualitaria entre todas las provincias. Suena razonable. Después de todo, la función del Senado es representar los intereses provinciales. Además, para representar la población tenemos la Cámara de Diputados, que constitucionalmente asigna los representantes a las provincias de acuerdo a la cantidad de habitantes, guiño guiño. ¿Cómo? Bueno, resulta que en la Cámara Baja también nos encontramos con fuertes niveles, esta vez inconstitucionales, de sub y sobre representación de las provincias. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a pesar de tener alrededor del 38% del electorado a nivel nacional, tiene el 27% de los diputados (y el 4% de los senadores). Veamos algunos ejemplos más: para el año 2010 (Censo), un diputado de la provincia de Buenos Aires, representaba 223.215 habitantes; uno de la provincia de Córdoba, 183.826; uno de Tierra del Fuego, 25.441; uno de CABA, 115.606; uno de Santa Cruz, 54.792; uno de Formosa, 106.032. Esta situación, que se desvía del principio adoptado por la Constitución de 1853, es producto de sucesivas decisiones institucionales principalmente en cuanto a cantidades mínimas de diputados por provincia: en la reforma de 1949 se garantizó 2 diputados como mínimo independientemente de la población; en 1973 un decreto del gobierno militar elevó el mínimo a tres; finalmente en 1983 un decreto del último gobierno militar estableció el mínimo en 5 diputados.  Al mismo tiempo, a pesar de que constitucionalmente se debiera actualizar la distribución luego de cada Censo Nacional, esto nunca se ha cumplido. 

 

 

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Fuente: Diego Reynoso (2012)

Entonces, la fuerte sobrerrepresentación de distritos pequeños es resultado, por un lado, del diseño constitucional y la distribución poblacional fuertemente asimétrica para el caso del Senado; y fundamentalmente de un Decreto de la última dictadura militar, que viola un principio constitucional, para la Cámara de Diputados. ¿Constitución? Quien te conoce.

Al momento de analizar cómo la distribución de los recursos fiscales, la sobrerrepresentación distrital, y el poder relativo de gobernadores y presidentes impacta en la dinámica política y las estrategias distributivas de los presidentes para generar coaliciones de apoyo nos encontramos, entonces, con diversos puntos de vista.

Desde la Ciencia Política, hay quienes sostienen que la dependencia fiscal de las provincias más chicas, que a su vez son las que más sobrerrepresentadas se encuentran en el Congreso, genera incentivos para construir coaliciones de apoyo “baratas”. El intercambio de recursos por apoyo legislativo, las vuelve útiles y también necesarias. Esta mirada es sustentada, por ejemplo, por Gibson y Calvo (2000) en su análisis sobre los patrones de construcción de coaliciones en el periodo de reformas económicas durante el gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo, también hay que tener presente factores contextuales que pueden influir en esa estrategia. Emilia Simison (2014), para explicar las distintas estrategias de distribución de trasferencias discrecionales en dos presidencias peronistas, sostiene dos variables: la (des)nacionalización del sistema de partidos, y la (des)centralización fiscal. En la presidencia de Carlos Menem había un contexto de descentralización fiscal y nacionalización partidaria; mientras que, en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, había una mayor centralización fiscal y desnacionalización del sistema de partidos. Sus hallazgos muestran en el primer contexto priman las estrategias que premian a los distritos por su mayor poder estructural (en especial la sobrerrepresentación legislativa); mientras que en el segundo contexto primaría la estrategia que premia a los gobernadores del mismo partido del presidente.

¿Y ahora, quien podrá ayudarnos?

Como pudimos ver, las relaciones fiscales intergubernamentales en nuestro país revisten de una gran complejidad. El problema de base está en que a pesar de que esta situación genera enormes problemas, la multiplicidad de actores de veto e intereses enfrentados ante una posible revisión del esquema hacen difícil encontrar una salida al laberinto. En las circunstancias económicas actuales, es difícil creer que existan en el corto plazo incentivos para que las provincias acuerden una nueva ley.

Sin embargo, es necesario avanzar en una reforma del esquema por múltiples razones. Entre los aspectos negativos de la situación actual podríamos enumerar, entre otros, los siguientes: una elevada falta de correspondencia fiscal; una fuerte dependencia del nivel provincial de las asignaciones presupuestarias de Nación (tanto en términos de coparticipación como trasferencias discrecionales), lo que condiciona su autonomía política; un creciente desequilibrio fiscal vertical; una distribución secundaria que no se guía por criterios objetivos y medibles; una distribución primaria que tampoco tiene en cuenta objetivamente las distintas responsabilidades de gasto público, etc.

Los coeficientes de distribución fijos, sin criterios objetivos, contribuyen a volver menos transparente al sistema; y la falta de criterios claros lleva a situaciones incluso de judicialización de los conflictos, como en el caso de la quita del 15% de coparticipación en la década de los 1990 para financiar el sistema previsional, con la aparición de las AFJP, y que no había sido restituido luego de su estatización en 2008. Declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2015, se llegó a un acuerdo con las provincias en 2016 para su restitución.

El desvío importante en relación a la correspondencia fiscal tiene, a su vez, consecuencias sobre la relación entre ciudadanos y gobernantes. El laberinto fiscal en el que nos encontramos hace prácticamente imposible para los primeros identificar claramente quien recauda, quien gasta, y con qué fin, lo que hace que no existan incentivos para controlar, reclamar y responsabilizar a los tomadores de decisiones por una buena gestión del gasto público acorde a la recaudación.

Cuestiones como la coparticipación de impuestos, el sistema electoral, la sobrerrepresentación distrital, y el sistema de partidos, frecuentemente suenan como algo lejano a nuestra vida diaria. Sin embargo, la forma en la que estas se articulan tienen consecuencias importantes en la dinámica política y generan las condiciones en las cuales se van a tomar las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Las distorsiones del federalismo fiscal afectan la capacidad de decisión autónoma de las provincias y deteriora entonces la división vertical de poderes. La función representativa de los legisladores nacionales también se ve afectada, ya que estos deben en buena medida sus carreras políticas a los gobernadores, que a su vez dependen de los recursos del PEN. Este circulo vicioso no genera incentivos para establecer organismos de control efectivos sobre la distribución y gasto de los recursos públicos; ni a negociar políticas públicas con una mirada de largo plazo y a escala nacional. Podríamos preguntarnos si la volatilidad de las políticas públicas no guarda relación con este estructura de incentivos.

En esta película, y en un camino que busque encontrar una solución a las distorsiones actuales, es importante no perder de vista el nudo del problema: la enorme asimetría en el desarrollo productivo entre las distintas regiones algo que, claro está, no se solucionará simplemente modificando los coeficientes de reparto. Además, también tenemos el problema del gigantesco desequilibrio poblacional. En Buenos Aires habita el 40% de la población (sumado a que en un conurbano cada vez más heterogéneo, que representa el 1% del territorio, viven 2/3 de los bonaerenses), mientras que el 60% se distribuye asimétricamente en el resto de las 23 jurisdicciones. Como señala el politólogo Andrés Malamud, esto genera problemas de ineficiencia y opacidad para los bonaerenses e inestabilidad política para los argentinos. Mientras que la subrepresentación la vuelve menos necesaria al momento de armar coaliciones legislativas, su peso demográfico la vuelve clave para controlar el clima político, porque cuando el gigante se levanta, los presidentes caen.

El desafío está, entonces, en romper la estructura de incentivos que perpetúa un statu quo que se ha mostrado ineficiente para enfrentar los problemas actuales y futuros.

 

*El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Más seguridad, ¿menos justicia?

Aparentemente, al campo de la política, la academia y los medios de comunicación, la seguridad le resulta más atractiva que la justicia.

Opinión | Por Ezequiel Kostenwein* |

 

En la literatura sobre el tema de la seguridad, parece estar saldada la diferencia entre caracterizarla en términos amplios o definirla bajo criterios restringidos. La primera tesitura sobre la seguridad parte de cierto anclaje social, considerándola en estrecha relación con fenómenos como la educación, el trabajo o la salud. Estar seguros, en lo fundamental, es poder contar con buenas escuelas, empleos dignos y hospitales equipados. La segunda concepción, orientada principalmente a la presencia o ausencia del problema del delito, sostendría que estar seguros se emparenta a las bajas probabilidades que existen de ser víctimas de algún ilícito, enfatizando en aquellos que involucran la integridad física y la propiedad privada.

Si pensamos en los Ministerios de Seguridad, por caso el nacional y el de la provincia de Buenos Aires, deberíamos ubicarlos en una perspectiva más orientada a la segunda definición, es decir, a una seguridad de corte preventiva -o represiva- ligada a lo que en términos amplios se puede definir como criminalidad. Junto a esto, cabe señalar que quienes son sus flamantes responsables, Sabina Fréderic y Sergio Berni respectivamente, ya han tenido en estas pocas semanas del nuevo gobierno un protagonismo apreciable en los medios de comunicación.

En contraste con lo anterior, quienes están a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, en nación como en provincia, no han tenido tanta visibilidad: ni Marcela Losardo ni Julio Alak han sido hasta aquí mencionados de manera recurrente, sólo basta con googlearlos para advertir la diferencia en el número de búsquedas.

Todo esto nos invita a preguntarnos qué rol le asignan el gobierno nacional y el bonaerense a la seguridad y a la justicia, y cuáles son las relaciones que para ambos poderes ejecutivos existen -o deberían existir- entre una y otra. Y por último, si tal como refleja la agenda pública, para los gobiernos nacional y bonaerense la seguridad tiene más repercusión que la justicia.

Si miramos hacia los ámbitos académicos que se dedican a la investigación científica ocurre algo similar, es decir, que parece haber más interés en la seguridad que en la justicia: de manera comparativa, existen muchas más investigaciones sobre la policía o la prisión que sobre la institución judicial. Esto último no es inocuo, puesto que refuerza la tradicional opacidad ligada al léxico jurídico y al corporativismo de los integrantes de la justicia, e impide que conozcamos mejor su funcionamiento al no tomar a esta institución como objeto de estudios sistemáticos.

Si simplificáramos al extremo nuestra premisa, diríamos que, aparentemente, al campo de la política, la academia y los medios de comunicación, la seguridad le resulta más atractiva que la justicia. Resta saber si aquello que la política, la academia y los medios de comunicación consideran en principio más relevante es un reflejo de lo que valora la comunidad. En definitiva, se trata de corroborar si al darle más relevancia social a la seguridad, se le da menos relevancia social a la justicia.

 

*El autor es abogado (UNLP), magister en Criminología (UNL) y Doctor en Cs. Sociales (UNLP). Actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET y docente de Sociología Jurídica en la UNLP. También dicta clases en la maestría de Criminología de la UNL.

 

Imagen: canal C5N

Qué (no) es el garantismo

Opinión | Por Tomás Allan |

 

El 8 de diciembre del año 2017, tras presenciar un asalto, el policía salteño Luis Chocobar, quien no se encontraba en servicio, asesinó por la espalda al joven asaltante Juan Pablo Kukoc. El hecho tomó repercusión mediática y reactivó discusiones sobre el rol de las fuerzas de seguridad, el uso de la fuerza pública y las garantías judiciales. El policía, por su parte, fue recibido en Casa Rosada por el expresidente Mauricio Macri y defendido públicamente por Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, en lo que fueron gestos de aprobación de su accionar.

La discusión sobre el llamado «garantismo» no es nueva, y de hecho se mantiene bastante constante en los últimos años, pero su peso en el debate público aumenta cuando acaecen hechos delictivos que involucran las garantías judiciales de alguna forma. Aunque, como sucede con tantos otros términos («populismo», por caso), se lo utiliza para designar una amplia gama de fenómenos que difieren entre sí. Si todo es garantismo, nada es garantismo.

Así las cosas, no viene mal indagar un poco sobre el concepto, tomando algunos hechos significativos de los últimos años y declaraciones de funcionarios públicos de alto rango. Primero lo primero: garantismo no es zaffaronismo. Es que, aunque la aclaración parezca irrelevante y hasta chistosa, no son pocas las veces que el descrédito que una persona tiene hacia un sector de la sociedad (mientras mantiene un gran prestigio en otros sectores) se intenta extendérselo a una corriente a la que esa misma persona adhiere, pero que es independiente de ella: Zaffaroni es garantista, sí, como lo es cualquiera que promueva el respeto a las garantías individuales. Porque garantismo no es más que eso: abogar por el cumplimiento de las garantías penales. Ese es el sentido originario del término. Zaffaroni podrá despertar amores y odios, pero una teoría no es buena o mala por quien la enuncie. Más aun: los desarrollos teóricos del garantismo comenzaron mucho antes de que el ex juez de la Corte siquiera fuera viniera al mundo.

Como sociedad le otorgamos al Estado el monopolio del uso de la fuerza pública: los conflictos entre los ciudadanos no se resuelven por mano propia ni rige la ley del más fuerte sino que sometemos la solución a una organización establecida para ello, que sigue reglas preestablecidas. Pero darle semejante poder puede ser peligroso si se usa abusivamente. Es por eso que para que la fuerza que el Estado aplica sobre una persona (cuando lo envía a la cárcel, privándolo de su libertad, por ejemplo) sea legítima, debe pasarse previamente por un proceso que cumpla ciertas condiciones que aseguran la certeza de que esa persona es culpable de un delito.

Las garantías son algunas de esas condiciones que deben respetarse para que la fuerza aplicada sea legítima. Así, se pasa por un proceso en el cual se investigan los hechos; se permite al acusado presentar pruebas y argumentos en su defensa; se le otorga un abogado defensor; se presume su inocencia (no es el acusado quien debe demostrar su inocencia sino el acusador quien debe demostrar que es culpable del delito); se lo acusa en base a un ley que establece un delito previamente a su conducta; se prohíbe que sea perseguido dos veces por el mismo hecho; se establece que quien decide debe ser un juez imparcial y se debe garantizar el acceso a una segunda instancia judicial en la cual otros jueces revisen el proceso y la decisión final.

Ser garantista es sostener que todos debemos poder contar con estas garantías si por algún motivo nos toca estar en el banquillo de los acusados. La confusión se da, en verdad, por la identificación automática que se da entre el garantismo y su versión particular de las teorías minimalistas y abolicionistas. Es por esto que hablaremos de “garantismo”, a secas, para hacer alusión a su significado originario y básico, y de “minimalismo” o “abolicionismo” para referirnos a ideas explicadas a continuación (o, en su caso, podremos adjetivarlo -v.g. “garantismo-minimalista”).

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Garantismo no es minimalismo, ni abolicionismo

En pocas palabras, el abolicionismo propone el fin del sistema penal tal como hoy lo conocemos –y con ello el fin de la pena- como medio de solución de conflictos y su sustitución por medios alternativos. Ahora bien, ante el reconocimiento de que ello es imposible aquí y ahora (en estas circunstancias, en estas sociedades) entra a jugar, para algunos autores, el minimalismo penal. El razonamiento es el siguiente: dado que las penas que aplica el Estado (sobre todo en su versión más gravosa, que es la cárcel) es ineficaz, irracional y recae sobre sobre los sectores más pobres u otros grupos vulnerables, y que ningún efecto positivo se deriva de esto, pero atendiendo a que su abolición en estas circunstancias es, de hecho, imposible, lo que debemos hacer es contener a ese poder punitivo irracional, ineficaz y selectivo. Abogar por su mínimo ejercicio posible, suministrándolo en pequeñas dosis. El castigo, de esta manera, será sólo el necesario a los fines de asegurar que sea efectivamente el Estado el que lo ejerza y no las personas individualmente, a través de la venganza privada.

Entonces, tomar esta postura por supuesto comprende el pleno respeto a las garantías procesales, pero a ello se le adiciona una moderación en la aplicación del castigo y una intención de minimizar el uso del aparato punitivo como elemento de solución de conflictos. Sintetizando: garantismo no implica necesariamente minimalismo (ni abolicionismo). Estos últimos van más allá. He aquí la cuestión. No hay problema en llamar «garantismo» al minimalismo o al abolicionismo siempre que sepamos a qué nos estamos refiriendo y las diferencias que existen entre ellos.

En estos términos, el derecho penal argentino es garantista (aunque no necesariamente minimalista), desde que consagra un buen cúmulo de garantías en su ordenamiento jurídico. Simultáneamente, da un cierto margen de decisión a los jueces para graduar las penas, utilizar medidas alternativas a la pena privativa de libertad, etcétera. Las garantías, por su parte, están cristalizadas en varios niveles: desde la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por Argentina y dotados de jerarquía constitucional por la propia Constitución a través del art. 75 inc. 22, hasta las códigos de procedimiento, pasando por las constituciones provinciales.

Que el derecho penal argentino sea garantista no se debe a un simple capricho progresista. El garantismo nació en el siglo XVIII como una corriente criminológica opuesta a la arbitrariedad estatal en el uso del poder coercitivo. Abogar por la imposición de ciertos límites a los abusos del poder estatal parece algo bastante razonable teniendo en cuenta la peligrosidad que encarnaría otorgarle el monopolio de la fuerza pública a alguien sin someterlo a ciertas reglas y condiciones para su ejercicio. Como dijimos, en un Estado de Derecho el aparato punitivo se pone en marcha únicamente luego de haberse llevado a cabo un proceso que cumpla con todas las condiciones que el ordenamiento jurídico impone. Así las cosas, el minimalismo y el abolicionismo podrán ser objeto de una larga discusión, pero cumplir con las garantías es una obligación que el derecho argentino ya establece.

 


«Garantismo no implica necesariamente minimalismo (ni abolicionismo)»


 

Por su parte, no estaría mal aclarar, contrariando la percepción a veces bastante extendida de la singularidad argentina, que nuestro país no es el único bicho raro al que se le ocurre comprometerse con la obligación de respetar ciertas garantías pertenecientes a toda persona por el solo hecho de serlo: estas se universalizaron (no casualmente) durante la segunda mitad del siglo pasado, algunos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial; primeramente con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), consolidándose luego con la adopción de tratados internacionales.

El derecho a ser oído en juicio; a gozar de la presunción de inocencia; a no ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; a ser juzgado por un juez o tribunal competente e imparcial; a no ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho; entre otras, son garantías consagradas por diversos tratados de derechos humanos tanto en el marco del sistema internacional (v.g. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) como de los subsistemas regionales (v.g. Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio Europeo de Derechos Humanos).

De modo que podríamos ir descartando la tesis de que “en cualquier país serio al delincuente le meten bala y a otra cosa”, o que “solo en Argentina protegemos así al delincuente”. En todo caso, si en el resto de los países así sucediera, alguien debería avisarles que están incumpliendo las obligaciones que ellos mismos asumieron a través de dichos tratados, independientemente de las que pudieran haber asumido en sus textos constitucionales. Por lo demás, parece difícil aceptar que la justificación de una decisión acerca de los derechos (como puede ser suprimir las garantías del ordenamiento jurídico) dependa de lo que hagan Canadá, Francia o Inglaterra, y no de razones morales autónomas.

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El garantismo como causa de todos los males

La cuestión sería menos preocupante, y la aclaración menos necesaria, si no fuera porque funcionarios públicos de alto rango –algunos de ellos ligados estrechamente a la cuestión penal- confunden e inducen a confusión sobre estas nociones.

En aquel momento, luego de la confirmación del procesamiento de Chocobar por parte de la Sala IV de la Cámara del Crimen, Macri sostuvo que “Zaffaroni debe haber llamado a los jueces para felicitarlos”. Conscientes de lo resistido que es el juez por una porción significativa de la sociedad, la actitud del presidente y de otros funcionarios que realizaron comentarios similares se inscribió en un intento deliberado por fogonear una grieta centrada en su persona, de manera tal que sea la propia deslegitimación de Zaffaroni frente a un sector social la que opere como causa de legitimación de lo que quedaba del otro lado de la grieta: un punitivismo que se lleva puestas garantías individuales en pos de (lo que consideran que es) hacer justicia. Como si la aceptación de las garantías viniera en paquete con el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, cuando Patricia Bullrich dijo, en el marco de una conferencia de prensa por la muerte de Rafael Nahuel –quien murió a causa de un tiro por la espalda en el marco de una manifestación-, que “lo que dice la Prefectura tiene carácter de verdad para nosotros”, o cuando en ese mismo contexto el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que “la violación de la ley tiene y tendrá consecuencias”, ¿a qué se referían? En primer lugar, parecían retirar o al menos relejar el control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, liberándolas de rendir cuentas posteriormente a su actuación y de sujetarse a ciertas limitaciones durante su curso.

En segundo lugar, los dichos chocaron frontalmente con las garantías que mencionamos anteriormente. Afirmar que la violación de la ley “tendrá consecuencias”, en el marco en que fue dicho, sugirió avalar a ojos cerrados lo hecho por las fuerzas de seguridad, otorgándoles autorización para saltearse el debido proceso y dándoles el poder para que sean ellas –y no los jueces- quienes decidan la suerte de los señalados como presuntos criminales; habilitándolas, por otro lado, a ejecutar penas expresamente prohibidas por los tratados de derechos humanos y la Constitución, como -ni más ni menos- la pena de muerte.

Luego, cuando el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, se comprometió en una cruzada vehemente contra el garantismo y pidió sobreseer a Chocobar, o incluso cuando el propio presidente tomó ese curso, no atentaron contra el garantismo-minimalista de Zaffaroni, sino directamente contra el garantismo en su sentido génerico. En sus dichos no estaba en juego la integridad de la propuesta minimalista de suministrar en pequeñas dosis la fuerza legítima sino algo mucho más básico: la integridad de las garantías consagradas en el texto constitucional y en los tratados de derechos humanos (el derecho a defensa; el derecho a no ser penado sin juicio previo fundado en ley y a ser juzgado por juez competente; en fin, el derecho al debido proceso). En otras palabras, en esos casos no estaba en juego la graduación del castigo legítimo aplicable sino su mismísima legitimidad.

Dichos como los efectuados por el fiscal resultan preocupantes, más aun teniendo en cuenta que quien debe abogar por el respeto de las garantías procesales aparece señalándolas como un obstáculo a remover hacia la realización de justicia. Al fin y al cabo, es el garantismo el que permitirá que el día de mañana, si un amigo nuestro, un familiar, o incluso uno mismo se encuentra –por confusión o no- señalado como presunto autor de un delito, goce del derecho a defenderse en un juicio llevado a cabo por un juez competente e imparcial, respetuoso de la presunción de inocencia y del resto de las garantías constitucionales, evitando que sus derechos se vean avasallados por la arbitrariedad del poder estatal.

Por su parte, la frecuente alusión al garantismo (minimalista o no) como el culpable de todos los males referidos a la inseguridad en Argentina parece aportar una visión bastante simplista de la realidad, teniendo en cuenta que las investigaciones criminológicas, lejos de mostrar al delito como un fenómeno monocausal, tienden a presentarlo como consecuencia de un diverso y complejo entramado de causas sociales, psicológicas, económicas y culturales. El garantismo no es la caja de Pandora y el punitivismo está lejos de ser la panacea.

Además, los datos disponibles muestran que en la práctica no hay ni pleno cumplimiento de las garantías penales (ver, por si acaso, los numerosos casos de gatillo fácil) ni un minimalismo penal extendido: según datos oficiales, de los 39.373 condenados que habitaban las cárceles a fin de 2016, 41% habían recibido penas de hasta seis años (ergo, el 59% restante recibió por encima de ese número); un 97% de los condenados no tuvo reducción de la pena, 95% cumplía su condena en la cárcel y 91% no gozó de salidas temporarias.

 


«Un principio esencial del garantismo es que ningún inocente sea castigado, aun a costa de que también algún culpable pueda resultar impune”


 

No obstante, debería llamarnos la atención el desprestigio que sufre hoy día el garantismo. El considerable apoyo que recibió el accionar de Chocobar y otras conductas similares resulta alarmante. En la idea de que “los derechos humanos son solo para los delincuentes” subyace un sentimiento de defraudación. La base contractual sobre la que se asienta el garantismo se resquebraja si los involucrados sienten que ese convenio no los beneficia. Y con ese grupo que se autopercibe estafado es con quien intentó conectar el gobierno anterior en varias ocasiones.

Entonces, si un grupo considerable de personas cree que las garantías le son ajenas, el consenso garantista se desmorona. ¿Por qué otorgarle garantías al mismísimo diablo si yo no las necesito? El principio esencial del garantismo, de que “ningún inocente sea castigado, aun a costa de que también algún culpable pueda resultar impune”, pierde fuerza si los hoy inocentes no se visualizan en la necesidad de contar con garantías procesales. Pero hay un pequeño detalle: no hace falta ser el diablo, ni siquiera hace falta haber sido efectivamente culpable de algo, para estar sentado en el banquillo de los acusados. Si eso pasa (me pasa, les pasa, te pasa) sería deseable contar con todas las garantías habidas y por haber, empezando precisamente por estar sentado en el banquillo afrontando un juicio y no muerto a causa de ejecución extrajudicial. Paradójicamente, es el garantismo el que protege a sus detractores.

Una nueva etapa donde la certeza es la incertidumbre

Opinión | Por Tomás Allan y Ramiro Albina |

 

El 27 de octubre ocurrió algo que la mayoría de las encuestadoras y analistas pronosticaban: Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales y lo hizo en primera vuelta. Pero también sucedió algo que pocos esperaban: la diferencia entre los candidatos se redujo notablemente en comparación con las PASO (una reducción cercana al 50%). 

El resultado final y la trayectoria de los candidatos entre las PASO y las generales obligaron a repensar algunas conclusiones prematuras. En primer lugar porque el equilibrio de poder será distinto al que podría haberse esperado luego de las primarias. Juntos por el Cambio obtuvo más diputados y senadores de lo esperado, lo que dará como resultado una conformación legislativa donde será necesaria una mayor negociación. A esto se suma la eventual participación de Mauricio Macri en la competencia por el liderazgo de la oposición, cuando aquel lejano 32% y una diferencia de 15 puntos parecían dejarlo fuera del juego. 

Existen además desafíos y preocupaciones en el frente externo (vencimientos de deuda el próximo año; exigencias del FMI) y en el interno (recesión económica, inflación y demandas variadas al interior de la coalición gobernante). Sobre estos puntos consultamos a tres politólogos: Andrés Malamud, investigador en la Universidad de Lisboa; Victoria Murillo, profesora en la Universidad de Columbia y Santiago Leiras, profesor en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

Cuando les preguntamos sobre los desafíos del próximo gobierno y el margen de maniobra para afrontarlos, los tres analistas coinciden en que los principales desafíos en materia económica y financiera serán la reestructuración de la deuda externa, la inflación y la recesión. “El margen de maniobra es muy estrecho: debe evitar el default, que se espiralice la inflación, que la provincia de Buenos Aires no pueda pagar los sueldos y que la protesta le tome la calle”, señala Malamud. 

A esta situación, Leiras añade que los desafíos deberán ser encarados “en un contexto internacional poco favorable, caracterizado por amenazas de diverso signo como la recesión mundial, la guerra comercial, el resurgimiento del proteccionismo y el fin del ciclo de las supercommodities”. El gobierno de Alberto Fernández se encontrará también con diferentes demandas en el frente interno: “Las demandas son urgentes y crecen de manera exponencial, no así los ingresos requeridos para su atención en el marco de un prolongado proceso de estancamiento primero y recesión a partir del 2018”, señala. 

En el delicado equilibrio que el próximo gobierno deberá forjar, Murillo sostiene que Alberto Fernández estará tensionado entre las demandas internas por salir de la recesión y las externas por pagar la deuda heredada. «Dado el peso de las demandas internas sobre su supervivencia política, me inclino a pensar que le dará prioridad a estas mismas que ya de por sí son complicadas porque la situación fiscal obligará a definir ganadores y perdedores que forman parte de su coalición política”, dice Victoria.

 


Leiras: «El principal desafío del presidente electo será administrar el sistema de contrapesos que caracteriza al Frente de Todos»


 

Les preguntamos también sobre las posibilidades y dificultades de que el Frente de Todos exceda lo meramente electoral para convertirse efectivamente en una coalición de gobierno, y sobre los desafíos al interior del espacio.

Alberto Fernández deberá lograr establecer un equilibrio dentro de la heterogénea coalición del Frente de Todos. Tendrá que financiar al mismo tiempo a los gobernadores, a los sindicatos y a las organizaciones sociales. La frágil situación de la Provincia de Buenos Aires, donde convergen esos tres actores, es clave”, señala Malamud. “El Frente de Todos es esencialmente el peronismo. El presidente deberá administrar sus distintas facciones como se hace con cualquier partido, pero con menos plata”, concluye.

En esa misma línea, Leiras plantea que “respecto al plano político, el principal desafío del presidente electo será administrar el sistema de contrapesos que caracteriza al Frente de Todos (Cristina, La Cámpora, Massa, los intendentes del conurbano, los gobernadores, las organizaciones del mundo de trabajo)”, y plantea el interrogante: “¿Estamos frente a un conflicto en puerta o nos encontramos frente a una acuerdo no escrito de división del trabajo al interior del FDT?”. “Cabe destacar que el FDT nace como una coalición electoral conformada por las diferentes expresiones de aquello que se denomina el peronismo, cuya fragmentación hizo posible el triunfo de (ex) Cambiemos en los comicios de 2015 y 2017 y la unidad el triunfo en el año 2019”, cierra.

Murillo señala que el peso del kirchnerismo y del peronismo tradicional en el nuevo gobierno se verán con mayor claridad después de diciembre, pero la existencia de dos polos no es un secreto. «El peronismo del conurbano y los movimientos sociales pueden entrar en tensión con el peronismo de los sindicatos y los gobernadores provinciales.” Sin embargo, no podemos aún ser categóricos sobre el resultado de ese equilibrio. “Las tensiones al interior del peronismo por su carácter sociológico pueden hacer más difícil la toma de decisiones, pero también pueden ayudar a mantener a los jugadores en la mesa en lugar de patear el tablero”, añade.

El resultado de este equilibrio inestable estará atravesado por el éxito o no de la gestión del nuevo gobierno. “De fracasar, el presidente electo será debidamente acompañado hasta la puerta del cementerio por los integrantes del Frente de Todos”, anticipa Leiras.

El futuro del espacio opositor

En referencia a las posibilidades de institucionalización de Juntos por el Cambio, Malamud aclara: “Ya existe, son los dos interbloques en el Congreso; las internas o rupturas se darán al interior de cada partido”. Leiras, por su parte, sostiene que Cambiemos “ha funcionado como una coalición de gobierno ad hoc sobre la base del gobierno de un partido de origen vecinal al frente del Ejecutivo (PRO) y una alianza parlamentaria que tuvo expresión en un espacio conformado por los bloques de los tres socios de la coalición electoral (PRO, UCR, CC)”. Y agrega: “El desafío principal en la oposición a partir del 10 de diciembre próximo está en redefinir metas políticas, establecer reglas más claras para la canalización de los conflictos al interior de la coalición y para la selección de sus futuros liderazgos que sean aceptadas por los miembros de la coalición y definir una nueva metodología para la adopción de las decisiones políticas».

Murillo pone el foco en otro punto: la disputa que se juega entre sectores más radicalizados en su antiperonismo y aquellos más moderados y negociadores. Esta resolución, dice, es importante a los fines de la gobernabilidad, dado que el Frente de Todos, en principio, no tendría mayoría propia en ambas cámaras. “El riesgo es que un voto del 40% que pareciera impermeable a la crisis económica pueda generar incentivos para una oposición polarizada de los sectores más radicales. Dicha polarización puede influir en la interna del peronismo y puede generar inmovilismo legislativo, lo que sería muy grave frente a la crisis actual”.

 


Malamud: «En el presidencialismo no existe la figura de líder de la oposición»


 

Por último, se ha hablado mucho estas últimas semanas sobre la disputa que podría abrirse al interior de Juntos por el Cambio por el liderazgo del espacio, con nombres en danza que surgen casi por decantación: Macri, Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Si luego de las PASO, con una diferencia de 15 puntos, el tiempo de Macri parecía haberse agotado, el sprint final con movilizaciones masivas y el recorte de casi el 50% de la diferencia entre los candidatos parece haberlo puesto de nuevo en el ring. Aún así, el presidente es el primero en buscar una reelección sin éxito desde que existe esa posibilidad; sin llegar siquiera al balotaje. Pareciera que su supervivencia tiene más que ver con tendencias (de -15 en las PASO a -8 en las generales), expectativas (encuestas que pronosticaban 20 de diferencia) y demostraciones de fuerza (30 marchas en 30 días). 

Sin embargo, Malamud es terminante: “En el presidencialismo no existe la figura de líder de la oposición”. Lo que sugiere que surge ad hoc para la contienda electoral próxima. Mientras que para Leiras, la definición de un nuevo liderazgo de la coalición opositora dependerá de una condición previa: la reconfiguración interna del espacio que mencionábamos más arriba. 

Independientemente de los desafíos internos que deben afrontar las coaliciones que dominan la política argentina en la actualidad, el país enfrenta notorias dificultades estructurales en materia económica que el próximo gobierno deberá intentar resolver con estrechos márgenes de maniobra. Habrá que esperar para ver si el temor a la profundización de la crisis cohesiona o si la escasez de recursos divide. 

 

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Vamos a volver (al «bipartidismo»)

En las elecciones de octubre se presentaron otras particularidades que dispararon debates acerca del futuro del sistema de partidos. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio se llevaron más del 85% de los votos, aplastando las expectativas de terceras fuerzas de constituirse como una «ancha avenida del medio». Muchos leyeron esto como una vuelta al bipartidismo perdido en aquella crisis del 2001. O mejor dicho: como un sistema bipolar que vuelve renovado en forma de coaliciones o frentes.

Consultamos a los analistas para entender estos hechos en perspectiva histórica y las respuestas variaron, aunque con algunos puntos en común.

“La democracia cumple el próximo 10 de diciembre 36 años de vigencia, habiendo sorteado con éxito cuatro sublevaciones militares entre 1987 y 1990, una catástrofe económica (hiperinflación de 1989/1990) y una catástrofe de índole social (crisis 2001/2002)”, dice Leiras. “En este contexto el hecho de haber celebrado la novena elección presidencial desde 1983 adquiere una dimensión que debe ser debidamente valorada, aún cuando nos encontremos con una democracia que debe enfrentar diversas materias pendientes (calidad institucional; rol de las fuerzas de seguridad; definición de una estrategia de desarrollo; pobreza; corrupción sistémica; etcétera), resultado de sus propias ‘promesas incumplidas’”, sigue. Y concluye: “Todavía hoy en la Argentina, parafraseando a Raúl Alfonsín, con la democracia no se come, ni se cura, ni se educa”.

Por su parte, Murillo nos dice que “se cerró la crisis política abierta en 2001, que había fragmentado tanto al PJ como al no-peronismo (ambos presentaron 3 candidaturas en 2003), dándoles tal vez un nuevo cariz e incluso una nueva sociología”. Las coaliciones electorales se han estabilizado, sostiene, “y se reconocen tanto en el peronismo-antiperonismo que emergió hace más de medio siglo, como en el más reciente que refiere al ‘que se vayan todos’ y a su reemplazo por lo que pareció una nueva era de hegemonía kirchnerista en el contexto de un boom de materias primas”. Mientras tanto, para Malamud es la ratificación del espacio político existente desde 1946, con un campo peronista y otro no-peronista que no dejan lugar para terceras fuerzas. 

Ante la pregunta sobre qué factores estructuran y diferencian a estas dos grandes coaliciones, Santiago Leiras sostuvo que estamos en presencia de una sociedad dividida en torno de dos ejes principales: uno territorial y otro ideológico. “En el plano territorial Juntos por el Cambio se posiciona con ventaja electoral en la zona central del país, moderna y agroindustrial, mientras que el Frente de Todos adquiere ventaja decisiva en regiones de actividad extractiva y de alta dependencia del empleo público (Norte y Noreste del país, zona patagónica) y en la provincia de Buenos Aires de manera particular en la 3.ª sección electoral, donde la diferencia a favor del Frente de Todos se tornó decisiva para definir el resultado electoral”.

mapa elecciones

En cuanto al aspecto ideológico, dice: “El eje ideológico puede ser definido en torno de dos grandes tradiciones políticas: por un lado, la tradición política republicana-liberal; por otro, la tradición nacional-popular. Sobre la base de esta división es que podemos ubicar a las dos grandes coaliciones o bloques electorales (Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, respectivamente), más allá de la existencia de una división progresismo/tradicionalismo que se superpone con la diferencia entre ambas tradiciones político-culturales”.

Para Victoria Murillo, el domingo se demostró que dos coaliciones bien definidas, sociológica y geográficamente, dominan la política electoral argentina. “El voto por clase social y por geografía divide al peronismo del no-peronismo. El nuevo peronismo está anclado en un conurbano que ya no es industrial sino piquetero. Y el nuevo no-peronismo está firmemente enraizado en la pampa gringa y en las urbes más vinculadas a la economía global por producción o educación”.

 


Murillo: «Se cerró la crisis política abierta en 2001, que había fragmentado tanto al PJ como al no-peronismo»


 

Por último les preguntamos si consideran que el sistema político tiende hacia una lógica bicoalicional. “Una lógica bifrentista”, aclara Malamud. Y sigue: “En Argentina no hay coaliciones post-electorales, como en los parlamentarismos europeos o el presidencialismo brasileño, sino preelectorales: al ciudadano se le presentan dos opciones precocinadas que funcionan como los partidos estadounidenses, con alas y facciones, pero con más disciplina”

Santiago Leiras, por su parte, sostiene que sobre esa estructuración bidimensional de la sociedad y la política argentina (por territorio e ideología) es que el sistema de partidos puede tender a organizarse y tener expresión a través de una estructura bipolar de coaliciones, bloques o espacios, más que de partidos.

En cambio, Victoria Murillo abre un interrogante: “El electorado ya hizo una opción por dos polos políticos, que han sido históricos en Argentina. La pregunta es si los dirigentes entenderán la política desde esas dos coaliciones electorales o se dividirán por diferentes concepciones de poder y de gobierno dentro de cada coalición”. Sigue: “La oportunidad está para construir una opción bipolar alrededor de estas dos coaliciones; hay que ver si las tensiones internas dentro de cada una lo permiten, especialmente porque a diferencia del pasado no hay liderazgos hegemónicos en ninguna de la dos”. Y cierra: “En ambas las dos facciones (radicalizados y moderados) están en tensión pero no hay una que hasta ahora haya subordinado a la otra y ambas se necesitan para garantizar su caudal electoral”.

 

 

 

Imágenes del coalicionismo argentino

Entrevista a Facundo Cruz | Por Ramiro Albina y Tomás Allan |

 

Los resultados provisorios del 27 de octubre aparecían en pantalla. “Volvió el bipartidismo”, festejaban algunos en Twitter. “No tan rápido”, les respondían otros. A los pocos días la discusión se trasladó a las columnas periodísticas. La palabra “polarización”, que ya suma varios kilómetros, empezó a verse acompañada de nuevas protagonistas: las coaliciones.

En la búsqueda por comprender las sorpresas y continuidades en el escenario partidario nos contactamos con Facundo Cruz, doctor en Ciencia Política, Coordinador Académico del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE, y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Es además autor de “Socios, pero no tanto. Partidos y coaliciones en la Argentina, 2003-2015” (Eudeba, 2019).

Con un termómetro que anuncia un verano ansioso por llegar, nos refugiamos en un café del centro porteño. Los segundos empiezan a correr. Coaliciones, no les tenemos miedo.

¿Por qué es importante estudiar los sistemas de partidos, sus dinámicas y cambios?

El sistema de partidos no lo tocás, tocás la política de seguridad, al militar, a gendarmería, a la policía; la política de transporte cuando te tomas el colectivo, el subte, el taxi. No podés tocar al sistema de partidos porque no lo ves. Está, pero no está al mismo tiempo. Y todos los sistemas de toma de decisiones tienen como un pilar fundamental el sistema de partidos. Y eso siempre impacta en la vida cotidiana de las personas por dos cuestiones fundamentales. Primero porque los sistemas le imprimen una dinámica a la política: si el sistema está polarizado, la política es muy polarizada; si el sistema de partidos tiene una grieta grande, entonces la política es una grieta; si el sistema de partidos tiene una dinámica más acuerdista y de consensos entonces los políticos tienden a acordar. La dinámica que tiene el sistema lleva a que los políticos se comporten de acuerdo a esa dinámica. Y en segundo lugar porque el sistema de partidos es parte de tres sistemas conectados: el sistema electoral, que son las reglas mediante las cuales elegimos a nuestras autoridades, y que genera una dinámica de competencia en el sistema de partidos, y además impacta en el formato, que es la cantidad de actores relevantes que tenés. Entonces el sistema electoral te genera un impacto en el sistema de partidos y, a su vez, el sistema de partidos te genera un impacto en el sistema de gobierno, que es cómo las instituciones de gobierno después van a tomar y procesar decisiones (si el presidente va a tener mayoría en el Congreso o no; si va a tener mayoría de gobernadores que lo apoyen o no, etcétera). Tenés esos tres grandes pilares: el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno.

Están conectados.

Están los tres conectados y eso después incide en la vida cotidiana de todos. Supongamos que el sistema de partidos estuviera atravesado únicamente por la ampliación o no de derechos de las mujeres, que ese sea el único clivaje: sos verde o sos celeste. Entonces van a resultar electos legisladores de acuerdo a ese único clivaje. Y después en el Congreso vas a tener representación de esos legisladores que van a impactar en tu vida cotidiana, porque van a habilitar o no que haya interrupción voluntaria del embarazo, van a habilitar que sea un tema de discusión de salud pública y no de creencia, o viceversa. A veces es difícil hacer la conexión entre hablar de sistema de partidos con algo que define entre la vida o la muerte, pero el sistema de partidos te va generando las condiciones para que después los actores tomen decisiones que impactan en tu vida cotidiana.

Cuenta la leyenda que en algún momento los electores que entraban al cuarto oscuro podían encontrar las míticas Lista 2 y Lista 3, ¿cuándo fue que en el sistema de partidos argentino empezaron a tomar protagonismo las coaliciones?

Argentina históricamente tuvo tradición de coaliciones. Acá se llaman alianzas, porque jurídicamente se llaman así, pero a mí me gusta hablar de coaliciones porque el concepto es más amplio. La alianza, para la Justicia, es una alianza electoral, un acuerdo que se forma y se presenta en la justicia, y una vez que termina el proceso electoral esa alianza jurídicamente no existe más. Distinta es la confederación de partidos, que es una alianza que se reconoce, se presenta en la Justicia y se mantiene mientras los actores quieran que esté; como, por ejemplo, el Frepaso. Es decir, distintos partidos que acuerdan y tienen órganos que toman decisiones por encima de los órganos de los partidos. Pero Argentina siempre tuvo esa tradición (el PAN, el radicalismo e incluso el peronismo). Con lo cual, históricamente en Argentina tenés una tradición de coaliciones. Pero hay un interregno que es lo que Marcelo Escolar llama la «ilusión bipartidista», que es a partir del ’83, donde el sistema no solo pasa a ser bipartidista sino que también se nacionaliza, esto es, todas las provincias votan y distribuyen sus preferencias de la misma manera. Entonces el sistema está más homogéneo, todos votan parecido y los partidos reciben proporciones de votos similares, tanto en los cargos nacionales como provinciales, y en todo el país.

¿Hasta qué momento abarca la “ilusión bipartidista”?

Ese periodo bipartidista y nacionalizado va desde ’83 hasta el ’95. Pero a principios de los ’90 tenés dos cuestiones: en primer lugar, una crisis del radicalismo que empieza a perder votos en las zonas metropolitanas; y luego desprendimientos, sobre todo desde el Partido Justicialista, que te generan lo que fue el grupo de los 8 y después el Frepaso. Entonces esa aparición de nuevos actores va llevando a que el sistema de dos, pase a ser un sistema de tres. Eso hace que todos se presenten en el ’95, que es la última vez que aparece la Lista 2 y la Lista 3, pero ya a partir del ’99 (y en el ’97 tenés un antecedente) empiezan a aparecer las coaliciones: se forman la Alianza y, como reacción, el justicialismo forma la Concertación Justicialista, con Duhalde. Entonces primero se forma una coalición no-peronista y, como reacción, el peronismo junta a otros partidos más chicos. Y a partir de ahí la dinámica se mantiene, el sistema se ha fragmentado en términos de las preferencias y empieza a desnacionalizarse; esto es, las provincias empiezan a comportarse de manera distinta, votan para gobernador una cosa y para presidente otra. E incluso las provincias empiezan a ser distintas entre sí, es decir se fragmenta vertical y horizontalmente. El segundo factor es que legalmente en Argentina construir un partido es fácil, necesitas solo el 4% del padrón de cada provincia que te firman una ficha y tenés un partido. Si tenés cinco partidos de distrito, tenés un partido nacional que puede competir por la presidencia. Entonces el costo de entrada para nuevos partidos es bajísimo, con lo cual la fragmentación del electorado y la crisis del 2001 generaron las condiciones para que las élites dejaran de respetar las líneas de los partidos nacionales y pasaran a tener comportamientos más individuales creando sus propios partidos. Entonces el sistema se dispara y tenés 600 partidos reconocidos, que no son todos importantes, pero eso hace que haya muchos, con lo cual empiezan a preguntarse cómo sobrevivir. Porque cada dos años tenés que ir a elecciones legislativas nacionales y la Justicia chequea a ver si mantenés cantidad de afiliados y cantidad de votos que requiere la ley. Entonces los partidos en vez de competir solos, se juntan para sobrevivir. ¿Por qué? Porque funcionan como estructuras y, como toda organización, tienen un solo fin: sobrevivir como organización. Los sindicatos; las prepagas; las empresas; el Estado; los partidos; los clubes; son organizaciones que buscan sobrevivir. Entonces los partidos se juntan para sobrevivir conjuntamente.

 

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¿Cuál es la diferencia entre una coalición electoral y una coalición de gobierno? ¿Cómo se da ese salto?

El salto lo tenés que hacer porque te obliga tu propio objetivo: vos competís electoralmente y si ganás las elecciones, ganás el Poder Ejecutivo y tenés que ir a gobernar. Creo que la clave está en pensar que las coaliciones tienen dos etapas. Primero está la coalición electoral, que es el acuerdo de partidos que deciden competir conjuntamente con el objetivo de ganar bancas o, si es una coalición importante, ganar el Poder Ejecutivo Nacional. También puede pasar que vas a competir por las provincias; competís por la gobernación o la intendencia. Para llegar a ese objetivo, ponés a disposición de tus socios los recursos que tenés. Cada uno tiene militantes, presencia en algunos barrios, otros tienen presencia en otros barrios, y entonces los socios se van tratando de complementar. Esas son las coaliciones que tienden a ser exitosas, las que buscan puntos en común y cada uno aporta lo que tiene. Un segundo punto es que con su aliado fija una serie de reglas. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Vamos a tener una mesa de campaña única o cada uno va a tener la suya? ¿Cómo vamos a definir las candidaturas?¿Cuál va a ser el programa de gobierno? (que es el tema menos sensible porque uno después cuando está en el gobierno hace lo que la coyuntura le permite, junto con las intenciones que uno tiene). Las candidaturas son lo más difícil de definir, sobre todo la candidatura ejecutiva, porque el que encara la ejecutiva lidera la coalición. Entonces como mínimo, si son dos socios, uno de los dos tiene que ceder. Después cuando llegás a la etapa de gobierno, tenés que tener reglas para tomar decisiones: primero para repartir los cargos que son designados por el titular del Ejecutivo (ministros, secretarios, subsecretarios, directores de empresas estatales, etcétera). La clave está en si las reglas de la etapa electoral se respetan en la etapa de gobierno. Y si decidís cambiarlas, que todos estén de acuerdo. Yo siempre digo que las coaliciones son como un matrimonio: en la etapa electoral es cuando estás de novio, y cuando sos gobierno pasas a convivir. Si tenés unas reglas en tu pareja, cuando vas a vivir juntos o te casaste, las respetas; y si las querés cambiar entonces el otro tiene que estar de acuerdo. Si no, terminás en el divorcio, que es cuando las coaliciones se rompen y se separan

Una particularidad que se da en Argentina es que los gobernadores tienen un rol muy importante a la hora de, por ejemplo, formular y aprobar las leyes. En el armado de las coaliciones nacionales, ¿qué rol juegan?

En el armado de las coaliciones nacionales, los gobernadores lo que generan son puntos de apoyo para definir las candidaturas presidenciales. Gobernadores que están con mandato y van a formar parte de una coalición nacional. Por ejemplo el caso del Frente de Todos. Los gobernadores jugaron un rol clave cuando Alberto Fernández fue designado candidato por Cristina, y eso fue muy estratégico porque salieron automáticamente a darle el apoyo cuando estaban dubitativos de acuerdo a si Cristina se presentaba o no, y también Alberto necesitaba eso porque necesitaba tener un punto de apoyo. Lo único que había sido Alberto en los últimos años fue jefe de campaña o asesor de muchos candidatos justicialistas que no habían ganado las elecciones. Entonces necesitaba su punto de apoyo dentro de la coalición justicialista, los gobernadores salen a apoyarlo y Alberto Fernández les retribuye reconociéndose como el líder de los gobernadores. Dentro del peronismo esa es la lógica. Es difícil ver dentro del no-peronismo un rol similar de los gobernadores porque las gobernaciones en su mayoría tienden a ser siempre justicialistas. El segundo punto donde los gobernadores son importantes es en la definición de las listas de diputados nacionales. Las listas de diputados nacionales históricamente siempre las definen los gobernadores, porque jurídicamente está armado así, las presentan los partidos de distrito. Nosotros tenemos partidos nacionales, partidos provinciales y partidos municipales, uno por cada nivel de gobierno. Pero entre el nacional y el provincial tenemos un nivel más que es el partido de distrito, el partido provincial que la justicia habilita para competir por diputados nacionales en ese distrito. ¿Quién tiene la firma de eso? El apoderado del partido provincial. ¿Y el apoderado del partido provincial a quién rinde? Al gobernador.

Tiene la lapicera.

Exacto, la lapicera la tiene el gobernador. ¿Cuándo cambia un poco eso? Con Cristina. Mucho de la tensión histórica de ella con los gobernadores viene del hecho de Cristina de empezar a imponer candidatos en las listas de diputados nacionales. Eso rompe una tradición política en Argentina y fue un factor de tensión muy importante. Salvo en los momentos donde el peronismo disputa liderazgo a nivel nacional, el presidente suele respetar a los gobernadores para que armen las listas, y Cristina generó un poco esta tensión, porque era su forma de construir poder en las provincias. Esas son las dos cosas que aportan los gobernadores en las coaliciones nacionales.

 


«La fragmentación del electorado y la crisis del 2001 generaron las condiciones para que las élites dejaran de respetar las líneas de los partidos nacionales»


 

Hoy pareciera que hay dos grandes coaliciones que dominan la política argentina. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre los procesos de construcción de ambas?

Creo que son dos casos distintos en términos del proceso mediante el cual se construyeron. El único punto de contacto es que ambas se construyeron desde la oposición al gobierno nacional de turno. Pero me parece que fueron dos procesos distintos, porque me da la sensación de que Cambiemos nunca tuvo una discusión en torno a quien iba a ser el candidato para la presidencia. Y en el Frente de Todos en un momento, antes de sea el Frente de Todos, sí estaba esa discusión. Había que ver si Cristina iba a jugar o no; ver si los gobernadores iban a lanzar a alguien o no; si Sergio Massa se lanzaba o no… Y eso Cambiemos nunca lo tuvo. Cambiemos tenía un liderazgo opositor de Mauricio Macri, y lo que tenían que hacer era ver si todos aceptaban que él fuera, y unirse atrás. Pero el peronismo tenía dos o tres figuras que estaban dando vueltas. El peronismo es muy particular porque una vez que define el candidato presidencial todos se alinean automáticamente, y no necesitan de mucho tiempo. Cambiemos sí necesito tiempo. Cambiemos empieza a prepararse a mediados del 2014, estamos hablando de un año y un mes antes de la primaria.

La alineación de los gobernadores fue prácticamente automática en el caso del Frente de Todos. Con un tweet. 

Estamos hablando de que, en abril, Cristina dijo que Alberto es el candidato presidencial, con un tweet, un video y ya está. Otro punto de contacto: el aviso del acuerdo entre Elisa Carrio y Mauricio Macri se comunicó también por Twitter y por Facebook. El anuncio fue igual, pero el proceso fue más largo. ¿Por qué? Porque necesitaban adentro al radicalismo, y en ese momento tenían dos candidatos presidenciales que iban a enfrentar a Daniel Scioli: por un lado, Mauricio Macri, y por el otro, Sergio Massa. A fines de diciembre, Massa medía más que Macri. La convención partidaria de la UCR en Gualeguaychú en marzo definía para quién se iban a volcar, y el radicalismo empieza en noviembre a ver cómo tantea el terreno.  Entonces todo eso fue un plazo más largo, muchos meses de trabajo. En el Frente de Todos no, fue un tweet de aviso y ya está. También por una cuestión de los factores, la crisis económica alentó que los peronistas vieran que lo que dijo Gioja a fines del año pasado: «Hay 2019». El peronismo tiene esa particularidad… Cuando huele que el poder empieza a estar disponible, salta enseguida y todos juntos. Es una característica muy movimentista que tiene el justicialismo. Principalmente noto esas diferencias, y en el Frente de Todos sí hay varios actores de veto importantes; personalidades. En lo que fue Cambiemos no notaba personalidades de veto, notaba actores más colectivos, era difícil ver un actor unificado en el radicalismo. Quizás si lo ves en Elisa Carrio, pero porque tienen otra dimensión partidaria. Pero más que nada creo que las diferencias están en el timing.

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Partiendo justamente de ese punto, de la heterogeneidad del peronismo en términos de la cantidad de liderazgos que hay, con distintas lealtades y que responden a distintas audiencias. ¿Qué estrategias pensás que puede tener el Frente de Todos para evitar un conflicto intra-coalición? En algún momento hablaste acerca del reparto de funciones, en el caso de Cambiemos. 

Cuando escribimos con Lara Goyburu el artículo en La Nación sobre las coaliciones por funciones, habíamos detectado que la concentración de la decisión ejecutiva estaba en el PRO; que el radicalismo y la Coalición Cívica cumplían una función de escudo legislativo en el Congreso y que al radicalismo, si uno ve un proceso de políticas públicas (implementación, control y feedback) le tocaba fuertemente la función de implementación por las segundas y terceras líneas ministeriales, y además por el porcentaje de intendentes que tenía (más del 80% de los intendentes de Cambiemos se identificaban como radicales).

Todavía me parece medio pronto hablar de cuál va a ser la distribución de funciones en el Frente de Todos, porque todavía no tenés los ministerios. Hay nombres dando vueltas, pero todavía no tenés el gabinete. Alberto ha estado muy concentrado estas semanas en construir legitimidad regional porque lo necesita y porque es una de las preocupaciones que tiene. Él quiere retomar esos vínculos regionales que había construido junto con Néstor Kirchner en el período 2003-2007, lo que derivó en aprovechar el boom de los commodities para conectarse política, económica y socialmente entre los países de Sudamérica sobre todo. Entonces esta semana se ha visto mucho trabajo en eso, porque eso le refuerza la legitimidad que necesita. Sí me imagino que va a haber una distribución parecida o algo similar a esto… Vos tenés tres actores centrales dentro del justicialismo: Alberto Fernández referenciado con los gobernadores y con el sindicalismo, dos actores tradicionales del peronismo, que fueron punto de apoyo muy importantes para Menem por ejemplo. Cristina, con un anclaje institucional en la Presidencial del Senado, más referenciada con el kirchnerismo, con un conjunto de actores que crece con Néstor Kirchner, no tan identificados con el justicialismo sino con un kirchnerismo puro. Son culturas políticas distintas que coinciden en muchas cosas, pero los simbolismos, la forma de interpretar la política, la forma de construir y concebirla, los liderazgos… Son distintos. Es producto también de esta fragmentación de la que hablábamos y de como el peronismo termina tomando esa forma coalicional que siempre tuvo pero que se sintetizaba en la Lista 2 y ahora se sintetiza en números de listas distintos, colores similares, dirigentes que han permanecido porque son más o menos los mismos en los últimos casi 20 años, por lo menos a nivel nacional. Y después Sergio Massa liderando la Cámara de Diputados.

Hay tres grandes sectores…

Tenés los tres espacios institucionales con los tres referentes de la coalición a nivel nacional que van a tener que convivir. No va a ser un matrimonio de a dos, va a ser de a tres, y eso tiene sus complicaciones. Siempre la punta de esa pirámide va a ser Alberto porque es quien ejerce la Presidencia, y que por lo tanto tiene la lapicera para todo y que tiene el poder de veto. Entonces supongamos un escenario en el que Sergio Massa y Cristina coinciden en una agenda legislativa que va en contra de los intereses de Alberto Fernández… Alberto tiene el veto. Y si Cristina vetó el 82% móvil por cuestiones fiscales, Alberto tienen un montón de argumentos para vetar lo que ellos dos quieran sacar con el solo hecho de generar tensión interna. Ahora, ellos dos también tienen la capacidad de retrasar discusiones legislativas por las reglas que asigna la distribución de funciones en el Congreso. Pero Alberto siempre va a tener la última palabra, entonces, me parece que está un escalón más arriba. Sí veo una cercanía o confluencia mayor entre lo que es el bloque que responde a los gobernadores, el massismo y Alberto; y noto al kirchnerismo quizás no tan coincidente en algunas cuestiones, por lo menos en declaraciones y los discursos de victoria en la campaña, de la futura sucesión que eventualmente se va a discutir. Noto más cercanía por los vínculos personales que han construido. Sergio creció en la Jefatura de Gabinete en los lugares institucionales que tenía él mientras estaba Alberto, entonces hay una confianza entre ellos. Sergio vuelve porque lo trae Alberto, entonces noto una mayor sintonía ahí. También porque Alberto es la cara de los gobernadores, entonces eso se va a procesar en el Senado. El Senado es el ámbito institucional donde las provincias se sienten más identificadas, porque es el ámbito histórico que le ha dado la Constitución Argentina a las provincias. La representación de las provincias está en esas 72 bancas. Cuando los senadores justicialistas dicen «no vamos a aceptar un liderazgo de Cristina» es porque el Senado es la casa de las provincias, y por lo tanto de los gobernadores. Entonces ahí podés llegar a ver algunas de estas tensiones que Alberto me da la sensación que va a tener que ordenar porque los gobernadores se lo están demandando.

¿Cuales son los factores que estructuran y diferencian las dos grandes coaliciones de las que venimos hablando?

¿Qué las une?

Qué une a sus integrantes y qué las diferencia entre ellas.

Muchas coaliciones nacen del espanto. Del espanto no en términos de que están espantados con lo que está pasando sino que nacen por oposición a alguien que está tomando decisiones. Las coaliciones que nacen opositoras para ganar el gobierno generalmente nacen con esa confluencia. La Alianza nace con un patrón claro de «si no nos juntamos, el justicialismo se mantiene en el poder otros 8 años más», y se dan cuenta de que estaban compitiendo por el mismo voto y que juntos en realidad iban a sumar matemáticamente lo que uno le estaba compitiendo al otro. Entonces es una coalición opositora que nace por oposición al oficialismo. El problema de ese tipo de acuerdos pasa por el hecho de que una vez que lográs tus objetivos, no podés gobernar a través del espanto. Y es el problema de esa transición de las reglas que hablábamos anteriormente. Si lo ponemos en términos simbólicos, pasar del espanto al amor. Es como ponerte a salir con alguien porque tu ex te dejo por otro y de repente estás en pareja y comiendo en lo de tus viejos y decís «¿Qué hice?» (risas). Esto de arrancar por la negativa y después convertirlo a la positiva es todo un desafío. Cambiemos nace por ese sentimiento común de «tenemos que salvar la República». Entonces, las coaliciones no peronistas, en general se juntan mucho por oposición al peronismo para «rescatar a las instituciones», y después vemos que hacemos en el otro eje, el de izquierda-derecha.

Pero ese eje izquierda-derecha no es el factor predominante en la decisión de construir la coalición, digamos.

Hay puntos de contacto. En Argentina estos ejemplos que estamos analizando tienen estas características. Pero por ejemplo el Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe también se juntó por este doble eje peronismo-antiperonismo e izquierda-derecha pero sí ya con una característica de neto corte progresista. El radicalismo de Santa Fe es de neto corte progresista, el socialismo es un partido de tradicional de progresismo; entonces hubo esa confluencia y también se juntaron para desbancar al peronismo que venía ganando desde el 83 hasta el 2007. Ahora, no en todos los países pasa lo mismo. No en todos los países tenés dos ejes (peronismo-antiperonismo e izquierda-derecha).

Siempre tenés un mínimo grado de conexión ideológica entre los integrantes de la coalición, porque si no, no se sobrevive. Vas a convivir y a la primera que tenés que pagar las expensas vas a revolearte los platos. Si al primer pago de expensas ya te estás revoleando los platos entonces ya hay una base que no está. Necesitás esa base de contacto. No podés tener una desconexión completa porque eso no sobrevive, y nunca vas a tener una confluencia total, porque si no serían los mismos partidos políticos. La base ideológica fortalece a la coalición; la diversidad le permite la versatilidad para tomar decisiones para distintos electorados, para distintos actores corporativos y con objetivos que pueden complementarse. Si esa diversidad es bien administrada, las coaliciones son exitosas. Ahora, cuando la diversidad empieza a ser más que los puntos de confluencia, porque la propia gestión te lleva a resaltar ciertas cuestiones y otras no, ahí empiezan los problemas.

 


«Siempre tenés un mínimo grado de conexión ideológica entre los integrantes de la coalición, porque si no, no se sobrevive»


 

¿Cuáles son los desafíos hoy de Cambiemos (o JxC) para mantenerse unido sin tener la figura del presidente que aglutine desde arriba?

Volver a discutir las reglas. El Poder Ejecutivo te ordena mucho, te disciplina y te estructura todos los niveles inferiores de dirigentes en las distintas arenas de tomas de decisiones. Y ahora hay actores que están demandado una mesa mas horizontal y no tan vertical, y actores que están cómodos con el esquema mas vertical. Creo que la principal tensión va a venir por ahí. Los principales desafíos que se vieron esta semana donde Cornejo salió a disputar la presidencia del bloque, ya fueron frenados. Se mostró claramente que hay un liderazgo de Negri ahí. Pero hay que ver como reacciona esta parte del radicalismo; si decide romper el bloque y mantenerse dentro del interbloque va a tratar de buscar mas autonomía para que si la mesa de decisiones de Juntos por el Cambio no sea acorde a lo que están buscando de acuerdo a sus propios intereses, tener autonomía para romper. El peligro de eso es que si vos no tenés una oposición unida, el que saca ventaja de eso es el oficialismo. Va a haber una coalición que va a ser opositora pero esa coalición va a ser legislativa. Si ese bloque va a partirse, el que va a sacar ventaja es el oficialismo. Con lo cual viene una etapa donde se van a rediscutir las reglas. La siguiente gran pregunta es cómo va a procesar el Pro la trascendencia de su líder: Macri va a ser un actor que no va a tener ningún espacio institucional, y en Argentina los que toman decisiones son los que tienen espacios institucionales.

Larreta.

Exacto. Entonces la pregunta es cómo el Pro va a procesar la derrota de su líder, que es la primera desde el 2003. Desde entonces Macri no perdió ninguna elección. Siempre los cargos por los que compitió en última instancia los ganó. Esa trascendencia de su líder es algo que necesitan todos los partidos políticos, porque si no el líder muere y el partido desaparece. Ahora va a haber una presidencia propuesta que es Patricia Bullrich, que no es alguien nativa del Pro, se fusiona después; que es alguien mucho más extrema en las percepciones de la discusión pública dentro de Juntos por el Cambio, y el resto de los actores van a tener que respetar ese liderazgo. Hay que ver cómo Macri traslada esa legitimidad propia dentro del Pro. La Coalición Cívica es otra gran pregunta. Una coalición que nace con Elisa Carrió en 2001 y ella dijo que ahora se retira. Son todas preguntas para las que no hemos tenido casos similares porque en Argentina quien pierde los cargos tiende a desaparecer. Entonces, si nos montamos en la historia, Mauricio Macri no tendría chances de sobrevivir políticamente. Pero Cambiemos también tenía muy pocas posibilidades de ganar el sillón de Rivadavia y el 11 de diciembre de 2015 se estaba sentando él. La política argentina te puede seguir sorprendiendo todos los días.

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¿Cuáles son las virtudes y debilidades de que la política se organice en torno a coaliciones?

Yo creo que es una reacción natural a las dinámicas propias de la política. Es natural que hagan esto los actores, y me parece que es una inteligente y positiva reacción de los actores después de la fragmentación a la que llevó la crisis política del 2001. Esa crisis te disparó todo: indicadores económicos, sociales, de civilidad, indicadores del propio sistema político. Todo se fragmentó. Los únicos espacios de supervivencia fueron los gobernadores, que pudieron mantener su poder. Pero las legislaturas se fragmentaron, el Congreso se fragmentó, la competencia entre los partidos, también, y el sistema naturalmente fue tendiendo a los acuerdos entre los diferentes partidos, en donde los actores fueron aprendiendo a encontrar puntos en común y a competir conjuntamente, y los que ganaron fueron encontrando puntos en común para ganar. Tenemos solo dos casos de coaliciones nacionales (primero el Frente para la Victoria y después Cambiemos; Frente de Todos será la tercera). Pero después, las coaliciones subnacionales que ganaron se mantuvieron en el tiempo (el Pro; el FPCyS). Los actores fueron aprendiendo. Ese gestionar la diversidad conjuntamente en base a puntos en común termina siendo favorable para el sistema político. No veo un escenario en donde esto vuelva a ser un bipartidismo, porque los partidos mantienen sus identidades. Cambiemos nunca fue un partido político, porque cada uno mantenía sus identidades y sus espacios de autonomía adentro. Los partidos políticos no se fusionaron en uno solo. Veo favorable esta dinámica bicoalicional que pareciera estar formándose, porque vas a tener a una coalición que representa a una porción de la ciudadanía y otra coalición que representa a otra y dentro de esas coaliciones hay actores que representan a sectores específicos. Cómo se administran esas coaliciones a partir de los dirigentes que toman las decisiones es el desafío, pero sí tenés vehículos representativos buenos.

Y sobre todo porque hay ejemplos de otros países en los que la existencia de dos coaliciones o de dos grandes actores en una dinámica bipolar lleva a la coincidencia cuando es necesario. Las dinámicas bipolares no tienen por qué ser siempre polarizantes. De hecho hay muchos estudios que muestran que cuando existen dos polos bien representados no siempre van hacia los extremos sino que tienden a confluir en el medio. Me parece que igual no pasa tanto por el formato (cuántos son) sino por la dinámica (cómo se relacionan los que están). Si eso se mantiene con una dinámica hacia el centro (centrípeta), va a ser positivo para el sistema político.

En los últimos dos años podemos encontrar cambios en los sistemas de partidos de la región que contradicen lo escrito hace poco tiempo atrás. Por ejemplo, en El Salvador ganó un candidato por fuera del bipartidismo establecido; en Costa Rica la disputa no fue principalmente entre el PLN y el PAC; en Mexico el triunfo de Morena, y el PRI quedando en un tercer lugar muy debilitado; en Brasil ganó Bolsonaro por fuera de esa suerte de duopolio PT-PSDB. ¿Se puede encontrar raíces comunes en esos cambios o responden principalmente a dinámicas locales? 

No conozco en profundidad todos los casos pero sí puedo decir que esas situaciones pasan cuando la ciudadanía interpreta que ni oficialismo ni oposición están capacitados para un eventual cambio de gobierno, y aparecen figuras alternativas. Creo que fue lo buscó Lavagna en esta elección y no lo logro. Él decía “mirá, terminó en un fracaso el kirchnerismo; fue un fracaso el proyecto de JxC, apostá por una tercera”, y la propia polarización nuestra se lo terminó deglutiendo. La ancha avenida del medio terminó siendo un pasaje sin salida. En Brasil, la dinámica de dos que se venía dando desde la caída de Collor de Mello, terminó llevando a que un proceso muy similar al de Collor terminará colocando en el Palacio del Planalto a alguien completamente ajeno a la dinámica política, que se está construyendo desde la presidencia de Brasil. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de la legitimidad ciudadana que va marcando el timing. Llega un momento en que la propia ciudadanía reconoce que los actores vigentes no son quienes mejor pueden administrar los asuntos públicos y se vuelva a opciones que entran por la ventana, que estaban tratando de pasar por la puerta pero que no los dejaban los que pasan por la puerta todo el tiempo, y entonces la ciudadanía los mete por la ventana. Entran y se quedan en la casa, y hacen de la casa propia, y los tradicionales de siempre no pueden entrar más, y después modifican la casa. Si esa modificación redunda bien, se quedan, que es lo que puede llegar a pasar con AMLO en México y con los casos que mencionaste. Después tenés también sucesos disruptivos. Por ejemplo, ahora Bolivia, que está corriendo un serio riesgo de proscripción el MAS. Hay otros casos que son más bien procesados: en Chile la dinámica bicoalicional de la Alianza y la Concertación/Nueva Mayoría llevó a que en un momento se metiera el Frente Amplio, un poco más a la izquierda de la Concertación, y encontrara como espacio institucional que se descomprimió el sistema electoral (dejó de ser el sistema binominal, paso a un sistema proporcional de magnitudes entre chicas y medianas), y logra construir una bancada importante de diputados, pero solo mete un senador. Creo que todas esas dinámicas son más bien nacionales, es decir, en qué momento los sistemas se fragmentan, se mantienen como dos o como tres, pero sí tenés ciertos hilos conductores en cuestiones como la aparición de las nuevas derechas en América Latina.

¿Qué proyecciones le ves a Gómez Centurión y Espert? ¿Argentina tiene mecanismos institucionales que impidan que emerjan este tipo de liderazgos con fuerza o si se dan las condiciones adecuadas pueden llegarse a proyectarse?

Creo que el primer elemento es nuestro propio sistema electoral. Los lugares donde más creció y mejor desempeño tuvo Gómez Centurión fueron las provincias del norte, donde se eligen 5 bancas, con lo cual en cada elección se eligen 2 o 3. Y la propia polarización hace que las bancas se repartan entre las dos principales coaliciones. O sea que en los lugares donde más identificación hay conn el discurso de estos actores tienen este freno institucional. Sí veo el riesgo en que ambas coaliciones tienen apoyos territoriales que son complementarios. Espert tuvo mejor desempeño en las provincias metropolitanas y Gómez Centurión tiene apoyo en el norte, en la región cuyana y en el sur. Si uno te articula algo en el centro, en la zona más productiva, y otro te articula en el norte, en cuyo y en el sur, entonces tenés complemento entre los dos. Con lo cual, si ellos resuelven su problema de ego, tenés candidaturas a diputados en las próximas elecciones. Sobre todo si Alberto va a retomar su agenda verde sobre el aborto.

 


«Las coaliciones son una positiva reacción después de la fragmentación a la que llevó la crisis política del 2001»


 

¿Fue subestimado el radicalismo en el sistema de toma de decisiones de Cambiemos?

Creo que no solo fue subestimado el radicalismo sino que también otros actores del Pro fueron desestimados. Y creo que acá es donde las dos culturas de Cambiemos chocaron y nunca se pudo resolver eso.

Monzó y Marcos Peña.

Claro. Si querés sintetizarlo en nombres propios lo sintetizás ahí. Yo diría Monzó y Marcos Peña-Durán Barba, como si fuera un nombre completo. Las dos culturas no solo tienen que ver con big data versus el barrio. Tiene que ver también con cómo concebís la política; con cómo una parte importante del Pro consideró siempre que venía una refundación de la élite política argentina, y ahí chocó con una cuestión que naturalmente iba a pasar: vos tenés como aliado central a alguien que es parte de esa propia generación que vos estás criticando. Y del otro lado el sector más político que sostiene que hay ciertas cosas de la política que no pueden ser cambiadas. Eso se sintetizó en el big data versus el territorio. Pero atrás hay una cuestión filosófica y profunda de la política: para qué sirve; cómo se concibe; cómo se hace. Reuniones de gabinete de 9 a 18 horas no hacen política, pero la política es un trabajo de 24/7 porque requiere gestión y política, no podés hacer solo política con la gestión. Necesitás hacer las dos. Y el trabajo político requiere gastar más tiempo en cucharitas y tazas de café que en estar viendo tableros y apretar botones. Creo que un gran problema fue concentrarse más en las reuniones de gabinete que en las sobremesas de los asados.

 

*El entrevistado es doctor en Ciencia Política, Coordinador Académico del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE, y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Es además autor de “Socios, pero no tanto. Partidos y coaliciones en la Argentina, 2003-2015” (Eudeba, 2019).