Por Ramiro Albina
Todo indica que el domingo 6 de diciembre tendrán lugar las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Elecciones? A pesar de que pueda parecer una contradicción, uno de los triunfos de la democracia a nivel global a partir de la segunda mitad del siglo XX es que incluso los regímenes autoritarios con la mochila cargada de violaciones a los DDHH buscan crear una pantalla de legitimidad, a partir de una extendida creencia en la soberanía popular.
A pesar de quienes aún hoy en día siguen atragantándose con su propia lengua al momento de realizar malabares conceptuales para justificar la dictadura de Nicolás Maduro, las elecciones que tendrán lugar el próximo mes son una muestra más de las arbitrariedades y de la falta de independencia de poderes que impera en Venezuela. Sin embargo, incluso las elecciones amañadas constituyen siempre un día de nerviosismo para los gobiernos ante la posibilidad de que el capricho de la democracia nos de una sorpresa.
Combate al pluralismo
Desde las últimas elecciones legislativas del año 2015, en las cuales la oposición consiguió 112 escaños frente a los 55 ganados por el oficialismo, el gobierno avanzó en un proceso de radicalización con vistas a eliminar definitivamente del juego político a los opositores. Este proceso encontraría su paroxismo en el autogolpe de febrero de 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional opositora y se arrogó sus competencias.
Junto con la intensificación en las violaciones a los Derechos Humanos documentados por organizaciones de la sociedad civil como Provea y el conocido Informe Bachelet de Naciones Unidas, se avanzó en un proceso de continuas inhabilitaciones políticas a los principales opositores. En la siguiente imagen con fecha de febrero del 2018, perteneciente a la ONG Acceso a la Justicia, se puede observar claramente la purga encabezada por los poderes adeptos al oficialismo como el TSJ o el CNE.
Más recientemente, la intervención a las directivas de algunos de los principales partidos de oposición durante este año y su reemplazo por juntas ad hoc integradas por dirigentes más cercanos al oficialismo es un nuevo paso en esa dirección. Como se señala en un documento de Acceso a la Justicia, «(el TSJ) determinó que las juntas ad hoc son las únicas facultadas para postular a los candidatos de esos partidos políticos en las elecciones que convoque el ilegítimo CNE; por ello, ordenó al árbitro abstenerse de aceptar cualquier candidatura no avalada por los interventores».
De juegos y estrategias.
Al analizar las estrategias de los partidos políticos en Venezuela tenemos que tener presente un elemento crucial: el tipo de régimen político, entendido como el conjunto de reglas para el acceso y ejercicio del poder. Generalmente pensamos a los partidos como organizaciones guiadas por la búsqueda de maximización de votos para fortalecer su posición y acceder a cargos legislativos o ejecutivos. Sin embargo, esta generalización puede aplicarse solamente a los contextos de democracias consolidadas en las cuales los actores comparten la expectativa de que en el futuro cercano las elecciones legítimas seguirán siendo el único canal de acceso al poder. The only game in town. Como nos enseña Scott Mainwaring, en contextos de democracias frágiles o autoritarismos competitivos, los partidos no solamente juegan el juego electoral sino también un juego de régimen. Los partidos tienen que prestar atención a conseguir más votos (y competir con otros partidos por ellos), pero al mismo tiempo deben fijar estrategias en torno al régimen político. Estos dos juegos no son independientes sino que la estrategia decidida para uno de ellos puede incidir de forma determinante en el otro. Por esta razón puede ser incomprensible la dinámica política venezolana si la analizamos con las mismas anteojeras que usamos para mirar la política argentina, chilena, uruguaya, etc.
En los últimos meses la discusión dentro de la oposición venezolana sobre si participar o no en las elecciones legislativas llegó a un pico en septiembre cuando un sector, encabezado por Henrique Capriles, había dejado trascender la posibilidad de subirse a la carrera electoral (aún cuando este se encuentra inhabilitado para competir), tomando distancia del sector encabezado por Juan Guaidó. Sin embargo, ante la intransigencia del oficialismo de no postergar las elecciones como solicitó la Unión Europea, Capriles retrocedió y advirtió que su espacio político no participará en las mismas si no son postergadas.
En la dinámica de este doble juego (electoral y de régimen) la oposición venezolana se vio recurrentemente encerrada en un laberinto. Cuando la oposición participó y ganó (como en el 2015) el oficialismo desconoció los resultados; sin embargo, cuando la oposición encabezada por Guaidó apostó a una estrategia de deslegitimación bajo las consignas de «cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres», ninguna pudo cumplirse mientras el oficialismo encontró la manera de seguir ganando tiempo. Participar o no en las elecciones no parece ser un dilema real cuando se trata de encontrar la manera de lograr una transición de régimen. A pesar de que los argumentos para abstenerse en unas elecciones a medida de Maduro pueden ser razonables, esta decisión es suicida si no está acompañada por una estrategia sobre qué hacer luego de la abstención en un contexto donde el oficialismo controlaría absolutamente todos los poderes del Estado.
Una elección amañada.
En diciembre el chavismo buscará eliminar del mapa al último espacio institucional controlado por la oposición: la Asamblea Nacional. De esta forma, se cae también la falsa pantalla de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), formada en el año 2017 con el objetivo de neutralizar a la primera. El oficialismo ya ha dejado trascender que la ANC podría disolverse a fines de este año marcando un récord: en más de tres año no presentó siquiera un borrador de proyecto constitucional.
A pesar del «indulto» a 110 perseguidos políticos, en un intento del oficialismo por dar una ambiente de mayor legitimidad para las elecciones, Foro Penal asegura que siguen habiendo 333 presos políticos. Las elecciones del próximo diciembre se planean llevar a cabo con un Consejo Nacional Electoral designado de forma express por el cooptado Tribunal Supremo de Justicia (y no por la Asamblea Nacional); con algunos de los principales partidos políticos opositores anulados o intervenidos como Copei, Acción Democrática, Voluntad Popular, y Primero Justicia (con respecto a este último, la intervención había sido suspendida por el mismo TSJ en septiembre), una suerte que también corrieron partidos afines al oficialismo como Patria para Todos y Tupamaro. Además, las elecciones se regirán por un sistema electoral modificado a discreción por el CNE (nuevamente pasando por encima de la Asamblea Nacional). Entre los cambios incorporados de forma unilateral esta el de incrementar los escaños legislativos de 167 a 277 y reducir del 70% al 48% el número de diputados electos nominalmente.
Nicolás Maduro ha demostrado una capacidad de resistencia sorprendente. Ante cada coyuntura que parecía ponerlo contra las riendas, se las ingenió para patear el tiempo hacia adelante. Hay que ser claros en un punto: en Venezuela hay un gobierno que se sostiene sobre las Fuerzas Armadas, con los altos mandos involucrados en crímenes gravísimos y con un ¿líder? que no puede ganar elecciones libres. Como mínimo, el costo de dejar el poder sería la cárcel. De esta manera, mientras no se quiebre el mando militar, la salida pacífica por medio del diálogo parece una tarea imposible sin una cuota de impunidad. Las elecciones libres sin condiciones sólo existen en democracia y Venezuela ya dejó de serlo. Entre tantas interrogantes, podemos recuperar una certeza: el tiempo juega a favor del gobierno.
* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires
Segunda Vuelta 