La cultura del aguante

Opinión |Por Milton Rivera|

En cuanto se confirmó la decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre la coparticipación de CABA, Alberto Fernández dinamitó el último reducto de capital político que le quedaba para hacer frente a la heterogeneidad de su espacio. Socio minoritario como adelantaron muchos analistas, la participación del presidente en la coalición pierde cada vez más peso. En todo juego de poder, aquel que lo pierde se lo cede a otro. ¿Qué actor absorbe este porcentaje que se le escapa a Fernández? Inicialmente no parecían adquirirlo los gobernadores: ahora resulta que lo que pierde CABA será coparticipable con las demás provincias. A simple vista, Cristina Kirckner y Axel Kicillof emergen como los verdaderos ganadores de una situación que parecía complicarles la vida.

Sin olvidar el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo, no hay que perder de vista que las decisiones (inducidas o no) las toma el presidente. Poco puede decirse de ellas dejando de lado las conjeturas habituales sobre el rol de la vicepresidenta. Pero lo cierto es que cada una de las determinaciones del último tiempo parecen ir en línea con el armado de poder que se juega en la provincia de Buenos Aires. Aquella arquitectura cuenta con cuatro personajes centrales que definirán sin duda el papel del oficialismo en las elecciones del año que viene: la propia Cristina, Kicillof, Berni y Máximo Kirchner.

Alberto Fernández fue elegido por Cristina como su compañero de fórmula para tender puentes con todos los espacios que la rechazaban. La relación con estos actores tuvo una intensidad desmedida en el período electoral, aflojó progresivamente desde el 10 de diciembre y hoy está seriamente deteriorada. A cada uno de estos jugadores les corresponde un episodio de desencuentro: al empresariado, la expropiación de Vicentín; a Clarín, el decreto que establece a Internet como servicio público; a Estados Unidos, la postulación de Béliz en el BID; al electorado de centro, la reforma judicial; a la clase media, el endurecimiento del cepo. En términos hegelianos, estas relaciones de poder que Fernández supo ir construyendo en sus días de operador tienen como síntesis el desencuentro en sus días de presidente.

Por eso podemos suponer que una de las características que faltaba estropear, con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para discutir el financiamiento de la Policía Federal, corrió la misma suerte que todas las demás. El mandatario ya no será el interlocutor del Gobierno con la oposición. La herida de muerte que supone este anuncio le saldrá caro en el largo plazo. No solo porque achica su capital como se dijo, sino porque además reúne a la oposición que parecía dirigirse irremediablemente a una disputa entre los moderados y los extremistas. Por primera vez, el espacio se abroquela detrás de Rodríguez Larreta, que implícitamente lanzó su candidatura nacional.

Foto: NA

De todas formas, desde el punto de vista estratégico parece una decisión razonable. La incapacidad del Gobierno para solucionar los problemas estructurales que arrastra el país, o lo mismo aquellos que surgieron con la pandemia, obligan a Fernández a traicionar su aparente vocación de unión. En campaña se presentaba como el candidato que venía a unir a los argentinos tras años de distanciamiento y rencores. Pero mientras el gabinete espera soluciones que (dicen) llegarán en algún momento, la grieta es la única salida. Es la cultura del aguante que hace unas semanas Guzmán denostó con tanta naturalidad. Sin ninguna credencial para mostrar, más que la resolución del default, el presidente apela a la base dura del kirchnerismo.

La grieta siempre puede ser una jugada arriesgada para la democracia. En medio de semejante despelote no sería bueno que una de las instituciones que todavía goza de prestigio en Argentina empiece a tambalear al punto de poner en duda a la clase política. Más aún si en el medio se desata un escándalo de tal bajeza en la Cámara de Diputados. Además, se confirmó un dato muy desalentador: la caída para el segundo trimestre del año fue peor a la del primer trimestre del 2001. Algunas élites sudamericanas se están cuestionando el orden político y son ellos los que marcan la agenda. El problema estará cuando las clases populares se sumen a ese cuestionamiento porque son esos sectores quienes marcan el pulso de la calle. ¿Tiene el presidente el poder para encauzar una crisis similar a la del 2001? Andrés Malamud dice que este Gobierno es una paradoja: “mucha gente pedía un Gobierno con honestidad radical y eficacia peronista, y hoy parece que llegó el resultado invertido”.

La decisión en sí misma es otro tema que vale la pena revisar. Argentina llegó al punto de justificar (y legitimar) una medida inconstitucional fundada en el argumento de que desplaza a otra del mismo tipo. Y la amenaza: si revisamos esta, revisemos también la anterior. Si bien es una jugada que establece ganadores y perdedores desde una perspectiva política, de forma inmediata también los hay desde el punto de vista económico. Abandonamos el mandato que había impuesto la Ley provisoria de coparticipación (aquel que establecía un plazo para elaborar una nueva Ley) como si fuera completamente normal que algunas provincias mendigaran recursos que por cuestiones objetivas les corresponden.

Independientemente de este caso, quitar recursos a los sectores más productivos del país para repartirlos en forma de subsidios ha tenido resultados precisamente no muy alentadores. Muchos dirigentes políticos se muestran preocupados por el destino de los fondos coparticipables. Pero no lo hacen con un criterio ideológico sino geográfico: la cuestión no es qué se hace con los recursos sino quiénes lo hacen. La inquietud que surgió en su momento entre los gobernadores peronistas que firmaron un documento en apoyo al presidente, ¿tendrá que ver con algún incumplimiento del ministro del interior? Todo parece indicar que sí, toda vez que la puja es por sostener una maquinaria política y electoral en aras del federalismo que la opulenta Buenos Aires busca evitar. Como sostiene Ramiro Albina, enfrentar porteños con bonaerenses es un tiro en el pie, teniendo en cuenta que son los dos actores más perjudicados del sistema actual. Argentina nunca tendrá verdadera vocación federal hasta que no se plantee seriamente, sin mezquindades ni oportunismos, el tema de la coparticipación. Es difícil recordar algún candidato a presidente con el tema en agenda por lo que el futuro no inspira demasiada confianza.

*El autor es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA)

Juicio a la «lista sábana»

Opinión | Por Ramiro Albina |

Luego de la particular sesión de la Cámara de Diputados del jueves 24 de septiembre, los cañones apuntaron hacia una presunta culpable: la “lista sábana”. 

Las historias simples nos ayudan a ordenar nuestra cabeza. Cuando encontramos fácilmente al culpable, podemos protestar y hacer escándalo mientras en el fondo estamos tranquilos por haber hallado una respuesta certera. 

La “lista sábana” se convirtió en el cuco que más usamos como explicación cuando asoma un escándalo protagonizado por alguno de nuestros representantes políticos. Se convirtió en un cliché.  Cuando una idea recurrente no encuentra adversarios con los cuales discutir y afianzarse, la verdad se devalúa y se transforma en dogma. Por esta razón, hagamos el ejercicio de ponernos en modo “abogado del diablo” y analicemos los posibles argumentos positivos por parte de la conservación de la “lista sábana”. Por las dudas ya pedí custodia. 

Si la “lista sábana” hubiera tenido un juicio justo el 24 de septiembre, su inocencia hubiera quedado demostrada. Los sistemas electorales nos plantean una historia apasionante pero nunca simple. Rebobinemos. 

Los sistemas electorales tienen la enorme tarea de conectar la expresión de nuestras preferencias por medio del voto con la ocupación de cargos públicos electos. Simplificando bastante, dentro de sus componentes fundamentales podemos encontrar 1) la magnitud de los distritos electorales, 2) la fórmula electoral, 3) el umbral de exclusión (un mínimo de votos para que el partido/candidato pueda acceder al reparto de cargos), 4) la estructura de la boleta de votación.

A muy grandes rasgos, los sistema electorales suelen ser clasificados según su principio de representación como mayoritarios o proporcionales. Los primeros tienen como objetivo conseguir mayorías legislativas sólidas premiando a los principales partidos. El mejor ejemplo son aquellos en los que se elige solamente un representante por distrito por mayoría simple de votos. Por otro lado, los sistemas proporcionales privilegian una representación fiel de la distribución de preferencias (algo que depende en buena medida de la fórmula electoral y el tamaño de los distritos). 

Cada distrito electoral está definido por sus límites, la cantidad de electores en su interior y la cantidad de cargos en juego. Para las elecciones legislativas, los distritos en los que se disputa solamente una banca reciben el nombre de “uninominales”, mientras que cuando se eligen dos o más se denominan “plurinominales”

Cuando se elige más de un representante, entra a jugar la fórmula electoral. Siguiendo a Gary Cox, esta constituye “el procedimiento de cálculo que convierte en forma usualmente mecánica los totales de los votos de los electores en una determinada distribución de los puestos en disputa entre los distintos partidos políticos o candidatos”.

En los sistemas electorales proporcionales, un elemento fundamental lo constituye la magnitud de los distritos. Esta está determinada por la cantidad de bancas legislativas en juego. Generalmente se divide en pequeñas (entre dos y cinco bancas), medianas (entre seis y diez) y grandes (más de diez). Cuanto más cargos hay en disputa, más se acentúa el efecto proporcional y el reflejo es más fiel. En este sentido, el tamaño de la asamblea legislativa es un elemento importante. 

En los distritos plurinominales, la estructura de la boleta de votación es otra característica fundamental. Generalmente se la puede clasificar como: a) lista cerrada y bloqueada: el votante no puede alterar el orden de los candidatos, ni elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría; b) lista cerrada y desbloqueada: el votante no puede elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría pero sí puede manifestar preferencias dentro de la lista (estableciendo un orden de preferencias en términos positivos o tachando/borrando candidatos que no sean de su agrado); c) lista abierta: el votante puede elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría (de esta forma, tendría la libertad para armar su propia lista). 

¿Y la lista sábana?

En el debate público se suele escuchar hablar de “lista sábana” para referirse a dos fenómenos distintos. Hay quienes llaman así a las boletas de votación que presentan distintas categorías de cargos en juego (presidente, gobernador, diputados nacionales, etc.), lo que favorecería el efecto arrastre. Sin embargo, en este caso nos referiremos a su segunda utilización, que fue la que entró en juego con el escándalo del diputado salteño. Se denomina entonces “lista sábana” a lo que técnicamente sería una boleta partidaria cerrada y bloqueada en distritos plurinominales de magnitud mediana/grande. El argumento en contra de la misma sostiene que dificulta al votante conocer a todos los candidatos que van detrás de quienes ocupan los primeros puestos de la lista, lo que desvirtúa el vínculo representante-representado. 

De esta definición se desprende que, en contra de lo que dicta la opinión más difundida, en nuestro país la “lista sábana” podría ser a lo sumo un problema (incluso estirando un poco el concepto) de únicamente 4 distritos. Además, tengamos en cuenta también que el “efecto sábana” tampoco cuenta para los candidatos que ocupan los primeros lugares en las listas.

“A lo sumo, la lista sábana podría ser un problema (incluso estirando un poco el concepto) únicamente de 4 distritos»

Aclaración: debido a que en el caso argentino la Cámara de Diputados se renueva de forma parcial (por mitades cada dos años), debemos prestar atención a lo que se denomina “magnitud efectiva”.

Como podemos ver, a pesar de que formalmente los diputados son electos en distritos plurinominales por representación proporcional, con fórmula D´hont y un umbral legal del 3%, en la práctica existen grandes diferencias de acuerdo al distrito del que se trate. En aquellos distritos que eligen entre 2 y 5 diputados se genera en la práctica un efecto mayoritario que si bien contribuye a un mayor reconocimiento de los candidatos, lo hace al costo de un menor reflejo fiel de las preferencias al imponer fuertes barreras de entrada a las fuerzas minoritarias. Por el contrario, en los distritos con magnitudes más altas (en los que se critica la “lista sábana”) existe la posibilidad de un mayor reflejo de las preferencias, a un costo de despersonalizar las candidaturas. Esta combinación puede generar efectos distorsivos tales como la facilidad de las terceras fuerzas para conseguir representación en las provincias metropolitanas pero la fuerte dificultad para extenderse más allá de estas a lo largo del territorio nacional. 

“Cuanto mayor es la cantidad de bancas en disputa, más se acentúa el efecto proporcional»

En los sistemas proporcionales es clave la magnitud del distrito. De nuevo: cuanto mayor es la cantidad de bancas en disputa, más se acentúa el efecto proporcional, y el reflejo es más fiel.  Hagamos un breve ejemplo, comparando el resultado de una igual distribución de votos en tres distritos con diferente magnitud, utilizando el método D´hont. 

Como vemos, lo que se conoce como “lista sábana” hace posible la representación parlamentaria de minorías. Por supuesto que sería absolutamente legítima una postura que defienda la reducción de la cantidad de candidatos por lista, pero esta no puede perder de vista su costo en términos de representatividad. 

En la discusión sobre cómo mejorar la calidad del vínculo representativo fortaleciendo la rendición de cuentas, una de las propuestas que se pueden escuchar en estos días es en favor del sistema de distritos uninominales. Si bien el sentido común nos dice que en un distrito en el cual se elige un solo representante la rendición de cuentas es mayor, es necesario tener en cuenta que esto entra en juego con otras variables tales como el sistema de gobierno o la selección de candidaturas, que pueden conducir a efectos distintos (por ejemplo, a pesar de que Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con sistemas uninominales sus efectos en la dinámica partidaria son muy diferentes). 

El talón de Aquiles de los sistemas uninominales es la subrepresentación de minorías. Incluso se puede dar la situación en que la fuerza subrepresentada en realidad sea la mayoritaria. Pongamos un ejemplo extremo, al borde del absurdo. Imaginemos un país dividido en 101 distritos electorales uninominales donde existe un sistema bipartidista perfecto: únicamente compite el partido A y el partido B. Supongamos que el partido A consigue el 50% + 1 voto en 51 distritos (por lo cual gana la banca en disputa en cada uno de ellos), mientras que el partido B consigue el 100% de los votos en los 50 distritos restantes. El resultado terminaría siendo que el partido A, con cerca del 25% del voto a nivel nacional tendría mayoría en la asamblea, mientras que el partido B, con cerca del 75% de los votos a nivel nacional quedaría en minoría. 

Otra de las alternativas para solucionar el problema de las “listas sábana” sería mediante la modificación de la estructura de la boleta. Sin embargo, a medida que se otorga una mayor libertad al votante para modificar la boleta, también se incrementa la complejidad del sistema. Como vimos, el reemplazo de la lista cerrada y bloqueada por una lista abierta permitiría al votante combinar candidatos de distintos partidos para una misma categoría. Para no ir tan lejos, también se puede optar por una lista cerrada y desbloqueada (donde se permite alterar el orden de los candidatos, pero no mezclar candidatos de distintos partidos para una misma categoría), lo que permitiría al votante elaborar un orden de preferencias entre los candidatos de la lista, ya sea por la positiva o tachando aquellos que no le gustan. A pesar de que esta alternativa podría mejorar la rendición de cuentas y el control por parte de los ciudadanos, también podría contribuir a un mayor debilitamiento de los partidos políticos, una mayor dificultad para sellar acuerdos electorales, e incluso un encarecimiento de las campañas debido a que los candidatos deberían competir no solo contra los otros partidos o alianzas sino contra los candidatos de su propia lista. 

Los puntos tratados acá son apenas una punta del iceberg, y en muchos casos una simplificación. Existen cientos de maneras distintas de contar y traducir los votos. Con la misma distribución de preferencias pero distintas reglas para contar y asignar cargos, los resultados pueden ser incluso opuestos. Por esta razón no podemos simplificar un problema que es complejo por naturaleza y menos cuando constituye el corazón de nuestro régimen democrático. 

En esta historia no hay buenos y malos. La cuestión gira en torno a los principios que buscamos privilegiar. Los sistemas electorales inevitablemente tienen efectos que generan ganadores y perdedores. Sin embargo, tenemos una buena noticia: la vasta experiencia no solo a nivel internacional sino también de los 24 distritos en nuestro país con variados arreglos electorales, nos permite recabar importantes lecciones sobre sus efectos. 

En la discusión sobre la “lista sábana” es necesario tener en cuenta su impacto y discutir los puntos débiles de sus alternativas. ¿La disconformidad de muchos ciudadanos con sus representantes nace de este arreglo electoral o tiene otros orígenes? Si la “lista sábana” fuera realmente la fuente de todos los males, deberíamos poder corroborar una imagen positiva mucho mayor de la Cámara de Senadores, donde se eligen únicamente tres representantes por cada provincia (dos por la lista más votada y uno por la segunda). ¿Menos candidatos en una lista contribuiría a superar la disconformidad de muchos ciudadanos y mejorar la calidad de la representación? 

Estamos estirando tanto la sábana, que corremos el riesgo de terminar tapando los problemas antes que encontrando soluciones.

*El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El federalismo que supimos construir

Opinión|Por Ramiro Albina|

 

Las instituciones importan como conjunto de reglas que generan incentivos. A su vez, la estructura de incentivos impacta en el comportamiento de los actores que, con un poco de suerte, adquiere regularidad y previsibilidad.

Cuando hablamos sobre el federalismo argentino, la previsibilidad que otorgan las reglas claras es una ilusión. Hoy vuelve a aparecer la discusión sobre una eventual reducción de la coparticipación de la CABA. Decir “vuelve” es engañoso, porque la discusión sobre coparticipación federal de impuestos forma parte de nuestro ser nacional.

Según cuenta la leyenda, las relaciones fiscales entre el estado nacional y las provincias no siempre se guiaron por los mismos criterios. Veamos algunos hechos puntuales.

Con la Constitución del 53, el mecanismo de coordinación fiscal estaba guiado por el principio de separación de fuentes: los recursos vinculados al comercio exterior eran recaudados por la Nación, y los impuestos internos por las provincias.

Con la crisis de 1930, y la caída de recursos derivados del comercio exterior, se avanzó hacia una mayor concurrencia de fuentes, con el estado nacional avanzando sobre facultades tributaras de las provincias, lo que hizo necesaria la instauración en 1935 de un régimen de reparto (no global) de esos impuestos hacia las provincias.

En 1973 nos encontramos con la sanción de la Ley 20.221 que establecía una distribución primaria por mitades entre Nación y Provincias. Esta ley se guiaba por criterios objetivos de población, brecha de desarrollo y densidad poblacional, con un espíritu redistributivo.

En el año 1988 se sancionó la ley 23.548, acordada por todas las provincias y la Nación, que establecía un régimen, en principio transitorio pero que se mantiene como base hasta nuestros días, de coparticipación federal. Esta establecía en un comienzo una distribución primaria de 42,34% a Nación, 54,66% a las Provincias, 2% para el recupero del nivel relativo de determinadas provincias, y 1% para ATN. Los criterios para la distribución secundaria (entre provincias) no se guió por criterios objetivos, como la ley anterior, sino que los porcentajes fueron resultado de la negociación política y la pulseada entre los gobernadores, y entre estos y la Nación.

La reforma constitucional de 1994 establecía que antes de finalizar el año 1996, se debía dictar una nueva ley de coparticipación federal. Sin embargo, los criterios establecidos para esta son de muy difícil cumplimiento, ya que requeriría la aprobación por parte de las 24 jurisdicciones. Teniendo en cuenta que un nuevo sistema de reparto generaría nuevos ganadores y perdedores con respecto al esquema anterior, los incentivos para avanzar en esta dirección son escasos.

Desde la sanción de la Ley 23.548 se fueron implementado numerosos parches por medio de modificaciones a partir pactos, compromisos, introducción de “pre coparticipaciones”, afectaciones específicas de impuestos, etc. Lo cual volvió al sistema mucho más complejo, incluso para los especialistas. Para cuando te preguntes: «¿A dónde van mis impuestos?». Damas y caballeros, este es el monstruo que supimos construir:

 

 

laberinto coparticipación
Fuente: Comisión Federal de Impuestos

 

 

Desequilibrio fiscal vertical.

En las últimas décadas se generó una tendencia hacia una mayor descentralización del gasto público, en particular en la década de 1990 en lo que respecta a salud y educación, y a la inversa, una mayor centralización fiscal luego de la crisis de 2001 con la creación de impuestos nuevos en manos del estado nacional, nula o parcialmente coparticipados, como el impuesto al cheque y las retenciones. Esto, sumado a la mayor dependencia de varias provincias debido la refinanciación de las deudas provinciales luego de la absorción de las cuasi- monedas, terminó generando uno de los aspectos fundamentales que adquirieron las relaciones fiscales intergubernamentales: el elevado nivel de desfasaje entre la recaudación y el gasto público en las provincias.

La dependencia del estado nacional para el financiamiento de los gastos provinciales presenta grandes diferencias entre las provincias.

Dependencia coparticipacion
Fuente: IARAF

El resultado de esta tendencia, terminó siendo que los recursos provenientes de la coparticipación, sumado a las transferencias discrecionales, han ido aumentando su participación en el financiamiento de los gastos provinciales generando importantes desequilibrios y afectando fuerte y negativamente la correspondencia fiscal.

Como resultado, el criterio de reparto termina siendo en buena medida inverso a la población: a menor población en una provincia, mayores recursos en términos per cápita. Así, varias provincias terminan siendo fuertemente subsidiadas por el Estado nacional (mejor dicho, por las provincias más grandes).

Algunos autores, como Carlos Gervasoni (2011), sostienen que la combinación de sectores públicos enormes con débiles sectores privados, y la recepción de importantes recursos de una fuente externa, y que por lo tanto que no proviene de la necesidad de cobrar impuestos a su población (y así asumir el costo político) y desarrollar sectores productivos, tiene consecuencias negativas sobre la calidad democrática.

El caso que resuena frecuentemente en las discusiones sobre la discriminación en el reparto de recursos, es la Provincia de Buenos Aires, la cual recibe per cápita muchos menos recursos en relación a lo que los bonaerenses contribuyen a la renta nacional por medio de impuestos. Esta provincia se vio desde un principio perjudicada con la sanción de la Ley 23.548 (1988) que le hizo perder casi 7 puntos de la coparticipación con respecto a la ley anterior, reducción que luego se intentó compensar con la creación del Fondo del Conurbano Bonaerense en 1992 (financiado por un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias), pero al mismo tiempo que, en 1995, se le terminó imponiendo un tope de 650 millones de pesos que se fue licuando por obvias razones y abrió paso a las disputas que continúan hasta hoy.

Esta distribución evidentemente tampoco ha contribuido a impulsar el desarrollo productivo y mejorar los malos índices socioeconómicas de varias de las provincias beneficiadas por el esquema en términos de recursos per cápita, lo que hace que nos preguntemos, ¿Qué sentido tiene realmente mantener esta situación?

El impacto en la dinámica política.

 El federalismo, simplificando, es un mecanismo de descentralización vertical del poder político mediante el cual se distribuyen distintas competencias, con mayor o menor autonomía, entre el estado nacional y las unidades subnacionales. La forma en la que se desarrolla el federalismo fiscal, es una de las claves principales para entender cómo se da esa distribución.

Para analizar el impacto de las relaciones fiscales intergubernamentales en la dinámica política tenemos que tener en cuenta también otros factores como el sistema electoral, el margen de maniobra de los gobernadores, y como su influencia en la dinámica legislativa.

Los gobernadores son actores fundamentales en la política argentina por los recursos de los que dispone, no solo económicos, sino fundamentalmente políticos. El hecho de que los distritos electorales para la elección de diputados coincidan con las provincias, que las listas sean cerradas y bloqueadas (votamos por un conjunto ya preestablecido de candidatos por un partido o frente con un orden predeterminado que no podemos modificar), el control sobre el calendario electoral (posibilidad de desdoblar elecciones), provee a los gobernadores, en tanto líderes provinciales del partido, de un margen de control muy amplio sobre las carreras de los legisladores nacionales.

 “En democracia, todos los votos valen lo mismo”

Como cuando uno de chicos poníamos el diente debajo de la almohada como nuestra inversión más segura, de grandes ponemos los votos las urnas confiados en el tuyo y el mío valen lo mismo. Sin embargo, nuestro Congreso es uno de los que más se aleja de este principio. Sí, tu voto cotiza más o menos de acuerdo a en qué provincia votás.

Por mandato constitucional, la representación en el Senado se reparte en forma igualitaria entre todas las provincias. Suena razonable. Después de todo, la función del Senado es representar los intereses provinciales. Además, para representar la población tenemos la Cámara de Diputados, que constitucionalmente asigna los representantes a las provincias de acuerdo a la cantidad de habitantes, guiño guiño. ¿Cómo? Bueno, resulta que en la Cámara Baja también nos encontramos con fuertes niveles, esta vez inconstitucionales, de sub y sobre representación de las provincias. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a pesar de tener alrededor del 38% del electorado a nivel nacional, tiene el 27% de los diputados (y el 4% de los senadores). Veamos algunos ejemplos más: para el año 2010 (Censo), un diputado de la provincia de Buenos Aires, representaba 223.215 habitantes; uno de la provincia de Córdoba, 183.826; uno de Tierra del Fuego, 25.441; uno de CABA, 115.606; uno de Santa Cruz, 54.792; uno de Formosa, 106.032. Esta situación, que se desvía del principio adoptado por la Constitución de 1853, es producto de sucesivas decisiones institucionales principalmente en cuanto a cantidades mínimas de diputados por provincia: en la reforma de 1949 se garantizó 2 diputados como mínimo independientemente de la población; en 1973 un decreto del gobierno militar elevó el mínimo a tres; finalmente en 1983 un decreto del último gobierno militar estableció el mínimo en 5 diputados.  Al mismo tiempo, a pesar de que constitucionalmente se debiera actualizar la distribución luego de cada Censo Nacional, esto nunca se ha cumplido. 

 

 

Simulacion diputados

Fuente: Diego Reynoso (2012)

Entonces, la fuerte sobrerrepresentación de distritos pequeños es resultado, por un lado, del diseño constitucional y la distribución poblacional fuertemente asimétrica para el caso del Senado; y fundamentalmente de un Decreto de la última dictadura militar, que viola un principio constitucional, para la Cámara de Diputados. ¿Constitución? Quien te conoce.

Al momento de analizar cómo la distribución de los recursos fiscales, la sobrerrepresentación distrital, y el poder relativo de gobernadores y presidentes impacta en la dinámica política y las estrategias distributivas de los presidentes para generar coaliciones de apoyo nos encontramos, entonces, con diversos puntos de vista.

Desde la Ciencia Política, hay quienes sostienen que la dependencia fiscal de las provincias más chicas, que a su vez son las que más sobrerrepresentadas se encuentran en el Congreso, genera incentivos para construir coaliciones de apoyo “baratas”. El intercambio de recursos por apoyo legislativo, las vuelve útiles y también necesarias. Esta mirada es sustentada, por ejemplo, por Gibson y Calvo (2000) en su análisis sobre los patrones de construcción de coaliciones en el periodo de reformas económicas durante el gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo, también hay que tener presente factores contextuales que pueden influir en esa estrategia. Emilia Simison (2014), para explicar las distintas estrategias de distribución de trasferencias discrecionales en dos presidencias peronistas, sostiene dos variables: la (des)nacionalización del sistema de partidos, y la (des)centralización fiscal. En la presidencia de Carlos Menem había un contexto de descentralización fiscal y nacionalización partidaria; mientras que, en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, había una mayor centralización fiscal y desnacionalización del sistema de partidos. Sus hallazgos muestran en el primer contexto priman las estrategias que premian a los distritos por su mayor poder estructural (en especial la sobrerrepresentación legislativa); mientras que en el segundo contexto primaría la estrategia que premia a los gobernadores del mismo partido del presidente.

¿Y ahora, quien podrá ayudarnos?

Como pudimos ver, las relaciones fiscales intergubernamentales en nuestro país revisten de una gran complejidad. El problema de base está en que a pesar de que esta situación genera enormes problemas, la multiplicidad de actores de veto e intereses enfrentados ante una posible revisión del esquema hacen difícil encontrar una salida al laberinto. En las circunstancias económicas actuales, es difícil creer que existan en el corto plazo incentivos para que las provincias acuerden una nueva ley.

Sin embargo, es necesario avanzar en una reforma del esquema por múltiples razones. Entre los aspectos negativos de la situación actual podríamos enumerar, entre otros, los siguientes: una elevada falta de correspondencia fiscal; una fuerte dependencia del nivel provincial de las asignaciones presupuestarias de Nación (tanto en términos de coparticipación como trasferencias discrecionales), lo que condiciona su autonomía política; un creciente desequilibrio fiscal vertical; una distribución secundaria que no se guía por criterios objetivos y medibles; una distribución primaria que tampoco tiene en cuenta objetivamente las distintas responsabilidades de gasto público, etc.

Los coeficientes de distribución fijos, sin criterios objetivos, contribuyen a volver menos transparente al sistema; y la falta de criterios claros lleva a situaciones incluso de judicialización de los conflictos, como en el caso de la quita del 15% de coparticipación en la década de los 1990 para financiar el sistema previsional, con la aparición de las AFJP, y que no había sido restituido luego de su estatización en 2008. Declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2015, se llegó a un acuerdo con las provincias en 2016 para su restitución.

El desvío importante en relación a la correspondencia fiscal tiene, a su vez, consecuencias sobre la relación entre ciudadanos y gobernantes. El laberinto fiscal en el que nos encontramos hace prácticamente imposible para los primeros identificar claramente quien recauda, quien gasta, y con qué fin, lo que hace que no existan incentivos para controlar, reclamar y responsabilizar a los tomadores de decisiones por una buena gestión del gasto público acorde a la recaudación.

Cuestiones como la coparticipación de impuestos, el sistema electoral, la sobrerrepresentación distrital, y el sistema de partidos, frecuentemente suenan como algo lejano a nuestra vida diaria. Sin embargo, la forma en la que estas se articulan tienen consecuencias importantes en la dinámica política y generan las condiciones en las cuales se van a tomar las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Las distorsiones del federalismo fiscal afectan la capacidad de decisión autónoma de las provincias y deteriora entonces la división vertical de poderes. La función representativa de los legisladores nacionales también se ve afectada, ya que estos deben en buena medida sus carreras políticas a los gobernadores, que a su vez dependen de los recursos del PEN. Este circulo vicioso no genera incentivos para establecer organismos de control efectivos sobre la distribución y gasto de los recursos públicos; ni a negociar políticas públicas con una mirada de largo plazo y a escala nacional. Podríamos preguntarnos si la volatilidad de las políticas públicas no guarda relación con este estructura de incentivos.

En esta película, y en un camino que busque encontrar una solución a las distorsiones actuales, es importante no perder de vista el nudo del problema: la enorme asimetría en el desarrollo productivo entre las distintas regiones algo que, claro está, no se solucionará simplemente modificando los coeficientes de reparto. Además, también tenemos el problema del gigantesco desequilibrio poblacional. En Buenos Aires habita el 40% de la población (sumado a que en un conurbano cada vez más heterogéneo, que representa el 1% del territorio, viven 2/3 de los bonaerenses), mientras que el 60% se distribuye asimétricamente en el resto de las 23 jurisdicciones. Como señala el politólogo Andrés Malamud, esto genera problemas de ineficiencia y opacidad para los bonaerenses e inestabilidad política para los argentinos. Mientras que la subrepresentación la vuelve menos necesaria al momento de armar coaliciones legislativas, su peso demográfico la vuelve clave para controlar el clima político, porque cuando el gigante se levanta, los presidentes caen.

El desafío está, entonces, en romper la estructura de incentivos que perpetúa un statu quo que se ha mostrado ineficiente para enfrentar los problemas actuales y futuros.

 

*El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Populismo del bueno

Opinión |Por Milton Rivera|

Carlos Waisman, profesor de sociología política en la Universidad de California, tiene una mirada bastante particular sobre la administración de Donald Trump. Dice que toda su estrategia política gira alrededor del concepto del muro, que en verdad son tres y no uno solo, como se piensa. No pasa únicamente por el que fue bandera de su campaña y que, sigue prometiendo, construirá en la frontera sur para endurecer la política migratoria. Dos muros simbólicos además de aquél ocupan la centralidad del armado político trumpista: uno que se propone debilitar (el que sirve como protección a las instituciones y al normal funcionamiento del sistema republicano de gobierno) y otro que busca construir (con respecto al mundo comercial y la consecuente integración entre países). Deja claro Waisman: aislacionismo en política exterior, democracia plebiscitaria y proteccionismo económico, son los tres pilares que capturan bastante bien el proyecto de Trump.

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1142410006513500161?s=12

El camino que debe transitar para consagrar estas hazañas indudablemente se construye por vías populistas. Ese modo de ejercer el gobierno, y cuyo retorno tanto temor le causa en países como Argentina, ha sido durante todo este tiempo el que lo mantuvo en el poder y el que le permitió transitar inmune algunos de sus momentos más polémicos. Visto desde esta perspectiva, la mayoría de las medidas impulsadas por el gobierno conllevan un resultado positivo inmediato pero son soluciones fundamentalmente cortoplacistas y nocivas a largo plazo. Digo, por ejemplo: los aranceles a productos extranjeros generan una suerte de crecimiento en el sector manufacturero norteamericano, pero no mueven el amperímetro dentro del sector industrial pesado, que es la punta de lanza de la economía de Estados Unidos. Quienes verdaderamente pagan los impuestos no son las empresas asiáticas sino las norteamericanas que ven inmutable su dependencia comercial con ellas.  Lleva mucho tiempo reorientar la productividad y las cadenas de valor, y todo eso tiene un costo. Con las tarifas al acero que Estados Unidos impuso el año pasado no vimos surgir cientos de fábricas nacionales. Entonces, ¿cuál es la idea? Trump parece apoyarse en la bonanza económica que heredó de Obama, con los recortes de impuestos hechos a medida del 1% más rico y su batería de cambios regulatorios, para justificar este tipo de medidas que, de todas formas, por lo pronto continúa reduciendo el desempleo que ya llegó al 3,1%. La liviana herencia, ¿quién pudiera?

Si miramos su electorado, el núcleo duro al que apunta Trump son dos grupos: los trabajadores industriales que temen perder su trabajo por la globalización; y los que ya lo perdieron y se encuentran en un estado de marginalidad casi absoluta. Si se quiere, Donald Trump apela al miedo: esa inseguridad que tuvo cabida después de la crisis del 2008 en el movimiento obrero por la pérdida de algunos puestos de trabajo, pero sobre todo por la gran cantidad de personas con problemas para pagar sus hipotecas. De la misma forma que sucedió en Europa con la Socialdemocracia, el Partido Demócrata no supo capitalizar todo ese temor de la clase trabajadora, que vio en los partidos que tradicionalmente representaban sus intereses una parte del problema y no de la solución. La figura caudillista de un outsider que va en contra del establishment y que habla el llano del lenguaje urbano caló hondo y repercutió en el voto. Soluciones fáciles que parecen razonables desde el punto de vista del sentido común: ¿por qué no?

Como buen líder populista, Trump se convirtió en un especialista en conservar este núcleo duro. Dice Waisman que visto así, el magnate incluso ha sido capaz de consagrar la política exterior de Estados Unidos como un arma de convencimiento combinando su intención aislacionista con casos de pragmatismo intervencionista. Por ejemplo, pensemos en Florida: un Estado con 29 electores, donde 5 millones de los 20 millones de habitantes son de origen hispano (en su mayoría cubanos) y el 66% blancos republicanos. La misma posición en política exterior con respecto a Cuba que históricamente han tenido los gobiernos republicanos, ahora también aplica a Venezuela y Trump sigue fortaleciendo su popularidad entre los exiliados. Lo mismo puede pensarse en cuanto al voto judío, tradicionalmente demócrata y progresista, y la política exterior en relación a Israel (y la jugada de ajedrez que se cargó al hombro con la mudanza de la embajada a Jerusalén); o el retiro del acuerdo con Irán, que obedece a los intereses de los halcones en política exterior (think tanks muy influyentes). Como dijo Kissinger en su momento sobre Israel: no hay política exterior, todo es política interior.

El muro que no cede 

El intento de Trump por derribar el muro constitucional (el que más nos interesa) refleja su concepción de la democracia, que es, como ya se dijo, plebiscitaria y no liberal: busca subordinar los poderes legislativo y judicial al ejecutivo. Esto no significa solamente agresiones verbales a sectores opositores, miembros del congreso o jueces federales que, como el boxeador que tira el primer cross para ver la reacción de su rival, sirven de prueba para una escalada mayor. Sino que además se tradujo en intentos ilegítimos de avasallamiento sobre instituciones autónomas. El ejemplo quizás más concreto y que más resonancia mundial tuvo fue la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones. Tras un desenlace fatídico por los constantes intentos por parte del gobierno para detener la investigación, el fiscal especial Robert Mueller elaboró un informe que “si bien concluye que el presidente no cometió ningún delito, tampoco lo exonera”.

Sin ir más lejos, cuando Trump asumió una de las primeras reuniones que tuvo fue con el director del FBI James Comey, nombrado por la gestión de Obama. “Quiero saber si puedo confiar en que me será leal” lo arrinconó el presidente; a lo que Comey alcanzó a balbucear algo así como “claro que sí, pero mi lealtad se la debo a las leyes y a la Constitución”. Respuesta incorrecta: como en su programa de TV, Trump le bajó el pulgar y esa misma semana el director dejó su cargo. El relato de una situación que técnicamente no es entendida como obstrucción a la justicia, pero de mínima muestra la intención de controlarla.

Lo cierto es que la cosa no viene fácil. Estados Unidos es la democracia más longeva de occidente y siempre ha sido bandera de la separación de poderes y el respeto por las instituciones. El muro que las protege no parece ceder y tanto la justicia como el congreso ya le pusieron ciertos límites. Pero alguien dirá: con un índice de pleno empleo y la economía en crecimiento permanente, una base sólida de electores que ahora responden directamente a su figura, y la política internacional acomodándose detrás de modelos similares al suyo, es muy difícil que algo impida su reelección. Sin mencionar la silenciosa pero insistente lucha interna entre la naciente ala izquierda del Partido Demócrata y su tradicional sector liberal. La pregunta es: gozando de la aceptación del voto popular y la legitimidad de un segundo mandato, ¿resistirá el muro a sus continuos embates? Sea de ello lo que fuere, Trump ha dejado su huella en el país del norte y en el mundo: se transformó en el referente de una nueva generación de políticos que amenazan el orden liberal en occidente.

Feminizar la política

Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Advertidas y advertidos quedan quienes lean esta nota, que están por adentrarse en una incomodidad: se encuentran al borde de leer sobre aquello cuya protagonista no es la que acostumbran. Tampoco es cómodamente ubicable en el tiempo, pues versa sobre un tema injustamente reciente en nuestra historia mundial moderna, aunque su principal intérprete lleve en el mundo idéntica cantidad de años que la mismísima humanidad. Sí, mujer protagonista. ¿El campo de actuación? La política.

Como si esas dos cuestiones no fueran lo suficientemente complejas de abordar, también son un asunto delicado los términos a utilizar. De aquí en adelante, cada vez que se haga empleo de las expresiones “mujer” o “la mujer”, no será cayendo en el monopolismo de considerar que se trata de un género único o igual, sino siendo consciente de que no refiere a una sola idea de mujer para poder usar tan cómodamente el término en singular. Somos muchas y distintas, atravesadas por múltiples contextos.

Desde los principios más remotos, esta mitad de la población mundial no fue siquiera parte del diseño institucional y social, ni mucho menos tuvo un espacio en la política. Dicho de otra forma, el Estado moderno, origen de la democracia vigente, nació trunco: desde su gestación excluyó a las mujeres de toda participación dentro del mismo.

Actualmente, las mujeres han conquistado poco a poco el acceso a distintos estamentos de la vida institucional y a espacios militantes, políticos y de gobierno, pero realmente el crecimiento de su participación en estas actividades ha sido extremadamente lento. El objetivo de correr al patriarcado del centro de la escena continúa siendo algo todavía lejano.

Cabe entonces realizar algunas preguntas: ¿Por qué la relación entre la mujer y la política siempre ha sido vista como conflictiva? ¿Cuáles son los obstáculos existentes que aún traban su participación?

En el contexto del crecimiento de la militancia revolucionaria y la lucha feminista, muchas mujeres, subversivas frente a un orden normativo hegemónico que queda atrás, desafían y trastocan las muchas facetas de la identidad social históricamente esperada para ellas: se integran a la lucha. Pero, ¿cuál es el verdadero grado de participación, liderazgo y capacidad operativa que las mujeres tienen en los lugares de decisión y de mando?

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La participación política como derecho en Argentina

Trayendo estos interrogantes a nuestro país, puede notarse como el Estado ha realizado avances significativos en la protección de los derechos de las mujeres, manifestando su compromiso con la igualdad, la no discriminación y el ejercicio de los derechos políticos de alcance universal y regional. Argentina suscribe a la normativa de derechos humanos en el plano internacional, destacándose la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de su Protocolo Facultativo, junto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en el contexto regional.

En base a los preceptos establecidos en los instrumentos internacionales adoptados por los Estados, se define al derecho a la participación política de las mujeres como: “El derecho (…) al acceso y la plena participación en la vida política y pública, lo que implica un ejercicio real y efectivo del poder político, así como del proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo”.

Con todo, la condición de las mujeres ha mejorado a través de los años y, si bien el país no tiene una ley marco de igualdad de género o un plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, el activismo de mujeres desde la sociedad civil y en el Poder Legislativo favoreció la introducción de importantes reformas legales e institucionales.

Durante la década del 90, específicamente desde la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino en 1991, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30% de mujeres en las listas legislativas, convirtiéndose en una medida pionera para mejorar el acceso de las mujeres a puestos de representación. Luego del impulso inicial, durante la última década se han registrado oscilaciones en la participación femenina en ambas Cámaras, sin superar nunca el 45%.

A 25 años de su sanción, esta norma no sólo ha operado como un techo para la participación de las mujeres, sino que a su vez aún es vulnerada por diferentes partidos políticos, alianzas y frentes electorales sin que la Justicia Electoral cumpla de un modo cabal y efectivo con la función que le corresponde para garantizar su observancia. En 2015, un 10% de las listas a nivel nacional no cumplieron con el cupo. Pero además, lo que hace un cuarto de siglo fue un avance, hoy es considerada una meta obsoleta cuando países como España y Francia y muchos de la región (Costa Rica, México, Bolivia, Nicaragua y Honduras) han avanzado hacia la paridad.

Este año, se produjo un hito en el tema al reglamentarse la ley número 27.412 de Paridad de Género, que se estrenará en las listas de candidatos a competir en las primarias y en las elecciones generales para senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. De esta manera, las listas legislativas deberán tener, a partir del 2019, el 50% de candidatas mujeres de forma intercalada y secuencial.

En la actualidad, la Cámara baja cuenta con una representación femenina del 38,5% del total y el Senado está conformado por un número de mujeres equivalente a una participación del 41,6% del total. No obstante, aún persisten desigualdades que limitan la autonomía de las mujeres en diferentes esferas de la sociedad argentina, y la representación política de las mujeres ha encontrado un techo que parece difícil de superar sin producir nuevas reformas paritarias.

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Una cuestión de género

La ausencia de la representación femenina en determinadas esferas es un indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece, y es por ello que, para efectuar un completo análisis de la cuestión, no solo se debe rescatar a las mujeres como actores sociales, sino estudiar a partir de la relación entre los sexos, un aspecto de dichas relaciones. Hablar de género es hablar de relaciones de poder, y solo de esta manera se podrá comprender el lugar asignado a varones y mujeres dentro de la construcción de un determinado orden social. Ello, a su vez, contribuye a comprender la naturaleza misma de la construcción del poder, en tanto que la lógica del género es un reflejo de la lógica de la dominación. De ahí que, siguiendo a la teórica feminista Joan Scott, “el género es una manera primaria de significar las relaciones de poder”; es el que explica la histórica construcción social y simbólica de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. Por lo tanto, si la política construye el género, y este construye la política, la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe poder integrarse a todos ellos.

La relación entre la mujer y la participación política, entonces, ha sido vista como conflictiva de forma persistente a lo largo de la historia y ello se debe indefectiblemente a la ruptura femenina de los roles tradicionales y de los límites impuestos por la persistencia de prácticas tradicionalmente asignadas.

Es en la participación política y en situaciones revolucionarias o de conflictividad social donde afloran nuevas feminidades dejando que las normas genéricas hegemónicas se esfumen. Se trata de experiencias que permiten subvertir identidades, donde aquella que era “para otros” pasa a constituirse en “ser para sí”, o en otras palabras, la mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver. El problema son mujeres comportándose nada más y nada menos de forma aparentemente alternativa.

Es de esta forma que el género permite entender cómo toda esa configuración predeterminada se traslada a la práctica política y a la constitución misma del poder, y cómo influyen esas percepciones que tienen varones y mujeres de sí mismos y del otro sexo: la mujer sentimental, maternal, sexual y doméstica, frente al hombre intelectual, dominante, pensante, fuerte y líder. Construcciones impuestas que llevaron al “sexo débil” a recorrer un camino lleno de obstáculos para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la sociedad.

Lo personal es político: la mujer destinada a la esfera privada

El análisis del poder y la dominación nos traslada a otra cuestión central que no puede ignorarse: lo público y lo privado. Es en esta última esfera donde prevalecen las tareas del hogar, la maternidad y el matrimonio como partes esenciales de realización personal. En la otra es donde se imponen las características que construyen nada más y nada menos que sujetos razonables y fuertes, capaces de dominar. Les será una adivinanza de las sencillas notar en cual de las dos predominan las mujeres.

Sin embargo, la distinción entre ambas esferas no es más que circunstancias personales estructuradas por factores públicos y, por lo tanto, los problemas personales y domésticos solo pueden resolverse por medio de acciones públicas. Una esfera necesariamente regula a la otra: lo personal es político.

 


«La mujer política se muestra como aquello que no estamos acostumbrados a ver»


 

No solo es la configuración del poder a través del género la que obstaculiza la participación política de las mujeres sino que, de lograr esfumar esa problemática, su desarrollo en la vida institucional continuaría limitado por el trabajo extra, propio del desempeño femenino en el ámbito privado, al que se le suman las funciones en el ámbito público. La mujer será revolucionaria, política, líder o militante, pero la sociedad no dejará de imponerle también ser madre, familiar y ama de casa.

Las desigualdades de género en el trabajo doméstico no remunerado aún prevalecen: las mujeres dedican el 75% de su tiempo, contra un 24% de dedicación en el caso de los hombres (INDEC, 2013). De esta manera, “cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, generalmente continúan a cargo de las actividades de cuidado y organización de sus hogares, en detrimento de su tiempo de descanso y ocio” (PNUD, 2014).

No hay entonces barreras legales para que las mujeres accedan a lugares de decisión y de mando; sin embargo, no es fácil que lo logren. Como bien dice Roberto Saba, existen obstáculos invisibles que no se encuentran expresados en las normas, sino en los hechos y en las prácticas.  Además, no parece ser casualidad que aquellos grupos que sufrían barreras legales explícitas en el pasado (cuya expresión más acabada en materia política era la imposibilidad de ocupar cargos y la negación del voto) sean los que hoy sufren barreras sociales. Insisto entonces y evidenciado ahora el porqué: la lucha debe darse en todos los frentes y la mujer debe integrarse a todos y cada uno.

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Expuestas algunas de las dimensiones que intervienen en el acceso de las mujeres a la vida política, cabe ahora preguntarnos: ¿Cuál es la importancia de ocupar estos roles?

Algunos se esforzarán por afirmar que la participación de las mujeres en cargos y funciones públicas tiene relevancia porque su incorporación contribuye a que se atiendan distintas realidades consideradas femeninas. Es decir, sostendrán que incluir a las mujeres implica la aparición en agenda de sus propias injusticias e impactará en el número o calidad de iniciativas presentadas que aborden cuestiones de género. Sin embargo ese argumento no es del todo acertado; o al menos no es justo, como tampoco lo es el creer en la noble existencia de temas esencialmente “del ser humano”, cuando bien sabemos que la imagen de ese ser es solo un calco de la del hombre.

En efecto, que la mujer participe en la política no implica necesariamente que lo haga para atender por sí misma las problemáticas de las que es víctima. Sostener que las mujeres indefectiblemente ocuparemos ciertos roles, determinadas posturas y seleccionados lugares o puntos de vista también es discriminatorio, al igual que pensar que somos o pertenecemos a una especie de grupo homogéneo en el cual existen los mismos puntos de vista y objetivos en común.

Que a las mujeres se las incluya en estos espacios quiere decir sencillamente que forman parte de la sociedad, del Estado y por lo tanto de la ciudadanía. Tiene relevancia por el hecho de que dicha participación evidencia su existencia, la reconoce como sujeto de derecho, y recién a partir de esa inclusión podrán verse reflejadas sus necesidades.

La verdadera importancia de la mujer en la vida política radica entonces en que su voz debe ser escuchada en el proceso democrático por el hecho de constituir la mitad de la población mundial, siendo por lo tanto urgente impulsar acciones que promuevan su participación protagónica a nivel social y político. En otras palabras, la participación de las mujeres dentro de la política está íntimamente vinculada al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cuando estos son vulnerados, no estaríamos ante una política plena y equitativa, y por ende, ante una verdadera democracia.

La participación social y política de las mujeres ha sido, y es considerada, como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización del estado de derecho. En tiempos donde el cuerpo femenino se profana, donde nuestros temas se minorizan y donde la mujer es violentada de forma constante, reconocerla entonces como un significante político es dar directamente en las vértebras de una estructura asimétrica, dominada por el sistema patriarcal, que pretende la dominación y la subordinación multiculturales.

Nosotras, las mujeres, nos encontramos atravesando una nueva revolución histórica que nos otorga una oportunidad: si el feminismo nos está dando la posibilidad de replantear el poder, será entonces nuestro movimiento el que deba plantear nuevas coordenadas políticas.

Si la guerra es feminizada, feminicemos entonces la política.

Graciela F. Meijide: «De la noche a la mañana me enteré que Chacho Álvarez renunciaba»

Por Ramiro Albina y Tomás Allan

Es la mañana de un día de febrero, tocamos timbre y Graciela Fernández Meijide sale al balcón para alcanzarnos una bolsita de tela atada con un largo cordón. En su interior está la llave de entrada al edificio. Nos da la bienvenida con el trasfondo de una biblioteca llena y la mesa del comedor en la que hay un diario abierto. Nos invita a sentarnos en los sillones acariciados por la brisa que entra desde el balcón calmando el calor de la ciudad. Sacamos los grabadores y los segundos comienzan a correr. La entrevista transcurre solo interrumpida por los ruidos de la vida urbana que se entremezclan con la suave voz de Graciela. En la mitad de la conversación su gata se acerca con curiosidad, acompañándonos durante el resto de la entrevista.

Graciela Fernández Meijide sostiene que lo contrario a la verdad no es únicamente la mentira, sino también las certezas. Eso la lleva a pensar, revisar y tratar de entender el pasado escapando de las fórmulas intocables. El intento de explicarse y explicar qué pasó en la Argentina va guiado por una pregunta: ¿Por qué? Cuando Graciela habla de los años ’70 lo hace para tratar de entender por qué sucedió lo que nunca debió haber sucedido y que en lo personal le produjo un tajo en su vida. Porque cuando se refiere a los desaparecidos, habla también de su hijo Pablo. Siendo profesora de francés, el secuestro de su hijo de 17 años por la dictadura militar la llevó a abandonar el instituto e involucrarse en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y luego, una vez recuperada la democracia, en la CONADEP. Más adelante, la decepción de que se terminara con el tema de la justicia la llevó a incursionar en la política partidaria.

Su lucha incansable la convirtió en una referente en la defensa de los derechos humanos. En esta entrevista hablamos sobre los años ’70 y las políticas de memoria; nos cuenta sobre su experiencia en política; tocamos el tema de Venezuela y nos ofrece unas pinceladas sobre el presente y los desafíos a futuro para nuestra democracia.

 

Graciela, actualmente mantiene varias actividades, ¿a qué le está dedicando el tiempo?

Lo que se llamaría trabajo, si no fuera que yo me divierto (risas), tengo un programa de radio que ya lleva cinco años y uno de televisión en la TV Pública que sería el tercer año.

En rol de entrevistadora…

Claro. Para empezar no soy periodista, no quiero sacar títulos que no tengo. Me lo ofrecieron y yo dije qué podía hacer, probar y salió bien. Soy buena conversadora porque sé escuchar y tal vez eso hace que la gente se sienta cómoda. La verdad que estoy muy contenta y agradecida porque todos aquellos a quienes convoqué vinieron.

Con sus entrevistados se ve que sale un poco de la dinámica de “la grieta”. ¿Cómo lo logra?

Porque no me importa qué opinión política tiene la persona a quien entrevisto, sino que me interesa lo que hace y lo que opina en general, no solo en lo político.

¿Qué balance hace del accionar de los organismos de derechos humanos en general en estos 35 años de democracia?

Yo ahí soy muy crítica en cuanto a observar cuánto realmente se comprendió durante la dictadura el alcance de lo que es la doctrina de derechos humanos y cuánto tenía un contenido (legítimo) de demanda individual de justicia. Yo creo que a la larga, en las personas que siguieron conduciendo organizaciones, lo que terminó predominando en aquellas más visibles, sobre todo en el caso de Madres, era una cuestión de lo personal. Solo así se explica una posición actual de tanta crispación que llega a confundir un gobierno democrático, que seguramente no le gusta, con la dictadura. Esa es una equivocación grave que nos habla de posiciones políticas que rompieron lo que llamo el consenso del Nunca Más del ‘83. El Nunca Más significaba nunca más golpe, nunca más dictadura, pero también nunca más violencia en la política. Obviamente se refería a la violencia armada que producía pérdidas de vida, pero existe también la violencia de la palabra. Y en ese sentido los recuerdos del 24 de marzo de los dos últimos años nos presentaron una realidad que era impensada en el ‘83, ‘84, ‘85, ‘86… de levantar como algo digno de ser alabado la lucha armada.

¿Cuándo comenzaron las divisiones en los organismos?

En general, sobre todo en organismos testimoniales como Madres, donde se comenzó a producir la división fue en los primeros momentos de la democracia cuando se nos ofrece en el gobierno que se había elegido a la CONADEP como investigación y después el Juicio. Ahí la actitud de quien conducía la parte más visible de lo que era Madres fue negarse a colaborar y cuestionar el juicio con la no presencia. Es decir, desde el principio lo que se cuestionaba era la institucionalidad.

¿Y bajo qué pretensiones o con qué fundamentos?

De que eso no iba a terminar haciendo justicia. Uno podría preguntar: “¿Qué es hacer justicia?”. Y aunque no lo digas a veces casi te lleva a la venganza, que no debería estar en una democracia. Para mí fue todo un aprendizaje en lo personal, y supongo que para mucha otra gente también; lo que pasa es que no eran conducción. Fue un aprendizaje ir de la demanda legítima de justicia para mi hijo desaparecido, para mi familia y para mí, a entender que el tema era más extenso y que para en serio cerrar heridas tenía que haber justicia para todos, aún para mi peor enemigo. Yo tengo contacto con hijos de militares que están siendo procesados o han sido condenados, pero sin embargo nunca acepté ir a donde están en la cárcel porque no sé si me banco ver a alguien a quien yo sospecho que pudo haber matado a mi hijo. Yo no perdono porque no puedo perdonar en nombre de Pablo y nadie me pidió reconciliación ni nada. Entonces mi forma de entender el tema derechos humanos es decir que a pesar de eso yo voy a exigir que se respeten todos sus derechos como procesados, detenidos y condenados. Entiendo que eso es en serio dejarle algo a las generaciones futuras y no solo la pesada mochila de un pasado muy duro. Y que además de menos pesada, sería la más sólida a futuro y la que más serviría: una justicia igualitaria.

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¿Por qué hubo tan pocas confesiones o autocríticas por parte de los militares, más allá de casos puntuales como el de Balza?

Balza no participó en la represión, fue una autocrítica desde la organización que en su momento acompañaba el pedido de Menem de que hicieran lo mismo los Montoneros que estaban presos. Firmenich estuvo 7 años preso. Él (Menem) había hecho un acuerdo con Firmenich de que le iba a dar el indulto, de que iba a haber indulto para todos pero necesitaba que ambas partes se arrepintieran, y lo que estuvo más claro y llamó más la atención fue lo de Balza, lo de Firmenich fue nada.

Partiendo del consenso común de que son inequiparables el terrorismo de Estado y los crímenes de la guerrilla, ¿faltó una autocrítica de parte de los máximos responsables de las organizaciones armadas?

Sí, de todos. Faltó una autocrítica en serio de aquellos involucrados y responsables directamente en ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Tanto en el caso de Firmenich o Gorriarán Merlo, que al contrario, encabezó el último acto violento en La Tablada como si no pudieran terminar de desprenderse de los fierros, en lugar de ingresar en la política partidaria como hicieron Tupamaros en Uruguay o una parte de las FARC en Colombia. Yo imagino, y acá entro en el terreno de la suposición, que después de haber ingresado en semejante nivel de violencia, haber sentido tanto desprecio por la vida ajena y propia, debe ser bastante difícil reconocer que uno estaba equivocado. De ahí que sea tan meritorio cuando aparecen libros de autocrítica, que mayormente vienen desde una izquierda que apoyó aunque no haya estado en algunos casos directamente involucrada en la lucha armada, y que ha hecho una autocrítica muy fuerte de la violencia.

En el caso de Claudia Hilb, en su libro Usos del pasado cuestiona no únicamente los medios sino que se anima repensar el fin mismo, la idea de revolución…

Exactamente. Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó (y yo pertenezco a la generación que se enamoró de los barbudos bajando de la Sierra Maestra, que fue a Nicaragua después que ya se estableció el gobierno sandinista a ver esa especie de poema de revolución que termina con Daniel Ortega, el más violento de todos, a la cabeza y siendo hoy un dictador corrupto), uno se pregunta: “¿qué sentido tenía?”.

Durante los gobiernos del kirchnerismo los derechos humanos fueron una de las banderas principales. ¿Qué lectura hace del abordaje de este tema durante esos años?

Hicieron de los derechos humanos un instrumento político. Los antecedentes tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner no tenían nada que ver con su cercanía con el tema de derechos humanos, nunca habían demostrado tenerlo ni como habitantes de Santa Cruz, ni como militantes políticos, ni como primero intendente y después gobernador (por Néstor). Es más, en las escuelas desde el ’83 se daban clases alusivas a los 24 de marzo recordando el golpe y condenando la dictadura, y Cristina promovió siendo funcionaria que desde la Secretaría de Educación se suspendieran esas clases con el argumento de que la mayor parte de las docentes eran mujeres de los militares y se sentían atacadas.


«Cuando uno mira el resultado de determinadas revoluciones que amó, se pregunta: ‘¿qué sentido tenía?'»


 

¿Usted dice que fue para captar a un sector progresista del electorado?

Cuándo fue la elección después del fracaso de la Alianza, Duhalde primero promovió a De la Sota, que no puedo levantar vuelo. También le habían ofrecido a Reutemann, que no aceptó, y recurrió a Kirchner que tenía una fuerte ambición. Un gobernador que lo conocían poco, que sacó veintipico por ciento de los votos. Con escaso conocimiento, y con la desgracia en la Argentina de que la gran vidriera es la Ciudad de Buenos Aires, conquistar la opinión de Buenos Aires era el gran desafío de Kirchner. Un Buenos Aires que siempre rechazó al peronismo. E ingresó por el lado del progresismo; después captaron algunos de los organismos de derechos humanos más visibles, sobre todo testimoniales, y utilizaron el tema como una herramienta política para afirmarse. Pero como siempre en política, el tema de los sentimientos y las convicciones es más fuerte que los hechos duros. Las convicciones matan datos.

¿Cómo fue cambiando la representación de las víctimas de la dictadura desde la recuperación democrática?

El tema de la desaparición y toda la actuación por fuera de la ley de los militares crearon el ámbito de que todos los desaparecidos o presos políticos eran víctimas inocentes porque nunca habían sido juzgadas y eso quedó instalado. Hay una anécdota del Juicio a las Juntas: una vez que los jueces interrogaban a los testigos, podían interrogarlos también los defensores de los militares, y en el caso del doctor Norberto Liwski, que había sido ferozmente torturado, cuando le tocó preguntar a uno de los abogados defensores, apenas hizo dos preguntas el testigo le dijo a los jueces: “Señores, a mí me están preguntando lo mismo que me preguntaban bajo tortura”, e inmediatamente los jueces pararon el interrogatorio. Obviamente la defensa apuntaba a justificar que haya sido detenido. El paso que se dio después en el gobierno de los Kirchner fue heroizar a esas personas, que por el procedimiento de persecución inhumana que desarrolló la dictadura estaban simplemente como víctimas.

¿Y en el gobierno de Cambiemos cómo ve la política de derechos humanos?

El Gobierno sigue respetando las reglas del juego de los juicios y demás… Pero no es algo que vaya politizar. Yo decía cuando fueron las elecciones que ni Scioli, ni Massa, ni Macri se caracterizaban por haber tenido algo que ver con el tema. Pero en lo que se refiere a los derechos fundamentales no ha habido persecución política, ni en la prensa… No ha habido (para nada) discriminaciones políticas en los medios nacionales; los problemas de las cárceles siguen siendo los mismos y en cuanto a los derechos humanos que tienen que ver con lo económico y social se mantuvieron los planes sociales, algunos se ampliaron inclusive. Digamos que hay una sensibilidad a atender el problema.

 


«La cuestión de los derechos humanos no es algo que Cambiemos vaya a politizar»


 

En un momento se había hablado de la intención de sacar el 24 de marzo como feriado nacional. ¿Cree que fue una demostración de “falta de tacto”, digamos?

Es eso. Es falta de tacto.

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Previamente mencionó lo que sucedió en el acto del 24 de marzo de 2017 cuando se reivindicaron desde el escenario los actores de la violencia en los ‘70 como Montoneros, que además algunos de ellos no vivieron durante la dictadura…

No solo eso, sino que a uno de los que más gritaba ahí, que era un miembro del Partido Comunista, yo lo conocí a los 18 años cuando recorría los países socialistas diciendo que Videla era democrático. A eso se llama instrumentación, no convicción.

En algunas entrevistas mencionó que usted siguió la línea de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) porque se diferenciaba de otros organismos, más precisamente de Madres, por la institucionalidad. ¿En qué aspectos, o en qué casos, se veía más nítidamente ese contraste?

Yo tengo un fuerte apego por lo institucional. Los organismos como Madres, Abuelas e incluso Familiares de Desaparecidos y Presos por Razones Políticas, que es el organismo que en su propio nombre admitió la militancia, el accionar es mucho más directo y sin mediaciones ni negociaciones. Dicen lo que les sale de las entrañas y lo que puede mediar por la razón, el temor o lo que fuere. En las organizaciones que se armaron con representantes de sectores de la sociedad, como en el caso de la Asamblea Permanente, que se formó antes del golpe para interpelar al gobierno de Isabel para que pusiera en caja a la Triple A (sin éxito), había gente que tenía un cierto prestigio pero que no iba a tener el lenguaje de Madres. Donde en todo caso los pocos directamente afectados, como se decía entonces, que estábamos en la Asamblea, podíamos empujar para que el lenguaje sea más duro y de hecho lo hacíamos (es el caso de Emilio Mingrone, Augusto Conte, yo misma y otros). Para cada declaración y cada acción había que tomar acuerdos, porque había un obispo, el monseñor de Nevares, que no representaba ni con mucho a toda la Iglesia Católica y menos a la jerarquía, y sin embargo tenía que cuidar de lo que representaba. Lo mismo le pasaba a la Iglesia Metodista y a algunos radicales y socialistas que estaban ahí. Eso a mí me enseñó a buscar consenso. Mi impulso natural era meter un Exocet a todos los cuarteles, aunque sea verbal… Y me ayudó a entender que para lograr realmente crear alguna opinión necesitabas todo el tiempo ampliar la base de sustentación, que no era fácil, porque había desde miedo a convicciones. Las posiciones crispadas espantan a la gente, y las más abiertas en todo caso crean un espacio propicio para el acercamiento.

Un tema que está muy presente hoy es el de Venezuela. ¿Cómo ve la situación y algunos posicionamientos de distintos actores en nuestro país?

Entre aquellos que miran y siguen la cuestión de Venezuela hay dos posiciones. Una que es ideológica y que en principio va a sostener a Maduro sin importar lo que pase, y que está bastante ligada al kirchnerismo; y otra también dramática representada por el propio gobierno, que fue el primero que dijo que Maduro es un dictador. La realidad en todo caso es que Venezuela fracasó por distintas razones; que por primera vez aquel sector que realmente se vio beneficiado y considerado por Chávez, hoy son tantas las necesidades que está padeciendo que ya ni siquiera sostiene a Maduro, que hoy está sostenido por sobre todas las cosas por las Fuerzas Armadas, donde los generales tienen participación muy fuerte en temas de corrupción. Por lo tanto ya estamos en un momento en que está ocurriendo lo que no ocurrió antes porque encima la oposición estuvo siempre muy dividida, y cuando la oposición está dividida difícilmente se pueda enfrentar con aquel que detenta el poder. 

¿Qué puede pasar a futuro?

No lo sé… Maduro ahora busca la salida de encontrar intermediarios para forzar el diálogo; la oposición que se reunió porque Guaidó se puso a la cabeza y sorprendió a todos debe estar discutiendo si aceptan o no la propuesta. Yo veo todavía un camino largo, me parece razonable siempre lo que es el diálogo y evitar más pérdidas de vidas. Ahora, al mismo tiempo muestra una enorme debilidad de parte de Maduro y también la eficacia de una acción extendida a muchos países que le dicen a Maduro: “no te reconocemos”. Hay una contra siempre en todo esto que es la participación de Estados Unidos y sobre todo encabezada por Trump, porque eso en Latinoamérica siempre genera un resquemor, que incluso no evita decir “bueno, por ahí disponemos de soldados”. Eso es como el bloqueo a Cuba, que lo único que hizo fue fortalecer a Castro.

Hay una postura que sostiene que hay meter a todos los responsables presos, pero uno piensa que con esa idea es difícil que abandonen el poder…

Yo creo que van a ir a una amnistía, por injusta que sea. No creo en una solución al estilo Sudáfrica porque exigió mucha grandeza de ambas partes, no solo de Nelson Mandela sino también de De Klerk, que dentro de lo que eran los afrikáner era el más inteligente y dispuesto a sentarse a negociar. Ahí también había una ambición legítima pero de cumplimiento imposible si se pretendía que fueran todos presos.

Esta última década se ha hablado de los progresismos latinoamericanos. ¿Es progresista Venezuela?

Hoy no. Cuando vos tenés un pueblo que va para atrás condenado a la muerte por ejemplo por falta de medicamentos, no hablés de progresismo. Pudo haber sido progresista la salida de Chávez por malos gobiernos anteriores que no tomaban en cuenta a la gente sobre todo más humilde. Ahora, hoy por hoy, Maduro puede decir todo lo que quiera, pero te cierran el puente de Cúcuta con vallas para que no entre el socorro humanitario.

¿Cuál debería ser una agenda progresista a futuro?

Reconstruir las instituciones a rajatabla, considerar a los que menos tienen y atender a situaciones que permitan el regreso de un éxodo como nunca se vio en América Latina. Algunos se fueron en avión pero otros caminando. Tres millones de personas… Es mucho, y ahí va a haber una enorme responsabilidad de la oposición.

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Graciela, usted tuvo una trayectoria en la política partidaria como diputada, senadora, candidata a gobernadora, ministra… ¿Qué la llevó en su momento a ingresar allí?

La decepción de que se cortara el tema de la justicia. Cuando yo terminé con la CONADEP, me reintegré a la Asamblea Permanente y seguí trabajando. Armamos equipos de abogados y una de las cuestiones en las que yo me ocupaba más era recorrer esas provincias donde seguían los juicios para ver como seguían, abastecer y demás. Cuando vino la Ley de Obediencia Debida, todo eso se paró en seco, y yo me encontré con que aquello a lo que le había dedicado todo mi esfuerzo, que era como la culminación de mi propio proceso que partió de quererlos matar, y dormirme matándolos, a entender que lo más que podía hacer era juntar elementos para meterlos presos,se había terminado. Al mismo tiempo aparecía un grupo de gente que estaba conformando un nuevo partido, que se habían ido separando de partidos anteriores y me convocaron. Era un grupo muy chico al principio, yo no tenía ninguna idea, nunca había militado en un partido político y de entrada dije que no esperen de mí que aporte mucho porque no se como es esto. Después me di cuenta que había aprendido mucho de política trabajando en la Asamblea. Primero fue el Fredejuso, en el que yo fui candidata y perdí; después fue el Frente Grande donde ganamos en la ciudad (en la elección de 1993, Graciela y Carlos Álvarez fueron electos diputados nacionales del Frente Grande por la Capital; ). Éramos un partido capitalino y sin territorio; eso nos llevó a hacer alianzas. Y bueno, mi idea de sumarme era ayudar sobre todo a gente que yo respetaba y admiraba mucho, y terminé teniendo, sin darme cuenta, un papel más protagonista. Y después el fracaso de la Alianza que me pegó muy duro. Me tiró en los brazos de un terapeuta de nuevo (ríe).

¿Cuáles piensa que fueron los principales errores en esa experiencia?

Hice un libro entero sobre eso… Hubo causas subjetivas y otras objetivas, que era el momento que se vivía afuera. La Alianza había heredado del gobierno de Menem una economía muy chica y poco competitiva, que sigue siendo igual, y además dos años de recesión y varias crisis que terminamos sintiendo nosotros. Con el agregado de que Menem bicicleteaba las deudas con más deuda, y los organismos internacionales la concedían. Pero ganó Bush suplantando a Clinton y cambió la visión de los organismos internacionales por la influencia obvia de Estados Unidos que dijo “basta, los plomeros de Estados Unidos no van a pagar la deuda de los países deudores”, y ahí la Alianza chocó contra la pared porque se acabaron de golpe los préstamos. Eso produjo la renuncia de Chacho, que no era un vicepresidente cualquiera porque se había armado la fórmula para darle fortaleza y compromiso a esa alianza que no tenía institucionalidad construida. Y con la renuncia de uno de los jefes políticos… en la práctica se acabó la alianza. Y además un presidente acostumbrado a que en política, desde muy joven, las cosas anduvieran más o menos sobre rieles… Manejar un momento que exigía un piloto de tormentas, no puedo hacerlo.

¿La renuncia de Chacho se discutió dentro del espacio o fue algo unilateral?

De la noche a la mañana, literalmente, yo me enteré que Chacho renunciaba. Yo iba camino al ministerio, lo llamé y le dije “Chacho, ¿esto significa que se va el partido?” y me contestó “No, yo solo”. Nunca tengo dolor de cabeza pero ese día se me partía. Además tenía que ir a avisarle a toda mi gente que trabajaba conmigo. Un momento de mierda. A la tarde yo me fui a hablar con él al departamento. Había una reunión planificada de antes, mía con Alfonsín, para esa tarde. Alfonsín me llamó y me dijo: “Graciela, Graciela, Chacho que retire la renuncia”. “Decíselo vos”, le dije. “Bueno, voy para allá”. “No”, le digo, “vos no vas a venir para acá que está toda la prensa en la calle para salir con un ‘no’; si venís asegúrate un ‘sí’, yo te paso el teléfono y hablá con Chacho”. Y Chacho insistió en que no retiraba la renuncia. Por una cuestión de lealtad nos quedamos todos los que nos quedamos. Yo me fui cuando era ministro de Economía López Murphy, que pobre tenía que recortar, y recortó en educación. Justo mi punto. Y la verdad que ahí dije “¿Qué carajo estoy haciendo acá?”. “Lo siento mucho Fernando”, le dije a De la Rúa, “pero no puedo, me voy”.

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Hace 35 años la democracia nos devolvió la posibilidad de ser ciudadanos. ¿Cuáles son hoy sus desafíos principales?

Son varios. Una vez más tenés lo que tiene que ver con nosotros y aquello a lo que te obliga lo externo. Yo diría que el gran marco es esta globalización, que es una globalización (mas no la primera), que te desafía mucho a cambiar de actitud y adaptarte con mayor velocidad y más agresivamente porque siempre te está golpeando cerca. Internamente, a mi criterio, necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios. El tema de los subsidios, si uno los estudia, nos lleva a ver hasta qué punto se benefician con privilegios muchos sectores, sobre todo empresariales y sindicales, que aparentemente tienen intereses encontrados pero en suma se complementan. Cuando uno mira la lista de subsidios que hay, no lo puede creer.

¿Cuáles, por ejemplo?

Hay empresas enormes que vivieron de la teta del Estado y siguen viviendo porque los contratos duran hasta qué se yo cuanto. Y porque no existe la cohesión política necesaria para decir “bueno, vamos a recortar eso no importa quien gane”, porque es necesario para dejar de tener lastres y poder en serio transformar una economía que es cerrada y poco competitiva. Hay un artículo de hace poco de Vicente Palermo que decía lo difícil que es el gran acuerdismo, pero entre otras cosas decía cómo hay empresarios que fabrican dulce de leche y dulce de membrillo que se quejan porque se importa de Chile más barato. Entonces, dice, esos empresarios están diciéndole a la gente pobre que compre el dulce de membrillo, que es de lo más barato que hay, pero que lo pague más caro para que él pueda seguir ganando sin competir. Y después está el tema, en que yo insisto, de la institucionalidad, porque tenemos instituciones muy débiles. Cómo vamos a hacer para transformar la justicia en serio, y que sea más independiente de lo que uno siempre siente que es; que realmente el Congreso tenga un funcionamiento donde la gente sienta que en serio los representa, porque uno de los problemas que tenemos, y no solo acá, es que hay mucha gente que no se siente representada por el régimen representativo y sus partidos, y lo mismo pasa con los sindicatos y demás. El tema de la institucionalidad es un tema complicado para nosotros que tenemos una tendencia transgresora.

 


«Necesitamos un cambio muy fuerte en la cuestión de los privilegios»


 

¿Y cómo se puede reconstruir esa confianza con los partidos, los sindicatos y demás?

Con cambios realmente de intencionalidad, y atendiendo una participación diferente que son todas las que te aparecen en las redes, que no necesariamente todas construyen democracia ni muchísimo menos, pero que tampoco debería ser un lugar exclusivamente para hacer la campaña política. Porque te puede traer el triunfo, pero no es lo mismo en que te apoyás después.

Viendo el contexto internacional, ¿ve un riesgo de un avance de la xenofobia y la discriminación en nuestro país?

No tanto, me parece, pero nunca sé cuando se me mezclan mis convicciones con mis expresiones de deseo. No es tan fácil en la Argentina, donde no hay expresión de una derecha dura. ¿Cuanto pueden sacar? 2 o 3 puntos. Cambiemos no se puede correr un gramo más a la derecha porque ya la tiene, al que tiene que ir a buscar es al progresismo. En los festivales donde gritan “Mauricio, la p… que te pario” no está lleno de viejos de derecha.

¿Buscar el centro?

El centro y un poco más para el costado, que es lo que va a intentar el PJ federal. Todos van a ir a buscar un poco ahí. Ahora, si se pelean por quien baja más la edad de imputabilidad, por quién le da más derechos a la policía… Eso ya está ocupado.

Venezuela: hablar sin eufemismos

Por Ramiro Albina

Venezuela de a poco se fue metiendo en nuestras conversaciones y no precisamente por sus paisajes y la alegría de su gente. También ingresó en la agenda de los medios de comunicación y en las campañas políticas, muchas veces bajo comparaciones en las que escasean análisis serios de la estructura económica, de la articulación de la sociedad civil, entre otras variables que parecieran no importar. El contacto directo con venezolanos y venezolanas que emigran se hizo recurrente, y cuando escuchamos nombrarla nadie queda indiferente.

Una de las discusiones inevitables cuando hablamos de Venezuela gira en torno a su clasificación como democracia o dictadura. Pero existe una dificultad: generalmente el resultado del intercambio ya está determinado de antemano porque cada uno tiene una idea previa difícil de modificar. Sin embargo, si aspiramos a ser ciudadanos críticos en una democracia hay que hacer un uso critico de nuestras convicciones. Estas pueden ser firmes y al mismo tiempo tener una actitud dispuesta a ponerlas en tela de juicio frente a la realidad, porque somos consciente de su falibilidad. La discusión libre con el otro, con el diferente, es lo que nos enriquece en un contexto de pluralismo y lo que nos puede ayudar a acercarnos a una cuota de verdad. Vayamos al caso de Venezuela.

En el año 2013 Nicolás Maduro ganó la elección presidencial con un margen de apenas 1,5% con respecto al opositor Henrique Capriles. Si bien las características personales de Maduro difieren de las de Chávez en términos de carisma y astucia política, sería un error atribuir toda la responsabilidad de la situación actual al primero. Chávez llegó al poder como un líder carismático construido sobre el colapso de los partidos políticos tradicionales, poniendo fin al puntofijismo, y cultivando un gran apoyo popular. El propio modo de construcción y concentración del poder por parte del chavismo, privilegiando el componente mayoritario, apelando plebiscitariamente al respaldo de los ciudadanos por sobre otras instituciones representativas fue provocando a lo largo de los años un deterioro en la institucionalidad democrática. La búsqueda de garantizar el predominio presidencial en la toma de decisiones políticas llevó a intentos de cooptar o imposibilitar los mecanismos de rendición de cuentas horizontales que eran vistos como barreras.  Sin embargo, con sus más y sus menos, el gran apoyo popular y el triunfo sucesivo en numerosas elecciones lo dotaba de una legitimidad democrática de origen. En el caso de Maduro, a pesar de ser electo presidente con margen tan estrecho, encaró su gobierno con mano dura y pretendiendo erigirse como el representante del todo, elevando sus convicciones ideológicas particulares a categorías absolutas. Durante su mandato se produjo una novedad: las encuestas revelaron que le sería difícil ganar una elección compitiendo con la oposición, y por lo tanto no tenía la posibilidad de relegitimarse plebiscitariamente.

En el año 2015 tuvo lugar la elección para renovar todos los escaños en la Asamblea Nacional donde la oposición, organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), alcanzó la victoria con un 56% de los votos frente al 41% del oficialismo, consiguiendo la mayoría legislativa. En enero del año 2016 Maduro declaró el “estado de excepción y emergencia económica” en todo el territorio nacional (sucesivamente prorrogado hasta el infinito y más allá). Ese mismo año, el CNE (Consejo Nacional Electoral) controlado por el chavismo, paralizó el referéndum revocatorio contra el presidente impulsado por los opositores, previsto en la Constitución. A su vez, debían tener lugar las elecciones de gobernadores de los estados que fueron finalmente postergadas un año violando el principio de elecciones regulares.

La situación política y social se agravo aún más en el año 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el chavismo, adoptó decisiones frente a la Asamblea Nacional que violaban el principio de separación de poderes declarando nulos los actos de la misma, y arrogándose las competencias legislativas. Esta usurpación de funciones generó inmediatamente una ola de protestas callejeras que frustró el intento.

Pero esperen… ¡hay más! En este contexto de tensión, el 1 de mayo de 2017 Maduro convocó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin realizar previamente un referéndum tal como es previsto por la Constitución. En julio de ese año tuvo lugar la elección de la misma sin participación de la oposición, y con un mecanismo de elección territorial y sectorial que fue criticado por afectar el principio de igualdad de poder del voto. A su vez Smartmatic, la empresa encargada del sistema de votación, denunció que entre la cantidad de votos en su sistema y los resultados dados por la autoridad electoral había una diferencia de al menos un millón de electores, lo que reflejaba una posible manipulación de la elección. La ANC se alejó de su mandato constitucional con las medidas adoptadas que excedían (y exceden) la naturaleza de sus funciones. Destituyó en circunstancias irregulares a la Fiscal General Luisa Ortega, quien había expresado críticas al gobierno de Maduro; se alzó con los poderes de la Asamblea Nacional, y asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.

El 15 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales que recordemos habían sido postergadas un año. La oposición se enfrentó con dificultades tales como no poder presentarse en algunos estados donde había litigios electorales pendientes, y la reubicación de centros de votación a pocos días de las elecciones. A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente anunció que las y los gobernadores electos iban a tener que jurar ante ella; y ante la negativa de uno de los opositores, se le impidió su asunción.

Las elecciones presidenciales que debían tener lugar en diciembre de 2018 fueron adelantadas para mayo de ese mismo año. En ellas, calificadas como “limpias” por sus seguidores (tanto como el agua del Riachuelo), el CNE inhabilitó a los principales candidatos y partidos de la oposición; y la participación fue de solo el 46% según el organismo electoral oficial.

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El contexto

La utilización de diversos mecanismos para acallar a la oposición se volvió una constante, agravada desde el año 2017. Podríamos nombrar casos puntuales, pero por cuestiones de espacio intentemos al menos tener una noción del patrón existente. Nos encontramos un gran número de políticos opositores que fueron perseguidos y privados de libertad; objetos de amenazas y hostigamiento. Una ola de apertura de procesos contra muchos de ellos que se encuentran con arresto domiciliario, exiliados, o inhabilitados de competir por cargos públicos.

La situación de los Derechos Humanos en Venezuela se volvió cada vez más alarmante en los últimos años. La reacción estatal desproporcionada (junto a al accionar de grupos de civiles armados denominados “colectivos”) frente a las diversas protestas dejaron un saldo de numerosos muertos, miles de detenciones arbitrarias, y denuncias de violaciones a los DDHH durante las detenciones, tales como prácticas de torturas, violaciones sexuales, y procesamiento de civiles en tribunales penales militares.

Tomemos como ejemplo el informe de la ONG “Foro Penal” para el periodo de protestas que va desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2017. En el ámbito de esas protestas 136 personas perdieron la vida, 5431 fueron detenidas arbitrariamente, 726 civiles fueron procesados inconstitucionalmente en la jurisdicción penal militar, y 418 de ellos privados de libertad mediante sentencias de tribunales militares. Según esta misma organización, al 30 de noviembre de 2018 el número de presos políticos era de 288.

En lo que respecta a la libertad de expresión, diversos medios de comunicación se enfrentaron a la amenaza de cierre. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2017 condenó el cierre de 50 medios por motivos relacionados a su línea editorial.

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Crisis humanitaria

 La crisis humanitaria que sufren los venezolanos y venezolanas se expresa en todos los indicadores. Con una hiperinflación que en 2018 alcanzó un alza interanual de más de un millón por ciento, un desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la dependencia de gran parte de la población de la ayuda gubernamental a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción como sus caras más crudas. Tomemos algunos datos. Los boletines del Ministerio de Salud revelaron que en 2016 hubo un aumento del 30,1% de la mortalidad infantil con respecto al 2015; y en el caso de la mortalidad materna, el incremento fue del 65,8%. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) en el año 2017 la pobreza por nivel de ingreso llegaba al 87% de la población; y sobre 6.168 hogares de todo el país, el 64% de los encuestados tuvo una pérdida de peso en promedio de 11 kilos en ese año. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) revelaron que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos alcanzó los tres millones.

La discusión sobre las razones del colapso económico puede requerir ríos de tinta. Quienes siguen apoyando a Nicolás Maduro hacen uso de una retórica inflada para acusar al “imperialismo” de haber desatado una “guerra económica”. Un análisis menos épico podría estar enfocado en la dependencia del rentismo petrolero del Estado venezolano y la necesidad de ahorrar recursos en tiempos de bonanza. Durante el mandato de Hugo Chavez, este disfrutó de un alto precio internacional del petróleo que le permitió hacerse de los recursos necesarios para encarar numerosos programas sociales que lograron bajar la pobreza y la marginalidad. Sin embargo, todo el mundo sabe que los precios en la industria petrolera son cíclicos, por lo que en tiempos de vacas gordas es mejor pensar en lo que vendrá cuando estas estén flacas. Estatizaciones y favores a la llamada “boliburguesía” (el lector sabrá por qué) sin criterio económico de eficiencia en la acción estatal y guiados por una búsqueda de poder, terminó destruyendo la capacidad productiva. Cuando el precio del petróleo cayó, la crisis llegó generando una reversión en los indicadores sociales, lo que evidencia que las mejoras habían sido superficiales y dependientes de los excedentes petroleros.

El problema ya no es únicamente el régimen político

Hoy en día nuestras comunidades políticas tienen forma de Estados los cuales, para ser exitosos, requieren tener capacidad de controlar el orden dentro de sus fronteras pero no por la pura violencia sino mediante la obediencia consentida de sus ciudadanos. Preferimos formar parte de un Estado y vivir bajo sus reglas en buena medida porque la convivencia nos trae beneficios que se traducen en la previsibilidad y la posibilidad de anticipar hasta cierto punto las formas en la que se darán los encuentros, intercambios y disputas “con el otro”. Por el contrario, en el “estado de naturaleza” donde no hay una autoridad común, la alerta, la amenaza y la desconfianza cuando nos relacionamos con “el otro”, adquiere más fuerza; y la posibilidad de pensar el largo plazo no existe ante el peligro permanente de que el vecino nos intente saquear y nos declare la guerra. Un determinado orden político, para ser legitimado, necesita en los cálculos de perjuicios y beneficios hacernos creer que los primeros serán menores que los segundos, y al mismo tiempo debe permitirnos ampliar el horizonte temporal. Ahora bien, cuando el Estado se ve incapaz de asegurar el cumplimiento de las reglas que regulan los intercambios y canalizan el conflicto, y peor aun, cuando se vuelve parte de una parcialidad que nos es amenazante, la posibilidad de lograr obediencia por medio del consentimiento se esfuma. La percepción de que quien controla el Estado nos ocasiona sistemáticamente más perjuicios hace que en nuestro cálculo de costos y beneficios la idea de que nos conviene cooperar con las autoridades se invierta.

En línea con lo anterior, la situación política en Venezuela está llegando a un punto donde surge una preocupación mayor a la cuestión del régimen político: la operatividad del Estado. El régimen entendido como las reglas para el acceso y ejercicio del poder ha dejado hace rato de ser democrático para tornarse autoritario. Pero el poder despótico no es sinónimo de poder estatal en términos de organización de las relaciones sociales. La violencia descontrolada que alcanzó en el 2018 una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que da el numero de 23.047 muertes violentas según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, ponen en cuestionamiento la capacidad del Estado para garantizar el orden interno. A lo que se le suman los datos que vimos anteriormente de la crisis económica y social que parecen hoy el resultado de un enfrentamiento bélico.

Debido a la pérdida del apoyo popular que tuvo antaño, hoy el gobierno (fusionado con el Estado) se sostiene principalmente en las Fuerzas Armadas y el aparato represivo en su conjunto, lo que nos merece una reflexión. Si pensamos a la política como una actividad colectiva que surge en la necesidad de regular conflictos entre grupos por medio de la toma de decisiones vinculantes, fruto de la actuación e intervención en un ámbito público y compartido, la violencia instrumental se convierte en anti-política, ya que atenta contra cualquier noción de ámbito “común”. Siguiendo esta idea, la tentación a recurrir a la violencia y la fuerza de las armas surge de la pérdida de poder.

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¿Y ahora?

Hay hoy dos actores que se disputan la conducción del gobierno legítimo, por un lado Nicolás Maduro, y por el otro Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y proclamado “Presidente encargado de Venezuela” el 23 de enero de 2019 acompañado por una marcha multitudinaria. Resulta difícil pensar la forma que adquiriría una salida frente a una dictadura que se ha encargado de cerrar los canales constitucionales a los sectores de la oposición y suspender en los hechos los derechos políticos de los ciudadanos. La transición en Venezuela no tendrá que ver únicamente con las reglas de juego democrático en el futuro, sino también con la reconstrucción de la economía, de la operatividad del estado, la desmilitarización del poder político, y el castigo a los responsables de las violaciones de DDHH. Y quizás lo más difícil: el posible limite que deba tener ese castigo. No va a haber una disposición del gobierno a abandonar el poder si en el horizonte lo único que se ve es la cárcel, más aún teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas, así como las máximas autoridades en la cúpula de poder están implicadas en una red institucionalizada de corrupción, violaciones de DDHH, acusaciones de narcotráfico, y otros delitos. La presión internacional es fundamental en la búsqueda de una salida pacífica, pero si no es acompañada por un incentivo a abandonar el poder que reduzca los costos, el riesgo es avanzar en una escalada de la represión y la violencia. En este sentido no parece haber hoy una actitud aperturista por parte del gobierno sino todo lo contrario. Otra hipótesis sería la de una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, lo que podría por un lado forzar a Maduro a abandonar el poder, o por el otro el riesgo de precipitar el escenario más temido: un enfrentamiento armado. A esta altura, el rol de los militares se tornó fundamental a la hora de pensar en una transición. Así como también el juego geopolítico que gira alrededor de los intereses de peces gordos como EEUU, Rusia, y China.

Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones de la situación a la que llego el proceso venezolano. Cada uno carga con su conciencia y es dueño de su opinión, pero cuando se caen los ropajes democráticos, la desnudez del autoritario no da lugar a confusión. Pocas dudas pueden plantearse hoy sobre el carácter antidemocrático e ilegítimo del gobierno de Maduro. De lo que se trata, es de intentar una transición pacífica, con la menor cantidad de víctimas posible, donde los protagonistas sean los actores venezolanos y la comunidad internacional acompañe. Esta transición no sería el punto de llegada, si no el de partida para poder encarar los desafíos complejos a los que se deberá hacer frente en la reconstrucción del país con una sociedad absolutamente fracturada, lo cual no se soluciona solamente en una elección.

* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires

 

 

 

 

Sol Minoldo: “La discusión sobre el lenguaje inclusivo no es lingüística, es política”

Entrevista a Sol Minoldo |

 

Sol Minoldo es socióloga, investigadora del Conicet y editora de El Gato y La Caja. Hace unos meses, ella y su compañero Juan Cruz decidieron ponerle números a las discusiones que se vienen dando sobre el lenguaje inclusivo, a partir de algunas preguntas disparadoras: ¿La forma en que hablamos condiciona la forma en que pensamos? ¿Puede entonces el lenguaje contribuir a las desigualdades sociales y de género que se presentan en la actualidad? Y por último: ¿Puede ser el lenguaje una herramienta transformadora?

Luego de un tiempo investigando y buscando trabajos empíricos sobre el tema, Sol y Juan Cruz intentaron acercar los resultados de su investigación plasmándolos en un artículo para El Gato y La Caja. Cuando hablamos sobre el rol de la Real Academia Española, a la que usualmente se evoca en las discusiones, Sol nos aclara: la discusión sobre el lenguaje inclusivo no es lingüística, es ante todo política.

Sol, reivindicar el uso del lenguaje inclusivo implica asumir que en la actualidad el lenguaje es o al menos puede ser excluyente. ¿En dónde se verifica esto? ¿En qué expresiones?

Bueno, en realidad lo primero que podemos decir es que el lenguaje es sexista, no solamente no inclusivo. Este carácter sexista se ve en la carga peyorativa que tienen algunas palabras cuando se refieren a la versión femenina de esa palabra. O la forma misma en que se ha definido a la mujer (como sexo débil, digamos). Pero también está lo que se llama el falso genérico, que tiene que ver con que cuando nos referimos a todes, es decir cuando no especificamos, utilizamos la forma genérica masculina casi siempre, y eso tiene una importancia porque el género gramatical en la lengua castellana está asociado a imágenes sexuadas en las personas. Incluso cuando nos referimos a ideas abstractas o a objetos, y por tanto mucho más cuando nos referimos a seres humanos. Entonces, frente al problema del falso genérico, una solución es crear un genérico neutro, una forma gramatical que no sea genérico-específica. Pero también otra propuesta es la de mencionar ambos géneros. Y acá aparece el problema de la inclusión: cuando nosotres mencionamos mujeres y varones nos estamos manteniendo en un esquema en el que hay dos géneros principales, y estamos clasificando a todas las personas dentro de ese esquema binario. Esto es problemático desde el punto de vista de la existencia de identidades diversas que no necesariamente se apegan a ese esquema.

Tamara Tenenbaum alguna vez twitteó que cuando decimos que X persona “es la mejor escritora del siglo veinte” parece que estamos comparándola solo con mujeres…

Si vamos a las reglas de la gramática, si yo digo “es la mejor escritora” me estoy refiriendo entre mujeres. No me estoy refiriendo al conjunto de varones y mujeres. Entonces eso es lo que podemos interpretar desde lo que son las reglas gramaticales nuestras. Lo correcto sería decir “el mejor escritor”. Ese tipo situaciones comunicacionales son sumamente disruptivas, porque no tenemos casi como mencionar que una mujer u otro tipo de identidad es la mejor entre el conjunto. Y por ejemplo si yo digo “el mejor escritor es” vamos a pensar que estoy refiriéndome a un escritor varón, no a una escritora. Me pasó una vez en Twitter, que una persona me arrobó y dijo “no sabía que eras uno de los autores” (refiriéndose a una nota que había escrito). Entonces yo pensé que le estaba queriendo escribir a Juan Cruz (coautor de la nota), que se había equivocado y me había arrobado a mí por error. Después de un rato largo conversando con Juan Cruz nos preguntamos cómo tendría que haber dicho para referirse efectivamente a mí, y nos dimos cuenta que esa era la forma que teóricamente en el idioma español, tal como está construido, se tenía que dirigir a mí. Pero yo no me había hecho cargo, no me di por aludida, porque era muy difícil que me diera por aludida cuando me dijo que era “uno de los autores”. Parecía tan masculinizada esa forma… El falso genérico, ya desde su misma estructura, es sexista.

Hablar de lenguaje inclusivo también implica asumir que el lenguaje puede tener efectos en las relaciones sociales. ¿Qué evidencia empírica hay al respecto?

Hay evidencia empírica que muestra que el efecto se asocia a la forma en que hablamos, a la forma en que entendemos el mundo y muchas veces a la forma en que actuamos. Por ejemplo, hay un experimento que tiene que ver con que las mujeres se sientan o no aludidas por determinadas propuestas laborales. Es decir, la medida en la que se sienten identificadas con esas ofertas laborales según esos trabajos estén descriptos con más o menos fraseología asociada a lo femenino o a lo masculino. También tiene que ver con quiénes son protagonistas de nuestra historia. Entonces, si siempre la contamos en masculino y tenemos evidencia de que hablar en masculino tiene una sobrerrepresentación de las figuras masculinas, es mas difícil que las mujeres se piensen como protagonistas. Esto nos moldea desde muy pequeñites, desde las primeras instancias de socialización en las cuales estamos formando nuestra identidad y nuestras preferencias incluso. Entonces, si la forma en que hablamos tiene todas esas consecuencias, transformar la forma en que hablamos tiene un potencial político enorme, porque puede ser disruptivo con esa reproducción simbólica, esa violencia simbólica que lleva a que nos socialicemos con esas ideas, que naturalicemos una realidad social incluso a partir de cómo usamos el habla. Pero también desde el momento en que nos hace preguntarnos acerca de esa realidad social, que visibiliza que hay algo en esa realidad social que no es natural, que podría ser de otra manera. Y de pronto aquella persona que no está siendo incluida, o que está siendo puesta en segundo lugar, se puede pensar a sí misma desde otro lugar, puede cuestionar el lugar que el habla y la sociedad toda le ha dado. Entonces, no son cosas diferentes, no es que es más o menos grave la desigualdad fáctica que la simbólica, porque la simbólica se constituye como un dispositivo más de la fáctica.

¿Querés contarnos más sobre alguno de esos trabajos empíricos que indagan sobre los efectos del lenguaje en las relaciones sociales?

Hay uno que me pareció muy interesante, que es una comparación entre un hablante de alemán y un hablante de español. Hay palabras que usan ambas lenguas y que usan el género gramatical incluso para objetos que no son sexuados. Estos investigadores seleccionaron un conjunto de palabras que tuvieran el género gramatical inverso en ambos idiomas. Entonces por ejemplo mencionaban dos de esas palabras: puente y llave. En español, puente es masculina y llave es femenina, y en alemán es a la inversa. El experimento tenía varias etapas. En la primera lo que hacían era detectar las ideas asociadas a lo femenino y a lo masculino por les hablantes. Es decir, detectar los esquemas que les hablantes tenían sobre lo femenino y lo masculino. Posteriormente, les dieron una lista de las características que habían identificado dentro de este primer sondeo, como mas bien asociadas a lo femenino o a lo masculino, y les dieron también una lista con posibles características que se asocien a los diferentes objetos. Y encontraron que les hablantes de español tendían a identificar con características masculinas las palabras con género gramatical masculino, y lo mismo sucedía en el alemán. Por lo tanto, con la palabra “llave”, cuando se les preguntaba a les hablantes de español las características que predominaban era “delicada”, “tesoro”, “brillante”. En el caso de les hablantes alemanes era “fuerte”, “seguro”, que eran características más asociadas a lo masculino y concordantes con el género gramatical de la palabra “llave” en su idioma.

Se han hecho otras lecturas, también reivindicativas del lenguaje inclusivo, pero ubicándolo no tanto como causa de un cambio social sino como consecuencia de él. Entonces, desde esa perspectiva no sería tanto un herramienta para reducir desigualdades sino un reflejo de una sociedad que ya es más igualitaria que antes…

Bueno, una de las preguntas que funcionaron como punto de partida de la investigación fue si realmente la lengua es un reflejo, una consecuencia pasiva de las relaciones sociales y de nuestra manera de ver el mundo, o si tenía algún poder de agencia y por tanto un potencial de transformación. Entonces empezamos a investigar si el lenguaje podía condicionar la forma en que pensamos, y los experimentos que yo menciono en la nota dan cuenta de ese potencial de la lengua, y hay muchísimos más que no entraron en la nota. Todos estos experimentos han ido aportando evidencia no de que el habla sea un determinante en nuestra experiencia pero sí que puede en algún punto ser un condicionante de la forma en que pensamos. También hay un marco teórico, porque está Pierre Bourdieu, que habla de la violencia simbólica como un mecanismo por el cual las relaciones de poder se perpetúan. Y la forma en que hablamos forma parte de esos dispositivos de violencia simbólica. Entonces, la idea de que el lenguaje es un reflejo, y que es un reflejo pasivo, realmente no da cuenta de lo que nosotros hemos encontrado en la teoría. De ser así casi que la política sería irrelevante en lo que tiene que ver con el lenguaje, y la historia no muestra eso. La historia muestra que incluso cuando movimientos políticos no eran mayoría sino que eran minorías que se encontraban peleando por sus derechos, como el caso del movimiento de negros en Estados Unidos, el intervenir sobre el lenguaje era una forma más de dar visibilidad, en la vida cotidiana, del racismo de muchas personas que no se consideraban racistas. Y el hecho de ser disruptivos en el lenguaje tuvo un gran impacto para abrir debates. Lo estamos viendo en el tema de género…

Molesta…

Sí, molesta tanto, es un tema tan controversial y tan incómodo que abre muchísimos debates y permite que muchas personas revisen la forma en que utilizan el lenguaje. Entonces, evidentemente esto es un signo de que tiene un impacto político, y de que la discusión sobre el lenguaje inclusivo no es lingüística, es política. Tiene que ver, en primer lugar, con que queramos cambiar la forma de hablar porque hay una asimetría de género y esa asimetría está mal. Y en segundo lugar, que lo adoptemos como herramienta política. Les hablantes, no una academia, no una institución.

¿Cuál es la función de la Real Academia Española? ¿Cuál es el sentido de traer a dicha institución a los debates cotidianos sobre el lenguaje inclusivo?

Si bien es cierto que Argentina, como muchos otros países, tienen academias que mantienen una relación con la Real Academia Española y la reconocen como autoridad, una cosa es lo que pasa a nivel institucional y otra cosa es lo que pasa con la lengua. La lengua es patrimonio de les hablantes, de sus usos, y la verdadera función de las academias de lenguas es poder reflejar documentalmente, por escrito, los usos de les hablantes y las normas del habla en los hechos. No decir cómo tiene que cambiar o cómo tiene que hacerse. Cuando se documenta sirve para la perpetuación, la enseñanza, para tenerlo como punto de referencia en las situaciones en que tengamos dudas. No debemos pensar que la RAE tiene un rol, que no tiene, de prescribir cómo deben hablar les hablantes. Su rol debería ser mucho más pasivo. Y la RAE, en realidad, muchas veces reconoce ese rol más pasivo (de no ser quien decide cómo hablamos sino reflejar cómo hablamos) cuando se excusa de excluir de su diccionario palabras que tienen un sentido peyorativo hacia ciertos colectivos, incluso hacia las mujeres. Sin embargo, sus referentes y la RAE como tal salen constantemente a tomar postura públicamente en contra del uso del lenguaje inclusivo.

Karina Galperin dice en una nota en La Nación que no tiene demasiado sentido invocar la norma cuando el planteo no surge de un desconocimiento de la norma sino, precisamente, de un malestar con ella…

Exactamente. Muchas veces, como respuesta al uso del lenguaje inclusivo, se explica la norma (“el masculino incluye a todos”). Y eso ya lo sabemos, lo que estamos cuestionando es esa norma, precisamente. Hay muchas mujeres que no se sienten nombradas cuando se utiliza el genérico masculino.

¿Recordás, o tenés conocimiento, de otros cambios que se hayan dado en el lenguaje y hayan tenido tanta resistencia?

Se han dado miles de cambios en las lenguas. Ya es un grupo más pequeño el de cambios en el lenguaje que se hayan dado impulsados deliberadamente por un grupo. Un ejemplo sería los que han llevado a dejar de definir las personas por determinadas características: “los sordomudos”; “los discapacitados”; “los pobres” y empezar a hablar de personas en situación de o personas con. Eso tiene un impacto y tiene un por qué, que es no pensar a las personas desde sus características, y muchos menos desde sus limitaciones. Otro ejemplo fue la lucha política del movimiento negro, cuando puso en cuestión el uso de la palabra nigger, que tenía todo lo peyorativo de la mirada racista del negro, y planteó que solo otra persona que se autoidentifique como negro estaba en condiciones de usar esa palabra sin ser racista. Algo parecido pasa en el movimiento LGTBI con la palabra puto. No sabemos si el lenguaje inclusivo va a terminar expandiéndose. Va a depender de el poder político que haya para impulsarlo y de las respuestas que vayamos encontrando, porque por ejemplo un aval de los medios de comunicación o una introducción en los contenidos de las escuelas podría ser clave, podría hacer la diferencia. Pase lo que pase, el hecho de que se esté impulsando hoy sirve como herramienta política para poner en cuestión una forma de habla que expresa una forma de organización social y de mirada del mundo genérico-asimétrica.

¿Creés que el lenguaje inclusivo, como cambio en la forma en que nos expresamos, tiene más resistencia que esos cambios que mencionaste anteriormente?

No tengo tanto conocimiento de cómo se dieron esos otros procesos. Sí es cierto que hoy se nota una especial animosidad contra el uso del lenguaje inclusivo. Y digo especial porque no es la misma animosidad que se presenta contra otras propuestas disruptivas del habla en el presente. Hoy por hoy, una cosa que pasa mucho en las redes sociales es la abreviación de las palabras, en parte como consecuencia de los pocos caracteres que tenía Twitter en un principio. Y son cosas que también, desde el punto de vista de la norma, se podrían decir que están mal. Sin embargo, no están cargadas de una intencionalidad política. Ahí está la diferencia y por eso la animosidad del rechazo. En el fondo, la resistencia es ante todo una resistencia política, que viene de sentirse incomodada por la interpelación más profunda que produce el lenguaje inclusivo.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las diferentes formas que asume el lenguaje inclusivo? El arroba (@), la “x”, la barra (a/o)…

La forma binaria de mencionar a todas y todos, o la barra con “a” y “o”, tiene el problema de que, en primer lugar, alarga las oraciones. En términos comunicativos puede ser engorroso, puede quitar el ritmo a un texto… Pero además refuerza el esquema binario y seguimos identificando a las personas a través de nuestro género. Un género que a su vez está sumamente esquematizado. La propuesta del arroba sigue en ese esquema binario y al momento de pronunciarla, si bien en la escritura no necesitaríamos repetir (es decir, poner ambas formas –la masculina y la femenina), la versión oral debería ser esa, o sea, decir “todas y todos”. Es decir que en su correlato oral no resuelve el problema. Y además es un símbolo que no pertenece a nuestro abecedario. Entonces, desde el punto de vista político puede ser interesante por ser más disruptivo. Pero desde el punto de vista de adoptar su uso dentro de la lengua y del proceso de comunicación, no.

Por otro lado aparece, como reemplazo del arroba, la “x”. Acá tenemos el problema de que cuando nos encontramos con ella no sabemos como pronunciarla. Aún si estamos leyendo mentalmente, no sabemos qué correlato fonético tiene esa “x” y por tanto nos dificulta la lectura y al momento de pronunciar, si la pronunciamos como una “o” o con el sistema binario, sigue teniendo los problemas de esas formas.

¿Y la «e»?

La propuesta de la “e” es bastante práctica. Pero deberíamos decir que no implica solamente cambiar algunas palabras. Crear un genérico neutro supone añadir una forma gramatical nueva, que tiene que integrarse con el resto de las normas del idioma y eso implica que cumpla con las normas de concordancia, crear pronombres (como “elles”; “le”). Hay algunas cuestiones que hacen más difícil que nos pongamos todes de acuerdo para incorporarlo a la lengua, por el mismo hecho de que no todes tenemos un manejo fluido, consciente y explícito de las normas gramaticales, sino que nuestra forma de usarla y de respetarla tiene más que ver con la práctica que con un conocimiento racionalizado. Y tener que racionalizar la forma en que nos expresamos es difícil. Todo eso complica la incorporación.

¿Creés que es necesario institucionalizarlo para que se aplique por ejemplo en los colegios? ¿O no lo ves como algo necesario al menos por ahora?

Yo no usaría la palabra necesario pero podría ser una vía más de poner en cuestión las relaciones sociales, de mostrar que el lenguaje es algo contingente… No sé si tendría que ser un requerimiento pero sí estoy segura que no tendría que haber un impedimento. No se trata de obligar a les alumnes a hablar de una forma que no está todavía legitimada por las instituciones de lenguas, se trata de habilitarles la posibilidad de hablar así, de mostrar que existe esta propuesta, de darle visibilidad. Eso creo que tiene un gran potencial, que puede servir mucho a la reflexión social sobre las relaciones de género.

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¿Notás mayor aceptación del uso del lenguaje inclusivo en este último tiempo?

Creo que en algunos ámbitos hay mayor aceptación. Por ejemplo, el otro día dimos una charla con el equipo de El Gato y La Caja. La charla la dimos hablando en lenguaje inclusivo y sin embargo nadie hizo una observación negativa sobre ello. Lo mismo sucede con las respuestas de les lectores en la página de El Gato. Cuando escribíamos alguna nota usando la “e”, se desviaba la atención hacia eso, y ahora a veces no lo menciona ni siquiera una persona. Pero tampoco debemos caer en la generalización de las experiencias personales de cada uno. De hecho, no sabemos en qué medida nosotros mismos aportamos a que en un determinado espacio (como nuestra familia) comience a tener mayor aceptación el lenguaje inclusivo. Puede pasar que al salir de esas experiencias personales nos encontramos con un mundo mucho más crudo, en el que hablar con lenguaje inclusivo le pueda significar tener que renunciar a su trabajo, por ejemplo.

¿La discusión sobre el aborto incidió en esta expansión o mayor aceptación del uso del lenguaje inclusivo?

Sí, creo que sí. Creo que este año la lucha por el aborto ha permitido la confluencia de una gran militancia feminista, y eso ha sido como una culminación del proceso del Ni Una Menos y ha visibilizado un montón de cuestiones de género. Fue un marco muy favorable para empezar a discutir el tema del lenguaje inclusivo.

 

*Sol Minoldo es socióloga (UNLP), investigadora del CONICET y editora en El Gato y La Caja.