De la prostitución y sus fundamentos: recorrido histórico (parte I)

Primera entrega de “De la prostitución y sus fundamentos”. Un recorrido histórico de una actividad objeto de controversias.

Primera entrega de De la prostitución y sus fundamentos | Por Malena Malacalza |

   

Cualquier acercamiento a la prostitución exige como punto de partida entender que no hay un solo fenómeno que pueda llamarse de ese modo sino que han existido formas muy variadas que responden a diferentes significados y orígenes.

En general, el debate sobre la prostitución no suele abordarse dentro de un contexto histórico, por lo que siempre queda oculto su vínculo con la situación de las mujeres en distintas épocas. En este sentido Beatriz Gimeno nos ilustra: 

“Para abordar la prostitución adecuadamente es imprescindible estudiar las relaciones de género hegemónicas en cada momento histórico, porque la prostitución tiene que ver, fundamentalmente, con el tipo de relación que cada sociedad, en cada momento, establece entre hombres y mujeres. Por tanto entendemos aquí la prostitución siempre como una relación. No hay prostitución sin más, sino relaciones de prostitución, situaciones muy diversas en las que las mujeres se han relacionado con los hombres para ofrecerles sexo a cambio de dinero o de bienes”.

Sin ánimos de adelantar, me atrevo a hacer una primera reflexión: el patriarcado siempre encuentra una manera de manifestarse incluso en las sociedades más progresistas.

De los fundamentos de la prostitución

  • “El trabajo sexual es la actividad voluntaria de personas mayores de 18 años que ofrecen o prestan servicios de índole sexual a cambio de retribución económica”
  •  “Las trabajadoras sexuales necesitamos una ley para ejercer nuestra actividad, amparada en derechos laborales, como cualquier trabajador/a registrado/a en el país (…)” (Asociación de mujeres meretrices de la Argentina -Ammar).
  •  La posición abolicionista mantiene que la prostitución de mujeres solo puede ser analizable desde la perspectiva de la historia de la desigualdad entre hombres y mujeres (…), la prostitución, que definen como violencia contra las mujeres, no es comparable con ningún otro trabajo. En realidad, es el núcleo de una relación de dominación en bruto, sin mediación alguna” (Ana de Miguel Álvarez, “La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana”).

 

Saber a quién consideramos social o legalmente prostituta -y por ende sobre qué mujeres se aplican las políticas relativas a la prostitución- no es tarea fácil. La  cuestión tiene lo que algunas autoras llaman “un matiz ideológico casi invisible”.

La RAE define a la prostitución como “la actividad a la que se dedica quienes mantienen relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero”, y a la prostituta como “la persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero”.

Este concepto es viable en el mundo actual, en el que casi toda actividad humana se expresa en términos monetarios, pero en el pasado no ha sido tan sencillo delimitarlo; no se ha considerado siempre al dinero como característica esencial para la definición. En otros momentos y en otras culturas, lo relevante ha sido la actividad en sí misma. En la edad media, por ejemplo, cualquier mujer con experiencia sexual, consentida o no, fuera del matrimonio, era una prostituta incluso cuando no cobraba.

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La prostitución como “el empleo más antiguo del mundo”

Cuando hablamos de la prostitución debemos referirnos a la sexualidad, puesto que están íntimamente vinculadas y es esta última la que crea y reproduce relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Más aún, debemos referirnos a la doble moral sexual: un conjunto de postulados que indican que hay cuestiones éticamente aceptadas para los hombres pero no para las mujeres (o al menos para algunas mujeres).

Los hombres han sido el sujeto en casi todos los sentidos posibles, y como tal, definieron la sexualidad como su sexualidad. Es así como establecieron distintas instituciones que les garantizaban la variedad en sus parejas sexuales. Entre estas, la prostitución.

Frente a esta situación de “comprensión y tolerancia de la promiscuidad masculina”, las mujeres fueron divididas en dos grupos: las mujeres públicas, destinadas a satisfacer el deseo sexual de los hombres, y las mujeres destinadas al matrimonio, quienes renegaban de su sexualidad.

La época victoriana. Sexualidad y Revolución Industrial en el siglo XIX

La época victoriana de la historia del Reino Unido marcó el auge de la Revolución Industrial y del Imperio británico. Aunque esta expresión se usa comúnmente para referirse al largo reinado de Victoria I (1837/1901), también refiere a los profundos cambios ocurridos en las sensibilidades culturales.

La doble moral sexual encuentra en la era victoriana su mayor esplendor: paralelamente a las estrictas y conservadoras costumbres de la época para las mujeres de las clases sociales más altas,  se desarrollaba un mundo sexual subterráneo donde proliferaba la prostitución. Se creó una sociedad exacerbada de moralismos y disciplina, con rígidos prejuicios y discursos de sexualidad como nunca habían existido en el mundo Occidental.

La prostitución fue una de las principales actividades económicas que caracterizaron Inglaterra en el periodo victoriano, concentrándose en centros urbanos como Londres y Gales, en barrios específicos y en burdeles, y tuvo como protagonistas a las mujeres de clase media y baja, mujeres que se encontraban desprotegidas por haber enviudado, por tener maridos alistados en el ejército o mujeres con pocos recursos. Es así como comienza a perfilarse en el siglo XVIII el modo de prostitución contemporáneo.

La actividad sexual femenina (por supuesto, de la clase alta) quedó neutralizada y reducida a un solo fin: la reproducción, cuando fuere necesaria. Mientras tanto, resultaba lógico –y era de buena práctica- que los hombres estuvieran con una variada cantidad de mujeres, que al parecer podían incumplir las reglas al solo efecto de darles placer.

 


“Las mujeres fueron divididas en dos grupos: las mujeres públicas, destinadas a satisfacer el legítimo deseo sexual de los hombres, y las mujeres destinadas al matrimonio”


 

La revolución industrial y los discursos de sexualidad construidos en ella no pueden considerarse como dos situaciones sin punto de encuentro, meramente casuales. Uno fue condición de posibilidad del otro.

El modelo de producción capitalista exigió que los cuerpos sean concebidos y tratados en miras a los intereses productivos económicos de la época : consumo y acumulatividad. La movilidad social producida por el desarrollo del capitalismo industrial creó nuevas demandas a gran escala por lo que era necesaria mano de obra barata.  Para ello, se requería rapidez y eficacia y de ahí que fuera necesario instruir unas reglas para el cuerpo y posibilitar que las mujeres contribuyan en el trabajo en la industria, modificando este concepto de la familia tradicional arraigada a la tierra, reduciendo la cantidad de miembros que la integraban.

De ese modo, se produjo una represión de los cuerpos traducida en un control de la sexualidad  atravesado por el saber y el control de la misma. El sexo era considerado un problema: “el placer sexual era un interés particular que escapa de toda dominación, se escapaba  del interés general de la producción industrial y del orden social”. 

Sin embargo, es necesario volver a advertir en este punto, qué eran las mujeres quienes encontraban coartada su sexualidad, mientras tanto: los hombres consumían prostitutas.

Este modelo es el que caracteriza la época victoriana, pero dichas prácticas no fueron cometidas única y exclusivamente en el Reino Unido, sino que trascendieron sus fronteras hasta llegar a todo el Occidente.

Este orden de cosas permaneció relativamente incuestionable hasta el desarrollo de los movimientos feministas del siglo XIX. Las feministas y los diferentes socialismos fueron críticos con esta doble moral sexual y lucharon por la autonomía de las mujeres en los más amplios sentidos. La denuncia de la doble moral sexual tomó la forma de defensa del derecho de divorcio y también una posición crítica sobre la prostitución.

Ana de Miguel en su trabajo La prostitución, una escuela de desigualdad humana introduce el concepto de “ideología de la prostitución”: un conjunto de postulados favorables a que los hombres vayan con mujeres prostituidas y a que las mujeres lo acepten. Por un lado, se parte de la base de que el hombre tiene derecho a satisfacer sus necesidades sexuales. Por otro, a que la sociedad debe proporcionarles un mercado de mujeres para satisfacerlas.

Desde argumentos conservadores, se sostiene que lo que es bueno para los hombres es malo para las mujeres y viceversa. De este modo, es conveniente que los hombres tengan relaciones sexuales lo más variadas que puedan antes del matrimonio, siendo el mismo núcleo familiar quien llevaba a los hombres a debutar a los prostíbulos, mientras que la mujer debía permanecer virgen hasta el matrimonio.

Se consideraba así a la prostitución como un mal menor para evitar que el  hombre pudiera tener estas necesidades insatisfechas. Advierte, sin embargo que ésta ideología es muy elástica, y que la prostitución se legitima tanto desde posturas conservadoras como desde liberales y progresistas. Esos argumentos pudieron funcionar durante un largo tiempo, pero luego la opresión encontró nuevas maneras de manifestarse y transformarse.

marcha feminista

Los años 60: drogas, sexo y rock and roll. Haz el amor, no la guerra.

La revolución sexual del año 1960 fue un punto de inflexión del modelo sexual tradicional y “la doble moral sexual” en casi todos los países de Europa Occidental. Su mayor auge fue entre 1970 y 1980, con consecuencias que aún siguen vigentes. Esta revolución supuso una reivindicación a la libertad sobre los cuerpos y la sexualidad como parte integral de la condición humana, la aceptación de las más diversas relaciones sexuales, en parte gracias a los avances tecnológicos en materia de métodos anticonceptivos, y de la legalización de prácticas como el aborto.

Sin embargo, como advertimos hace un momento, la ideología de la prostitución encontró el modo de reproducirse en esta nueva era, donde los argumentos anteriores quedaban anticuados.

 


“La ‘mujeres de familia’ se reprimían, los hombres consumían prostitutas”


 

El sexo empezó a concebirse como algo bueno, moderno y trasgresor, como algo “antisistema”, a tal punto hubo una exaltación del mismo excluyendo todo juicio moral de ese territorio.  ¿Cuál fue el problema? Que estas ideas fueron tomadas por los medios hegemónicos de comunicación y reprodujeron un nuevo modelo de sexualidad, que ya no era tradicional, pero que exaltaba al cuerpo de la mujer desnuda constituyéndola como objeto de deseo de los hombres bajo el lema de la “libertad”. La televisión, las revistas, las publicidades, incluso la industria pornográfica, todos se encargaron de dejar un mensaje bien claro: la sexualidad seguía estando a la orden del placer masculino.

Debemos destacar que este escenario también posibilitó que muchas mujeres pudieran cuestionar ese modelo sexual tradicional al que estaban sujetas, advirtiendo que pocas veces se sentían identificadas con aquellas mujeres de la pornografía; que pocas veces se veían satisfechas; que poco conocían su cuerpo; que esa libertad estaba dirigida por el placer masculino. Dentro de algunas mujeres de la época podemos mencionar a Kate Millet, quien sostuvo que “el amor era el opio de las mujeres”, la planta que adormecía sus inquietudes y las llevaba a la sumisión y al conformismo: “mientras nosotros amábamos, ellos gobernaban el mundo”. Sin embargo, fueron silenciadas, tachadas de locas, lesbianas, feas, puritanas. La ideología de la prostitución encontraba así una nueva base: el mito de la libre elección y el consentimiento. Si la prostitución es voluntaria y hay consentimiento, la libertad individual aparece como un factor determinante para su aceptación.

En este sentido, Ana De Miguel distingue entre las sociedades de patriarcado duro o coacción en las que legalmente se establece la inferioridad moral, intelectual y física de las mujeres, reduciéndolas al ámbito privado y al servicio del hombre, y las sociedades de patriarcado blando basadas en el consentimiento, en las que el patriarcado se manifiesta a partir del mundo de la creación: cuentos, novelas, canciones que orientan a las mujeres a elegir cosas distintas que los hombres. En una entrevista, Ana ilustra esto de manera muy precisa a través de un ejemplo: al nacer una mujer inmediatamente se ofrece perforarle las orejas, desde ese primer momento en su vida es marcada por la sociedad. Eventualmente, en el desarrollo de su vida, esa niña tomará varias decisiones: la elección del color rosa; las novelas de amor; los juegos de cocina o cuidado de niños. Elecciones que creerá libres, pero que en realidad no son más que respuestas a nuestra sociedad patriarcal.

En este  punto de la historia, la sexualidad de la mujer dejó de estar entre las sombras, pero lejos de producirse un verdadero cambio en su modo de percibirla y vivirla, se la concibió nuevamente desde una perspectiva patriarcal: se hiper sexualizo a la mujer, reduciéndola a un mero objeto de consumo masculino.

*La autora es estudiante de Derecho (UNLP).

F. Salvioli: “Los derechos humanos tienen una ideología propia”

Entrevista a Fabián Salvioli* | Por Antonella Bormapé y Tomás Allan |

 

Ocho años integró Fabián Salvioli el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -algunos de ellos ocupando la presidencia-. Luego de tanto tiempo examinando y evaluando a cientos de Estados en materia de cumplimiento de derechos civiles y políticos, dejó su lugar para ocupar un nuevo cargo, en este caso como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Monitorear los procesos de transición en el mundo, esa es la función de Fabián, cuyo video exponiendo en el Congreso de la Nación a favor de la legalización del aborto en 2018 se volvió viral.

Apenas días atrás había estado exponiendo en un panel organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre idas y vueltas, viajes al exterior por temas laborales y clases cotidianas en la Universidad Nacional de La Plata en la materia Derechos Humanos, logramos hablar un rato con Salvioli sobre temas que van desde la situación de Venezuela hasta la relación de las ideologías políticas con los derechos humanos, pasando por las ineludibles cuestiones de género.

Integraste ocho años el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahora te desempeñás como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¿En qué consiste tu nueva función?

Esto es una cosa muy diferente, ya que se trata de un procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Comité, en cambio, es un órgano de tratados que interpreta y aplica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Aquí se trata de un mandato a todo el mundo, es decir, a todos los Estados de Naciones Unidas (independientemente de que hayan ratificado o no tratados), para monitorear los avances y dificultades en procesos de justicia transicional. Se busca, frente a situaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos o de derecho humanitario, o cuando hay un traspaso de un gobierno autoritario a una democracia, o una salida de conflicto armado hacia un estado de paz, que se aborde esa situación de manera tal que se cumplan estándares de derechos humanos.

En una entrevista con El País decís que la paz no se mantiene, sino que se construye, ¿a qué te referís?

A romper con el paradigma que estableció la Carta de las Naciones Unidas del mantenimiento de la paz, ya que en realidad es mas bien una idea de “estado de no guerra”. No creo que pueda haber paz en un mundo donde la cuarta quinta parte de la población no tiene satisfechos sus derechos básicos. Es decir, la paz se construye con inclusión, y la inclusión implica el respeto y la garantía de los derechos humanos.

¿Cómo evaluás lo que está sucediendo en Venezuela?

Como Relator, poco puedo decir porque no es un asunto que esté bajo mi estudio, pero si vos me preguntás cual es mi opinión, puedo decir que Venezuela indudablemente atraviesa por una situación de violaciones graves y sistemáticas, o graves al menos, de derechos humanos. Hay incluso un examen preliminar, inicial, en el marco de la justicia penal internacional, en relación a la posible comisión de crímenes contra la humanidad en dicho país. Lo de Venezuela es un régimen que ha denunciado el Pacto de San José de Costa Rica, y que diversos órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han denunciado como un fuerte deterioro del estado en materia de derechos humanos. No entra aún dentro de mi mandato porque no tenemos ninguna transición en curso, pero por supuesto que observo eso con mayor preocupación, como observo con mayor preocupación cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en cualquier lugar del mundo, independientemente de quiénes sean los gobiernos bajos los cuales se realizan esas prácticas.

 


“Hay un examen preliminar, en el marco de la justicia penal internacional, en relación a la posible comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela”


 

¿Qué querés decir cuando sostenés que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha?

Eso. Que los derechos humanos forman parte de una ideología propia, extraordinaria, magnífica, que incomoda a los gobiernos y que ha incomodado tanto a la derecha como a la izquierda. El ejemplo de Venezuela es muy claro, y yo te puedo hablar de Guatemala, de El Salvador o de Brasil, es decir, de gobiernos de derecha en los cuales hay situaciones graves de violaciones de derechos humanos. No me parece que sea adecuado encasillarlos bajo una ideología de partido político tradicional, más allá de que por supuesto es algo muy ideológico, pero tienen una ideología propia, que hasta donde yo sé, es la mejor que conozco.

Igualmente, en la teoría, ¿no hay un tratamiento distinto de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, por parte de las derechas y las izquierdas? La izquierdas tienden a decir que tienen que estar garantizados por el propio Estado y las derechas, en cambio, sostienen que la satisfacción de esas necesidades debe llegar por el libre desarrollo de las fuerzas del mercado.

Tienden a decir, pero ninguna de las dos posturas es cierta. De hecho, un buen ejemplo de garantía de derechos económicos, sociales y culturales son los países nórdicos, que no son precisamente de izquierda. Además, los Estados tienen que garantizar a todos los derechos: civiles; políticos; económicos; sociales y culturales. Para eso son Estados, y si no, que se dediquen a otra cosa. No tienen por qué hacerme elegir a mí qué derecho quiero que me garanticen. El Estado está para garantizármelos todos. Después, el signo político que tenga es un problema del Estado, no mío.

¿No crees que hay un cierto déficit de legitimidad en los comités controladores de los pactos? En el sentido de que hay un vínculo menos estrecho con la población de los países a los que controlan, en comparación a las justicias internas de esos países. Sobre todo si lo pensamos en términos de designación y remoción de funcionarios.

Ambos sistemas, los internos e internacionales, tienen ese tipo de problemas. Pero yo honestamente pienso que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (y creo que eso refleja el funcionamiento de todos los comités) debería estar compuesto por expertos e independientes. Algunas personas lo son, otras son expertas no tan independientes, otras son independientes no tan expertas, y hay quienes no son ni expertas ni independientes, pero el conjunto sí forma un cuerpo independiente y experto. Quienes tienen experticia e independencia asumen liderazgo, ya que es muy difícil discutirles en términos de teoría y aplicación de derechos. Las personas que están mejor formadas y no dependen de nada tienen mucha más libertad para llevar adelante las peleas que tienen que llevar. El resultado del trabajo de esos órganos de monitoreo es entonces muy solvente, sólido. Es experto e independiente. En ocho años, no he visto un solo caso en el cual un gobierno al que se le haya indicado algo en alguna de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos haya podido desvirtuar ni un párrafo.

Es sólido el trabajo que surge…

Es muy sólido, claro. No refleja todo lo que pasa porque no necesariamente toda la información llega, pero lo que llega y se vuelca es efectivamente así. Después, no dejan de ser órganos integrados por humanos, entonces pueden funcionar de una manera más falible o menos falible, dependiendo de muchas cosas, entre otras, incluso, de errores de torpeza o falta de atención que pueden existir en cualquier persona en cualquier momento. Pero eso no quiere decir ni mala fe, ni falta de independencia, ni imparcialidad.

En relación a los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿cuál fue el impacto internacional que tuvo el proceso argentino?

Fue una cosa extraordinaria. Argentina inició un proceso inédito, en ese sentido, de la recuperación de la democracia. Fue de un gran valor, y sirvió para otro Estados que han pasado situaciones similares y han intentado replicar el proceso argentino. Fue de gran valor eso y luego la anulación de las leyes de impunidad y la recuperación de los procesos de juzgamiento y condena de responsables de crímenes contra la humanidad. Es un gran ejemplo. Los gobiernos muchas veces intentan decir que para estas cosas hay que seguir los ejemplos de impunidad, y hay otros buenos ejemplos… Argentina es un buen ejemplo. Entonces, lo que habría que seguir es el ejemplo que mejor garantiza derechos. En un mundo en el cual una persona que roba un celular pasa dos años preso, que quien cometió una masacre se vaya a su casa es un poco insólito.

 


“La Corte debería cambiar la naturaleza de la obligación de investigar las desapariciones forzadas, hacia una obligación de resultados y no de medios”


 

¿Cuál creés que es la responsabilidad de los Estados ante la violencia de género?

Toda. El Estado tiene el deber absoluto de la debida diligencia y de prevención, y no se hace lo suficiente en ninguna esfera. En un mundo en el cual las mujeres no pueden decidir siquiera sobre sus proyectos de vida o sobre su propio cuerpo, es absurdo decir que los Estados están haciendo lo que tienen que hacer. Falta mucho por hacer en esa materia, y el mundo no se podrá llamar justo hasta que las mujeres no tengan igualdad de derechos en teoría y en la práctica con los hombres.

¿Cómo evaluás las rispideces que hubo entre la Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al fallo Fontevecchia en 2017? ¿Por qué creés que tuvo esa reacción?

No sé exactamente por qué tuvo esa reacción. Fue una decisión ridícula y vergonozosa, incluso por la manera en que está escrita. A mí me hubiera dado vergüenza formar parte de un tribunal que haya escrito semejante cosa. El fundamento esgrimido por la Corte no supera el test más básico de derecho internacional. Y esto escrito por personas que integran el tribunal más alto de un país es algo muy preocupante. Finalmente, cuando un órgano del Estado decide no avanzar en el cumplimiento de una decisión de un órgano internacional de derechos humanos, solo es legítimo cuando a través de su decisión garantiza más los derechos. Si no, falla en su función, que es la de garantizar los derechos humanos. Y eso incluye a todos los poderes. No sé cómo la Corte Suprema pensó que no es un poder del Estado.

Última: ¿puntos a ajustar en el sistema interamericano de derechos humanos?

Yo creo que la Corte Interamericana realmente hace un trabajo extraordinario, que va a la vanguardia en muchos aspectos. Pero hay que pedirle más, y pedirle más implica exigirle más firmeza en cuanto a la determinación de los estándares que los Estados deben cumplir en materia de derechos humanos; más precisión en las garantías de no repetición; más profundidad en el abordaje de género… La Corte debería cambiar la naturaleza de la obligación de investigar las desapariciones forzadas, hacia una obligación de resultados y no de medios. Debe también decir, ya sin miramientos, que obligar a una mujer a llevar un embarazo contra su voluntad es una violación del derecho a la integridad; es un trato inhumano y degradante y por ende se está violando un derecho inderogable de las mujeres cuando existen leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. Debe dejar en claro –a mi juicio- que en aquellos regímenes que tienen establecidas como sanciones penales la reclusión o la prisión, las penas por crímenes de lesa humanidad no pueden ser diferentes a la reclusión o a la prisión. Esta alternatividad de penas en función de proyectos de paz habría que preguntarse a la paz de quién responde… Sin dudas no a la de las víctimas. La Corte tiene que continuar el extraordinario trabajo que está haciendo en materia de derechos económicos, sociales y culturales a través de su jurisprudencia, y profundizar la muy valiente jurisprudencia en materia de no discriminación indígena. Y finalmente continuar en materia de pueblos indígenas. La Corte se ha convertido en el tribunal que mejor garantiza los derechos a pueblos indígenas, aunque el Pacto de San José de Costa Rica no los mencione ni una vez, y los trabajos preparatorios tampoco. Lo cual muestra que cuando un órgano no garantiza derechos humanos es porque no quiere, no porque no puede.

 

*El entrevistado es abogado (UNLP), presidió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y actualmente se desempeña como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y profesor en la Universidad Nacional de La Plata.

Será Ley: claves del nuevo proyecto que llega al Congreso

Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Hace un año que bajo el impulso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación federal que nuclea el reclamo por esta demanda, logramos que por primera vez después de 13 años, se debatiera en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E). Se trató del proyecto de ley más discutido de la historia de nuestro país, con más de setecientas expositoras y expositores en cuatro meses de debate.

No obstante, tras lograr la media sanción en Diputados, fue en la madrugada del mes de agosto y tras un extenso debate, que dicho proyecto fue rechazado por 38 votos en contra reunidos por senadoras y senadores de Cambiemos, el PJ Federal y uno del kirchnerismo, contra 31 a favor.

A pesar de ello, todo ese día indicaba que ya no había vuelta atrás: en las afueras del recinto, miles de personas ya se habían adueñado de las calles a pesar del frío y la Plaza del Congreso era poblada por la demanda popular. La multitudinaria movilización demostró una participación política inédita, sobre todo de parte de las juventudes. Esa noche, las mujeres ganábamos las calles y el tratamiento de la ley traspasó el edificio legislativo siendo no solo político, sino también social.

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Este proceso, dio inicio a la “marea verde” en la Argentina y el mundo, demostrando que el aborto legal, seguro y gratuito es una demanda popular y masiva, y que forma parte
de los reclamos históricos del movimiento feminista que se manifiesta de forma coordinada, territorial, transversal, política e intergeneracionalmente.

Hoy, 28 de mayo y casi un año después, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña vuelve a presentar por octava vez un nuevo proyecto, modificado con lo aprendido durante el debate parlamentario del año pasado y con algunos cambios en la redacción para evitar discusiones que ya fueron saldadas en el debate anterior, con el objetivo principal de ampliar el apoyo a la iniciativa.

Dando cuenta de ello y de la ampliación de la transversalidad de apoyos, las primeras quince firmas son de Brenda Austin, Carla Carrizo, Victoria Donda, Mónica Macha, Romina del Pla, Carolina Moises, Cecilia Moreau, Araceli Ferreyra, Monica Schlotthauer, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato, Daniel Lipovetzki, Daniel Filmus, Nicolás del Caño y Hugo Yaski, abarcando un arco partidario notablemente amplio.


“Con este nuevo proyecto, que abraza una perspectiva en derechos humanos y feminista, incorpora a la ESI y armoniza con la Ley de Identidad de Género, la marea verde vuelve al Congreso”


Sin embargo, las lógicas parlamentarias en años electorales son difíciles en general, más allá del tema de la I.V.E, y desde la Campaña se entiende que los tiempos políticos son impredecibles, debiendo crearse las condiciones para que la política avance. Esperan que la iniciativa sea “tratada y aprobada” pese al revés legislativo del año pasado, y aún advirtiéndose que influirá la campaña electoral, los sectores que impulsan la legalización del aborto volverán a insistir, nuevamente con el acompañamiento de acciones federales simultáneas que se darán en más de cien ciudades del país, y apoyados por pañuelazos y concentraciones en diversas partes del mundo.

 

LAS MODIFICACIONES 

Como consecuencia de los debates que se dieron en el 2018, surgieron una serie de modificaciones en el proyecto original. Sin embargo, hay una base que permanece: el plazo para que pueda ser realizado un aborto sigue siendo solo durante las primeras 14 semanas de gestación, y, luego de ese plazo, si corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

Cuerpos gestantes –   No obstante, el artículo que hace alusión a dicho plazo, ya no referirá solo a las mujeres sino también a “otras identidades con capacidad de gestar”, reconociendo como sujetos de este derecho a todos los cuerpos gestantes.
Esta modificación se dio en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Objeción de conciencia –   Otra de las novedades contempladas en el texto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

Malformaciones fetales –   Además, se eliminó la causal de las “graves malformaciones fetales”, dando lugar a los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.

Despenalización –   En cuanto a la despenalización, el proyecto es más que claro: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. En la misma línea, añade que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada”. También establece que se debe garantizar la práctica dentro de los 5 días de su requerimiento y debe estar cubierta  en hospitales, obras sociales y prepagas.

Educación Sexual Integral –   El texto modificado incluye, además, un artículo que reafirma las obligaciones del Estado sobre el dictado de la ESI y prevé que las mujeres reciban información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.


Con este nuevo proyecto, que abraza una perspectiva en derechos humanos y feminista, incorpora a la ESI y armoniza con la Ley de Identidad de Género, la “marea verde” que nunca se fue sino que, por el contrario, creció exponencialmente entre un año y otro, vuelve al Congreso con el convencimiento de que el reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina, porque la demanda de una práctica de salud no puede devenir en violencia institucional, punición, estigmatizaciones o amenazas de encierro.

La transformación hacia una sociedad más democrática y plural requiere compromiso político con un Estado laico e igualitario que haga efectivas las demandas populares y que garantice nuestros derechos.  El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se enmarca en el respeto a la decisión responsable, en la justicia social y en la perspectiva de derechos humanos.  

 

Feminizar la política

Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Advertidas y advertidos quedan quienes lean esta nota, que están por adentrarse en una incomodidad: se encuentran al borde de leer sobre aquello cuya protagonista no es la que acostumbran. Tampoco es cómodamente ubicable en el tiempo, pues versa sobre un tema injustamente reciente en nuestra historia mundial moderna, aunque su principal intérprete lleve en el mundo idéntica cantidad de años que la mismísima humanidad. Sí, mujer protagonista. ¿El campo de actuación? La política.

Como si esas dos cuestiones no fueran lo suficientemente complejas de abordar, también son un asunto delicado los términos a utilizar. De aquí en adelante, cada vez que se haga empleo de las expresiones “mujer” o “la mujer”, no será cayendo en el monopolismo de considerar que se trata de un género único o igual, sino siendo consciente de que no refiere a una sola idea de mujer para poder usar tan cómodamente el término en singular. Somos muchas y distintas, atravesadas por múltiples contextos.

Desde los principios más remotos, esta mitad de la población mundial no fue siquiera parte del diseño institucional y social, ni mucho menos tuvo un espacio en la política. Dicho de otra forma, el Estado moderno, origen de la democracia vigente, nació trunco: desde su gestación excluyó a las mujeres de toda participación dentro del mismo.

Actualmente, las mujeres han conquistado poco a poco el acceso a distintos estamentos de la vida institucional y a espacios militantes, políticos y de gobierno, pero realmente el crecimiento de su participación en estas actividades ha sido extremadamente lento. El objetivo de correr al patriarcado del centro de la escena continúa siendo algo todavía lejano.

Cabe entonces realizar algunas preguntas: ¿Por qué la relación entre la mujer y la política siempre ha sido vista como conflictiva? ¿Cuáles son los obstáculos existentes que aún traban su participación?

En el contexto del crecimiento de la militancia revolucionaria y la lucha feminista, muchas mujeres, subversivas frente a un orden normativo hegemónico que queda atrás, desafían y trastocan las muchas facetas de la identidad social históricamente esperada para ellas: se integran a la lucha. Pero, ¿cuál es el verdadero grado de participación, liderazgo y capacidad operativa que las mujeres tienen en los lugares de decisión y de mando?

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La participación política como derecho en Argentina

Trayendo estos interrogantes a nuestro país, puede notarse como el Estado ha realizado avances significativos en la protección de los derechos de las mujeres, manifestando su compromiso con la igualdad, la no discriminación y el ejercicio de los derechos políticos de alcance universal y regional. Argentina suscribe a la normativa de derechos humanos en el plano internacional, destacándose la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de su Protocolo Facultativo, junto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en el contexto regional.

En base a los preceptos establecidos en los instrumentos internacionales adoptados por los Estados, se define al derecho a la participación política de las mujeres como: “El derecho (…) al acceso y la plena participación en la vida política y pública, lo que implica un ejercicio real y efectivo del poder político, así como del proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo”.

Con todo, la condición de las mujeres ha mejorado a través de los años y, si bien el país no tiene una ley marco de igualdad de género o un plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, el activismo de mujeres desde la sociedad civil y en el Poder Legislativo favoreció la introducción de importantes reformas legales e institucionales.

Durante la década del 90, específicamente desde la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino en 1991, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30% de mujeres en las listas legislativas, convirtiéndose en una medida pionera para mejorar el acceso de las mujeres a puestos de representación. Luego del impulso inicial, durante la última década se han registrado oscilaciones en la participación femenina en ambas Cámaras, sin superar nunca el 45%.

A 25 años de su sanción, esta norma no sólo ha operado como un techo para la participación de las mujeres, sino que a su vez aún es vulnerada por diferentes partidos políticos, alianzas y frentes electorales sin que la Justicia Electoral cumpla de un modo cabal y efectivo con la función que le corresponde para garantizar su observancia. En 2015, un 10% de las listas a nivel nacional no cumplieron con el cupo. Pero además, lo que hace un cuarto de siglo fue un avance, hoy es considerada una meta obsoleta cuando países como España y Francia y muchos de la región (Costa Rica, México, Bolivia, Nicaragua y Honduras) han avanzado hacia la paridad.

Este año, se produjo un hito en el tema al reglamentarse la ley número 27.412 de Paridad de Género, que se estrenará en las listas de candidatos a competir en las primarias y en las elecciones generales para senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. De esta manera, las listas legislativas deberán tener, a partir del 2019, el 50% de candidatas mujeres de forma intercalada y secuencial.

En la actualidad, la Cámara baja cuenta con una representación femenina del 38,5% del total y el Senado está conformado por un número de mujeres equivalente a una participación del 41,6% del total. No obstante, aún persisten desigualdades que limitan la autonomía de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad argentina, y la representación política de las mujeres ha encontrado un techo que parece difícil de superar sin producir nuevas reformas paritarias.

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Una cuestión de género

La ausencia de la representación femenina en determinadas esferas es un indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece, y es por ello que, para efectuar un completo análisis de la cuestión, no solo se debe rescatar a las mujeres como actores sociales, sino estudiar a partir de la relación entre los sexos, un aspecto de dichas relaciones. Hablar de género es hablar de relaciones de poder, y solo de esta manera se podrá comprender el lugar asignado a varones y mujeres dentro de la construcción de un determinado orden social. Ello, a su vez, contribuye a comprender la naturaleza misma de la construcción del poder, en tanto que la lógica del género es un reflejo de la lógica de la dominación. De ahí que, siguiendo a la teórica feminista Joan Scott, “el género es una manera primaria de significar las relaciones de poder”; es el que explica la histórica construcción social y simbólica de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. Por lo tanto, si la política construye el género, y este construye la política, la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe poder integrarse a todos ellos.

La relación entre la mujer y la participación política, entonces, ha sido vista como conflictiva de forma persistente a lo largo de la historia y ello se debe indefectiblemente a la ruptura femenina de los roles tradicionales y de los límites impuestos por la persistencia de prácticas tradicionalmente asignadas.

Es en la participación política y en situaciones revolucionarias o de conflictividad social donde afloran nuevas feminidades dejando que las normas genéricas hegemónicas se esfumen. Se trata de experiencias que permiten subvertir identidades, donde aquella que era “para otros” pasa a constituirse en “ser para sí”, o en otras palabras, la mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver. El problema son mujeres comportándose nada más y nada menos de forma aparentemente alternativa.

Es de esta forma que el género permite entender cómo toda esa configuración predeterminada se traslada a la práctica política y a la constitución misma del poder, y cómo influyen esas percepciones que tienen varones y mujeres de sí mismos y del otro sexo: la mujer sentimental, maternal, sexual y doméstica, frente al hombre intelectual, dominante, pensante, fuerte y líder. Construcciones impuestas que llevaron al “sexo débil” a recorrer un camino lleno de obstáculos para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la sociedad.

Lo personal es político: la mujer destinada a la esfera privada

El análisis del poder y la dominación nos traslada a otra cuestión central que no puede ignorarse: lo público y lo privado. Es en esta última esfera donde prevalecen las tareas del hogar, la maternidad y el matrimonio como partes esenciales de realización personal. En la otra es donde se imponen las características que construyen nada más y nada menos que sujetos razonables y fuertes, capaces de dominar. Les será una adivinanza de las sencillas notar en cual de las dos predominan las mujeres.

Sin embargo, la distinción entre ambas esferas no es más que circunstancias personales estructuradas por factores públicos y, por lo tanto, los problemas personales y domésticos solo pueden resolverse por medio de acciones públicas. Una esfera necesariamente regula a la otra: lo personal es político.

 


“La mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver”


 

No solo es la configuración del poder a través del género la que obstaculiza la participación política de las mujeres sino que, de lograr esfumar esa problemática, su desarrollo en la vida institucional continuaría limitado por el trabajo extra, propio del desempeño femenino en el ámbito privado, al que se le suman las funciones en el ámbito público. La mujer será revolucionaria, política, líder o militante, pero la sociedad no dejará de imponerle también ser madre, familiar y ama de casa.

Las desigualdades de género en el trabajo doméstico no remunerado aún prevalecen: las mujeres dedican el 75% de su tiempo, contra un 24% de dedicación en el caso de los hombres (INDEC, 2013). De esta manera, “cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, generalmente continúan a cargo de las actividades de cuidado y organización de sus hogares, en detrimento de su tiempo de descanso y ocio” (PNUD, 2014).

No hay entonces barreras legales para que las mujeres accedan a lugares de decisión y de mando; sin embargo, no es fácil que lo logren. Como bien dice Roberto Saba, existen obstáculos invisibles que no se encuentran expresados en las normas, sino en los hechos y en las prácticas.  Además, no parece ser casualidad que aquellos grupos que sufrían barreras legales explícitas en el pasado (cuya expresión más acabada en materia política era la imposibilidad de ocupar cargos y la negación del voto) sean los que hoy sufren barreras sociales. Insisto entonces y evidenciado ahora el porqué: la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe integrarse a todos y cada uno.

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Expuestas algunas de las dimensiones que intervienen en el acceso de las mujeres a la vida política, cabe ahora preguntarnos: ¿Cuál es la importancia de ocupar estos roles?

Algunos se esforzarán por afirmar que la participación de las mujeres en cargos y funciones públicas tiene relevancia porque su incorporación contribuye a que se atiendan distintas realidades consideradas femeninas. Es decir, sostendrán que incluir a las mujeres implica la aparición en agenda de sus propias injusticias e impactará en el número o calidad de iniciativas presentadas que aborden cuestiones de género. Sin embargo ese argumento no es del todo acertado; o al menos no es justo, como tampoco lo es el creer en la noble existencia de temas esencialmente “del ser humano”, cuando bien sabemos que la imagen de ese ser es solo un calco de la del hombre.

En efecto, que la mujer participe en la política no implica necesariamente que lo haga para atender por sí misma las problemáticas de las que es víctima. Sostener que las mujeres indefectiblemente ocuparemos ciertos roles, determinadas posturas y seleccionados lugares o puntos de vista también es discriminatorio, al igual que pensar que somos o pertenecemos a una especie de grupo homogéneo en el cual existen los mismos puntos de vista y objetivos en común.

Que a las mujeres se las incluya en estos espacios quiere decir sencillamente que forman parte de la sociedad, del Estado y por lo tanto de la ciudadanía. Tiene relevancia por el hecho de que dicha participación evidencia su existencia, la reconoce como sujeto de derecho, y recién a partir de esa inclusión podrán verse reflejadas sus necesidades.

La verdadera importancia de la mujer en la vida política radica entonces en que su voz debe ser escuchada en el proceso democrático por el hecho de constituir la mitad de la población mundial, siendo por lo tanto urgente impulsar acciones que promuevan su participación protagónica a nivel social y político. En otras palabras, la participación de las mujeres dentro de la política está íntimamente vinculada al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cuando estos son vulnerados, no estaríamos ante una política plena y equitativa, y por ende, ante una verdadera democracia.

La participación social y política de las mujeres ha sido, y es considerada, como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización del estado de derecho. En tiempos donde el cuerpo femenino se profana, donde nuestros temas se minorizan y donde la mujer es violentada de forma constante, reconocerla entonces como un significante político es dar directamente en las vértebras de una estructura asimétrica, dominada por el sistema patriarcal, que pretende la dominación y la subordinación multiculturales.

Nosotras, las mujeres, nos encontramos atravesando una nueva revolución histórica que nos otorga una oportunidad: si el feminismo nos está dando la posibilidad de replantear el poder, será entonces nuestro movimiento el que deba plantear nuevas coordenadas políticas.

Si la guerra es feminizada, feminicemos entonces la política.

Sol Minoldo: “La discusión sobre el lenguaje inclusivo no es lingüística, es política”

Entrevista a Sol Minoldo |

 

Sol Minoldo es socióloga, investigadora del Conicet y editora de El Gato y La Caja. Hace unos meses, ella y su compañero Juan Cruz decidieron ponerle números a las discusiones que se vienen dando sobre el lenguaje inclusivo, a partir de algunas preguntas disparadoras: ¿La forma en que hablamos condiciona la forma en que pensamos? ¿Puede entonces el lenguaje contribuir a las desigualdades sociales y de género que se presentan en la actualidad? Y por último: ¿Puede ser el lenguaje una herramienta transformadora?

Luego de un tiempo investigando y buscando trabajos empíricos sobre el tema, Sol y Juan Cruz intentaron acercar los resultados de su investigación plasmándolos en un artículo para El Gato y La Caja. Cuando hablamos sobre el rol de la Real Academia Española, a la que usualmente se evoca en las discusiones, Sol nos aclara: la discusión sobre el lenguaje inclusivo no es lingüística, es ante todo política.

Sol, reivindicar el uso del lenguaje inclusivo implica asumir que en la actualidad el lenguaje es o al menos puede ser excluyente. ¿En dónde se verifica esto? ¿En qué expresiones?

Bueno, en realidad lo primero que podemos decir es que el lenguaje es sexista, no solamente no inclusivo. Este carácter sexista se ve en la carga peyorativa que tienen algunas palabras cuando se refieren a la versión femenina de esa palabra. O la forma misma en que se ha definido a la mujer (como sexo débil, digamos). Pero también está lo que se llama el falso genérico, que tiene que ver con que cuando nos referimos a todes, es decir cuando no especificamos, utilizamos la forma genérica masculina casi siempre, y eso tiene una importancia porque el género gramatical en la lengua castellana está asociado a imágenes sexuadas en las personas. Incluso cuando nos referimos a ideas abstractas o a objetos, y por tanto mucho más cuando nos referimos a seres humanos. Entonces, frente al problema del falso genérico, una solución es crear un genérico neutro, una forma gramatical que no sea genérico-específica. Pero también otra propuesta es la de mencionar ambos géneros. Y acá aparece el problema de la inclusión: cuando nosotres mencionamos mujeres y varones nos estamos manteniendo en un esquema en el que hay dos géneros principales, y estamos clasificando a todas las personas dentro de ese esquema binario. Esto es problemático desde el punto de vista de la existencia de identidades diversas que no necesariamente se apegan a ese esquema.

Tamara Tenenbaum alguna vez twitteó que cuando decimos que X persona “es la mejor escritora del siglo veinte” parece que estamos comparándola solo con mujeres…

Si vamos a las reglas de la gramática, si yo digo “es la mejor escritora” me estoy refiriendo entre mujeres. No me estoy refiriendo al conjunto de varones y mujeres. Entonces eso es lo que podemos interpretar desde lo que son las reglas gramaticales nuestras. Lo correcto sería decir “el mejor escritor”. Ese tipo situaciones comunicacionales son sumamente disruptivas, porque no tenemos casi como mencionar que una mujer u otro tipo de identidad es la mejor entre el conjunto. Y por ejemplo si yo digo “el mejor escritor es” vamos a pensar que estoy refiriéndome a un escritor varón, no a una escritora. Me pasó una vez en Twitter, que una persona me arrobó y dijo “no sabía que eras uno de los autores” (refiriéndose a una nota que había escrito). Entonces yo pensé que le estaba queriendo escribir a Juan Cruz (coautor de la nota), que se había equivocado y me había arrobado a mí por error. Después de un rato largo conversando con Juan Cruz nos preguntamos cómo tendría que haber dicho para referirse efectivamente a mí, y nos dimos cuenta que esa era la forma que teóricamente en el idioma español, tal como está construido, se tenía que dirigir a mí. Pero yo no me había hecho cargo, no me di por aludida, porque era muy difícil que me diera por aludida cuando me dijo que era “uno de los autores”. Parecía tan masculinizada esa forma… El falso genérico, ya desde su misma estructura, es sexista.

Hablar de lenguaje inclusivo también implica asumir que el lenguaje puede tener efectos en las relaciones sociales. ¿Qué evidencia empírica hay al respecto?

Hay evidencia empírica que muestra que el efecto se asocia a la forma en que hablamos, a la forma en que entendemos el mundo y muchas veces a la forma en que actuamos. Por ejemplo, hay un experimento que tiene que ver con que las mujeres se sientan o no aludidas por determinadas propuestas laborales. Es decir, la medida en la que se sienten identificadas con esas ofertas laborales según esos trabajos estén descriptos con más o menos fraseología asociada a lo femenino o a lo masculino. También tiene que ver con quiénes son protagonistas de nuestra historia. Entonces, si siempre la contamos en masculino y tenemos evidencia de que hablar en masculino tiene una sobrerrepresentación de las figuras masculinas, es mas difícil que las mujeres se piensen como protagonistas. Esto nos moldea desde muy pequeñites, desde las primeras instancias de socialización en las cuales estamos formando nuestra identidad y nuestras preferencias incluso. Entonces, si la forma en que hablamos tiene todas esas consecuencias, transformar la forma en que hablamos tiene un potencial político enorme, porque puede ser disruptivo con esa reproducción simbólica, esa violencia simbólica que lleva a que nos socialicemos con esas ideas, que naturalicemos una realidad social incluso a partir de cómo usamos el habla. Pero también desde el momento en que nos hace preguntarnos acerca de esa realidad social, que visibiliza que hay algo en esa realidad social que no es natural, que podría ser de otra manera. Y de pronto aquella persona que no está siendo incluida, o que está siendo puesta en segundo lugar, se puede pensar a sí misma desde otro lugar, puede cuestionar el lugar que el habla y la sociedad toda le ha dado. Entonces, no son cosas diferentes, no es que es más o menos grave la desigualdad fáctica que la simbólica, porque la simbólica se constituye como un dispositivo más de la fáctica.

¿Querés contarnos más sobre alguno de esos trabajos empíricos que indagan sobre los efectos del lenguaje en las relaciones sociales?

Hay uno que me pareció muy interesante, que es una comparación entre un hablante de alemán y un hablante de español. Hay palabras que usan ambas lenguas y que usan el género gramatical incluso para objetos que no son sexuados. Estos investigadores seleccionaron un conjunto de palabras que tuvieran el género gramatical inverso en ambos idiomas. Entonces por ejemplo mencionaban dos de esas palabras: puente y llave. En español, puente es masculina y llave es femenina, y en alemán es a la inversa. El experimento tenía varias etapas. En la primera lo que hacían era detectar las ideas asociadas a lo femenino y a lo masculino por les hablantes. Es decir, detectar los esquemas que les hablantes tenían sobre lo femenino y lo masculino. Posteriormente, les dieron una lista de las características que habían identificado dentro de este primer sondeo, como mas bien asociadas a lo femenino o a lo masculino, y les dieron también una lista con posibles características que se asocien a los diferentes objetos. Y encontraron que les hablantes de español tendían a identificar con características masculinas las palabras con género gramatical masculino, y lo mismo sucedía en el alemán. Por lo tanto, con la palabra “llave”, cuando se les preguntaba a les hablantes de español las características que predominaban era “delicada”, “tesoro”, “brillante”. En el caso de les hablantes alemanes era “fuerte”, “seguro”, que eran características más asociadas a lo masculino y concordantes con el género gramatical de la palabra “llave” en su idioma.

Se han hecho otras lecturas, también reivindicativas del lenguaje inclusivo, pero ubicándolo no tanto como causa de un cambio social sino como consecuencia de él. Entonces, desde esa perspectiva no sería tanto un herramienta para reducir desigualdades sino un reflejo de una sociedad que ya es más igualitaria que antes…

Bueno, una de las preguntas que funcionaron como punto de partida de la investigación fue si realmente la lengua es un reflejo, una consecuencia pasiva de las relaciones sociales y de nuestra manera de ver el mundo, o si tenía algún poder de agencia y por tanto un potencial de transformación. Entonces empezamos a investigar si el lenguaje podía condicionar la forma en que pensamos, y los experimentos que yo menciono en la nota dan cuenta de ese potencial de la lengua, y hay muchísimos más que no entraron en la nota. Todos estos experimentos han ido aportando evidencia no de que el habla sea un determinante en nuestra experiencia pero sí que puede en algún punto ser un condicionante de la forma en que pensamos. También hay un marco teórico, porque está Pierre Bourdieu, que habla de la violencia simbólica como un mecanismo por el cual las relaciones de poder se perpetúan. Y la forma en que hablamos forma parte de esos dispositivos de violencia simbólica. Entonces, la idea de que el lenguaje es un reflejo, y que es un reflejo pasivo, realmente no da cuenta de lo que nosotros hemos encontrado en la teoría. De ser así casi que la política sería irrelevante en lo que tiene que ver con el lenguaje, y la historia no muestra eso. La historia muestra que incluso cuando movimientos políticos no eran mayoría sino que eran minorías que se encontraban peleando por sus derechos, como el caso del movimiento de negros en Estados Unidos, el intervenir sobre el lenguaje era una forma más de dar visibilidad, en la vida cotidiana, del racismo de muchas personas que no se consideraban racistas. Y el hecho de ser disruptivos en el lenguaje tuvo un gran impacto para abrir debates. Lo estamos viendo en el tema de género…

Molesta…

Sí, molesta tanto, es un tema tan controversial y tan incómodo que abre muchísimos debates y permite que muchas personas revisen la forma en que utilizan el lenguaje. Entonces, evidentemente esto es un signo de que tiene un impacto político, y de que la discusión sobre el lenguaje inclusivo no es lingüística, es política. Tiene que ver, en primer lugar, con que queramos cambiar la forma de hablar porque hay una asimetría de género y esa asimetría está mal. Y en segundo lugar, que lo adoptemos como herramienta política. Les hablantes, no una academia, no una institución.

¿Cuál es la función de la Real Academia Española? ¿Cuál es el sentido de traer a dicha institución a los debates cotidianos sobre el lenguaje inclusivo?

Si bien es cierto que Argentina, como muchos otros países, tienen academias que mantienen una relación con la Real Academia Española y la reconocen como autoridad, una cosa es lo que pasa a nivel institucional y otra cosa es lo que pasa con la lengua. La lengua es patrimonio de les hablantes, de sus usos, y la verdadera función de las academias de lenguas es poder reflejar documentalmente, por escrito, los usos de les hablantes y las normas del habla en los hechos. No decir cómo tiene que cambiar o cómo tiene que hacerse. Cuando se documenta sirve para la perpetuación, la enseñanza, para tenerlo como punto de referencia en las situaciones en que tengamos dudas. No debemos pensar que la RAE tiene un rol, que no tiene, de prescribir cómo deben hablar les hablantes. Su rol debería ser mucho más pasivo. Y la RAE, en realidad, muchas veces reconoce ese rol más pasivo (de no ser quien decide cómo hablamos sino reflejar cómo hablamos) cuando se excusa de excluir de su diccionario palabras que tienen un sentido peyorativo hacia ciertos colectivos, incluso hacia las mujeres. Sin embargo, sus referentes y la RAE como tal salen constantemente a tomar postura públicamente en contra del uso del lenguaje inclusivo.

Karina Galperin dice en una nota en La Nación que no tiene demasiado sentido invocar la norma cuando el planteo no surge de un desconocimiento de la norma sino, precisamente, de un malestar con ella…

Exactamente. Muchas veces, como respuesta al uso del lenguaje inclusivo, se explica la norma (“el masculino incluye a todos”). Y eso ya lo sabemos, lo que estamos cuestionando es esa norma, precisamente. Hay muchas mujeres que no se sienten nombradas cuando se utiliza el genérico masculino.

¿Recordás, o tenés conocimiento, de otros cambios que se hayan dado en el lenguaje y hayan tenido tanta resistencia?

Se han dado miles de cambios en las lenguas. Ya es un grupo más pequeño el de cambios en el lenguaje que se hayan dado impulsados deliberadamente por un grupo. Un ejemplo sería los que han llevado a dejar de definir las personas por determinadas características: “los sordomudos”; “los discapacitados”; “los pobres” y empezar a hablar de personas en situación de o personas con. Eso tiene un impacto y tiene un por qué, que es no pensar a las personas desde sus características, y muchos menos desde sus limitaciones. Otro ejemplo fue la lucha política del movimiento negro, cuando puso en cuestión el uso de la palabra nigger, que tenía todo lo peyorativo de la mirada racista del negro, y planteó que solo otra persona que se autoidentifique como negro estaba en condiciones de usar esa palabra sin ser racista. Algo parecido pasa en el movimiento LGTBI con la palabra puto. No sabemos si el lenguaje inclusivo va a terminar expandiéndose. Va a depender de el poder político que haya para impulsarlo y de las respuestas que vayamos encontrando, porque por ejemplo un aval de los medios de comunicación o una introducción en los contenidos de las escuelas podría ser clave, podría hacer la diferencia. Pase lo que pase, el hecho de que se esté impulsando hoy sirve como herramienta política para poner en cuestión una forma de habla que expresa una forma de organización social y de mirada del mundo genérico-asimétrica.

¿Creés que el lenguaje inclusivo, como cambio en la forma en que nos expresamos, tiene más resistencia que esos cambios que mencionaste anteriormente?

No tengo tanto conocimiento de cómo se dieron esos otros procesos. Sí es cierto que hoy se nota una especial animosidad contra el uso del lenguaje inclusivo. Y digo especial porque no es la misma animosidad que se presenta contra otras propuestas disruptivas del habla en el presente. Hoy por hoy, una cosa que pasa mucho en las redes sociales es la abreviación de las palabras, en parte como consecuencia de los pocos caracteres que tenía Twitter en un principio. Y son cosas que también, desde el punto de vista de la norma, se podrían decir que están mal. Sin embargo, no están cargadas de una intencionalidad política. Ahí está la diferencia y por eso la animosidad del rechazo. En el fondo, la resistencia es ante todo una resistencia política, que viene de sentirse incomodada por la interpelación más profunda que produce el lenguaje inclusivo.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las diferentes formas que asume el lenguaje inclusivo? El arroba (@), la “x”, la barra (a/o)…

La forma binaria de mencionar a todas y todos, o la barra con “a” y “o”, tiene el problema de que, en primer lugar, alarga las oraciones. En términos comunicativos puede ser engorroso, puede quitar el ritmo a un texto… Pero además refuerza el esquema binario y seguimos identificando a las personas a través de nuestro género. Un género que a su vez está sumamente esquematizado. La propuesta del arroba sigue en ese esquema binario y al momento de pronunciarla, si bien en la escritura no necesitaríamos repetir (es decir, poner ambas formas –la masculina y la femenina), la versión oral debería ser esa, o sea, decir “todas y todos”. Es decir que en su correlato oral no resuelve el problema. Y además es un símbolo que no pertenece a nuestro abecedario. Entonces, desde el punto de vista político puede ser interesante por ser más disruptivo. Pero desde el punto de vista de adoptar su uso dentro de la lengua y del proceso de comunicación, no.

Por otro lado aparece, como reemplazo del arroba, la “x”. Acá tenemos el problema de que cuando nos encontramos con ella no sabemos como pronunciarla. Aún si estamos leyendo mentalmente, no sabemos qué correlato fonético tiene esa “x” y por tanto nos dificulta la lectura y al momento de pronunciar, si la pronunciamos como una “o” o con el sistema binario, sigue teniendo los problemas de esas formas.

¿Y la “e”?

La propuesta de la “e” es bastante práctica. Pero deberíamos decir que no implica solamente cambiar algunas palabras. Crear un genérico neutro supone añadir una forma gramatical nueva, que tiene que integrarse con el resto de las normas del idioma y eso implica que cumpla con las normas de concordancia, crear pronombres (como “elles”; “le”). Hay algunas cuestiones que hacen más difícil que nos pongamos todes de acuerdo para incorporarlo a la lengua, por el mismo hecho de que no todes tenemos un manejo fluido, consciente y explícito de las normas gramaticales, sino que nuestra forma de usarla y de respetarla tiene más que ver con la práctica que con un conocimiento racionalizado. Y tener que racionalizar la forma en que nos expresamos es difícil. Todo eso complica la incorporación.

¿Creés que es necesario institucionalizarlo para que se aplique por ejemplo en los colegios? ¿O no lo ves como algo necesario al menos por ahora?

Yo no usaría la palabra necesario pero podría ser una vía más de poner en cuestión las relaciones sociales, de mostrar que el lenguaje es algo contingente… No sé si tendría que ser un requerimiento pero sí estoy segura que no tendría que haber un impedimento. No se trata de obligar a les alumnes a hablar de una forma que no está todavía legitimada por las instituciones de lenguas, se trata de habilitarles la posibilidad de hablar así, de mostrar que existe esta propuesta, de darle visibilidad. Eso creo que tiene un gran potencial, que puede servir mucho a la reflexión social sobre las relaciones de género.

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¿Notás mayor aceptación del uso del lenguaje inclusivo en este último tiempo?

Creo que en algunos ámbitos hay mayor aceptación. Por ejemplo, el otro día dimos una charla con el equipo de El Gato y La Caja. La charla la dimos hablando en lenguaje inclusivo y sin embargo nadie hizo una observación negativa sobre ello. Lo mismo sucede con las respuestas de les lectores en la página de El Gato. Cuando escribíamos alguna nota usando la “e”, se desviaba la atención hacia eso, y ahora a veces no lo menciona ni siquiera una persona. Pero tampoco debemos caer en la generalización de las experiencias personales de cada uno. De hecho, no sabemos en qué medida nosotros mismos aportamos a que en un determinado espacio (como nuestra familia) comience a tener mayor aceptación el lenguaje inclusivo. Puede pasar que al salir de esas experiencias personales nos encontramos con un mundo mucho más crudo, en el que hablar con lenguaje inclusivo le pueda significar tener que renunciar a su trabajo, por ejemplo.

¿La discusión sobre el aborto incidió en esta expansión o mayor aceptación del uso del lenguaje inclusivo?

Sí, creo que sí. Creo que este año la lucha por el aborto ha permitido la confluencia de una gran militancia feminista, y eso ha sido como una culminación del proceso del Ni Una Menos y ha visibilizado un montón de cuestiones de género. Fue un marco muy favorable para empezar a discutir el tema del lenguaje inclusivo.

 

*Sol Minoldo es socióloga (UNLP), investigadora del CONICET y editora en El Gato y La Caja.