Juicio a la «lista sábana»

Opinión | Por Ramiro Albina |

Luego de la particular sesión de la Cámara de Diputados del jueves 24 de septiembre, los cañones apuntaron hacia una presunta culpable: la “lista sábana”. 

Las historias simples nos ayudan a ordenar nuestra cabeza. Cuando encontramos fácilmente al culpable, podemos protestar y hacer escándalo mientras en el fondo estamos tranquilos por haber hallado una respuesta certera. 

La “lista sábana” se convirtió en el cuco que más usamos como explicación cuando asoma un escándalo protagonizado por alguno de nuestros representantes políticos. Se convirtió en un cliché.  Cuando una idea recurrente no encuentra adversarios con los cuales discutir y afianzarse, la verdad se devalúa y se transforma en dogma. Por esta razón, hagamos el ejercicio de ponernos en modo “abogado del diablo” y analicemos los posibles argumentos positivos por parte de la conservación de la “lista sábana”. Por las dudas ya pedí custodia. 

Si la “lista sábana” hubiera tenido un juicio justo el 24 de septiembre, su inocencia hubiera quedado demostrada. Los sistemas electorales nos plantean una historia apasionante pero nunca simple. Rebobinemos. 

Los sistemas electorales tienen la enorme tarea de conectar la expresión de nuestras preferencias por medio del voto con la ocupación de cargos públicos electos. Simplificando bastante, dentro de sus componentes fundamentales podemos encontrar 1) la magnitud de los distritos electorales, 2) la fórmula electoral, 3) el umbral de exclusión (un mínimo de votos para que el partido/candidato pueda acceder al reparto de cargos), 4) la estructura de la boleta de votación.

A muy grandes rasgos, los sistema electorales suelen ser clasificados según su principio de representación como mayoritarios o proporcionales. Los primeros tienen como objetivo conseguir mayorías legislativas sólidas premiando a los principales partidos. El mejor ejemplo son aquellos en los que se elige solamente un representante por distrito por mayoría simple de votos. Por otro lado, los sistemas proporcionales privilegian una representación fiel de la distribución de preferencias (algo que depende en buena medida de la fórmula electoral y el tamaño de los distritos). 

Cada distrito electoral está definido por sus límites, la cantidad de electores en su interior y la cantidad de cargos en juego. Para las elecciones legislativas, los distritos en los que se disputa solamente una banca reciben el nombre de “uninominales”, mientras que cuando se eligen dos o más se denominan “plurinominales”

Cuando se elige más de un representante, entra a jugar la fórmula electoral. Siguiendo a Gary Cox, esta constituye “el procedimiento de cálculo que convierte en forma usualmente mecánica los totales de los votos de los electores en una determinada distribución de los puestos en disputa entre los distintos partidos políticos o candidatos”.

En los sistemas electorales proporcionales, un elemento fundamental lo constituye la magnitud de los distritos. Esta está determinada por la cantidad de bancas legislativas en juego. Generalmente se divide en pequeñas (entre dos y cinco bancas), medianas (entre seis y diez) y grandes (más de diez). Cuanto más cargos hay en disputa, más se acentúa el efecto proporcional y el reflejo es más fiel. En este sentido, el tamaño de la asamblea legislativa es un elemento importante. 

En los distritos plurinominales, la estructura de la boleta de votación es otra característica fundamental. Generalmente se la puede clasificar como: a) lista cerrada y bloqueada: el votante no puede alterar el orden de los candidatos, ni elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría; b) lista cerrada y desbloqueada: el votante no puede elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría pero sí puede manifestar preferencias dentro de la lista (estableciendo un orden de preferencias en términos positivos o tachando/borrando candidatos que no sean de su agrado); c) lista abierta: el votante puede elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría (de esta forma, tendría la libertad para armar su propia lista). 

¿Y la lista sábana?

En el debate público se suele escuchar hablar de “lista sábana” para referirse a dos fenómenos distintos. Hay quienes llaman así a las boletas de votación que presentan distintas categorías de cargos en juego (presidente, gobernador, diputados nacionales, etc.), lo que favorecería el efecto arrastre. Sin embargo, en este caso nos referiremos a su segunda utilización, que fue la que entró en juego con el escándalo del diputado salteño. Se denomina entonces “lista sábana” a lo que técnicamente sería una boleta partidaria cerrada y bloqueada en distritos plurinominales de magnitud mediana/grande. El argumento en contra de la misma sostiene que dificulta al votante conocer a todos los candidatos que van detrás de quienes ocupan los primeros puestos de la lista, lo que desvirtúa el vínculo representante-representado. 

De esta definición se desprende que, en contra de lo que dicta la opinión más difundida, en nuestro país la “lista sábana” podría ser a lo sumo un problema (incluso estirando un poco el concepto) de únicamente 4 distritos. Además, tengamos en cuenta también que el “efecto sábana” tampoco cuenta para los candidatos que ocupan los primeros lugares en las listas.

“A lo sumo, la lista sábana podría ser un problema (incluso estirando un poco el concepto) únicamente de 4 distritos»

Aclaración: debido a que en el caso argentino la Cámara de Diputados se renueva de forma parcial (por mitades cada dos años), debemos prestar atención a lo que se denomina “magnitud efectiva”.

Como podemos ver, a pesar de que formalmente los diputados son electos en distritos plurinominales por representación proporcional, con fórmula D´hont y un umbral legal del 3%, en la práctica existen grandes diferencias de acuerdo al distrito del que se trate. En aquellos distritos que eligen entre 2 y 5 diputados se genera en la práctica un efecto mayoritario que si bien contribuye a un mayor reconocimiento de los candidatos, lo hace al costo de un menor reflejo fiel de las preferencias al imponer fuertes barreras de entrada a las fuerzas minoritarias. Por el contrario, en los distritos con magnitudes más altas (en los que se critica la “lista sábana”) existe la posibilidad de un mayor reflejo de las preferencias, a un costo de despersonalizar las candidaturas. Esta combinación puede generar efectos distorsivos tales como la facilidad de las terceras fuerzas para conseguir representación en las provincias metropolitanas pero la fuerte dificultad para extenderse más allá de estas a lo largo del territorio nacional. 

“Cuanto mayor es la cantidad de bancas en disputa, más se acentúa el efecto proporcional»

En los sistemas proporcionales es clave la magnitud del distrito. De nuevo: cuanto mayor es la cantidad de bancas en disputa, más se acentúa el efecto proporcional, y el reflejo es más fiel.  Hagamos un breve ejemplo, comparando el resultado de una igual distribución de votos en tres distritos con diferente magnitud, utilizando el método D´hont. 

Como vemos, lo que se conoce como “lista sábana” hace posible la representación parlamentaria de minorías. Por supuesto que sería absolutamente legítima una postura que defienda la reducción de la cantidad de candidatos por lista, pero esta no puede perder de vista su costo en términos de representatividad. 

En la discusión sobre cómo mejorar la calidad del vínculo representativo fortaleciendo la rendición de cuentas, una de las propuestas que se pueden escuchar en estos días es en favor del sistema de distritos uninominales. Si bien el sentido común nos dice que en un distrito en el cual se elige un solo representante la rendición de cuentas es mayor, es necesario tener en cuenta que esto entra en juego con otras variables tales como el sistema de gobierno o la selección de candidaturas, que pueden conducir a efectos distintos (por ejemplo, a pesar de que Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con sistemas uninominales sus efectos en la dinámica partidaria son muy diferentes). 

El talón de Aquiles de los sistemas uninominales es la subrepresentación de minorías. Incluso se puede dar la situación en que la fuerza subrepresentada en realidad sea la mayoritaria. Pongamos un ejemplo extremo, al borde del absurdo. Imaginemos un país dividido en 101 distritos electorales uninominales donde existe un sistema bipartidista perfecto: únicamente compite el partido A y el partido B. Supongamos que el partido A consigue el 50% + 1 voto en 51 distritos (por lo cual gana la banca en disputa en cada uno de ellos), mientras que el partido B consigue el 100% de los votos en los 50 distritos restantes. El resultado terminaría siendo que el partido A, con cerca del 25% del voto a nivel nacional tendría mayoría en la asamblea, mientras que el partido B, con cerca del 75% de los votos a nivel nacional quedaría en minoría. 

Otra de las alternativas para solucionar el problema de las “listas sábana” sería mediante la modificación de la estructura de la boleta. Sin embargo, a medida que se otorga una mayor libertad al votante para modificar la boleta, también se incrementa la complejidad del sistema. Como vimos, el reemplazo de la lista cerrada y bloqueada por una lista abierta permitiría al votante combinar candidatos de distintos partidos para una misma categoría. Para no ir tan lejos, también se puede optar por una lista cerrada y desbloqueada (donde se permite alterar el orden de los candidatos, pero no mezclar candidatos de distintos partidos para una misma categoría), lo que permitiría al votante elaborar un orden de preferencias entre los candidatos de la lista, ya sea por la positiva o tachando aquellos que no le gustan. A pesar de que esta alternativa podría mejorar la rendición de cuentas y el control por parte de los ciudadanos, también podría contribuir a un mayor debilitamiento de los partidos políticos, una mayor dificultad para sellar acuerdos electorales, e incluso un encarecimiento de las campañas debido a que los candidatos deberían competir no solo contra los otros partidos o alianzas sino contra los candidatos de su propia lista. 

Los puntos tratados acá son apenas una punta del iceberg, y en muchos casos una simplificación. Existen cientos de maneras distintas de contar y traducir los votos. Con la misma distribución de preferencias pero distintas reglas para contar y asignar cargos, los resultados pueden ser incluso opuestos. Por esta razón no podemos simplificar un problema que es complejo por naturaleza y menos cuando constituye el corazón de nuestro régimen democrático. 

En esta historia no hay buenos y malos. La cuestión gira en torno a los principios que buscamos privilegiar. Los sistemas electorales inevitablemente tienen efectos que generan ganadores y perdedores. Sin embargo, tenemos una buena noticia: la vasta experiencia no solo a nivel internacional sino también de los 24 distritos en nuestro país con variados arreglos electorales, nos permite recabar importantes lecciones sobre sus efectos. 

En la discusión sobre la “lista sábana” es necesario tener en cuenta su impacto y discutir los puntos débiles de sus alternativas. ¿La disconformidad de muchos ciudadanos con sus representantes nace de este arreglo electoral o tiene otros orígenes? Si la “lista sábana” fuera realmente la fuente de todos los males, deberíamos poder corroborar una imagen positiva mucho mayor de la Cámara de Senadores, donde se eligen únicamente tres representantes por cada provincia (dos por la lista más votada y uno por la segunda). ¿Menos candidatos en una lista contribuiría a superar la disconformidad de muchos ciudadanos y mejorar la calidad de la representación? 

Estamos estirando tanto la sábana, que corremos el riesgo de terminar tapando los problemas antes que encontrando soluciones.

*El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El federalismo que supimos construir

Opinión|Por Ramiro Albina|

 

Las instituciones importan como conjunto de reglas que generan incentivos. A su vez, la estructura de incentivos impacta en el comportamiento de los actores que, con un poco de suerte, adquiere regularidad y previsibilidad.

Cuando hablamos sobre el federalismo argentino, la previsibilidad que otorgan las reglas claras es una ilusión. Hoy vuelve a aparecer la discusión sobre una eventual reducción de la coparticipación de la CABA. Decir “vuelve” es engañoso, porque la discusión sobre coparticipación federal de impuestos forma parte de nuestro ser nacional.

Según cuenta la leyenda, las relaciones fiscales entre el estado nacional y las provincias no siempre se guiaron por los mismos criterios. Veamos algunos hechos puntuales.

Con la Constitución del 53, el mecanismo de coordinación fiscal estaba guiado por el principio de separación de fuentes: los recursos vinculados al comercio exterior eran recaudados por la Nación, y los impuestos internos por las provincias.

Con la crisis de 1930, y la caída de recursos derivados del comercio exterior, se avanzó hacia una mayor concurrencia de fuentes, con el estado nacional avanzando sobre facultades tributaras de las provincias, lo que hizo necesaria la instauración en 1935 de un régimen de reparto (no global) de esos impuestos hacia las provincias.

En 1973 nos encontramos con la sanción de la Ley 20.221 que establecía una distribución primaria por mitades entre Nación y Provincias. Esta ley se guiaba por criterios objetivos de población, brecha de desarrollo y densidad poblacional, con un espíritu redistributivo.

En el año 1988 se sancionó la ley 23.548, acordada por todas las provincias y la Nación, que establecía un régimen, en principio transitorio pero que se mantiene como base hasta nuestros días, de coparticipación federal. Esta establecía en un comienzo una distribución primaria de 42,34% a Nación, 54,66% a las Provincias, 2% para el recupero del nivel relativo de determinadas provincias, y 1% para ATN. Los criterios para la distribución secundaria (entre provincias) no se guió por criterios objetivos, como la ley anterior, sino que los porcentajes fueron resultado de la negociación política y la pulseada entre los gobernadores, y entre estos y la Nación.

La reforma constitucional de 1994 establecía que antes de finalizar el año 1996, se debía dictar una nueva ley de coparticipación federal. Sin embargo, los criterios establecidos para esta son de muy difícil cumplimiento, ya que requeriría la aprobación por parte de las 24 jurisdicciones. Teniendo en cuenta que un nuevo sistema de reparto generaría nuevos ganadores y perdedores con respecto al esquema anterior, los incentivos para avanzar en esta dirección son escasos.

Desde la sanción de la Ley 23.548 se fueron implementado numerosos parches por medio de modificaciones a partir pactos, compromisos, introducción de “pre coparticipaciones”, afectaciones específicas de impuestos, etc. Lo cual volvió al sistema mucho más complejo, incluso para los especialistas. Para cuando te preguntes: «¿A dónde van mis impuestos?». Damas y caballeros, este es el monstruo que supimos construir:

 

 

laberinto coparticipación
Fuente: Comisión Federal de Impuestos

 

 

Desequilibrio fiscal vertical.

En las últimas décadas se generó una tendencia hacia una mayor descentralización del gasto público, en particular en la década de 1990 en lo que respecta a salud y educación, y a la inversa, una mayor centralización fiscal luego de la crisis de 2001 con la creación de impuestos nuevos en manos del estado nacional, nula o parcialmente coparticipados, como el impuesto al cheque y las retenciones. Esto, sumado a la mayor dependencia de varias provincias debido la refinanciación de las deudas provinciales luego de la absorción de las cuasi- monedas, terminó generando uno de los aspectos fundamentales que adquirieron las relaciones fiscales intergubernamentales: el elevado nivel de desfasaje entre la recaudación y el gasto público en las provincias.

La dependencia del estado nacional para el financiamiento de los gastos provinciales presenta grandes diferencias entre las provincias.

Dependencia coparticipacion
Fuente: IARAF

El resultado de esta tendencia, terminó siendo que los recursos provenientes de la coparticipación, sumado a las transferencias discrecionales, han ido aumentando su participación en el financiamiento de los gastos provinciales generando importantes desequilibrios y afectando fuerte y negativamente la correspondencia fiscal.

Como resultado, el criterio de reparto termina siendo en buena medida inverso a la población: a menor población en una provincia, mayores recursos en términos per cápita. Así, varias provincias terminan siendo fuertemente subsidiadas por el Estado nacional (mejor dicho, por las provincias más grandes).

Algunos autores, como Carlos Gervasoni (2011), sostienen que la combinación de sectores públicos enormes con débiles sectores privados, y la recepción de importantes recursos de una fuente externa, y que por lo tanto que no proviene de la necesidad de cobrar impuestos a su población (y así asumir el costo político) y desarrollar sectores productivos, tiene consecuencias negativas sobre la calidad democrática.

El caso que resuena frecuentemente en las discusiones sobre la discriminación en el reparto de recursos, es la Provincia de Buenos Aires, la cual recibe per cápita muchos menos recursos en relación a lo que los bonaerenses contribuyen a la renta nacional por medio de impuestos. Esta provincia se vio desde un principio perjudicada con la sanción de la Ley 23.548 (1988) que le hizo perder casi 7 puntos de la coparticipación con respecto a la ley anterior, reducción que luego se intentó compensar con la creación del Fondo del Conurbano Bonaerense en 1992 (financiado por un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias), pero al mismo tiempo que, en 1995, se le terminó imponiendo un tope de 650 millones de pesos que se fue licuando por obvias razones y abrió paso a las disputas que continúan hasta hoy.

Esta distribución evidentemente tampoco ha contribuido a impulsar el desarrollo productivo y mejorar los malos índices socioeconómicas de varias de las provincias beneficiadas por el esquema en términos de recursos per cápita, lo que hace que nos preguntemos, ¿Qué sentido tiene realmente mantener esta situación?

El impacto en la dinámica política.

 El federalismo, simplificando, es un mecanismo de descentralización vertical del poder político mediante el cual se distribuyen distintas competencias, con mayor o menor autonomía, entre el estado nacional y las unidades subnacionales. La forma en la que se desarrolla el federalismo fiscal, es una de las claves principales para entender cómo se da esa distribución.

Para analizar el impacto de las relaciones fiscales intergubernamentales en la dinámica política tenemos que tener en cuenta también otros factores como el sistema electoral, el margen de maniobra de los gobernadores, y como su influencia en la dinámica legislativa.

Los gobernadores son actores fundamentales en la política argentina por los recursos de los que dispone, no solo económicos, sino fundamentalmente políticos. El hecho de que los distritos electorales para la elección de diputados coincidan con las provincias, que las listas sean cerradas y bloqueadas (votamos por un conjunto ya preestablecido de candidatos por un partido o frente con un orden predeterminado que no podemos modificar), el control sobre el calendario electoral (posibilidad de desdoblar elecciones), provee a los gobernadores, en tanto líderes provinciales del partido, de un margen de control muy amplio sobre las carreras de los legisladores nacionales.

 “En democracia, todos los votos valen lo mismo”

Como cuando uno de chicos poníamos el diente debajo de la almohada como nuestra inversión más segura, de grandes ponemos los votos las urnas confiados en el tuyo y el mío valen lo mismo. Sin embargo, nuestro Congreso es uno de los que más se aleja de este principio. Sí, tu voto cotiza más o menos de acuerdo a en qué provincia votás.

Por mandato constitucional, la representación en el Senado se reparte en forma igualitaria entre todas las provincias. Suena razonable. Después de todo, la función del Senado es representar los intereses provinciales. Además, para representar la población tenemos la Cámara de Diputados, que constitucionalmente asigna los representantes a las provincias de acuerdo a la cantidad de habitantes, guiño guiño. ¿Cómo? Bueno, resulta que en la Cámara Baja también nos encontramos con fuertes niveles, esta vez inconstitucionales, de sub y sobre representación de las provincias. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a pesar de tener alrededor del 38% del electorado a nivel nacional, tiene el 27% de los diputados (y el 4% de los senadores). Veamos algunos ejemplos más: para el año 2010 (Censo), un diputado de la provincia de Buenos Aires, representaba 223.215 habitantes; uno de la provincia de Córdoba, 183.826; uno de Tierra del Fuego, 25.441; uno de CABA, 115.606; uno de Santa Cruz, 54.792; uno de Formosa, 106.032. Esta situación, que se desvía del principio adoptado por la Constitución de 1853, es producto de sucesivas decisiones institucionales principalmente en cuanto a cantidades mínimas de diputados por provincia: en la reforma de 1949 se garantizó 2 diputados como mínimo independientemente de la población; en 1973 un decreto del gobierno militar elevó el mínimo a tres; finalmente en 1983 un decreto del último gobierno militar estableció el mínimo en 5 diputados.  Al mismo tiempo, a pesar de que constitucionalmente se debiera actualizar la distribución luego de cada Censo Nacional, esto nunca se ha cumplido. 

 

 

Simulacion diputados

Fuente: Diego Reynoso (2012)

Entonces, la fuerte sobrerrepresentación de distritos pequeños es resultado, por un lado, del diseño constitucional y la distribución poblacional fuertemente asimétrica para el caso del Senado; y fundamentalmente de un Decreto de la última dictadura militar, que viola un principio constitucional, para la Cámara de Diputados. ¿Constitución? Quien te conoce.

Al momento de analizar cómo la distribución de los recursos fiscales, la sobrerrepresentación distrital, y el poder relativo de gobernadores y presidentes impacta en la dinámica política y las estrategias distributivas de los presidentes para generar coaliciones de apoyo nos encontramos, entonces, con diversos puntos de vista.

Desde la Ciencia Política, hay quienes sostienen que la dependencia fiscal de las provincias más chicas, que a su vez son las que más sobrerrepresentadas se encuentran en el Congreso, genera incentivos para construir coaliciones de apoyo “baratas”. El intercambio de recursos por apoyo legislativo, las vuelve útiles y también necesarias. Esta mirada es sustentada, por ejemplo, por Gibson y Calvo (2000) en su análisis sobre los patrones de construcción de coaliciones en el periodo de reformas económicas durante el gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo, también hay que tener presente factores contextuales que pueden influir en esa estrategia. Emilia Simison (2014), para explicar las distintas estrategias de distribución de trasferencias discrecionales en dos presidencias peronistas, sostiene dos variables: la (des)nacionalización del sistema de partidos, y la (des)centralización fiscal. En la presidencia de Carlos Menem había un contexto de descentralización fiscal y nacionalización partidaria; mientras que, en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, había una mayor centralización fiscal y desnacionalización del sistema de partidos. Sus hallazgos muestran en el primer contexto priman las estrategias que premian a los distritos por su mayor poder estructural (en especial la sobrerrepresentación legislativa); mientras que en el segundo contexto primaría la estrategia que premia a los gobernadores del mismo partido del presidente.

¿Y ahora, quien podrá ayudarnos?

Como pudimos ver, las relaciones fiscales intergubernamentales en nuestro país revisten de una gran complejidad. El problema de base está en que a pesar de que esta situación genera enormes problemas, la multiplicidad de actores de veto e intereses enfrentados ante una posible revisión del esquema hacen difícil encontrar una salida al laberinto. En las circunstancias económicas actuales, es difícil creer que existan en el corto plazo incentivos para que las provincias acuerden una nueva ley.

Sin embargo, es necesario avanzar en una reforma del esquema por múltiples razones. Entre los aspectos negativos de la situación actual podríamos enumerar, entre otros, los siguientes: una elevada falta de correspondencia fiscal; una fuerte dependencia del nivel provincial de las asignaciones presupuestarias de Nación (tanto en términos de coparticipación como trasferencias discrecionales), lo que condiciona su autonomía política; un creciente desequilibrio fiscal vertical; una distribución secundaria que no se guía por criterios objetivos y medibles; una distribución primaria que tampoco tiene en cuenta objetivamente las distintas responsabilidades de gasto público, etc.

Los coeficientes de distribución fijos, sin criterios objetivos, contribuyen a volver menos transparente al sistema; y la falta de criterios claros lleva a situaciones incluso de judicialización de los conflictos, como en el caso de la quita del 15% de coparticipación en la década de los 1990 para financiar el sistema previsional, con la aparición de las AFJP, y que no había sido restituido luego de su estatización en 2008. Declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2015, se llegó a un acuerdo con las provincias en 2016 para su restitución.

El desvío importante en relación a la correspondencia fiscal tiene, a su vez, consecuencias sobre la relación entre ciudadanos y gobernantes. El laberinto fiscal en el que nos encontramos hace prácticamente imposible para los primeros identificar claramente quien recauda, quien gasta, y con qué fin, lo que hace que no existan incentivos para controlar, reclamar y responsabilizar a los tomadores de decisiones por una buena gestión del gasto público acorde a la recaudación.

Cuestiones como la coparticipación de impuestos, el sistema electoral, la sobrerrepresentación distrital, y el sistema de partidos, frecuentemente suenan como algo lejano a nuestra vida diaria. Sin embargo, la forma en la que estas se articulan tienen consecuencias importantes en la dinámica política y generan las condiciones en las cuales se van a tomar las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Las distorsiones del federalismo fiscal afectan la capacidad de decisión autónoma de las provincias y deteriora entonces la división vertical de poderes. La función representativa de los legisladores nacionales también se ve afectada, ya que estos deben en buena medida sus carreras políticas a los gobernadores, que a su vez dependen de los recursos del PEN. Este circulo vicioso no genera incentivos para establecer organismos de control efectivos sobre la distribución y gasto de los recursos públicos; ni a negociar políticas públicas con una mirada de largo plazo y a escala nacional. Podríamos preguntarnos si la volatilidad de las políticas públicas no guarda relación con este estructura de incentivos.

En esta película, y en un camino que busque encontrar una solución a las distorsiones actuales, es importante no perder de vista el nudo del problema: la enorme asimetría en el desarrollo productivo entre las distintas regiones algo que, claro está, no se solucionará simplemente modificando los coeficientes de reparto. Además, también tenemos el problema del gigantesco desequilibrio poblacional. En Buenos Aires habita el 40% de la población (sumado a que en un conurbano cada vez más heterogéneo, que representa el 1% del territorio, viven 2/3 de los bonaerenses), mientras que el 60% se distribuye asimétricamente en el resto de las 23 jurisdicciones. Como señala el politólogo Andrés Malamud, esto genera problemas de ineficiencia y opacidad para los bonaerenses e inestabilidad política para los argentinos. Mientras que la subrepresentación la vuelve menos necesaria al momento de armar coaliciones legislativas, su peso demográfico la vuelve clave para controlar el clima político, porque cuando el gigante se levanta, los presidentes caen.

El desafío está, entonces, en romper la estructura de incentivos que perpetúa un statu quo que se ha mostrado ineficiente para enfrentar los problemas actuales y futuros.

 

*El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Graciela F. Meijide: «De la noche a la mañana me enteré que Chacho Álvarez renunciaba»

Por Ramiro Albina y Tomás Allan

Es la mañana de un día de febrero, tocamos timbre y Graciela Fernández Meijide sale al balcón para alcanzarnos una bolsita de tela atada con un largo cordón. En su interior está la llave de entrada al edificio. Nos da la bienvenida con el trasfondo de una biblioteca llena y la mesa del comedor en la que hay un diario abierto. Nos invita a sentarnos en los sillones acariciados por la brisa que entra desde el balcón calmando el calor de la ciudad. Sacamos los grabadores y los segundos comienzan a correr. La entrevista transcurre solo interrumpida por los ruidos de la vida urbana que se entremezclan con la suave voz de Graciela. En la mitad de la conversación su gata se acerca con curiosidad, acompañándonos durante el resto de la entrevista.

Graciela Fernández Meijide sostiene que lo contrario a la verdad no es únicamente la mentira, sino también las certezas. Eso la lleva a pensar, revisar y tratar de entender el pasado escapando de las fórmulas intocables. El intento de explicarse y explicar qué pasó en la Argentina va guiado por una pregunta: ¿Por qué? Cuando Graciela habla de los años ’70 lo hace para tratar de entender por qué sucedió lo que nunca debió haber sucedido y que en lo personal le produjo un tajo en su vida. Porque cuando se refiere a los desaparecidos, habla también de su hijo Pablo. Siendo profesora de francés, el secuestro de su hijo de 17 años por la dictadura militar la llevó a abandonar el instituto e involucrarse en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y luego, una vez recuperada la democracia, en la CONADEP. Más adelante, la decepción de que se terminara con el tema de la justicia la llevó a incursionar en la política partidaria.

Su lucha incansable la convirtió en una referente en la defensa de los derechos humanos. En esta entrevista hablamos sobre los años ’70 y las políticas de memoria; nos cuenta sobre su experiencia en política; tocamos el tema de Venezuela y nos ofrece unas pinceladas sobre el presente y los desafíos a futuro para nuestra democracia.

 

Graciela, actualmente mantiene varias actividades, ¿a qué le está dedicando el tiempo?

Lo que se llamaría trabajo, si no fuera que yo me divierto (risas), tengo un programa de radio que ya lleva cinco años y uno de televisión en la TV Pública que sería el tercer año.

En rol de entrevistadora…

Claro. Para empezar no soy periodista, no quiero sacar títulos que no tengo. Me lo ofrecieron y yo dije qué podía hacer, probar y salió bien. Soy buena conversadora porque sé escuchar y tal vez eso hace que la gente se sienta cómoda. La verdad que estoy muy contenta y agradecida porque todos aquellos a quienes convoqué vinieron.

Con sus entrevistados se ve que sale un poco de la dinámica de “la grieta”. ¿Cómo lo logra?

Porque no me importa qué opinión política tiene la persona a quien entrevisto, sino que me interesa lo que hace y lo que opina en general, no solo en lo político.

¿Qué balance hace del accionar de los organismos de derechos humanos en general en estos 35 años de democracia?

Yo ahí soy muy crítica en cuanto a observar cuánto realmente se comprendió durante la dictadura el alcance de lo que es la doctrina de derechos humanos y cuánto tenía un contenido (legítimo) de demanda individual de justicia. Yo creo que a la larga, en las personas que siguieron conduciendo organizaciones, lo que terminó predominando en aquellas más visibles, sobre todo en el caso de Madres, era una cuestión de lo personal. Solo así se explica una posición actual de tanta crispación que llega a confundir un gobierno democrático, que seguramente no le gusta, con la dictadura. Esa es una equivocación grave que nos habla de posiciones políticas que rompieron lo que llamo el consenso del Nunca Más del ‘83. El Nunca Más significaba nunca más golpe, nunca más dictadura, pero también nunca más violencia en la política. Obviamente se refería a la violencia armada que producía pérdidas de vida, pero existe también la violencia de la palabra. Y en ese sentido los recuerdos del 24 de marzo de los dos últimos años nos presentaron una realidad que era impensada en el ‘83, ‘84, ‘85, ‘86… de levantar como algo digno de ser alabado la lucha armada.

¿Cuándo comenzaron las divisiones en los organismos?

En general, sobre todo en organismos testimoniales como Madres, donde se comenzó a producir la división fue en los primeros momentos de la democracia cuando se nos ofrece en el gobierno que se había elegido a la CONADEP como investigación y después el Juicio. Ahí la actitud de quien conducía la parte más visible de lo que era Madres fue negarse a colaborar y cuestionar el juicio con la no presencia. Es decir, desde el principio lo que se cuestionaba era la institucionalidad.

¿Y bajo qué pretensiones o con qué fundamentos?

De que eso no iba a terminar haciendo justicia. Uno podría preguntar: “¿Qué es hacer justicia?”. Y aunque no lo digas a veces casi te lleva a la venganza, que no debería estar en una democracia. Para mí fue todo un aprendizaje en lo personal, y supongo que para mucha otra gente también; lo que pasa es que no eran conducción. Fue un aprendizaje ir de la demanda legítima de justicia para mi hijo desaparecido, para mi familia y para mí, a entender que el tema era más extenso y que para en serio cerrar heridas tenía que haber justicia para todos, aún para mi peor enemigo. Yo tengo contacto con hijos de militares que están siendo procesados o han sido condenados, pero sin embargo nunca acepté ir a donde están en la cárcel porque no sé si me banco ver a alguien a quien yo sospecho que pudo haber matado a mi hijo. Yo no perdono porque no puedo perdonar en nombre de Pablo y nadie me pidió reconciliación ni nada. Entonces mi forma de entender el tema derechos humanos es decir que a pesar de eso yo voy a exigir que se respeten todos sus derechos como procesados, detenidos y condenados. Entiendo que eso es en serio dejarle algo a las generaciones futuras y no solo la pesada mochila de un pasado muy duro. Y que además de menos pesada, sería la más sólida a futuro y la que más serviría: una justicia igualitaria.

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¿Por qué hubo tan pocas confesiones o autocríticas por parte de los militares, más allá de casos puntuales como el de Balza?

Balza no participó en la represión, fue una autocrítica desde la organización que en su momento acompañaba el pedido de Menem de que hicieran lo mismo los Montoneros que estaban presos. Firmenich estuvo 7 años preso. Él (Menem) había hecho un acuerdo con Firmenich de que le iba a dar el indulto, de que iba a haber indulto para todos pero necesitaba que ambas partes se arrepintieran, y lo que estuvo más claro y llamó más la atención fue lo de Balza, lo de Firmenich fue nada.

Partiendo del consenso común de que son inequiparables el terrorismo de Estado y los crímenes de la guerrilla, ¿faltó una autocrítica de parte de los máximos responsables de las organizaciones armadas?

Sí, de todos. Faltó una autocrítica en serio de aquellos involucrados y responsables directamente en ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Tanto en el caso de Firmenich o Gorriarán Merlo, que al contrario, encabezó el último acto violento en La Tablada como si no pudieran terminar de desprenderse de los fierros, en lugar de ingresar en la política partidaria como hicieron Tupamaros en Uruguay o una parte de las FARC en Colombia. Yo imagino, y acá entro en el terreno de la suposición, que después de haber ingresado en semejante nivel de violencia, haber sentido tanto desprecio por la vida ajena y propia, debe ser bastante difícil reconocer que uno estaba equivocado. De ahí que sea tan meritorio cuando aparecen libros de autocrítica, que mayormente vienen desde una izquierda que apoyó aunque no haya estado en algunos casos directamente involucrada en la lucha armada, y que ha hecho una autocrítica muy fuerte de la violencia.

En el caso de Claudia Hilb, en su libro Usos del pasado cuestiona no únicamente los medios sino que se anima repensar el fin mismo, la idea de revolución…

Exactamente. Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó (y yo pertenezco a la generación que se enamoró de los barbudos bajando de la Sierra Maestra, que fue a Nicaragua después que ya se estableció el gobierno sandinista a ver esa especie de poema de revolución que termina con Daniel Ortega, el más violento de todos, a la cabeza y siendo hoy un dictador corrupto), uno se pregunta: “¿qué sentido tenía?”.

Durante los gobiernos del kirchnerismo los derechos humanos fueron una de las banderas principales. ¿Qué lectura hace del abordaje de este tema durante esos años?

Hicieron de los derechos humanos un instrumento político. Los antecedentes tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner no tenían nada que ver con su cercanía con el tema de derechos humanos, nunca habían demostrado tenerlo ni como habitantes de Santa Cruz, ni como militantes políticos, ni como primero intendente y después gobernador (por Néstor). Es más, en las escuelas desde el ’83 se daban clases alusivas a los 24 de marzo recordando el golpe y condenando la dictadura, y Cristina promovió siendo funcionaria que desde la Secretaría de Educación se suspendieran esas clases con el argumento de que la mayor parte de las docentes eran mujeres de los militares y se sentían atacadas.


«Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó, se pregunta: ‘¿qué sentido tenía?'»


 

¿Usted dice que fue para captar a un sector progresista del electorado?

Cuándo fue la elección después del fracaso de la Alianza, Duhalde primero promovió a De la Sota, que no puedo levantar vuelo. También le habían ofrecido a Reutemann, que no aceptó, y recurrió a Kirchner que tenía una fuerte ambición. Un gobernador que lo conocían poco, que sacó veintipico por ciento de los votos. Con escaso conocimiento, y con la desgracia en la Argentina de que la gran vidriera es la Ciudad de Buenos Aires, conquistar la opinión de Buenos Aires era el gran desafío de Kirchner. Un Buenos Aires que siempre rechazó al peronismo. E ingresó por el lado del progresismo; después captaron algunos de los organismos de derechos humanos más visibles, sobre todo testimoniales, y utilizaron el tema como una herramienta política para afirmarse. Pero como siempre en política, el tema de los sentimientos y las convicciones es más fuerte que los hechos duros. Las convicciones matan datos.

¿Cómo fue cambiando la representación de las víctimas de la dictadura desde la recuperación democrática?

El tema de la desaparición y toda la actuación por fuera de la ley de los militares crearon el ámbito de que todos los desaparecidos o presos políticos eran víctimas inocentes porque nunca habían sido juzgadas y eso quedó instalado. Hay una anécdota del Juicio a las Juntas: una vez que los jueces interrogaban a los testigos, podían interrogarlos también los defensores de los militares, y en el caso del doctor Norberto Liwski, que había sido ferozmente torturado, cuando le tocó preguntar a uno de los abogados defensores, apenas hizo dos preguntas el testigo le dijo a los jueces: “Señores, a mí me están preguntando lo mismo que me preguntaban bajo tortura”, e inmediatamente los jueces pararon el interrogatorio. Obviamente la defensa apuntaba a justificar que haya sido detenido. El paso que se dio después en el gobierno de los Kirchner fue heroizar a esas personas, que por el procedimiento de persecución inhumana que desarrolló la dictadura estaban simplemente como víctimas.

¿Y en el gobierno de Cambiemos cómo ve la política de derechos humanos?

El Gobierno sigue respetando las reglas del juego de los juicios y demás… Pero no es algo que vaya politizar. Yo decía cuando fueron las elecciones que ni Scioli, ni Massa, ni Macri se caracterizaban por haber tenido algo que ver con el tema. Pero en lo que se refiere a los derechos fundamentales no ha habido persecución política, ni en la prensa… No ha habido (para nada) discriminaciones políticas en los medios nacionales; los problemas de las cárceles siguen siendo los mismos y en cuanto a los derechos humanos que tienen que ver con lo económico y social se mantuvieron los planes sociales, algunos se ampliaron inclusive. Digamos que hay una sensibilidad a atender el problema.

 


«La cuestión de los derechos humanos no es algo que Cambiemos vaya a politizar»


 

En un momento se había hablado de la intención de sacar el 24 de marzo como feriado nacional. ¿Cree que fue una demostración de “falta de tacto”, digamos?

Es eso. Es falta de tacto.

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Previamente mencionó lo que sucedió en el acto del 24 de marzo de 2017 cuando se reivindicaron desde el escenario los actores de la violencia en los ‘70 como Montoneros, que además algunos de ellos no vivieron durante la dictadura…

No solo eso, sino que a uno de los que más gritaba ahí, que era un miembro del Partido Comunista, yo lo conocí a los 18 años cuando recorría los países socialistas diciendo que Videla era democrático. A eso se llama instrumentación, no convicción.

En algunas entrevistas mencionó que usted siguió la línea de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) porque se diferenciaba de otros organismos, más precisamente de Madres, por la institucionalidad. ¿En qué aspectos, o en qué casos, se veía más nítidamente ese contraste?

Yo tengo un fuerte apego por lo institucional. Los organismos como Madres, Abuelas e incluso Familiares de Desaparecidos y Presos por Razones Políticas, que es el organismo que en su propio nombre admitió la militancia, el accionar es mucho más directo y sin mediaciones ni negociaciones. Dicen lo que les sale de las entrañas y lo que puede mediar por la razón, el temor o lo que fuere. En las organizaciones que se armaron con representantes de sectores de la sociedad, como en el caso de la Asamblea Permanente, que se formó antes del golpe para interpelar al gobierno de Isabel para que pusiera en caja a la Triple A (sin éxito), había gente que tenía un cierto prestigio pero que no iba a tener el lenguaje de Madres. Donde en todo caso los pocos directamente afectados, como se decía entonces, que estábamos en la Asamblea, podíamos empujar para que el lenguaje sea más duro y de hecho lo hacíamos (es el caso de Emilio Mingrone, Augusto Conte, yo misma y otros). Para cada declaración y cada acción había que tomar acuerdos, porque había un obispo, el monseñor de Nevares, que no representaba ni con mucho a toda la Iglesia Católica y menos a la jerarquía, y sin embargo tenía que cuidar de lo que representaba. Lo mismo le pasaba a la Iglesia Metodista y a algunos radicales y socialistas que estaban ahí. Eso a mí me enseñó a buscar consenso. Mi impulso natural era meter un Exocet a todos los cuarteles, aunque sea verbal… Y me ayudó a entender que para lograr realmente crear alguna opinión necesitabas todo el tiempo ampliar la base de sustentación, que no era fácil, porque había desde miedo a convicciones. Las posiciones crispadas espantan a la gente, y las más abiertas en todo caso crean un espacio propicio para el acercamiento.

Un tema que está muy presente hoy es el de Venezuela. ¿Cómo ve la situación y algunos posicionamientos de distintos actores en nuestro país?

Entre aquellos que miran y siguen la cuestión de Venezuela hay dos posiciones. Una que es ideológica y que en principio va a sostener a Maduro sin importar lo que pase, y que está bastante ligada al kirchnerismo; y otra también dramática representada por el propio gobierno, que fue el primero que dijo que Maduro es un dictador. La realidad en todo caso es que Venezuela fracasó por distintas razones; que por primera vez aquel sector que realmente se vio beneficiado y considerado por Chávez, hoy son tantas las necesidades que está padeciendo que ya ni siquiera sostiene a Maduro, que hoy está sostenido por sobre todas las cosas por las Fuerzas Armadas, donde los generales tienen participación muy fuerte en temas de corrupción. Por lo tanto ya estamos en un momento en que está ocurriendo lo que no ocurrió antes porque encima la oposición estuvo siempre muy dividida, y cuando la oposición está dividida difícilmente se pueda enfrentar con aquel que detenta el poder. 

¿Qué puede pasar a futuro?

No lo sé… Maduro ahora busca la salida de encontrar intermediarios para forzar el diálogo; la oposición que se reunió porque Guaidó se puso a la cabeza y sorprendió a todos debe estar discutiendo si aceptan o no la propuesta. Yo veo todavía un camino largo, me parece razonable siempre lo que es el diálogo y evitar más pérdidas de vidas. Ahora, al mismo tiempo muestra una enorme debilidad de parte de Maduro y también la eficacia de una acción extendida a muchos países que le dicen a Maduro: “no te reconocemos”. Hay una contra siempre en todo esto que es la participación de Estados Unidos y sobre todo encabezada por Trump, porque eso en Latinoamérica siempre genera un resquemor, que incluso no evita decir “bueno, por ahí disponemos de soldados”. Eso es como el bloqueo a Cuba, que lo único que hizo fue fortalecer a Castro.

Hay una postura que sostiene que hay meter a todos los responsables presos, pero uno piensa que con esa idea es difícil que abandonen el poder…

Yo creo que van a ir a una amnistía, por injusta que sea. No creo en una solución al estilo Sudáfrica porque exigió mucha grandeza de ambas partes, no solo de Nelson Mandela sino también de De Klerk, que dentro de lo que eran los afrikáner era el más inteligente y dispuesto a sentarse a negociar. Ahí también había una ambición legítima pero de cumplimiento imposible si se pretendía que fueran todos presos.

Esta última década se ha hablado de los progresismos latinoamericanos. ¿Es progresista Venezuela?

Hoy no. Cuando vos tenés un pueblo que va para atrás condenado a la muerte por ejemplo por falta de medicamentos, no hablés de progresismo. Pudo haber sido progresista la salida de Chávez por malos gobiernos anteriores que no tomaban en cuenta a la gente sobre todo más humilde. Ahora, hoy por hoy, Maduro puede decir todo lo que quiera, pero te cierran el puente de Cúcuta con vallas para que no entre el socorro humanitario.

¿Cuál debería ser una agenda progresista a futuro?

Reconstruir las instituciones a rajatabla, considerar a los que menos tienen y atender a situaciones que permitan el regreso de un éxodo como nunca se vio en América Latina. Algunos se fueron en avión pero otros caminando. Tres millones de personas… Es mucho, y ahí va a haber una enorme responsabilidad de la oposición.

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Graciela, usted tuvo una trayectoria en la política partidaria como diputada, senadora, candidata a gobernadora, ministra… ¿Qué la llevó en su momento a ingresar allí?

La decepción de que se cortara el tema de la justicia. Cuando yo terminé con la CONADEP, me reintegré a la Asamblea Permanente y seguí trabajando. Armamos equipos de abogados y una de las cuestiones en las que yo me ocupaba más era recorrer esas provincias donde seguían los juicios para ver como seguían, abastecer y demás. Cuando vino la Ley de Obediencia Debida, todo eso se paró en seco, y yo me encontré con que aquello a lo que le había dedicado todo mi esfuerzo, que era como la culminación de mi propio proceso que partió de quererlos matar, y dormirme matándolos, a entender que lo más que podía hacer era juntar elementos para meterlos presos,se había terminado. Al mismo tiempo aparecía un grupo de gente que estaba conformando un nuevo partido, que se habían ido separando de partidos anteriores y me convocaron. Era un grupo muy chico al principio, yo no tenía ninguna idea, nunca había militado en un partido político y de entrada dije que no esperen de mí que aporte mucho porque no se como es esto. Después me di cuenta que había aprendido mucho de política trabajando en la Asamblea. Primero fue el Fredejuso, en el que yo fui candidata y perdí; después fue el Frente Grande donde ganamos en la ciudad (en la elección de 1993, Graciela y Carlos Álvarez fueron electos diputados nacionales del Frente Grande por la Capital; ). Éramos un partido capitalino y sin territorio; eso nos llevó a hacer alianzas. Y bueno, mi idea de sumarme era ayudar sobre todo a gente que yo respetaba y admiraba mucho, y terminé teniendo, sin darme cuenta, un papel más protagonista. Y después el fracaso de la Alianza que me pegó muy duro. Me tiró en los brazos de un terapeuta de nuevo (ríe).

¿Cuáles piensa que fueron los principales errores en esa experiencia?

Hice un libro entero sobre eso… Hubo causas subjetivas y otras objetivas, que era el momento que se vivía afuera. La Alianza había heredado del gobierno de Menem una economía muy chica y poco competitiva, que sigue siendo igual, y además dos años de recesión y varias crisis que terminamos sintiendo nosotros. Con el agregado de que Menem bicicleteaba las deudas con más deuda, y los organismos internacionales la concedían. Pero ganó Bush suplantando a Clinton y cambió la visión de los organismos internacionales por la influencia obvia de Estados Unidos que dijo “basta, los plomeros de Estados Unidos no van a pagar la deuda de los países deudores”, y ahí la Alianza chocó contra la pared porque se acabaron de golpe los préstamos. Eso produjo la renuncia de Chacho, que no era un vicepresidente cualquiera porque se había armado la fórmula para darle fortaleza y compromiso a esa alianza que no tenía institucionalidad construida. Y con la renuncia de uno de los jefes políticos… en la práctica se acabó la alianza. Y además un presidente acostumbrado a que en política, desde muy joven, las cosas anduvieran más o menos sobre rieles… Manejar un momento que exigía un piloto de tormentas, no puedo hacerlo.

¿La renuncia de Chacho se discutió dentro del espacio o fue algo unilateral?

De la noche a la mañana, literalmente, yo me enteré que Chacho renunciaba. Yo iba camino al ministerio, lo llamé y le dije “Chacho, ¿esto significa que se va el partido?” y me contestó “No, yo solo”. Nunca tengo dolor de cabeza pero ese día se me partía. Además tenía que ir a avisarle a toda mi gente que trabajaba conmigo. Un momento de mierda. A la tarde yo me fui a hablar con él al departamento. Había una reunión planificada de antes, mía con Alfonsín, para esa tarde. Alfonsín me llamó y me dijo: “Graciela, Graciela, Chacho que retire la renuncia”. “Decíselo vos”, le dije. “Bueno, voy para allá”. “No”, le digo, “vos no vas a venir para acá que está toda la prensa en la calle para salir con un ‘no’; si venís asegúrate un ‘sí’, yo te paso el teléfono y hablá con Chacho”. Y Chacho insistió en que no retiraba la renuncia. Por una cuestión de lealtad nos quedamos todos los que nos quedamos. Yo me fui cuando era ministro de Economía López Murphy, que pobre tenía que recortar, y recortó en educación. Justo mi punto. Y la verdad que ahí dije “¿Qué carajo estoy haciendo acá?”. “Lo siento mucho Fernando”, le dije a De la Rúa, “pero no puedo, me voy”.

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Hace 35 años la democracia nos devolvió la posibilidad de ser ciudadanos. ¿Cuáles son hoy sus desafíos principales?

Son varios. Una vez más tenés lo que tiene que ver con nosotros y aquello a lo que te obliga lo externo. Yo diría que el gran marco es esta globalización, que es una globalización (mas no la primera), que te desafía mucho a cambiar de actitud y adaptarte con mayor velocidad y más agresivamente porque siempre te está golpeando cerca. Internamente, a mi criterio, necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios. El tema de los subsidios, si uno los estudia, nos lleva a ver hasta qué punto se benefician con privilegios muchos sectores, sobre todo empresariales y sindicales, que aparentemente tienen intereses encontrados pero en suma se complementan. Cuando uno mira la lista de subsidios que hay, no lo puede creer.

¿Cuáles, por ejemplo?

Hay empresas enormes que vivieron de la teta del Estado y siguen viviendo porque los contratos duran hasta qué se yo cuanto. Y porque no existe la cohesión política necesaria para decir “bueno, vamos a recortar eso no importa quien gane”, porque es necesario para dejar de tener lastres y poder en serio transformar una economía que es cerrada y poco competitiva. Hay un artículo de hace poco de Vicente Palermo que decía lo difícil que es el gran acuerdismo, pero entre otras cosas decía cómo hay empresarios que fabrican dulce de leche y dulce de membrillo que se quejan porque se importa de Chile más barato. Entonces, dice, esos empresarios están diciéndole a la gente pobre que compre el dulce de membrillo, que es de lo más barato que hay, pero que lo pague más caro para que él pueda seguir ganando sin competir. Y después está el tema, en que yo insisto, de la institucionalidad, porque tenemos instituciones muy débiles. Cómo vamos a hacer para transformar la justicia en serio, y que sea más independiente de lo que uno siempre siente que es; que realmente el Congreso tenga un funcionamiento donde la gente sienta que en serio los representa, porque uno de los problemas que tenemos, y no solo acá, es que hay mucha gente que no se siente representada por el régimen representativo y sus partidos, y lo mismo pasa con los sindicatos y demás. El tema de la institucionalidad es un tema complicado para nosotros que tenemos una tendencia transgresora.

 


«Necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios»


 

¿Y cómo se puede reconstruir esa confianza con los partidos, los sindicatos y demás?

Con cambios realmente de intencionalidad, y atendiendo una participación diferente que son todas las que te aparecen en las redes, que no necesariamente todas construyen democracia ni muchísimo menos, pero que tampoco debería ser un lugar exclusivamente para hacer la campaña política. Porque te puede traer el triunfo, pero no es lo mismo en que te apoyás después.

Viendo el contexto internacional, ¿ve un riesgo de un avance de la xenofobia y la discriminación en nuestro país?

No tanto, me parece, pero nunca sé cuando se me mezclan mis convicciones con mis expresiones de deseo. No es tan fácil en la Argentina, donde no hay expresión de una derecha dura. ¿Cuanto pueden sacar? 2 o 3 puntos. Cambiemos no se puede correr un gramo más a la derecha porque ya la tiene, al que tiene que ir a buscar es al progresismo. En los festivales donde gritan “Mauricio, la p… que te pario” no está lleno de viejos de derecha.

¿Buscar el centro?

El centro y un poco más para el costado, que es lo que va a intentar el PJ federal. Todos van a ir a buscar un poco ahí. Ahora, si se pelean por quien baja más la edad de imputabilidad, por quién le da más derechos a la policía… Eso ya está ocupado.

Bolsonaro: otro motivo para entender el totalitarismo

Por Milton Rivera* |

 

“En la medida en que el surgimiento de gobiernos totalitarios es el acontecimiento central de nuestro mundo, comprender el totalitarismo no es indultar nada, sino reconciliarnos con un mundo en que tales cosas son posibles”, dijo alguna vez Arendt, la filósofa judía para dejar clara su postura en el análisis del nazismo como fenómeno. Esta afirmación no pretende establecer ningún punto de comparación entre lo que sucede con los gobiernos totalitarios elegidos mundialmente y el movimiento encabezado por Hitler en Alemania. Sólo configura una postura que fuera quizás el motor de esta nota.

La inminente asunción de Bolsonaro en Brasil requiere algunas consideraciones fundamentales para no caer en pensamientos fáciles o simplistas. En primer lugar alejar el fenómeno de lo conocido. Es decir, suprimir esa insolente costumbre que tiene el cerebro de funcionar por metáfora y metonimia: no mirar a Bolsonaro con ojos argentinos. Seamos brasileros por un momento. Salvo cuestiones generales, no existen grandes puntos de comparación entre Brasil y Argentina, ni tampoco de sus líderes. Por el contrario, existen diferencias. Lula no es Néstor, Dilma no es Cristina, Bolsonaro no es ¿Aldo Rico? ¿El diputado Olmedo? ¿Milei? Innecesario y confuso. En segundo lugar, entender la génesis de esas diferencias que nos hacen sustancialmente distintos en materia cultural y política, como en el plano de las fuerzas armadas, que en Brasil todavía gozan de una reputación y una valoración positiva (principalmente por el milagro económico brasileño de 1968-1973 que significó un aumento del 15% del PBI, y la diferencia sustancial de haber desaparecido 300 personas en lugar de 30.000 como en Argentina).  También, no perder de vista el sesgo fuertemente religioso, y de una vigencia cada vez mayor, que inunda la sociedad brasilera e influye de manera explícita en las elecciones de la gente: las oraciones evangélicas. Y por último, tratar de racionalizar el fuerte rechazo anti PT que caracterizó toda la contienda electoral.

Pero además, resultaría tanto más beneficioso olvidar por un momento –o de una vez y para siempre- la noción que los analistas políticos o consumidores del medio seguimos utilizando a pesar de su arcaísmo: izquierda y derecha. Seguir ubicando personajes en estos dos grandes clivajes aún hoy termina siendo confuso y a veces hasta mal intencionado cuando cualquiera de nosotros es capaz de identificar el sesgo popular o no de una determinada proclama política. El jefe de redacción de la revista Noticias, Edi Zunino, dice que Bolsonaro le recuerda mucho a Hugo Chávez, “algo que sin dudas molestará a chavistas nostálgicos como a repentinos bolsonaristas”. Se refiere al Chávez teniente coronel del Ejército que en 1999 se sacaba fotos abrazado a Menem, con quien intercambiaban elogios.  El que comenzó un proceso político tratando de ser silencioso, amigo de amigos de los norteamericanos, y terminó generando el estruendo más grande de América Latina y el recelo de los muchachos de arriba. El nuevo presidente de Brasil reivindicaba a Chávez, Macri admiraba a Lula y Cristina supo entender a Trump, el mal menor anti-establishment. Entonces la línea se vuelve difusa y cuando las cosas empiezan a complicarse hay quienes sacan a relucir esa carta: el zurdaje y el conservadurismo de derecha como términos peyorativos. Lo único claro al final termina siendo el hecho de que el autoritarismo no distingue orientaciones políticas.

En ese contexto uno se pregunta si el Bolsonaro candidato será distinto al Bolsonaro presidente. Es difícil saberlo pero todo parece indicar que inevitablemente será más político. Incluso su discurso inmediatamente después de la victoria ha sido más moderado, y su compañero de fórmula, Hamilton Mourao, reprendido cada vez que deslizaba los comentarios más extremistas. De lo que sí no quedan dudas es del autoritarismo que será condición fundamental de su gobierno. Lo cierto es que cualquier interpretación es fruto de suposiciones y de teorías contrafácticas. Por lo pronto, el capitán electo pondrá todo su esmero en la reforma laboral y previsional que empezó Temer, y buscará generar consenso entre los principales inversores para que comiencen a interesarse en un país que emerge. Además, esta situación se enmarca en el anhelo de disputarle a Macri su posición privilegiada como líder regional. Otra duda que se plantea es si la situación económica (de ser favorable) funcionará como legitimadora de las reformas sustanciales en materia social y de seguridad que prometió implementar, o si la cuestión es al revés: si su gobierno se apoyará inicialmente en todas estas reformas que proclamó en campaña para fortalecer su imagen, y a partir de ahí definir la directriz económica de la mano de Paulo Guedes. ¿Será la economía, estúpido? ¿O la política?

07/11/2018 Encontro com Jair Bolsonaro, Presidente da República

La nueva moda de los discursos autoritarios

Sobre lo que sí se puede establecer un análisis sin suposiciones es sobre la manera en que el ex paracaidista del ejército llegó al Palacio Do Planalto. El mensaje parece repetirse con distintos matices en algunos países y en diferentes campañas. Es la necesidad de plantearse una antítesis: eso es lo que no queremos ser, y a eso nos están empujando. Todos sabemos qué es lo que nadie quiere ser en este continente: Venezuela. Además del rechazo a los políticos de cepa, principalmente al PT (hoy visto como el establishment) y la consecuente consideración de los políticos marginales como Bolsonaro, el discurso apuntaba a proclamar algo que en definitiva termina siendo mentira. O mejor dicho, termina siendo una trampa. La dictadura venezolana al final es una carta que los partidos más ajenos a ella supieron utilizar para ser elegidos y llevar adelante planes de gobierno que quizás de haber sido puestos sobre la mesa más explícitamente, no hubiesen tenido el resultado esperado en las elecciones. Pero en todo caso, más que una crítica a estos movimientos conservadores que surgen, es un cuestionamiento a la falta de percepción de ciertos dirigentes para adaptarse a lo que pide o quiere escuchar la gente. Si bien «la gente» como generalidad es un nombramiento peligroso, entiéndase como una opinión pública demandante de cuestiones que antes no tenían lugar. Y el PT falló en eso.

Evidentemente el mundo está cambiando. En un contexto encabezado por posiciones proteccionistas, aislacionistas y fuertemente nacionalistas, lo de Brasil puede pensarse como el primer guiño sudamericano a una tendencia que se teme en ascenso. Pero todo es cuestión de discursos: el del bolsonarismo se enmarca en todo esto -tornar grande o Brasil novamente, un remake del slogan trumpista. Porque con solo pensar que se puso en peligro la integridad del MERCOSUR,  resulta inevitable ver este fenómeno sumergido en una ola de ideas que pregonan las rupturas de los bloques de integración alrededor del mundo: Theresa May y Giuseppe Conte (y su viceministro en ascenso, Matteo Salvini), por la Unión Europea. Esto es: no subestimar el discurso que se pone de moda.

Pero si hablamos de discursos lo que evidentemente resulta novedoso en este caso es la forma del quehacer en la campaña: explícitamente a favor de mantener –o profundizar- desigualdades sociales. Con una violencia aún más feroz que en Estados Unidos en 2016, y más salvajismo. De todas formas, parecería difícil que esta modalidad se convierta en materia exportable a ciertos países latinoamericanos (especialmente Argentina).

En plena dictadura militar Roberto Da Matta, un antropólogo brasilero, presentó un ensayo para intentar descifrar cómo funciona una cultura intrínsecamente autoritaria. Dice allí que en líneas generales,  la sociedad brasilera no acostumbra a discutir jerarquías y que cada uno respeta el lugar que ocupa. Es, si se quiere, una sociedad poco contestataria. Índices casi inamovibles de desigualdades económicas, de violencia social y discriminación racial a lo largo de los años, hacen suponer que la experiencia del PT fue un paréntesis en un país en el que todo el tiempo se señala el lugar que cada persona tiene que ocupar y se marcha sin chistar. Está claro que el PT significó grandes avances y logros para una clase desprotegida, pero si lo vemos desde esta perspectiva cabe preguntarnos si al final los dirigentes no supieron empoderar verdaderamente a la clase trabajadora con algo más que esos logros. O si todo en la política otra vez es cuestión de discursos y si es ahí donde fallaron Haddad, Lula y Dilma. Si es así, sería al menos tranquilizador afirmar que lo de Bolsonaro es un discurso como cualquier otro, pero con estos personajes nunca se sabe. A estar atentos.

 

*El autor es estudiante de Periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA).