Opinión | Por Emiliano Vitaliani* |
El uso de la palabra “diálogo” es una moneda corriente de los políticos argentinos. Escuchamos una y otra vez a la oposición de turno reclamar una apertura al diálogo de parte del oficialismo y al oficialismo decir que toma medidas dialogando con los sectores afectados. Sin embargo, a pesar de la frecuencia con que se lo invoca, nunca termina de quedar claro de qué estamos hablando cuando hablamos de diálogo. ¿Es acaso dialogar negociar con la oposición? ¿Es simplemente escuchar a quienes tienen algo que decir sobre una medida y después decidir unilateralmente? ¿Nos exige el diálogo brindar razones que justifiquen nuestra posición?
Esta falta de precisión, sumada al uso estratégico del reclamo dialógico, ha llevado a que muchas personas (entre las que una versión joven de quien escribe se encontró) desechen esta pretensión. A primera vista, el pedido de diálogo parece ser bastante naif. Después de todo, si la política es esencialmente la forma en la que canalizamos el conflicto ocasionado por la contradicción entre los intereses de ciertos grupos, no tiene demasiado sentido que cuando un grupo puede tomar las decisiones que lo benefician realice concesiones. Así, de acuerdo a la concepción que clásicamente se denomina como agonal, el conflicto y la lucha por el poder son inherentes a la vida en comunidad y la función de la democracia es permitir la coexistencia de grupos con intereses contrapuestos.
Desde esta perspectiva, la política democrática consiste en la canalización de las disputas de poder producidas por las contradicciones existentes entre las demandas de determinados grupos. Dado que esta concepción de la política, y en particular la política democrática, es escéptica respecto del contenido de las decisiones, no es posible recurrir a ningún criterio externo de validez para justificar sus demandas y por lo tanto solamente queda la disputa desnuda de poder. Dicho en criollo: si no podemos explicar a los demás por qué la demanda de una persona debe ser satisfecha y la de otra no, lo único que nos queda es el conflicto entre ellas.
Esta pequeña digresión no tuvo el objetivo de entretener al lector con un comentario sobre la teoría agonal, sino que ella tiene consecuencias relevantes para la pregunta que estoy intentando responder. Si la política es conflicto y no podemos recurrir a ningún criterio externo para justificar nuestras pretensiones, la respuesta a la pregunta por si tiene sentido hablar de diálogo en política es que no. Por supuesto, el diálogo puede tener un sentido estratégico y puede ser útil para articular demandas, pero ahí se acaba el asunto. Si todo lo que buscamos en la política es satisfacer nuestros intereses, no hay nada que quienes rechazan estas demandas puedan decir para que las abandonemos. Después de todo, nuestros intereses no cambian por una charla.
Sin embargo, esta no es la única forma de entender a la democracia. Déjeme empezar con una pequeña pregunta: ¿Cree usted que algunas decisiones son mejores que otras? Nótese que no estoy preguntando si algunas decisiones lo benefician más o menos ni si usted conoce con precisión cuáles son esas decisiones que son mejores. Mi consulta aquí es más simple y consiste en si usted considera que es posible comparar entre dos políticas públicas y decidir que una es mejor. Si su respuesta es que no, entonces esta nota no es para usted. Si, por el contrario, usted cree que algunas decisiones son más deseables que otras, tal vez le interese lo que sigue.
Dado que usted, querido lector, cree al igual que yo que algunas decisiones son mejores que otras, podemos seguir hablando sin que haya malentendidos. Afirmar que algunas decisiones son más deseables implica afirmar que existe algún criterio que define a lo deseable, aunque tal vez no estemos seguros de cuál es. Al afirmar que existe algún criterio independiente de justicia o de lo bueno estamos afirmando que contamos con algún parámetro de acuerdo al cual las personas pueden dialogar tomándolo como punto de referencia común. Sin esta referencia sería imposible la justificación intersubjetiva de las demandas y por lo tanto caeríamos bajo el paraguas de la teoría agonal.
Este punto es especialmente relevante. Para que haya diálogo tiene que ser posible justificar nuestras afirmaciones sobre criterios potencialmente aceptables por todas aquellas personas sobre los que van a ser impuestos. Nótese que esto no implica la aceptación de hecho de estos principios, sino que restringe los argumentos que se pueden usar para defender una posición, excluyendo aquellos que hagan referencia a personas o grupos particulares. Sin embargo, esto no es suficiente para que el diálogo sea posible.
La posibilidad del diálogo requiere no solo que exista algún criterio imparcial de acuerdo al cual dialogar sino también que los sujetos partícipes lo incluyan entre las razones para su comportamiento. Si al recibir razones suficientes para dictaminar que una política es mejor que otra las personas siguieran votando sistemáticamente a la segunda, entonces dialogar no tendría sentido. Si el diálogo no tuviera efectos sobre el comportamiento de las personas en la esfera pública, no sería más que un divertimento intelectual y por lo tanto sería irrelevante para el pensar nuestra vida en comunidad. Sin embargo, tal como afirma Jon Elster, las personas no se comportan en la esfera pública (el foro) como lo hacen en el mercado. A la hora de tomar decisiones políticas no nos guiamos solamente por lo que nos conviene a título individual, sino que también ponderamos qué nos parece que es mejor para nuestra comunidad, independientemente de cómo eso nos afecte. De esta forma, dialogar en un sentido relevante del término implica incorporar lo que nuestros conciudadanos dicen a las razones que guían nuestro accionar.
Los presupuestos para el diálogo que describí hasta acá son los dos presupuestos sobre los que se asienta la teoría de la democracia deliberativa. Por un lado, esta teoría asume que existen algunas decisiones mejores que otras, mientras que por otro afirma (con sustento empírico) que las personas están dispuestas a cambiar de opinión una vez que se les presentan argumentos satisfactorios. Asimismo, la teoría de la democracia deliberativa cree que la deliberación colectiva es una buena forma para conocer cuáles son las mejores decisiones, de allí que se diga que es epistémicamente virtuosa.
Esto puede parecer algo complejo, pero realmente no lo es. Día a día tenemos juicios equivocados sobre distintos asuntos de nuestra vida personal y de la vida pública. Dado que somos seres humanos con una racionalidad limitada, siempre es posible que nuestras creencias sean erróneas.
Al formular nuestros juicios en público estamos, por un lado, obligados a formularlos en términos que sean potencialmente aceptables para todos nuestros conciudadanos y, por otro, expuestos a las críticas que todos ellos nos puedan hacer. Por lo tanto, los juicios de cada uno de los ciudadanos se ven sometidos a un escrutinio más estricto y aquellos que sobrevivan al debate público contarán con más credenciales que las que tenían en un primer momento. Así, la deliberación colectiva por un lado nos permite descartar algunas afirmaciones equivocadas y por otro nos otorga buenas razones para confiar en las conclusiones a las que hayamos llegado.
«A la hora de tomar decisiones políticas no nos guiamos solamente por lo que nos conviene a título individual, sino que también ponderamos qué nos parece que es mejor para nuestra comunidad»
Este proceso no solo se da sobre juicios morales, sino que la deliberación colectiva también nos permite corregir nuestros errores relativos a cuestiones fácticas. Los problemas del razonamiento práctico pueden surgir no solamente de errores en las premisas morales, sino que nuestros juicios incluyen generalmente entre sus premisas algunas consideraciones de hecho. Al igual que cuando discutíamos en qué consistía la justicia, al discutir asuntos de hecho también podemos incurrir en errores, por lo que debatir sobre cuestiones fácticas mejoraría la decisión final.
Creo que un ejemplo puede clarificar esta distinción. Supongamos que nos queremos ir de vacaciones con nuestros amigos. Primero debemos decidir qué destino es el deseable. Después de un largo debate, decidimos que el mejor destino es Bariloche. Ahora bien, incluso cuando esto sea cierto y todos acuerden en ello, nuestro viaje no está planificado. La mayoría podría proponer llegar en crucero, lo que sería ciertamente imposible. Es allí donde la deliberación opera sobre las consideraciones de hecho. Un miembro del grupo podría prevenir al resto, haciendo notar que Bariloche no tiene salida al mar y por lo tanto viajar en crucero no es una opción, mejorando así la decisión final. En nuestro (en exceso) sencillo ejemplo, viajar en crucero a Bariloche no sería un error por el objetivo trazado sino por el medio elegido para el mismo. Vemos así que la deliberación cuenta con valor epistémico tanto sobre juicios morales como sobre consideraciones fácticas.
Todo lo dicho hasta aquí tiene consecuencias muy interesantes. En primer lugar, cabe destacar que, si todas las afirmaciones sobre cuestiones políticas están constantemente sometidas al escrutinio de los demás, ellas nunca podrán asumir el carácter de verdades definitivas, sino que estarán regidas por lo que Gutman y Thompson llaman el principio de provisionalidad. En tanto siempre puede aparecer un nuevo argumento no considerado hasta el momento, el principio de provisionalidad tiene como consecuencia que las razones ofrecidas nunca sean finales, sino que queden abiertas a futuras refutaciones. Así, lejos de la lucha de intereses contrapuestos de las concepciones agonales, en la concepción deliberativa de la democracia será la fuerza débil del mejor argumento la que determinará las decisiones que se tomen en la esfera pública.
Una vez repasados los principales aspectos de la teoría de la democracia deliberativa, podemos ver cómo una noción robusta del diálogo, entendido como el intercambio de razones que permitan justificar intersubjetivamente la adopción de ciertas políticas, tiene un fuerte anclaje teórico. Lejos de ser una pretensión inocente y soñadora, el diálogo político es a la vez una realidad y una forma de promover la toma de decisiones epistémicamente confiables.
Es decir que no solamente el diálogo existe en nuestras sociedades contemporáneas, sino que al mismo tiempo constituye un ideal al que debemos aspirar si queremos vivir en una sociedad más justa. Cuanto más se acerque nuestro sistema de toma de decisiones al ideal del diálogo igualitario y libre de coerción que promueve la democracia deliberativa, más confiables serán nuestras decisiones. Así, si creemos que existen algunas políticas que son mejores que otras y que no somos dioses poseedores de todas las verdades morales y fácticas, el diálogo no solamente es una posibilidad sino una fuente de legitimidad política y por lo tanto un mandato.
*El autor es estudiante de Derecho y de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
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