De la prostitución y sus fundamentos: recorrido histórico (parte I)

Primera entrega de «De la prostitución y sus fundamentos». Un recorrido histórico de una actividad objeto de controversias.

Primera entrega de De la prostitución y sus fundamentos | Por Malena Malacalza |

   

Cualquier acercamiento a la prostitución exige como punto de partida entender que no hay un solo fenómeno que pueda llamarse de ese modo sino que han existido formas muy variadas que responden a diferentes significados y orígenes.

En general, el debate sobre la prostitución no suele abordarse dentro de un contexto histórico, por lo que siempre queda oculto su vínculo con la situación de las mujeres en distintas épocas. En este sentido Beatriz Gimeno nos ilustra: 

«Para abordar la prostitución adecuadamente es imprescindible estudiar las relaciones de género hegemónicas en cada momento histórico, porque la prostitución tiene que ver, fundamentalmente, con el tipo de relación que cada sociedad, en cada momento, establece entre hombres y mujeres. Por tanto entendemos aquí la prostitución siempre como una relación. No hay prostitución sin más, sino relaciones de prostitución, situaciones muy diversas en las que las mujeres se han relacionado con los hombres para ofrecerles sexo a cambio de dinero o de bienes».

Sin ánimos de adelantar, me atrevo a hacer una primera reflexión: el patriarcado siempre encuentra una manera de manifestarse incluso en las sociedades más progresistas.

De los fundamentos de la prostitución

  • “El trabajo sexual es la actividad voluntaria de personas mayores de 18 años que ofrecen o prestan servicios de índole sexual a cambio de retribución económica”
  •  “Las trabajadoras sexuales necesitamos una ley para ejercer nuestra actividad, amparada en derechos laborales, como cualquier trabajador/a registrado/a en el país (…)” (Asociación de mujeres meretrices de la Argentina -Ammar).
  •  La posición abolicionista mantiene que la prostitución de mujeres solo puede ser analizable desde la perspectiva de la historia de la desigualdad entre hombres y mujeres (…), la prostitución, que definen como violencia contra las mujeres, no es comparable con ningún otro trabajo. En realidad, es el núcleo de una relación de dominación en bruto, sin mediación alguna” (Ana de Miguel Álvarez, “La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana”).

 

Saber a quién consideramos social o legalmente prostituta -y por ende sobre qué mujeres se aplican las políticas relativas a la prostitución- no es tarea fácil. La  cuestión tiene lo que algunas autoras llaman “un matiz ideológico casi invisible”.

La RAE define a la prostitución como «la actividad a la que se dedica quienes mantienen relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero», y a la prostituta como «la persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero».

Este concepto es viable en el mundo actual, en el que casi toda actividad humana se expresa en términos monetarios, pero en el pasado no ha sido tan sencillo delimitarlo; no se ha considerado siempre al dinero como característica esencial para la definición. En otros momentos y en otras culturas, lo relevante ha sido la actividad en sí misma. En la edad media, por ejemplo, cualquier mujer con experiencia sexual, consentida o no, fuera del matrimonio, era una prostituta incluso cuando no cobraba.

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La prostitución como «el empleo más antiguo del mundo»

Cuando hablamos de la prostitución debemos referirnos a la sexualidad, puesto que están íntimamente vinculadas y es esta última la que crea y reproduce relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Más aún, debemos referirnos a la doble moral sexual: un conjunto de postulados que indican que hay cuestiones éticamente aceptadas para los hombres pero no para las mujeres (o al menos para algunas mujeres).

Los hombres han sido el sujeto en casi todos los sentidos posibles, y como tal, definieron la sexualidad como su sexualidad. Es así como establecieron distintas instituciones que les garantizaban la variedad en sus parejas sexuales. Entre estas, la prostitución.

Frente a esta situación de “comprensión y tolerancia de la promiscuidad masculina”, las mujeres fueron divididas en dos grupos: las mujeres públicas, destinadas a satisfacer el deseo sexual de los hombres, y las mujeres destinadas al matrimonio, quienes renegaban de su sexualidad.

La época victoriana. Sexualidad y Revolución Industrial en el siglo XIX

La época victoriana de la historia del Reino Unido marcó el auge de la Revolución Industrial y del Imperio británico. Aunque esta expresión se usa comúnmente para referirse al largo reinado de Victoria I (1837/1901), también refiere a los profundos cambios ocurridos en las sensibilidades culturales.

La doble moral sexual encuentra en la era victoriana su mayor esplendor: paralelamente a las estrictas y conservadoras costumbres de la época para las mujeres de las clases sociales más altas,  se desarrollaba un mundo sexual subterráneo donde proliferaba la prostitución. Se creó una sociedad exacerbada de moralismos y disciplina, con rígidos prejuicios y discursos de sexualidad como nunca habían existido en el mundo Occidental.

La prostitución fue una de las principales actividades económicas que caracterizaron Inglaterra en el periodo victoriano, concentrándose en centros urbanos como Londres y Gales, en barrios específicos y en burdeles, y tuvo como protagonistas a las mujeres de clase media y baja, mujeres que se encontraban desprotegidas por haber enviudado, por tener maridos alistados en el ejército o mujeres con pocos recursos. Es así como comienza a perfilarse en el siglo XVIII el modo de prostitución contemporáneo.

La actividad sexual femenina (por supuesto, de la clase alta) quedó neutralizada y reducida a un solo fin: la reproducción, cuando fuere necesaria. Mientras tanto, resultaba lógico –y era de buena práctica- que los hombres estuvieran con una variada cantidad de mujeres, que al parecer podían incumplir las reglas al solo efecto de darles placer.

 


«Las mujeres fueron divididas en dos grupos: las mujeres públicas, destinadas a satisfacer el legítimo deseo sexual de los hombres, y las mujeres destinadas al matrimonio»


 

La revolución industrial y los discursos de sexualidad construidos en ella no pueden considerarse como dos situaciones sin punto de encuentro, meramente casuales. Uno fue condición de posibilidad del otro.

El modelo de producción capitalista exigió que los cuerpos sean concebidos y tratados en miras a los intereses productivos económicos de la época : consumo y acumulatividad. La movilidad social producida por el desarrollo del capitalismo industrial creó nuevas demandas a gran escala por lo que era necesaria mano de obra barata.  Para ello, se requería rapidez y eficacia y de ahí que fuera necesario instruir unas reglas para el cuerpo y posibilitar que las mujeres contribuyan en el trabajo en la industria, modificando este concepto de la familia tradicional arraigada a la tierra, reduciendo la cantidad de miembros que la integraban.

De ese modo, se produjo una represión de los cuerpos traducida en un control de la sexualidad  atravesado por el saber y el control de la misma. El sexo era considerado un problema: «el placer sexual era un interés particular que escapa de toda dominación, se escapaba  del interés general de la producción industrial y del orden social». 

Sin embargo, es necesario volver a advertir en este punto, qué eran las mujeres quienes encontraban coartada su sexualidad, mientras tanto: los hombres consumían prostitutas.

Este modelo es el que caracteriza la época victoriana, pero dichas prácticas no fueron cometidas única y exclusivamente en el Reino Unido, sino que trascendieron sus fronteras hasta llegar a todo el Occidente.

Este orden de cosas permaneció relativamente incuestionable hasta el desarrollo de los movimientos feministas del siglo XIX. Las feministas y los diferentes socialismos fueron críticos con esta doble moral sexual y lucharon por la autonomía de las mujeres en los más amplios sentidos. La denuncia de la doble moral sexual tomó la forma de defensa del derecho de divorcio y también una posición crítica sobre la prostitución.

Ana de Miguel en su trabajo La prostitución, una escuela de desigualdad humana introduce el concepto de “ideología de la prostitución”: un conjunto de postulados favorables a que los hombres vayan con mujeres prostituidas y a que las mujeres lo acepten. Por un lado, se parte de la base de que el hombre tiene derecho a satisfacer sus necesidades sexuales. Por otro, a que la sociedad debe proporcionarles un mercado de mujeres para satisfacerlas.

Desde argumentos conservadores, se sostiene que lo que es bueno para los hombres es malo para las mujeres y viceversa. De este modo, es conveniente que los hombres tengan relaciones sexuales lo más variadas que puedan antes del matrimonio, siendo el mismo núcleo familiar quien llevaba a los hombres a debutar a los prostíbulos, mientras que la mujer debía permanecer virgen hasta el matrimonio.

Se consideraba así a la prostitución como un mal menor para evitar que el  hombre pudiera tener estas necesidades insatisfechas. Advierte, sin embargo que ésta ideología es muy elástica, y que la prostitución se legitima tanto desde posturas conservadoras como desde liberales y progresistas. Esos argumentos pudieron funcionar durante un largo tiempo, pero luego la opresión encontró nuevas maneras de manifestarse y transformarse.

marcha feminista

Los años 60: drogas, sexo y rock and roll. Haz el amor, no la guerra.

La revolución sexual del año 1960 fue un punto de inflexión del modelo sexual tradicional y “la doble moral sexual” en casi todos los países de Europa Occidental. Su mayor auge fue entre 1970 y 1980, con consecuencias que aún siguen vigentes. Esta revolución supuso una reivindicación a la libertad sobre los cuerpos y la sexualidad como parte integral de la condición humana, la aceptación de las más diversas relaciones sexuales, en parte gracias a los avances tecnológicos en materia de métodos anticonceptivos, y de la legalización de prácticas como el aborto.

Sin embargo, como advertimos hace un momento, la ideología de la prostitución encontró el modo de reproducirse en esta nueva era, donde los argumentos anteriores quedaban anticuados.

 


«La ‘mujeres de familia’ se reprimían, los hombres consumían prostitutas»


 

El sexo empezó a concebirse como algo bueno, moderno y trasgresor, como algo “antisistema”, a tal punto hubo una exaltación del mismo excluyendo todo juicio moral de ese territorio.  ¿Cuál fue el problema? Que estas ideas fueron tomadas por los medios hegemónicos de comunicación y reprodujeron un nuevo modelo de sexualidad, que ya no era tradicional, pero que exaltaba al cuerpo de la mujer desnuda constituyéndola como objeto de deseo de los hombres bajo el lema de la “libertad”. La televisión, las revistas, las publicidades, incluso la industria pornográfica, todos se encargaron de dejar un mensaje bien claro: la sexualidad seguía estando a la orden del placer masculino.

Debemos destacar que este escenario también posibilitó que muchas mujeres pudieran cuestionar ese modelo sexual tradicional al que estaban sujetas, advirtiendo que pocas veces se sentían identificadas con aquellas mujeres de la pornografía; que pocas veces se veían satisfechas; que poco conocían su cuerpo; que esa libertad estaba dirigida por el placer masculino. Dentro de algunas mujeres de la época podemos mencionar a Kate Millet, quien sostuvo que «el amor era el opio de las mujeres», la planta que adormecía sus inquietudes y las llevaba a la sumisión y al conformismo: “mientras nosotros amábamos, ellos gobernaban el mundo”. Sin embargo, fueron silenciadas, tachadas de locas, lesbianas, feas, puritanas. La ideología de la prostitución encontraba así una nueva base: el mito de la libre elección y el consentimiento. Si la prostitución es voluntaria y hay consentimiento, la libertad individual aparece como un factor determinante para su aceptación.

En este sentido, Ana De Miguel distingue entre las sociedades de patriarcado duro o coacción en las que legalmente se establece la inferioridad moral, intelectual y física de las mujeres, reduciéndolas al ámbito privado y al servicio del hombre, y las sociedades de patriarcado blando basadas en el consentimiento, en las que el patriarcado se manifiesta a partir del mundo de la creación: cuentos, novelas, canciones que orientan a las mujeres a elegir cosas distintas que los hombres. En una entrevista, Ana ilustra esto de manera muy precisa a través de un ejemplo: al nacer una mujer inmediatamente se ofrece perforarle las orejas, desde ese primer momento en su vida es marcada por la sociedad. Eventualmente, en el desarrollo de su vida, esa niña tomará varias decisiones: la elección del color rosa; las novelas de amor; los juegos de cocina o cuidado de niños. Elecciones que creerá libres, pero que en realidad no son más que respuestas a nuestra sociedad patriarcal.

En este  punto de la historia, la sexualidad de la mujer dejó de estar entre las sombras, pero lejos de producirse un verdadero cambio en su modo de percibirla y vivirla, se la concibió nuevamente desde una perspectiva patriarcal: se hiper sexualizo a la mujer, reduciéndola a un mero objeto de consumo masculino.

*La autora es estudiante de Derecho (UNLP).

A 25 años de la reforma constitucional: novedades, aciertos y desilusiones

Entrevista a Pedro Caminos

Entrevista a Pedro Caminos | Por Tomás Allan |

 

En el mes de agosto se cumplieron 25 años desde la sanción de la reforma constitucional de 1994. El año anterior, el presidente de aquel entonces, Carlos Menem, miembro del Partido Justicialista, y el líder de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, firmaron el Pacto de Olivos que dio lugar a la reforma de la ley suprema de nuestro país.

Veinticinco años más tarde puede apreciarse más claramente el impacto de sus modificaciones (y, por qué no, de sus continuidades). Hablamos con Pedro Caminos, abogado, profesor de Derecho Constitucional y miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos para hacer un balance de aquellos sucesos: novedades, aciertos y desilusiones.

¿Cuáles fueron las grandes novedades de la reforma de 1994?

Creo que la reforma planteó tres grandes clases de novedades: primero, en cuanto a la supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa; segundo, en cuanto al diseño institucional; y por último, en cuanto a los derechos y garantías.

En cuanto al primer punto, me refiero a la jerarquización constitucional de ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos, junto con la posibilidad de darle similar jerarquía a otros por un procedimiento distinto al previsto en el art. 30 Constitución Nacional (CN). También se debe mencionar la jerarquía supralegal que se asignó a los tratados internacionales en general y a las normas que dicten los organismos creados por tratados de integración regional.

En cuanto al diseño institucional, me refiero a la creación o inclusión en el texto de la CN de órganos no incluidos anteriormente (Defensor del Pueblo; Auditoría General de la Nación; Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; Ministerio Público; Jefe de Gabinete) junto con algunas reformas concebidas para darle más cuerpo al federalismo (ley de coparticipación federal; reconocimiento expreso de competencias concurrentes en materias impositivas, ambientales y de pueblos originarios; que el Senado sea cámara de origen exclusiva en materias vinculadas al federalismo; la regulación sobre dominio y jurisdicción de los recursos naturales; el poder de policía provincial y municipal sobre establecimientos de utilidad nacional; la autonomía municipal y de la Ciudad de Buenos Aires). Y, finalmente, la regulación de ciertas cuestiones pensadas para atenuar el presidencialismo (elección directa del presidente con segunda vuelta; mecanismos de designación de jueces federales, Decretos de Necesidad y Urgencia y delegación legislativa) junto con un intento de institucionalizar a la oposición (constitucionalización de los partidos políticos con financiamiento público; elección directa de los senadores con representación de la minoría; conducción de la AGN y mayorías especiales para modificar la legislación electoral y de partidos políticos y para dar el acuerdo en el Senado a los jueces de la Corte).

Y el último punto refiere a la inclusión en el texto de la Constitución de nuevos derechos y garantías, junto con la ampliación del catálogo de derechos constitucionales en función de la jerarquía constitucional asignada en el art. 75.22 CN.

El art. 2, que establece que el Gobierno federal sostiene el culto católico, se mantuvo incólume. ¿Cómo se compatibiliza eso con los arts. 14 y 16 que establecen la libertad de cultos y la igualdad ante la ley? ¿Hay una tensión allí?

Efectivamente, el artículo 2° CN es incompatible con los valores subyacentes a la libertad de cultos, la libertad de prensa y la definición de ciertas acciones privadas como exentas de la autoridad de los magistrados.

Su inclusión en el texto constitucional obedeció al hecho histórico de que el Gobierno nacional, en tanto que continuador jurídico de la monarquía española, retuvo el patronato sobre la iglesia católica, así como también en una razón prudencial inspirada en el hecho de que, aunque la Constitución de 1826 había declarado al catolicismo como religión oficial, su impronta liberal sirvió como argumento usado por sus opositores para denunciarla como «anticatólica». Alberdi explicaba entonces al art. 2° como una concesión a la circunstancia de que la enorme mayoría de la población en 1853 era católica. 

Por esa razón, ya en las sesiones del Congreso de 1853 se afirmó que el art. 2° se limitaba al sostenimiento económico (y no doctrinario o de otra naturaleza) de la Iglesia Católica. La Corte Suprema siempre utilizó ese criterio restrictivo. De manera tal que podemos afirmar que el principio de nuestro sistema constitucional es la neutralidad del Estado en materia religiosa, y que ese principio tiene una excepción: el sostenimiento económico del culto católicto por parte del gobierno federal.

menem y alfonsin

 

¿Qué concepción de igualdad consagra la reforma del texto constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos? ¿Hay una “revisión” respecto del texto de 1853 o la mantiene sin modificaciones?

Desde lo literal, el texto original de la Constitución consagraba la igualdad ante la ley y las cargas públicas (art. 16). La reforma de 1994 incluyó también la igualdad de oportunidades (art. 75. inc. 23).

Existen diversos modos de explicar las diferencias entre ambos. Quizás, la explicación más básica señale que la igualdad ante la ley sea formal, en un doble sentido: en primer lugar, si la ley regula cierta acción imponiendo una consecuencia para una clase de personas, entonces es inconstitucional que, en el momento de la aplicación, se excluya a los miembros de esa clase de la consecuencia prevista; en segundo lugar, si la ley distingue entre dos clases de personas para imponer dos consecuencias distintas a una misma acción, tal distinción es válida salvo que sea arbitraria, o se base en la hostilidad a uno de los grupos, o estemos frente a alguna categoría sospechosa.

De ese modo, la igualdad ante la ley no exige resultados. Solo prescribe la forma en que el Estado debe tratar a las personas al regular el ejercicio de sus derechos o la forma en que la ley debe ser aplicada. La igualdad de oportunidades, en cambio, establece una directiva para las políticas públicas (el estado debe «adoptar medidas de acción positiva») que muchas veces pueden exigir un tratamiento diferenciado que beneficie a quienes estén en una peor situación por su vulnerabilidad.

Así presentados, ambos criterios de igualdad parecen tener cierta analogía con los dos principios de justicia de Rawls. El primero es el de la igual libertad: a cada individuo se le debe reconocer tanta libertad como sea compatible con la igual libertad de los demás. El segundo es el principio de la diferencia: en la medida en que se haya asegurado la igual libertad, el Estado puede adoptar medidas diferenciadas para distintos grupos que resultan justificadas si ellas mejoran la situación de quienes están peor.

La igualdad de oportunidades debería concretarse en medidas que aseguren que cada persona pueda diseñar y ejecutar por sí misma su plan de vida. De ese modo, la igualdad de oportunidades configura un presupuesto para el ejercicio de la autonomía personal, que cada individuo debe gozar en igual medida que los demás. De acuerdo con el contexto socioeconómico y los niveles de desigualdad, variará la necesidad de adoptar políticas especiales y, por supuesto, su contenido.

 


«El principio de nuestro sistema constitucional es la neutralidad del Estado en materia religiosa»


 

Si tuviéramos que hacer un meme de expectativa/realidad sobre la figura del Jefe de Gabinete, ¿cómo deberíamos graficarlo?

No soy un gran diseñador de memes, pero en el cuadro de Expectativa pondría la imagen de alguno de los enanos de Blancanieves, y en Realidad, a uno de los pitufos, indicando así que la expectativa que surge del art. 100 ya es reducida, pero que la realidad ni siquiera llega a la altura de esa expectativa.

La Constitución le encarga percibir las rentas de la Nación y preparar la ley de presupuesto. Son competencias que tienen una correlación directa con el poder de imposición y la sanción de la ley de presupuesto que tiene el Congreso. Estas cuestiones, que grosso modo llamaré «financieras», son el núcleo del buen funcionamiento del Estado: cómo se recauda y cómo se gasta. Dado que el Congreso cuenta con facultades para remover al Jefe de Gabinete (pero no para designarlo, y esto quizás sea el gran problema) entonces uno podría pensar que si el Congreso está en desacuerdo con el desempeño en materia financiera, en el sentido indicado, podría tratar de remover al Jefe de Gabinete. A la inversa, un Presidente que no tenga una mayoría clara en el Congreso, podría tratar de alcanzar un acuerdo, designando a un Jefe de Gabinete que implemente la política financiera, en el sentido indicado, que opere como un «garante» de ese acuerdo.

En los hechos, este posible juego institucional nunca se dio: ni el Congreso ejerció su poder de remoción ni el Presidente trató de usar la figura del Jefe de Gabinete para formalizar un acuerdo con el Congreso (salvo algún rumor en el 2001, es una posibilidad que no se suele tener en cuenta).

En la reforma se incluyeron dos mecanismos de democracia semi-directa (la consulta popular y la iniciativa popular) que sin embargo no fueron utilizados al día de hoy. ¿Tiene que ver con una cuestión de cultura política o de diseño institucional?

Creo que el diseño institucional puede explicar en parte el poco uso de la iniciativa popular. Y, en parte, también puede explicarlo para el de la consulta popular vinculante: si convocar a esa consulta requiere de una mayoría legislativa análoga a la de una ley, entonces parece más sensato construir una mayoría en el Congreso para directamente sancionar una ley, en lugar de hacerlo para convocar a una consulta popular.

Sin embargo, la inexistencia de una práctica previa, sumada al hecho de que este tipo de mecanismos, en particular la consulta popular, suelen despertar cierta resistencia, en la medida en que algunos actores cuestionan posibles usos demagógicos o populistas, configuran otros factores que explican la poca utilización de estos instrumentos.

 


«El gran fracaso de la reforma es el que se refiere a la atenuación del presidencialismo»


 

¿La inclusión de derechos relativos a la cuestión ambiental produjo una protección más efectiva o la práctica se mantiene mas o menos reticente a su aplicabilidad?

Honestamente no tengo elementos para decirte si las políticas ambientales en la Argentina son adecuadas o no. Sin embargo, sí considero que la inclusión del art. 41 en el texto constitucional facilita los reclamos judiciales en la materia y le da también a los jueces una herramienta adicional a la hora de resolver casos. Adicionalmente, también cumple una función simbólica que respalda reclamos sociales en materia ambiental y, sorprendentemente, también le permite a la administración fundamentar ciertas decisiones con mayor facilidad (por ejemplo, reducir el uso de papel).

Por último, ¿cuáles dirías que son los grandes fracasos de la reforma? ¿Y los grandes aciertos?

El gran fracaso de la reforma es el que se refiere a la atenuación del presidencialismo. El único punto en el que se produjo una atenuación del poder presidencial es el que se refiere a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto al éxito, hay dos ámbitos en los que la reforma tuvo consecuencias interesantes, aunque no estoy del todo seguro hasta qué punto ellas fueron buscadas por los convencionales. La primera tiene que ver con el proceso de internacionalización del derecho constitucional. La segunda con el desarrollo de los procesos colectivos. A mi juicio, estos temas formarán parte del núcleo del derecho constitucional del siglo veintiuno.

 

*El entrevistado es abogado, profesor de Derecho Constitucional y miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos.

 

Feminizar la política

Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Advertidas y advertidos quedan quienes lean esta nota, que están por adentrarse en una incomodidad: se encuentran al borde de leer sobre aquello cuya protagonista no es la que acostumbran. Tampoco es cómodamente ubicable en el tiempo, pues versa sobre un tema injustamente reciente en nuestra historia mundial moderna, aunque su principal intérprete lleve en el mundo idéntica cantidad de años que la mismísima humanidad. Sí, mujer protagonista. ¿El campo de actuación? La política.

Como si esas dos cuestiones no fueran lo suficientemente complejas de abordar, también son un asunto delicado los términos a utilizar. De aquí en adelante, cada vez que se haga empleo de las expresiones “mujer” o “la mujer”, no será cayendo en el monopolismo de considerar que se trata de un género único o igual, sino siendo consciente de que no refiere a una sola idea de mujer para poder usar tan cómodamente el término en singular. Somos muchas y distintas, atravesadas por múltiples contextos.

Desde los principios más remotos, esta mitad de la población mundial no fue siquiera parte del diseño institucional y social, ni mucho menos tuvo un espacio en la política. Dicho de otra forma, el Estado moderno, origen de la democracia vigente, nació trunco: desde su gestación excluyó a las mujeres de toda participación dentro del mismo.

Actualmente, las mujeres han conquistado poco a poco el acceso a distintos estamentos de la vida institucional y a espacios militantes, políticos y de gobierno, pero realmente el crecimiento de su participación en estas actividades ha sido extremadamente lento. El objetivo de correr al patriarcado del centro de la escena continúa siendo algo todavía lejano.

Cabe entonces realizar algunas preguntas: ¿Por qué la relación entre la mujer y la política siempre ha sido vista como conflictiva? ¿Cuáles son los obstáculos existentes que aún traban su participación?

En el contexto del crecimiento de la militancia revolucionaria y la lucha feminista, muchas mujeres, subversivas frente a un orden normativo hegemónico que queda atrás, desafían y trastocan las muchas facetas de la identidad social históricamente esperada para ellas: se integran a la lucha. Pero, ¿cuál es el verdadero grado de participación, liderazgo y capacidad operativa que las mujeres tienen en los lugares de decisión y de mando?

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La participación política como derecho en Argentina

Trayendo estos interrogantes a nuestro país, puede notarse como el Estado ha realizado avances significativos en la protección de los derechos de las mujeres, manifestando su compromiso con la igualdad, la no discriminación y el ejercicio de los derechos políticos de alcance universal y regional. Argentina suscribe a la normativa de derechos humanos en el plano internacional, destacándose la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de su Protocolo Facultativo, junto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en el contexto regional.

En base a los preceptos establecidos en los instrumentos internacionales adoptados por los Estados, se define al derecho a la participación política de las mujeres como: “El derecho (…) al acceso y la plena participación en la vida política y pública, lo que implica un ejercicio real y efectivo del poder político, así como del proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo”.

Con todo, la condición de las mujeres ha mejorado a través de los años y, si bien el país no tiene una ley marco de igualdad de género o un plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, el activismo de mujeres desde la sociedad civil y en el Poder Legislativo favoreció la introducción de importantes reformas legales e institucionales.

Durante la década del 90, específicamente desde la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino en 1991, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30% de mujeres en las listas legislativas, convirtiéndose en una medida pionera para mejorar el acceso de las mujeres a puestos de representación. Luego del impulso inicial, durante la última década se han registrado oscilaciones en la participación femenina en ambas Cámaras, sin superar nunca el 45%.

A 25 años de su sanción, esta norma no sólo ha operado como un techo para la participación de las mujeres, sino que a su vez aún es vulnerada por diferentes partidos políticos, alianzas y frentes electorales sin que la Justicia Electoral cumpla de un modo cabal y efectivo con la función que le corresponde para garantizar su observancia. En 2015, un 10% de las listas a nivel nacional no cumplieron con el cupo. Pero además, lo que hace un cuarto de siglo fue un avance, hoy es considerada una meta obsoleta cuando países como España y Francia y muchos de la región (Costa Rica, México, Bolivia, Nicaragua y Honduras) han avanzado hacia la paridad.

Este año, se produjo un hito en el tema al reglamentarse la ley número 27.412 de Paridad de Género, que se estrenará en las listas de candidatos a competir en las primarias y en las elecciones generales para senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. De esta manera, las listas legislativas deberán tener, a partir del 2019, el 50% de candidatas mujeres de forma intercalada y secuencial.

En la actualidad, la Cámara baja cuenta con una representación femenina del 38,5% del total y el Senado está conformado por un número de mujeres equivalente a una participación del 41,6% del total. No obstante, aún persisten desigualdades que limitan la autonomía de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad argentina, y la representación política de las mujeres ha encontrado un techo que parece difícil de superar sin producir nuevas reformas paritarias.

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Una cuestión de género

La ausencia de la representación femenina en determinadas esferas es un indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece, y es por ello que, para efectuar un completo análisis de la cuestión, no solo se debe rescatar a las mujeres como actores sociales, sino estudiar a partir de la relación entre los sexos, un aspecto de dichas relaciones. Hablar de género es hablar de relaciones de poder, y solo de esta manera se podrá comprender el lugar asignado a varones y mujeres dentro de la construcción de un determinado orden social. Ello, a su vez, contribuye a comprender la naturaleza misma de la construcción del poder, en tanto que la lógica del género es un reflejo de la lógica de la dominación. De ahí que, siguiendo a la teórica feminista Joan Scott, “el género es una manera primaria de significar las relaciones de poder”; es el que explica la histórica construcción social y simbólica de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. Por lo tanto, si la política construye el género, y este construye la política, la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe poder integrarse a todos ellos.

La relación entre la mujer y la participación política, entonces, ha sido vista como conflictiva de forma persistente a lo largo de la historia y ello se debe indefectiblemente a la ruptura femenina de los roles tradicionales y de los límites impuestos por la persistencia de prácticas tradicionalmente asignadas.

Es en la participación política y en situaciones revolucionarias o de conflictividad social donde afloran nuevas feminidades dejando que las normas genéricas hegemónicas se esfumen. Se trata de experiencias que permiten subvertir identidades, donde aquella que era “para otros” pasa a constituirse en “ser para sí”, o en otras palabras, la mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver. El problema son mujeres comportándose nada más y nada menos de forma aparentemente alternativa.

Es de esta forma que el género permite entender cómo toda esa configuración predeterminada se traslada a la práctica política y a la constitución misma del poder, y cómo influyen esas percepciones que tienen varones y mujeres de sí mismos y del otro sexo: la mujer sentimental, maternal, sexual y doméstica, frente al hombre intelectual, dominante, pensante, fuerte y líder. Construcciones impuestas que llevaron al “sexo débil” a recorrer un camino lleno de obstáculos para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la sociedad.

Lo personal es político: la mujer destinada a la esfera privada

El análisis del poder y la dominación nos traslada a otra cuestión central que no puede ignorarse: lo público y lo privado. Es en esta última esfera donde prevalecen las tareas del hogar, la maternidad y el matrimonio como partes esenciales de realización personal. En la otra es donde se imponen las características que construyen nada más y nada menos que sujetos razonables y fuertes, capaces de dominar. Les será una adivinanza de las sencillas notar en cual de las dos predominan las mujeres.

Sin embargo, la distinción entre ambas esferas no es más que circunstancias personales estructuradas por factores públicos y, por lo tanto, los problemas personales y domésticos solo pueden resolverse por medio de acciones públicas. Una esfera necesariamente regula a la otra: lo personal es político.

 


«La mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver»


 

No solo es la configuración del poder a través del género la que obstaculiza la participación política de las mujeres sino que, de lograr esfumar esa problemática, su desarrollo en la vida institucional continuaría limitado por el trabajo extra, propio del desempeño femenino en el ámbito privado, al que se le suman las funciones en el ámbito público. La mujer será revolucionaria, política, líder o militante, pero la sociedad no dejará de imponerle también ser madre, familiar y ama de casa.

Las desigualdades de género en el trabajo doméstico no remunerado aún prevalecen: las mujeres dedican el 75% de su tiempo, contra un 24% de dedicación en el caso de los hombres (INDEC, 2013). De esta manera, “cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, generalmente continúan a cargo de las actividades de cuidado y organización de sus hogares, en detrimento de su tiempo de descanso y ocio” (PNUD, 2014).

No hay entonces barreras legales para que las mujeres accedan a lugares de decisión y de mando; sin embargo, no es fácil que lo logren. Como bien dice Roberto Saba, existen obstáculos invisibles que no se encuentran expresados en las normas, sino en los hechos y en las prácticas.  Además, no parece ser casualidad que aquellos grupos que sufrían barreras legales explícitas en el pasado (cuya expresión más acabada en materia política era la imposibilidad de ocupar cargos y la negación del voto) sean los que hoy sufren barreras sociales. Insisto entonces y evidenciado ahora el porqué: la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe integrarse a todos y cada uno.

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Expuestas algunas de las dimensiones que intervienen en el acceso de las mujeres a la vida política, cabe ahora preguntarnos: ¿Cuál es la importancia de ocupar estos roles?

Algunos se esforzarán por afirmar que la participación de las mujeres en cargos y funciones públicas tiene relevancia porque su incorporación contribuye a que se atiendan distintas realidades consideradas femeninas. Es decir, sostendrán que incluir a las mujeres implica la aparición en agenda de sus propias injusticias e impactará en el número o calidad de iniciativas presentadas que aborden cuestiones de género. Sin embargo ese argumento no es del todo acertado; o al menos no es justo, como tampoco lo es el creer en la noble existencia de temas esencialmente “del ser humano”, cuando bien sabemos que la imagen de ese ser es solo un calco de la del hombre.

En efecto, que la mujer participe en la política no implica necesariamente que lo haga para atender por sí misma las problemáticas de las que es víctima. Sostener que las mujeres indefectiblemente ocuparemos ciertos roles, determinadas posturas y seleccionados lugares o puntos de vista también es discriminatorio, al igual que pensar que somos o pertenecemos a una especie de grupo homogéneo en el cual existen los mismos puntos de vista y objetivos en común.

Que a las mujeres se las incluya en estos espacios quiere decir sencillamente que forman parte de la sociedad, del Estado y por lo tanto de la ciudadanía. Tiene relevancia por el hecho de que dicha participación evidencia su existencia, la reconoce como sujeto de derecho, y recién a partir de esa inclusión podrán verse reflejadas sus necesidades.

La verdadera importancia de la mujer en la vida política radica entonces en que su voz debe ser escuchada en el proceso democrático por el hecho de constituir la mitad de la población mundial, siendo por lo tanto urgente impulsar acciones que promuevan su participación protagónica a nivel social y político. En otras palabras, la participación de las mujeres dentro de la política está íntimamente vinculada al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cuando estos son vulnerados, no estaríamos ante una política plena y equitativa, y por ende, ante una verdadera democracia.

La participación social y política de las mujeres ha sido, y es considerada, como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización del estado de derecho. En tiempos donde el cuerpo femenino se profana, donde nuestros temas se minorizan y donde la mujer es violentada de forma constante, reconocerla entonces como un significante político es dar directamente en las vértebras de una estructura asimétrica, dominada por el sistema patriarcal, que pretende la dominación y la subordinación multiculturales.

Nosotras, las mujeres, nos encontramos atravesando una nueva revolución histórica que nos otorga una oportunidad: si el feminismo nos está dando la posibilidad de replantear el poder, será entonces nuestro movimiento el que deba plantear nuevas coordenadas políticas.

Si la guerra es feminizada, feminicemos entonces la política.