Por Ramiro Albina
Venezuela de a poco se fue metiendo en nuestras conversaciones y no precisamente por sus paisajes y la alegría de su gente. También ingresó en la agenda de los medios de comunicación y en las campañas políticas, muchas veces bajo comparaciones en las que escasean análisis serios de la estructura económica, de la articulación de la sociedad civil, entre otras variables que parecieran no importar. El contacto directo con venezolanos y venezolanas que emigran se hizo recurrente, y cuando escuchamos nombrarla nadie queda indiferente.
Una de las discusiones inevitables cuando hablamos de Venezuela gira en torno a su clasificación como democracia o dictadura. Pero existe una dificultad: generalmente el resultado del intercambio ya está determinado de antemano porque cada uno tiene una idea previa difícil de modificar. Sin embargo, si aspiramos a ser ciudadanos críticos en una democracia hay que hacer un uso critico de nuestras convicciones. Estas pueden ser firmes y al mismo tiempo tener una actitud dispuesta a ponerlas en tela de juicio frente a la realidad, porque somos consciente de su falibilidad. La discusión libre con el otro, con el diferente, es lo que nos enriquece en un contexto de pluralismo y lo que nos puede ayudar a acercarnos a una cuota de verdad. Vayamos al caso de Venezuela.
En el año 2013 Nicolás Maduro ganó la elección presidencial con un margen de apenas 1,5% con respecto al opositor Henrique Capriles. Si bien las características personales de Maduro difieren de las de Chávez en términos de carisma y astucia política, sería un error atribuir toda la responsabilidad de la situación actual al primero. Chávez llegó al poder como un líder carismático construido sobre el colapso de los partidos políticos tradicionales, poniendo fin al puntofijismo, y cultivando un gran apoyo popular. El propio modo de construcción y concentración del poder por parte del chavismo, privilegiando el componente mayoritario, apelando plebiscitariamente al respaldo de los ciudadanos por sobre otras instituciones representativas fue provocando a lo largo de los años un deterioro en la institucionalidad democrática. La búsqueda de garantizar el predominio presidencial en la toma de decisiones políticas llevó a intentos de cooptar o imposibilitar los mecanismos de rendición de cuentas horizontales que eran vistos como barreras. Sin embargo, con sus más y sus menos, el gran apoyo popular y el triunfo sucesivo en numerosas elecciones lo dotaba de una legitimidad democrática de origen. En el caso de Maduro, a pesar de ser electo presidente con margen tan estrecho, encaró su gobierno con mano dura y pretendiendo erigirse como el representante del todo, elevando sus convicciones ideológicas particulares a categorías absolutas. Durante su mandato se produjo una novedad: las encuestas revelaron que le sería difícil ganar una elección compitiendo con la oposición, y por lo tanto no tenía la posibilidad de relegitimarse plebiscitariamente.
En el año 2015 tuvo lugar la elección para renovar todos los escaños en la Asamblea Nacional donde la oposición, organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), alcanzó la victoria con un 56% de los votos frente al 41% del oficialismo, consiguiendo la mayoría legislativa. En enero del año 2016 Maduro declaró el “estado de excepción y emergencia económica” en todo el territorio nacional (sucesivamente prorrogado hasta el infinito y más allá). Ese mismo año, el CNE (Consejo Nacional Electoral) controlado por el chavismo, paralizó el referéndum revocatorio contra el presidente impulsado por los opositores, previsto en la Constitución. A su vez, debían tener lugar las elecciones de gobernadores de los estados que fueron finalmente postergadas un año violando el principio de elecciones regulares.
La situación política y social se agravo aún más en el año 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el chavismo, adoptó decisiones frente a la Asamblea Nacional que violaban el principio de separación de poderes declarando nulos los actos de la misma, y arrogándose las competencias legislativas. Esta usurpación de funciones generó inmediatamente una ola de protestas callejeras que frustró el intento.
Pero esperen… ¡hay más! En este contexto de tensión, el 1 de mayo de 2017 Maduro convocó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin realizar previamente un referéndum tal como es previsto por la Constitución. En julio de ese año tuvo lugar la elección de la misma sin participación de la oposición, y con un mecanismo de elección territorial y sectorial que fue criticado por afectar el principio de igualdad de poder del voto. A su vez Smartmatic, la empresa encargada del sistema de votación, denunció que entre la cantidad de votos en su sistema y los resultados dados por la autoridad electoral había una diferencia de al menos un millón de electores, lo que reflejaba una posible manipulación de la elección. La ANC se alejó de su mandato constitucional con las medidas adoptadas que excedían (y exceden) la naturaleza de sus funciones. Destituyó en circunstancias irregulares a la Fiscal General Luisa Ortega, quien había expresado críticas al gobierno de Maduro; se alzó con los poderes de la Asamblea Nacional, y asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.
El 15 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales que recordemos habían sido postergadas un año. La oposición se enfrentó con dificultades tales como no poder presentarse en algunos estados donde había litigios electorales pendientes, y la reubicación de centros de votación a pocos días de las elecciones. A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente anunció que las y los gobernadores electos iban a tener que jurar ante ella; y ante la negativa de uno de los opositores, se le impidió su asunción.
Las elecciones presidenciales que debían tener lugar en diciembre de 2018 fueron adelantadas para mayo de ese mismo año. En ellas, calificadas como “limpias” por sus seguidores (tanto como el agua del Riachuelo), el CNE inhabilitó a los principales candidatos y partidos de la oposición; y la participación fue de solo el 46% según el organismo electoral oficial.
El contexto
La utilización de diversos mecanismos para acallar a la oposición se volvió una constante, agravada desde el año 2017. Podríamos nombrar casos puntuales, pero por cuestiones de espacio intentemos al menos tener una noción del patrón existente. Nos encontramos un gran número de políticos opositores que fueron perseguidos y privados de libertad; objetos de amenazas y hostigamiento. Una ola de apertura de procesos contra muchos de ellos que se encuentran con arresto domiciliario, exiliados, o inhabilitados de competir por cargos públicos.
La situación de los Derechos Humanos en Venezuela se volvió cada vez más alarmante en los últimos años. La reacción estatal desproporcionada (junto a al accionar de grupos de civiles armados denominados “colectivos”) frente a las diversas protestas dejaron un saldo de numerosos muertos, miles de detenciones arbitrarias, y denuncias de violaciones a los DDHH durante las detenciones, tales como prácticas de torturas, violaciones sexuales, y procesamiento de civiles en tribunales penales militares.
Tomemos como ejemplo el informe de la ONG “Foro Penal” para el periodo de protestas que va desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2017. En el ámbito de esas protestas 136 personas perdieron la vida, 5431 fueron detenidas arbitrariamente, 726 civiles fueron procesados inconstitucionalmente en la jurisdicción penal militar, y 418 de ellos privados de libertad mediante sentencias de tribunales militares. Según esta misma organización, al 30 de noviembre de 2018 el número de presos políticos era de 288.
En lo que respecta a la libertad de expresión, diversos medios de comunicación se enfrentaron a la amenaza de cierre. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2017 condenó el cierre de 50 medios por motivos relacionados a su línea editorial.
Crisis humanitaria
La crisis humanitaria que sufren los venezolanos y venezolanas se expresa en todos los indicadores. Con una hiperinflación que en 2018 alcanzó un alza interanual de más de un millón por ciento, un desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la dependencia de gran parte de la población de la ayuda gubernamental a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción como sus caras más crudas. Tomemos algunos datos. Los boletines del Ministerio de Salud revelaron que en 2016 hubo un aumento del 30,1% de la mortalidad infantil con respecto al 2015; y en el caso de la mortalidad materna, el incremento fue del 65,8%. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) en el año 2017 la pobreza por nivel de ingreso llegaba al 87% de la población; y sobre 6.168 hogares de todo el país, el 64% de los encuestados tuvo una pérdida de peso en promedio de 11 kilos en ese año. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) revelaron que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos alcanzó los tres millones.
La discusión sobre las razones del colapso económico puede requerir ríos de tinta. Quienes siguen apoyando a Nicolás Maduro hacen uso de una retórica inflada para acusar al “imperialismo” de haber desatado una “guerra económica”. Un análisis menos épico podría estar enfocado en la dependencia del rentismo petrolero del Estado venezolano y la necesidad de ahorrar recursos en tiempos de bonanza. Durante el mandato de Hugo Chavez, este disfrutó de un alto precio internacional del petróleo que le permitió hacerse de los recursos necesarios para encarar numerosos programas sociales que lograron bajar la pobreza y la marginalidad. Sin embargo, todo el mundo sabe que los precios en la industria petrolera son cíclicos, por lo que en tiempos de vacas gordas es mejor pensar en lo que vendrá cuando estas estén flacas. Estatizaciones y favores a la llamada “boliburguesía” (el lector sabrá por qué) sin criterio económico de eficiencia en la acción estatal y guiados por una búsqueda de poder, terminó destruyendo la capacidad productiva. Cuando el precio del petróleo cayó, la crisis llegó generando una reversión en los indicadores sociales, lo que evidencia que las mejoras habían sido superficiales y dependientes de los excedentes petroleros.
El problema ya no es únicamente el régimen político
Hoy en día nuestras comunidades políticas tienen forma de Estados los cuales, para ser exitosos, requieren tener capacidad de controlar el orden dentro de sus fronteras pero no por la pura violencia sino mediante la obediencia consentida de sus ciudadanos. Preferimos formar parte de un Estado y vivir bajo sus reglas en buena medida porque la convivencia nos trae beneficios que se traducen en la previsibilidad y la posibilidad de anticipar hasta cierto punto las formas en la que se darán los encuentros, intercambios y disputas “con el otro”. Por el contrario, en el “estado de naturaleza” donde no hay una autoridad común, la alerta, la amenaza y la desconfianza cuando nos relacionamos con “el otro”, adquiere más fuerza; y la posibilidad de pensar el largo plazo no existe ante el peligro permanente de que el vecino nos intente saquear y nos declare la guerra. Un determinado orden político, para ser legitimado, necesita en los cálculos de perjuicios y beneficios hacernos creer que los primeros serán menores que los segundos, y al mismo tiempo debe permitirnos ampliar el horizonte temporal. Ahora bien, cuando el Estado se ve incapaz de asegurar el cumplimiento de las reglas que regulan los intercambios y canalizan el conflicto, y peor aun, cuando se vuelve parte de una parcialidad que nos es amenazante, la posibilidad de lograr obediencia por medio del consentimiento se esfuma. La percepción de que quien controla el Estado nos ocasiona sistemáticamente más perjuicios hace que en nuestro cálculo de costos y beneficios la idea de que nos conviene cooperar con las autoridades se invierta.
En línea con lo anterior, la situación política en Venezuela está llegando a un punto donde surge una preocupación mayor a la cuestión del régimen político: la operatividad del Estado. El régimen entendido como las reglas para el acceso y ejercicio del poder ha dejado hace rato de ser democrático para tornarse autoritario. Pero el poder despótico no es sinónimo de poder estatal en términos de organización de las relaciones sociales. La violencia descontrolada que alcanzó en el 2018 una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que da el numero de 23.047 muertes violentas según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, ponen en cuestionamiento la capacidad del Estado para garantizar el orden interno. A lo que se le suman los datos que vimos anteriormente de la crisis económica y social que parecen hoy el resultado de un enfrentamiento bélico.
Debido a la pérdida del apoyo popular que tuvo antaño, hoy el gobierno (fusionado con el Estado) se sostiene principalmente en las Fuerzas Armadas y el aparato represivo en su conjunto, lo que nos merece una reflexión. Si pensamos a la política como una actividad colectiva que surge en la necesidad de regular conflictos entre grupos por medio de la toma de decisiones vinculantes, fruto de la actuación e intervención en un ámbito público y compartido, la violencia instrumental se convierte en anti-política, ya que atenta contra cualquier noción de ámbito “común”. Siguiendo esta idea, la tentación a recurrir a la violencia y la fuerza de las armas surge de la pérdida de poder.
¿Y ahora?
Hay hoy dos actores que se disputan la conducción del gobierno legítimo, por un lado Nicolás Maduro, y por el otro Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y proclamado “Presidente encargado de Venezuela” el 23 de enero de 2019 acompañado por una marcha multitudinaria. Resulta difícil pensar la forma que adquiriría una salida frente a una dictadura que se ha encargado de cerrar los canales constitucionales a los sectores de la oposición y suspender en los hechos los derechos políticos de los ciudadanos. La transición en Venezuela no tendrá que ver únicamente con las reglas de juego democrático en el futuro, sino también con la reconstrucción de la economía, de la operatividad del estado, la desmilitarización del poder político, y el castigo a los responsables de las violaciones de DDHH. Y quizás lo más difícil: el posible limite que deba tener ese castigo. No va a haber una disposición del gobierno a abandonar el poder si en el horizonte lo único que se ve es la cárcel, más aún teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, así como las máximas autoridades en la cúpula de poder están implicadas en una red institucionalizada de corrupción, violaciones de DDHH, acusaciones de narcotráfico, y otros delitos. La presión internacional es fundamental en la búsqueda de una salida pacífica, pero si no es acompañada por un incentivo a abandonar el poder que reduzca los costos, el riesgo es avanzar en una escalada de la represión y la violencia. En este sentido no parece haber hoy una actitud aperturista por parte del gobierno sino todo lo contrario. Otra hipótesis sería la de una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, lo que podría por un lado forzar a Maduro a abandonar el poder, o por el otro el riesgo de precipitar el escenario más temido: un enfrentamiento armado. A esta altura, el rol de los militares se tornó fundamental a la hora de pensar en una transición. Así como también el juego geopolítico que gira alrededor de los intereses de peces gordos como EEUU, Rusia, y China.
Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones de la situación a la que llego el proceso venezolano. Cada uno carga con su conciencia y es dueño de su opinión, pero cuando se caen los ropajes democráticos, la desnudez del autoritario no da lugar a confusión. Pocas dudas pueden plantearse hoy sobre el carácter antidemocrático e ilegítimo del gobierno de Maduro. De lo que se trata, es de intentar una transición pacífica, con la menor cantidad de víctimas posible, donde los protagonistas sean los actores venezolanos y la comunidad internacional acompañe. Esta transición no sería el punto de llegada, si no el de partida para poder encarar los desafíos complejos a los que se deberá hacer frente en la reconstrucción del país con una sociedad absolutamente fracturada, lo cual no se soluciona solamente en una elección.
* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires
Segunda Vuelta 