La culpa también es del Fondo

Un recorrido por los artículos académicos de Martín Guzmán sobre acuerdos de reestructuración de deuda soberana con el FMI

Opinión | Por Francisco Siri |

El último acuerdo con el FMI ha sido uno de los principales temas de la agenda política del último tiempo, no solo porque está en curso la renegociación del acuerdo, lo que constituye un punto fundamental en la recuperación económica de la post pandemia, sino también por el debate generado alrededor de la judicialización del acuerdo, a partir del discurso de apertura de sesiones ordinarias de Alberto Fernández en marzo de este año. En medio de todo esto, fue el ministro quien dejó la contundente frase que lleva el título de esta nota, metiéndose de lleno en la discusión y sugiriendo la (co)responsabilidad del Fondo en la crisis financiera que sufre nuestro país.

Viajemos tres años hacia atrás: en mayo de 2018, en medio de la corrida cambiaria que implicó un salto del dólar de un 22% y una caída en las reservas internacionales de 6.500 millones de dólares en tan sólo una semana, el entonces mandatario Mauricio Macri anunciaba en conferencia de prensa que argentina volvería a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. En junio de ese mismo año el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, anunciaron la confirmación de un acuerdo Stand By por un monto de 50.000 millones de dólares y lo hicieron, irónicamente, en el Centro Cultural Kirchner. Este tipo de acuerdos se caracterizan por ser préstamos de muy corto plazo a los países para poder hacer frente a problemas en la balanza de pagos.

El monto luego fue ampliado a 57.000 millones de dólares, una ampliación que vino de la mano con la flexibilización de otras condiciones; por ejemplo, la posibilidad de hacer uso de esos fondos que en principio solo tenían por destino el dar credibilidad. Aquí radica una de las curiosidades principales que dan lugar a una de las críticas más escuchadas sobre este acuerdo: que se trató de un préstamo con clara intencionalidad de apoyo político al partido gobernante para poder ganar las elecciones; es decir, que tuvo fines electorales. Esto se debe a que se trató ni más ni ni menos que del préstamo más grande de la historia del organismo hacia un país deudor. Sumado a esto, los plazos en los que se pactaron los desembolsos ayudan a creer esta teoría, dado que el 88% de los fondos estaban destinados a hacerse en el lapso de tan sólo 16 meses, todo antes de que termine la gestión del gobierno de Cambiemos, e incluso un 77% de de aquellos fueron desembolsados previo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), momento en que los desembolsos terminaron congelándose y parando el acuerdo, debido al cambio de mandato que parecía ya definido y a la corrida cambiaria del famoso lunes post-paso, día que muchos dirigentes afines a alianza Juntos por el Cambio, incluso el propio Mauricio Macri, utilizan como justificativo de que habría sido la victoria del Frente de Todos la que generó la desconfianza en los mercados y terminó provocando la crisis de deuda.

Mas allá de las consideraciones sobre las expectativas del mercado, la euforia previa y la desconfianza que puede haber generado la corrida de agosto de 2019, es necesario remarcar que el gobierno argentino le tocó la puerta al prestamista de última instancia -el FMI- 15 meses antes de las PASO: los problemas en el frente externo ya se habían materializado mucho tiempo antes y el acceso a los mercados se había agotado ya un año atrás.

Los papers (premonitorios) de Martín Guzmán

¿Cuáles son los motivos por los que el actual ministro asegura la (co)responsabilidad del Fondo en la actual crisis argentina? Para entenderlos es necesario hacer un breve racconto de su carrera académica, donde uno de sus temas principales de investigación refiere a la deuda externa de los países y al análisis de su sostenibilidad. Esta postura de Guzmán no es nueva; es algo que ha venido desarrollando en sus trabajos académicos desde mucho antes de llegar al Palacio de Hacienda. Ha sido muy crítico en reiteradas oportunidades, tanto en el ámbito académico como a la hora de responder entrevistas a los medios, sobre los análisis de sostenibilidad de deuda que realiza el organismo multilateral de créditos y las consecuentes políticas económicas que induce a los países deudores que se encuentran con problemas de financiamiento y potenciales crisis de deuda. De esta forma, a partir de los planteos que viene desarrollando en sus trabajos desde hace varios años pueden entenderse los motivos por los que falló el programa económico diseñado en conjunto por el gobierno argentino y el FMI en 2018, resultando muchas de sus críticas premonitorias de lo que serían los resultados del acuerdo.

El punto central de los planteos académicos que hace tiempo viene desarrollando Guzmán es que los créditos del FMI, en conjunto con los programas económicos que se diseñan para reencauzar a los países que sufren de un estrés financiero en un sendero de deuda sostenible y crecimiento económico, son contraproducentes para lograr estos objetivos y, en parte, esto se basa en que el organismo tiene una tendencia a equivocar las predicciones sobre el comportamiento que tendrán las economías de los países en el futuro. A esto se suma una errónea definición de sostenibilidad de deuda por parte del Fondo y, por último, el diseño de programas económicos que contradicen a la propia teoría económica. El ministro muestra evidencia publicada por el propio Fondo Monetario Internacional para demostrar por qué estas políticas resultan contraproducentes para los países deudores.  

En cuanto la persistencia de errores de predicción, Guzmán ha encontrado evidencia de que el organismo sobreestima regularmente el nivel de actividad de la economía de los países deudores (ver gráfico 1). Esto es muy nocivo para los estados que recurren a él ya con problemas en el frente externo en búsqueda de un rescate financiero, contribuyendo a lo que define como el síndrome “too little, too late” (muy chico, muy tarde): se sobreestima la capacidad de repago que tendrán estos países porque se prevé que la economía tendrá niveles de crecimiento muy ambiciosos. Además, al sobreestimar el rendimiento futuro que tendrán las economías de los países, se subestima el peso de la deuda sobre el nivel de producto, generando una falsa percepción de sostenibilidad. El resultado es que se termina reconociendo demasiado tarde la necesidad de reestructurar los vencimientos de los pasivos y, en caso de reconocer esta necesidad, se reestructura una parte menor a la que es realmente necesaria (muy chico, muy tarde).

Gráfico: elaboración propia en base a datos de INDEC y del FMI
Gráfico: elaboración propia en base a datos de INDEC y del FMI

En el gráfico se observa que para el período en cuestión, los informes WEO (Perspectivas de la Economía Mundial, por sus siglas en inglés) del FMI han sobreestimado el nivel de actividad de la economía argentina durante los últimos años. Estas estimaciones optimistas realizadas por el organismo van en línea con los números esperados por el gobierno en su momento y con las expectativas de los mercados internacionales en general. Esto ha contribuido al síndrome “muy chico, muy tarde”, desarrollado previamente. Se creía que Argentina podría hacer frente a sus vencimientos futuros y que los niveles de deuda/PBI se mantendrían en niveles estables aumentando el financiamiento. Mientras los economistas más críticos advertían de lo peligroso que podría resultar el esquema vigente desde fines de 2015, las proyecciones de crecimiento le aseguraban al gobierno estabilidad en el frente externo y condiciones de sostenibilidad de los pasivos. De esta forma, no había motivos de preocupaciones que llevaran a diseñar cambios en el esquema económico, ni mucho menos a pensar en una reestructuración. Incluso en los momentos donde se materializaban las recesiones se pronosticaban caídas del producto menores y/o recuperaciones más veloces.  

En cuanto al diseño de los programas económicos, el ministro ha sostenido que los países deudores que recurren al organismo terminan cayendo en lo que llama “the austerity trap” (la trampa de la austeridad). Los países recurren a este prestamista de última instancia en busca de un salvataje financiero que les permita resolver urgencias en el frente externo para reencauzarse en un sendero sostenible de deuda pública, lograr estabilidad y volver a la senda del crecimiento económico. Las políticas que el Fondo diseña en consecuencia e induce a los países deudores a adoptar se vuelven contraproducentes para la propia sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Esto surge en primer lugar de la definición de sostenibilidad a la que adhiere el organismo, que se focaliza excesivamente en el resultado primario del gobierno (es decir, la reducción del déficit sin tener en cuenta el peso de los intereses de deuda). La consecuencia de esto es que se diseña un programa económico focalizado en el recorte del gasto público para tender rápidamente al superávit primario asegurando la capacidad de repago. Pero este tipo de programas ignoran a la propia teoría económica y a la evidencia encontrada por el propio Fondo acerca de la existencia de los llamados multiplicadores fiscales, que implican que un recorte del gasto del Estado tiene fuertes efectos contractivos sobre el nivel de actividad económica. De esta forma, el recorte del gasto lleva a una caída en la actividad económica, que tiene efectos directos sobre los niveles de recaudación del Estado nacional. Los ingresos fiscales se ven lesionados y así el recorte del gasto necesario para lograr el tan deseado superávit primario es cada vez más grande, cayendo en un espiral contractivo. Una dinámica que, al final del día, termina afectando la capacidad de repago del país deudor. Esto es, palabras más, palabras menos, lo que Guzmán denomina la trampa de la austeridad.

Aquí es donde el actual ministro critica con mayor dureza al fondo, citando un trabajo académico publicado por el propio FMI. Irónicamente, el Departamento de Investigaciones del organismo publicó un estudio que encuentra evidencia sobre la presencia de los denominados multiplicadores fiscales y que estos se acentúan en épocas recesivas. Al diseñar e inducir este tipo de políticas a los países deudores que se encuentran con problemas en sus economías, el Fondo ignora la evidencia encontrada por el mismo organismo que muestra que en épocas recesivas los multiplicadores fiscales se acentúan, generando que el recorte del gasto del gobierno genere fuertes efectos contractivos sobre la economía, profundizando la crisis y generando una contracción de la actividad económica aún mayor.

Con estos desarrollos académicos del actual ministro, que resultaron ser premonitorios en muchos aspectos, puede entenderse, en parte, lo sucedido en la economía argentina luego del 2018 y a partir del acuerdo con el FMI. El programa diseñado entre el Fondo y el gobierno contemplaba acelerar fuertemente los tiempos en los que se convergería al equilibrio fiscal, intentando alcanzar para fines de 2019 un déficit 0 y un superávit para 2020 y 2021. Pero más aún, el programa contemplaba no sólo una política fiscal fuertemente contractiva, sino también una política monetaria contractiva que procuraba retirar pesos de la economía, materializándose a través en una fuerte absorción monetaria en conjunto con la emisión cero. Desde entonces, Martín Guzmán ha sido crítico con el programa diseñado para nuestro país, declarando en plena crisis de 2018 que el 2019 tampoco sería un buen año para la economía argentina por los efectos contractivos sobre el nivel de actividad del programa anunciado, ante la sorpresa de los panelistas de Todo Noticias.

A partir de esta conjunción de una errónea concepción de la sostenibilidad, un mal diagnóstico y, en consecuencia, un diseño de políticas que le da la espalda a la evidencia económica y termina siendo contraproducente para los propios objetivos del programa, surge la contrapropuesta del actual ministro de priorizar el fortalecimiento del crecimiento económico como pilar fundamental del programa a diseñar. Reencauzar a los países en crisis en un sendero de crecimiento económico debe ser la prioridad para generar sostenibilidad. Esto implica un cambio en su concepción, reorientando el foco del resultado primario del gobierno hacia el crecimiento económico. Esto no significa que debamos ignorar que el equilibrio fiscal y el equilibrio macro no sean fundamentales en el largo plazo, pero es necesario en épocas recesivas orientar el programa económico hacia la recuperación y el crecimiento, lo que implica un esfuerzo fiscal para evitar lastimar aún más a la economía. Y es esto mismo lo que Martín Guzmán ha sostenido desde que llegó al ministerio de Economía: solo creciendo se podrá reencauzar al país en un sendero de sostenibilidad. Esta fue la base de la renegociación con los acreedores privados en 2020: Argentina debe crecer para poder pagar. De ahí que se haya buscado el alivio de la carga de la deuda, así como los años de gracia sin vencimientos logrados en la renegociación. Reducir parte del capital y de los intereses a devolver y despejar los plazos de vencimientos permitirá al país reorientar recursos que inicialmente debía destinar al pago de servicios de deuda, destinándolos ahora a estimular la actividad económica desde el sector público para, de esta forma, subirse al sendero del crecimiento y, así, poder pagar también sus obligaciones crediticias.

No hace falta mucha explicación para entender por qué se acusa de fracaso al programa económico diseñado en conjunto por el Fondo, al mando de Christine Lagarde, y el Gobierno, representado por el entonces ministro Nicolás Dujovne. Con mirar los números de la economía argentina en 2018 y 2019 alcanza. Entre 2018 y 2019 la economía acumuló una caída de alrededor del 4,60% del Producto Interno Bruto. La inflación en diciembre de 2019 alcanzó el 53,7% respecto a diciembre de 2018, siendo la más alta en casi tres décadas, superando el récord establecido por el mismo gobierno en 2018, cuando la inflación acumulada fue de aproximadamente el 47,6%. En cuanto a los niveles de endeudamiento y su sostenibilidad, se registra que creció el stock nominal de deuda, pero fundamentalmente su peso relativo al PIB, alcanzando el 90,2%, magnitudes que habían sido del orden del 52,6% en 2015 y del 56,5% en 2017. El anuncio de que la deuda argentina era insostenible y el comienzo de un proceso de reestructuración se explican no solo por el tamaño que alcanzó para fines de 2019, sino también en el cambio de composición que implicó el crecimiento del endeudamiento argentino. Perdió participación en el stock de deuda la que es intra-sector público y en pesos, lo que implica mayor facilidad de pagos, y aumentó considerablemente la deuda con privados y organismos multilaterales, lo que implica menor flexibilidad respecto a los vencimientos y las renegociaciones. Además, aumentó el peso relativo de la deuda en dólares, lo que es agravado por la gran volatilidad que había tenido el tipo de cambio respecto al dólar durante los últimos años. De esta forma, está claro que el programa diseñado con los objetivos de lograr estabilidad, crecimiento económico y generar las condiciones para reubicar al país en un sendero de endeudamiento sostenible falló en todas las aristas.

Martín Guzman y Kristalina Georgieva. FOTO: imagen publicada originalmente por el portal Infobae.

¿Cuál es el contexto en el que se da hoy la renegociación de la deuda?

Las cosas han cambiado mucho respecto de la situación de fines de 2019, cuando se anunció que empezaba el proceso de renegociación de la deuda externa argentina, que comenzó con los acreedores privados en 2020 y continúa ahora en 2021 con el FMI y luego con otros organismos multilaterales como el Club de París. No es menor el cambio en la economía mundial que implicó la pandemia del Covid-19. Uno de los puntos centrales de esta nueva crisis mundial es que implicó la necesidad de los estados de salir a aplicar tanto políticas fiscales como monetarias de carácter expansivo, para intentar paliar la crisis e incentivar una recuperación más rápida. En este contexto es que el FMI entiende que es una necesidad de los estados desviarse de sus programas anteriores para salir a gastar. La misma directora del FMI lo ha declarado públicamente, incentivando a los países a expandir el gasto gubernamental. Muchos han sido bien osados al declarar el 2020 como el año donde “murieron las teorías de austeridad”, pero habrá que ser cautos y ver como continuará con la vuelta a la normalidad (si es que la hay).

Otra diferencia del contexto actual con el del 2019, además del cambio de paradigma mundial que trajo la crisis, es que cambió la dirección del organismo. La famosa Christine Lagarde del “espero que nos enamoremos de Christine” ha salido para desembarcar en el Banco Central Europeo. Párrafo aparte para la política monetaria ultraexpansiva que bien se encuentra realizando el BCE en tiempos de crisis, logrando una enorme inyección de liquidez, en contraposición a las políticas de austeridad fiscal y contracción monetaria que diseñó la misma directora durante la recesión económica de 2018 en Argentina. Cambios de paradigma que implicó la crisis mundial que aún atravesamos.

Lagarde ha sido reemplazada por Kristalina Gueorgieva, una economista búlgara que creció bajo un régimen comunista, formada en el instituto de Karl Marx y, además, es la primera directora del organismo proveniente de un país emergente. Kristalina ha apoyado desde las primeras declaraciones de Guzmán como ministro la necesidad de Argentina de reestructurar su deuda externa, logrando una quita y un período de gracia en pos de que Argentina pueda priorizar políticas que le permitan salir de la recesión y volver a un sendero de crecimiento económico. En este contexto, el apoyo de Georgieva ha sido tan contundente que incluso ha estado presente en el evento donde se congregaron Guzmán y el Papa en El Vaticano, donde el papa ha declarado en claro apoyo a la Argentina: “Las deudas no se pueden pagar con sacrificios insoportables” y ha llamado a lograr la sostenibilidad en el largo plazo instando a una reestructuración. El discurso parece coincidir con los planteos de Guzmán, y la presencia de Kristalina le ha dado fuerte entidad y un apoyo internacional al ministro y al Gobierno argentino en el proceso de reestructuración. Además, Guzmán ha recibido apoyo público tanto de la directora Kristalina como del propio FMI en comunicados y declaraciones públicas en las diferentes ofertas presentadas por el ministro a los tenedores privados. Lo mismo ha sucedido cuando se logró el acuerdo.

Estos cambios en lo referido al nuevo contexto de la economía mundial que ha redefinido las prioridades de la economía de los países, junto con el cambio de dirección del organismo con quien Guzmán parece haber logrado muchos puntos de entendimiento, resultan optimistas en cuanto a las posibilidades del ministro de lograr un nuevo programa con el Fondo que deje atrás las ideas que él tanto viene criticando y que atienda los pedidos que viene realizando desde sus escritos académicos y que mantiene hoy al frente del ministerio de economía. En esta línea resulta muy positiva la llegada a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos (quien tiene poder de veto en el FMI y por eso es fundamental su postura) de Yanet Jellen, quien ha tenido acercamientos académicos y profesionales con Guzmán y, desde su llegada al Tesoro, ha puesto énfasis en la necesidad de apoyar los esfuerzos fiscales extraordinarios mientras continúe la pandemia. Es la misma Jellen quien, en esta línea, ha llamado a una nueva emisión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI en conjunto con la reasignación de los DEG excedentes hacia los países de bajos ingresos, medida aprobada por el G-20 y que otorgará liquidez y solvencia a los países para afrontar gastos extraordinarios, acumular reservas y generar estabilidad macroeconómica.

Por eso es que el ministro ha declarado haber logrado un entendimiento de lo que Argentina necesita para superar esta crisis y volver a crecer, y lo que eso implica en el marco del nuevo acuerdo con el FMI. Sin embargo, como contracara de todo esto, la poca flexibilidad de los lineamientos internos del Fondo en lo referido a las estructuras de los distintos tipos de programas que ofrece a los países es un punto que juega en contra a la hora de lograr quitas de capital o períodos de gracia. Lo fundamental en este contexto es lograr extender los plazos, pasando de un acuerdo de muy corto plazo a un acuerdo que permita pagar en 10 años o más,según las últimas noticias sobre el acuerdo en cuestión. Pero estos programas de más largo plazo del Fondo incluyen fuertes condicionalidades basadas principalmente en reformas laborales, previsionales y tributarias que van en el sentido de lograr una mayor flexibilización en la economía y un ajuste fiscal. Aquí es donde tal vez se encuentra la mayor restricción para lograr un nuevo acuerdo que permita extender los plazos del repago de la deuda contraída. La resistencia de gran parte de la sociedad a reformas de este tipo en los últimos años, representada además en gran medida por los distintos partidos y sectores que componen la coalición oficialista, es un gran escollo para lograr un acuerdo de este tipo y mas aún en año electoral. Por esto es que se espera que el acuerdo no sea acelerado en estos meses próximos sino que se cierre luego de las elecciones de medio término de 2021.

*El autor es Licenciado en Ciencias Económicas (UNLP).

FOTO PRINCIPAL: la imagen principal fue publicada originalmente por el diario Clarín.

Cuánto, cómo y con quién: reflexiones sobre la deuda pública argentina

Algunas reflexiones en torno a la deuda pública argentina, haciendo hincapié en sus montos, la moneda y los acreedores

Opinión | Por Gerónimo Mariani* |

En estas últimas semanas, a partir del anuncio de la decisión de judicializar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional que hizo el presidente en la apertura de sesiones legislativas, volvió a abrirse el debate en torno a la deuda pública contraída por la gestión de Cambiemos y resurgió una clásica grieta en torno a esta decisión de política económica. Sin pretensiones de sentar posición en torno al último préstamo otorgado por el FMI en 2018, intentaremos ordenar algunas ideas y conceptos asociados a la deuda pública que nos permitan tener un panorama más claro a la hora de sumergirnos en el debate.

Primero lo primero: ¿qué es la deuda? ¿Y ´por qué existe?

Para empezar, señalemos que cuando los Estados gastan sostenidamente más de lo que ingresan se genera una brecha conocida como déficit público. El déficit necesita financiarse; es decir, necesita resolverse de alguna forma. De este modo, existen dos formas de financiar un déficit: la emisión monetaria o la deuda pública. Cada una de estas formas de financiamiento conduce a resultados diferentes en términos del impacto que tienen sobre las variables macroeconómicas. La decisión de elegir alguna de ellas no es trivial y corresponde a cuestiones de coyuntura, tanto económicas como políticas, y a limitaciones propias de cada país.

Financiarse con emisión monetaria implica que el Banco Central emita dinero y se lo preste al Tesoro Nacional a cambio de bonos, generándose un endeudamiento intra-sector público. A largo plazo, esta situación es insostenible y termina por disparar la tasa de inflación. La otra forma de financiamiento es la emisión de deuda al sector privado, que devenga intereses que se acumulan en el déficit financiero del gobierno.

Cuando se habla de deuda pública se hace referencia a la deuda interna y externa.  La deuda pública bruta refiere a la deuda del sector público con el sector privado, con organismos multilaterales de crédito y con el mismo sector público, mientras que la deuda pública neta no considera la deuda intra-sector público. En contrapartida, cuando un Estado quiere cancelar deudas que ya viene arrastrando, la única manera genuina que tiene de hacerlo es a través de la generación de un superávit fiscal. La opción restante, en rigor, es cancelar deudas aumentando la tasa de inflación, pero esto implica endeudarse con el Banco Central.

Esto queda más claro cuando se analiza la restricción presupuestaria del sector público:

〖Tax〗_t + ∆M_t + ∆B_t = rB_(t-1) + G_t    (1)

*El subíndice t implica que hablamos del presente, mientras que en t-1 estamos hablando del pasado.
*El símbolo delta (∆) hace referencia a la variación. Es decir, ∆M_t=M_t-M_(t-1)

En esta primera ecuación observamos que el lado izquierdo de la igualdad representa las fuentes del Gobierno. El Gobierno nacional puede recaudar impuestos (〖Tax〗_t) , aumentar la base monetaria (∆M_t)  y contraer nueva deuda (∆B_t). El lado derecho de la igualdad representa los usos que el gobierno hará de sus fuentes: repagar deuda acumulada teniendo en cuenta el interés (rB_(t-1))  y canalizarlo vía gasto público (G_t)

Ahora bien, tras algunos pasos algebraicos, podemos manipular la expresión (1) y transformarla en la expresión (3)

∆M_t + ∆B_t = G_t - Tax_t + rB_(t-1 )
       
∆M_t + ∆B_t = D_t + rB_(t-1 )  (3)  

Esta última expresión nos dice, tal como se anticipó, que el déficit del gobierno (G_t-Tax_t) puede ser financiado con emisión monetaria y/o aumento de la deuda pública.

La presentación de la restricción presupuestaria del gobierno no es más que una identidad contable, que sirve de guía y ayuda a entender las restricciones operativas que enfrentan los gobiernos.

Si el gobierno elige financiarse vía deuda ¿qué opciones tiene?

Si dentro de las dos alternativas presentadas, el gobierno opta por financiar su déficit vía deuda, entonces se pasa al siguiente estadío: ¿a quién se le pedirá prestado, en qué moneda y a qué tasa?

La moneda en la cual se recibirá el préstamo de deuda no es trivial, y en este punto surge un debate interesante en torno a lo que sucedió con la deuda pública en la gestión de Cambiemos. El punto central aquí es que Argentina, como tantos otros países en vías de desarrollo, carece de un mercado de capitales propio que sea lo suficientemente profundo; lo que representa un problema, dado que limita la capacidad de financiar los déficits públicos en moneda propia. Financiarse en moneda propia implica riesgos menores en la medida en que la deuda puede “licuarse” por la inflación y no está expuesta a depreciaciones del tipo de cambio nominal: si el Estado emite deuda en su propia moneda y hay inflación, entonces paga cada vez menos a los acreedores en términos reales

Por último, es errónea la comparación con instrumentos de corto plazo cuando se habla de que nuestro país carece de esta profundidad de mercado: mientras que el mercado de deuda exige plazos largos, las LEBAC’S, por ejemplo, son instrumentos de plazos cortos cuyo objetivo es la alta rentabilidad que brindan durante un período breve. No se puede afirmar que los pesos que en su momento se invirtieron en LEBAC’s podrían haber financiado el déficit.

En contrapartida, el mercado de dólares tiene la profundidad necesaria para afrontar la financiación de déficits públicos, aunque conlleva un riesgo mayor, debido a que la deuda no resulta licuable. Es por ello que, si se elige financiar el déficit vía deuda, la moneda extranjera es la principal candidata. El mecanismo consiste en ingresar la moneda extranjera (dólares, por ejemplo) y cambiarla por moneda local (pesos). Los dólares se atesoran en las reservas internacionales del Banco Central, o son vendidos directamente en el mercado cambiario, y los pesos se emiten por el equivalente al tipo de cambio fijado.

En este punto es central tener a mano el concepto de fungibilidad del dinero, que es una de sus propiedades. ¿Qué quiere decir que el dinero es fungible? Que se consume con el acto. Cuando leemos que el dinero de la deuda “no está”, no hay más que volver a observar la restricción presupuestaria presentada al inicio: puede estar en cualquier parte de la derecha de la igualdad, en cualquier uso que el gobierno haya decidido hacer del dinero: desde financiar la formación de activos externos hasta solventar prestaciones sociales como la asignación universal por hijo. No es posible adjudicarla con certeza a uno en particular.

Límites al endeudamiento y tipo de cambio real

Entonces ¿cuál es el problema real de la deuda en moneda extranjera? La deuda pública se suele cuantificar en términos de qué porcentaje representa sobre el Producto Bruto Interno (PBI). El umbral a partir del cual la carga de una deuda se considera insostenible varía entre países, y depende de la capacidad de repago de cada uno, su historia crediticia y la confianza de los inversores; considerando, a su vez, que estas tres variables están relacionadas entre sí.

En Argentina, a medida que crece el endeudamiento en moneda extranjera, el riesgo de default se dispara a gran velocidad, producto de la historia de nuestro país como defaulteador de sus compromisos. En otros países -Japón, por ejemplo- la historia es diferente: pueden convivir con deudas que representen más del 200% del PBI sin el problema de quedar excluidos del mercado de crédito. Las instituciones y la credibilidad de los países juegan un rol central, ya que determinan tasas de interés más accesibles y una confianza generalizada de los organismos multilaterales de crédito y del sector privado.

De la historia crediticia de Argentina y su característica particular de sobrerreaccionar a los shocks exógenos se desprende la importancia de las políticas macroprudenciales. Estas políticas son aquellas que intentan mitigar y suavizar los shocks, de forma tal que no impacten con tanta virulencia en la actividad económica y en el sistema financiero. La idea es que sean un “amortiguador” a la prociclicidad inherente del sistema financiero. Políticas de este tipo son, por ejemplo, las de estadía mínima de las inversiones de corto plazo, los límites de apalancamiento, los requerimientos de liquidez, entre otros. Y pueden ser tanto de carácter transitorio como permanente. Las medidas transitorias están asociadas a alguna coyuntura en particular (por ejemplo, el cepo cambiario) y las de origen permanente se identifican con estrategias de desarrollo. 

Es interesante observar la postura del Fondo Monetario Internacional en este debate. Si bien el organismo no tiene preferencia hacia este tipo de políticas, desde hace algunos años las considera necesarias como medidas transitorias, en tanto permiten lograr un cierto nivel de solidez y estabilidad en el mercado financiero. En este sentido, haber eliminado la permanencia de estadía mínima en las inversiones de corto plazo en su momento no contribuyó a mitigar los riesgos del sistema financiero. En 2018, Argentina tenía varios frentes de batalla abiertos: una cuenta corriente deficitaria, una política monetaria y fiscal inconsistentes y, en paralelo, las LEBAC’s emitidas por el Banco Central, con una trayectoria potencialmente explosiva.

Algunos analistas insisten en sostener que el punto de inflexión fue el intento de impuesto a la renta financiera, mientras que otros señalan el 28-D y, finalmente, están quienes puntualizan las inconsistencias macro. Lo cierto es que, al final del día, la FED consolidó la suba de tasas que ya venía sosteniendo desde el 2017 y los fondos de inversión tuvieron plena libertad para desarmar el total de sus posiciones de LEBAC’s, drenando las reservas del Banco Central. Si bien la autoridad monetaria tenía reservas suficientes, se produjo un efecto contagio que redundó en una huida masiva al dólar, lo que terminó, finalmente, en la depreciación del tipo de cambio y el posterior salvataje del FMI.

Para concluir, digamos que hay tres factores clave a analizar en un proceso de endeudamiento: la trayectoria del déficit público, el tipo real de cambio y la evolución de las exportaciones netas.

En primer lugar, la velocidad del ajuste fiscal es determinante, dado que si bien se puede optar por una estrategia de ajuste gradual por restricciones políticas, se debe procurar no quebrar la confianza de los prestamistas (si es con el FMI, esto implica cumplir los objetivos o requerimientos pautados) y debe contemplarse la probabilidad de ocurrencia de shocks económicos y/o políticos que “pateen el tablero”, tal como sucedió con las PASO del 2019. Si se decide llevar adelante un ajuste gradual, se requerirá una sintonía fina entre la política monetaria y la fiscal.

En segundo lugar, se debe guardar especial cuidado y prevención con eventuales saltos en el tipo de cambio real (TCR). El TCR es una medida de precios relativos de bienes entre países, lo que también puede verse como un indicador de competitividad externa. Como dato aislado no nos dice demasiado, pero si se analiza su evolución se puede observar si está apreciado (demasiado bajo en relación a los precios de los demás bienes) o depreciado (demasiado alto en relación a aquellos). La fórmula, grosso modo, es la siguiente:

TCR=(TCN.〖IPC〗*)/IPC

Donde TCN es el tipo de cambio nominal, IPC es el índice de precios al consumidor local e IPC* es el índice de precios al consumidor del país extranjero.

El punto central es que variaciones en el TCR afectan a la deuda pública si esta tiene un componente considerable en moneda extranjera en proporción a la moneda local; es decir, cuanto más dolarizada esté la deuda. Sumado a ello, si la proporción de los ingresos del país en moneda local son muy grandes respecto a la proporción de ingresos en moneda extranjera, se considera que el país tiene muy bajos niveles de apertura. Si ambos factores se combinan, el país estará muy expuesto a devaluaciones reales, que es lo que le sucede históricamente a nuestra nación. En particular, cuando el indicador sube (se deprecia), la deuda pública -expresada como porcentaje del PBI- aumenta y viceversa. Esto se produce dado que si aumenta el tipo de cambio real, en ocasiones se debe a que está aumentando el tipo de cambio nominal y ello afecta el cociente deuda/PBI medido en dólares, aumentando el numerador y disminuyendo el denominador. En Argentina y en Latinoamérica se han observado episodios de saltos en la deuda pública producto de ajustes en el TCR. Esto no es trivial, ya que deudas que a priori son sostenibles, dejan de serlo producto de este reacomodamiento de precios relativos. Contrariamente, apreciaciones del TCR (producto de atrasar el tipo nominal de cambio, por ejemplo) generan relaciones de deuda pública/ PBI artificialmente bajas.

Fuente: elaboración propia en base al Banco Mundial y BCRA.

En tercer lugar, y en línea con el anterior punto, la evolución de las cantidades exportadas es crucial cuando se toma deuda en dólares, porque es lo que determina, al final del día, la capacidad de los países de generar la moneda de manera genuina. Incrementar la proporción de ingresos en moneda extranjera respecto a los ingresos en moneda local contribuye a disminuir el riesgo de descalce de monedas; ergo, disminuye la exposición a las devaluaciones.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En este sentido, Argentina ha registrado históricamente una performance exportadora débil, y existe consenso acerca de que las políticas económicas deben dirigirse a incrementar las cantidades exportadas no solo para repagar deudas sino también para un lograr un crecimiento económico sostenido. Los acuerdos de libre comercio o de reducción de aranceles, la eliminación de las retenciones a las exportaciones y sistemas burocráticos más ágiles son políticas que permiten fomentar la tasa de crecimiento de las exportaciones. En este sentido, el gobierno de Cambiemos logró incrementar las cantidades exportadas y cambiar la tendencia que se venía dando en el período 2011-2014.

En suma, el préstamo otorgado por el FMI en el año 2018 fue el desenlace de una sucesión de eventos que nos condujeron a solicitarlo. Parece conveniente, de aquí en más, focalizar en no repetir errores que desemboquen en créditos de salvataje del organismo, más allá de la discusión de si el préstamo ha sido útil para cambiar la composición de acreedores o si financió la dolarización de carteras a precios convenientes para sostener al gobierno de turno. Sin intención de invalidar esta discusión, creo que debe ponerse sobre la mesa el debate en torno a la falta de disciplina fiscal y las consecuencias en términos de deuda pública y/o inflación que ello acarrea.

Los economistas, a mi entender, nos debemos un debate honesto acerca de ciertas particularidades de nuestro país. Sin intentar hacer de ello una explicación exhaustiva de todos los problemas macroeconómicos, se pueden identificar algunos elementos que posicionan a la Argentina como un país vulnerable en los mercados financieros: la frágil confianza de los mercados globales en nuestra capacidad de cumplimiento de los compromisos, la sobrerreacción a los shocks y la dificultad para introducir bienes o servicios en los mercados internacionales son algunas de ellas. La combinación de estos tres factores hace que se deba mantener precaución hacia la deuda en moneda extranjera. En este sentido, las políticas dirigidas a aumentar los saldos exportables y aquellas que apunten a lograr disciplina fiscal son esenciales para torcer el rumbo de la fragilidad histórica que hemos tenido en los mercados financieros.

Cuando hablamos de disciplina fiscal sugerimos que parece prudente eliminar la discrecionalidad del gasto público, lo que no implica apuntar inflexiblemente a un déficit cero. Sería interesante indagar en la posibilidad de implementar algunas reglas fiscales -como las que ha intentado Chile, por caso- que tengan en cuenta la prociclicidad de los ingresos fiscales, de forma tal que permitan ahorrar en tiempos de auge y aceptar déficits en tiempos de recesión económica.

Por último, y no menos importante, no debe quedar relegada la discusión sobre la decisión de fomentar o eliminar regulaciones macroprudenciales. Contar con estas herramientas en un país con alta volatilidad es sumamente útil y conveniente; más aún si la composición de la deuda pública del país se encuentra expresada en moneda extranjera.

Establecer consensos macroeconómicos básicos es el primer paso para no volver a caer en un péndulo que parece eterno y que anula la posibilidad de crecer sostenidamente, una condición necesaria para transitar el camino al desarrollo.

*El autor es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

FOTO PRINCIPAL: Imagen publicada por Infobae.

Formosa: parálisis o innovación

Opinión | Por Emiliano Vitaliani y Patricio Mendez

Desde octubre de 2020 Formosa viene siendo uno de los principales temas de debate nacional. A medida que las restricciones de la pandemia se fueron relajando en los principales puntos del país, las medidas más restrictivas implementadas por el gobierno de Gildo Insfrán empezaron a tomar notoriedad pública. Al principio, fue la barrera sanitaria que imposibilitó que unos 7500 formoseños no pudieran volver a sus viviendas, creando una crisis en las fronteras de la provincia, que incluyó la muerte de Mauro Ledesma intentando cruzar a nado el Río Bermejo y terminó con el fallo Lee de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se declaró la inconstitucionalidad de la medida.

Sin embargo, el clima de tensión continuó a lo largo del 2021, cuando se dio a conocer la persecución política a los opositores, las restricciones a las libertades individuales y los abusos de poder de las autoridades provinciales. Entre estos casos podemos mencionar la detención de dos concejalas opositoras por parte de la policía provincial, el establecimiento de centros de aislamiento sin infraestructura adecuada, con el aislamiento forzoso de personas, con la separación entre padres y niñes, en condiciones indignas y el ataque a diversos periodistas.

Estos conflictos provinciales llamaron la atención nacional e internacional e incluso llevaron a varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch a solicitarle al Gobierno nacional explicaciones de las violaciones a los derechos humanos sucedidos en los últimos meses.

Ante esta situación de evidente deterioro institucional y de violación a los derechos, es importante señalar cuáles son las alternativas que nos presenta la Constitución Nacional para lidiar con estos casos. Su artículo 5 establece que cada provincia puede darse su propia organización política, siempre que esta respete algunos principios tales como el sistema republicano de gobierno. Por su parte, el artículo 6 responde a la pregunta por qué hacer en caso de que las provincias falten a este compromiso. La respuesta es una que estuvo en boga en las últimas semanas: intervención federal. Históricamente, ambas cláusulas se entendieron como “políticas no justiciables”, es decir, un ámbito en el cual los jueces no podían entrometerse. En otras palabras, dado que los conflictos provinciales eran eminentemente políticos, eran los órganos de ese mismo carácter -El PEN y el PL- los que estaban habilitados a hacerlo.

Desde el retorno a la democracia, la Corte fue abandonando la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables en diferentes ámbitos, incluido el de los conflictos eminentemente provinciales. De esa manera, intervino en los intentos reeleccionistas de los gobernadores de Santiago del Estero, Rio Negro y La Rioja. En estos casos este tribunal consideró que podía intervenir cuando estuviera en juego la forma republicana de gobierno a nivel provincial. Después de todo, si la Corte está facultada para interpretar la Constitución y el compromiso con la forma republicana de gobierno es un compromiso constitucional, no parece razonable negar que ella no pueda interpretar el contenido de este compromiso.

Las decisiones tomadas en estos casos son muy valiosas. Ellas pueden contribuir a detener el lento proceso de erosión democrática a nivel provincial. Quizás una decisión de este estilo en el año 1995,  cuando Insfrán apresó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para habilitar su primera reelección, habría sido suficiente para prevenir las violaciones a los DD.HH. que vemos hoy. Una jurisprudencia abstencionista frente a los gobiernos provinciales y una corte adicta como la menemista no lo permitieron.

Formosa está hoy en un estadío mucho más profundo de deterioro democrático. Las soluciones parciales a lentos procesos de erosión democrática parecen inútiles ante lo que podríamos llamar un verdadero régimen autoritario subnacional. Entonces, ¿todo está perdido? ¿qué es lo que podemos hacer hoy? La intervención federal parece estar lejos de poder concretarse. Hace apenas unos días Insfrán fue recibido en la Casa Rosada por el Presidente Alberto Fernández y sus Ministros y Ministras. A su vez, a pesar del proyecto de intervención federal presentado en la Cámara de Diputados, no parece que esta vía vaya a tener mucho éxito. La oposición no tiene los votos para pasar un proyecto de este tipo por la Cámara de Diputados y mucho menos por el Senado, donde se sientan muchos de los alfiles de gobernadores en situaciones similares a las de Insfrán.

Ante esta situación, parece que es la Corte la única que tiene la posibilidad de intervenir para empezar a resolver la cuestión. Algo de eso ya ha venido haciendo: en diciembre y febrero la Corte emitió dos fallos donde detectó violaciones a los derechos constitucionales en la provincia de Formosa, en lo que hacía a la barrera sanitaria que establecieron en las fronteras de la provincia y en las condiciones de aislamiento en el Polideportivo Cincuentenario. A pesar de haber sido el único poder del estado que tomó cartas en el asunto, sus intervenciones, aunque importantes y pertinentes, no han sido lo suficientemente estructurales. Apenas han atacado la punta del iceberg.

“Parece que es la Corte la única que tiene la posibilidad de intervenir para empezar a resolver la cuestión”

¿Cómo puede la Corte actuar respetando su compromiso con los derechos humanos pero siendo al mismo tiempo consciente de su carácter contramayoritario? Una posibilidad interesante podría ser el de asumir su rol como facilitador del diálogo democrático que hoy se encuentra imposibilitado en el escenario político. La Corte tiene que honrar su jurisprudencia de respeto a la forma republicana de gobierno consagrada en el artículo 5 de la CN y debe apuntar a destrabar el conflicto.

Nadie puede desconocer que en Formosa hay un estado de cosas inconstitucional, violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y que al mismo tiempo las instituciones que históricamente se han encargado de resolver estas cuestiones se encuentran bloqueadas de asumir sus atribuciones constitucionales. En estos momentos de parálisis institucional es necesario que la Corte desbloquee los canales del cambio político y haga una declaración fuerte sobre la historia de violaciones al Estado de Derecho, la división de poderes y los derechos fundamentales en Formosa y promueva un diálogo democrático en la provincia.

Una sentencia que haga una declaración fuerte y forme una mesa de diálogo no es una herramienta ajena a nuestra práctica jurídica. Ya en casos como los del saneamiento del riachuelo o la de la reforma del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires la Corte emitió fallos en este sentido, donde reconoce su incapacidad técnica, política y democrática para resolver la cuestión a la vez que detecta gravísimas e impostergables lesiones a derechos fundamentales. Como resultado, llama a los principales afectados a una mesa de negociación para destrabar estos conflictos.

Un fallo de este tipo puede contribuir a aliviar la situación de los formoseños en más de un sentido. En primer lugar, los regímenes autoritarios subnacionales muchas veces subsisten porque logran mantener los conflictos dentro de los límites de sus fronteras. Sin embargo, un fallo de la corte que detalle los graves problemas democráticos de Formosa haría que ellos sean un tema ineludible para la más alta política nacional, pudiendo así descongelar el conflicto.

“Los regímenes autoritarios subnacionales muchas veces subsisten porque logran mantener los conflictos dentro de los límites de sus fronteras”

Por otro lado, muchas veces las diferencias en torno a qué respuesta le cabe a la situación de Formosa se explican por desacuerdos sobre hechos. Muchos desconfían de lo que muestran los medios de comunicación sobre esta provincia, a la vez que otros tantos rechazan cada uno de los datos brindados por el gobierno provincial. Aquí la Corte puede venir en nuestro auxilio. Los procesos judiciales son instancias particularmente preparadas para resolver cuestiones de hecho (pensemos en todas las instancias procesales en las que se discute la prueba), por lo que un fallo de la Corte puede contribuir a la discusión pública esclareciendo la situación de los derechos civiles y políticos en Formosa.

La Corte tiene en sus manos la posibilidad de, a través de una decisión de este tipo, redistribuir el poder y las capacidades de cada uno de los actores, promoviendo un diálogo entre iguales que contribuya a revertir la situación social formoseña, detener las violaciones más flagrantes a los derechos, establecer reglas de juego claras sobre la competencia electoral, la libertad de expresión y la pluralidad política. En otras palabras, la Corte puede activar las instituciones republicanas dormidas en Formosa y empoderar a la sociedad civil que está buscando un cambio en las reglas de juego. El proceso puede ser lento y con retrocesos, como lo marcan los fallos anteriormente mencionados, pero definitivamente puede contribuir a un nuevo punto de partida para la democracia y los derechos en Formosa.

*Patricio Mendez es abogado y docente (UBA) y LL.M en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (University of Essex)

*Emiliano Vitaliani es estudiante de Derecho y de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)

R. Hora: “La tensión entre sector propietario rural y Estado es un rasgo constitutivo de nuestra política”

Entrevista al historiador Roy Hora sobre el campo argentino

Entrevista a Roy Hora* | Por Tomás Allan y Ramiro Albina |

El 11 de marzo pasado se cumplió un nuevo aniversario de la Resolución 125, aquella medida que desató uno de esos conflictos que signan una época. “La protesta agraria más importante de toda la historia”: el momento que para varios intérpretes de la política argentina marcó el nacimiento de la famosa grieta y, con ello, un nuevo lenguaje político, acompañado de un reordenamiento de alianzas electorales que cambiarían el escenario político argentino y el balance de poder de los años siguientes.

¿Qué hizo posible un fenómeno de semejante magnitud? ¿Qué cambió en la Argentina desde entonces? Aprovechamos para conversar sobre ello con Roy Hora, historiador e investigador principal del Conicet, que también responde sobre las transformaciones históricas en el sector y la relación de los peronismos y las izquierdas (en plural) con el campo.

Entre la revisión del pasado y la interpretación del presente, Roy deja una propuesta para el futuro: menos impuestos a las exportaciones para crecer, más impuestos sobre el suelo para distribuir y, de esa forma, empezar a transitar el complejo camino que permita sacar a Argentina del atolladero económico y social de la última década.

TA: Tu último libro se titula ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe, lo que sugiere que hubo cambios objetivos en ese sector productivo que llamamos campo, en cuanto a incorporación de tecnología, agregación de valor, concentración de la tierra y la producción… ¿La percepción social acompañó esos cambios?

Roy Hora: Desde la década de 1990 se han producido transformaciones productivas y tecnológicas muy importantes en el campo, que incluso permitieron que la agricultura de exportación se extendiera fuera de la región pampeana. Chaco, Santiago del Estero y Salta hoy son parte de ese mundo. La organización de las empresas agrarias ha cambiado bastante, empujada por la incorporación de tecnología, el auge del arrendamiento capitalista en gran escala y la emergencia de una vasta red de empresas de servicios. Todo esto ha tenido un impacto muy positivo sobre la imagen del sector, que lo confirma como una de las vanguardias tecnológicas del capitalismo nacional. ¿Cuán profundo es este cambio? Es indudable que hoy estamos ante un escenario muy distinto al de las décadas de 1970 o 1980, cuando el campo era visto como el sector más atrasado del tejido productivo argentino. Hoy se habla más de agricultura de precisión y biotecnología que de terratenientes rentistas. Y esto significa que se ha forjado una nueva imagen del campo y sobre todo de la nueva agricultura, de lo que el nuevo campo significa no sólo como proveedor de divisas sino también como agente de crecimiento y desarrollo. 

RA: Sin embargo, daría la impresión de que sigue habiendo críticas importantes.

RH: Existen, y son importantes. No quisiera pasarlas por alto. La imagen positiva del nuevo campo no es hegemónica. Por una parte está la crítica ambientalista, todavía acotada a círculos reducidos y no siempre bien fundamentada. Me gustaría verla crecer y también me gustaría verla más capaz de ver costados importantes del problema a la que suele ser ciega, como que nuestro país necesita producir más para arrancar a medio país de la pobreza. Más importante es que, en amplio sectores de la población, sigue arraigada la idea de que el crecimiento económico con progreso social depende ante todo de la expansión de la industria manufacturera, que durante gran parte del siglo XX fue un gran empleador de mano de obra calificada, y que pagaba mejores salarios que el sector agrícola. Como en todo Occidente, la manufactura ya no tiene mucha gravitación sobre el mercado de trabajo, ni tanta capacidad de mover la economía, pero la idea sigue allí. Por algo a los políticos les encanta inaugurar fábricas. Les gusta más cortar la cinta en una planta metalúrgica que una empresa de servicios, pese a que hoy los servicios generan mucho más empleo, y mucho más empleo calificado, que la manufactura. Finalmente, y para completar este cuadro, hay que recordar que los argentinos tenemos una muy mala imagen del empresariado. Cuando uno ve estudios de opinión como los que hace Luis Costa advierte que esa imagen es de las más negativas de América Latina. Para el hombre o la mujer de a pie, la clase capitalista es parte del problema, no de la solución. Y esto es comprensible. Los empresarios integran ese mundo del poder que, en un país que hace varias décadas que no crece y no les ofrece mucho a sus mayorías, se ha divorciado de la suerte del hombre común. Y en alguna medida esto vale también para los hombres y mujeres de negocios del campo. Por tanto, cuando los empresarios agrarios dicen “nosotros podemos contribuir a transformar la realidad productiva”, sus palabras son evaluadas a la luz de esta experiencia decepcionante, que signa nuestras vidas en el último medio siglo. Y tampoco salen bien parados.

RA: En el último tiempo, sobre todo a partir del 2008, ¿pensás que se empezó a ver cierta identidad propia del campo en las protestas por conflictos agrarios, sobre todo en las protestas de autoconvocados? Si es así, ¿creés que esa identidad tiene componentes sociopolíticos? ¿O refleja una posición más pragmática?

RH: ¿Qué hizo posible la “rebelión del campo” de 2008, es decir, la protesta agraria más importante de toda la historia argentina? ¿Por qué reaccionó de manera airada frente al cachetazo que fue la Resolución 125, de la que en estos días se cumple un nuevo aniversario? Creo que debemos prestar atención a tres factores. En 2008, por primera vez, se habló del campo como un único actor en la vida pública. A lo largo del siglo XX, la fractura agraria había sido más grande que la industrial: en una vereda la Federación Agraria, en la otra la Sociedad Rural, mirándose con recelo. El conflicto del campo, con Eduardo Buzzi y Luciano Miguens abrazados y trabajando codo a codo, mostró que esa representación era anacrónica. Esa unidad es, ante todo, objetiva, producto de que el sector se volvió más homogéneo gracias al acceso a la propiedad del suelo de muchos viejos arrendatarios y, por tanto, de la disolución de la vieja tensión entre chacareros arrendatarios y propietarios rentistas. Para explicar este proceso yo le doy mucha importancia, más que a la partición hereditaria, al congelamiento de los arrendamientos, vigente desde comienzos de la década de 1940 hasta fines de la década de 1960, que empujó a muchos propietarios a vender y ayudó a muchos arrendatarios a comprar, y en definitiva forjó una clase propietaria más homogénea. Y a eso se agrega el peso de una nueva forma de arrendamiento en gran escala, que también tiende a unificar los intereses de productores y rentistas. Este fenómeno fue restando espesor al conflicto que nació con el Grito de Alcorta de 1912, y que por varias décadas enfrentó a terratenientes rentistas poderosos y chacareros arrendatarios débiles. En 2008 ese conflicto ya era historia. El gobierno de Cristina se sorprendió: de golpe descubrió que todos los productores (chicos, medianos, grandes) estaban en la misma trinchera.

RA: ¿Cuál es el segundo factor?

RH: Ese campo más homogéneo desde el punto de vista estructural fue muy importante para que la Argentina saliera adelante luego de la crisis de 1998-2002. Los años de Duhalde y Kirchner fueron años de fuerte expansión de las ventas externas, con precios en ascenso, y más entrada de divisas. Con un campo motorizando la salida de la crisis. Los discursos de la dirigencia agropecuaria lo decían todo el tiempo: “nos pusimos el país al hombro”. Y esto le dio al sector una confianza en sí mismo y una legitimidad que hasta entonces no tenía. Hay que irse muy atrás en la historia para ver algo parecido: poco conflicto y pocas diferencias dentro del mundo agrario, confianza en su potencia económica. En el siglo XXI tenemos un campo más cohesionado y más confiado en sus propias fuerzas. No sé si esto supuso una construcción identitaria novedosa pero sí creo que las condiciones eran muy propicias para que el empresariado agrario levantara la cabeza y se animara a desafiar a la elite dirigente.

TA: Unificación de intereses y autoestima en ascenso luego de impulsar la recuperación post-crisis. ¿El tercer factor cuál es?

RH: Para explicar la magnitud del desafío que supuso la protesta agraria hay que tener en cuenta un último factor. Hacia 2008 había un lugar vacante en el sistema político, consecuencia de la crisis que el radicalismo experimentó tras el colapso del gobierno de Fernando de la Rúa. Cuando Martín Lousteau anunció la Resolución 125 no había una oposición vigorosa, capaz de canalizar institucionalmente la protesta. Recordemos que en las elecciones de 2007 el radicalismo tuvo que camuflarse detrás de un candidato extrapartidario, Roberto Lavagna, que había sido ministro de Kirchner casi hasta la víspera, para arañar el 17% de los votos. Y que Elisa Carrió, que entonces tenía muy poca penetración fuera del electorado de clase media de la CABA, sacó más votos que el radicalismo que usó a Lavagna como mascarón de proa. Pienso que este vacío político creó el espacio para que la protesta agraria pudiera crecer de manera más bien autónoma, y que muchos dirigentes opositores se pusieran en su estela: es lo que todos vimos cuando las cámaras de televisión mostraron a Elisa Carrió intentando treparse al palco de los ruralistas en los bosques de Palermo.

RA: Eso ya no existe

RH: Hoy ese escenario es muy distinto. Poco después apareció Macri y ocupó ese lugar con su PRO. Y luego, en 2015, Macri también logró subordinar muchos fragmentos de ese radicalismo que pagó muy caro el fracaso de la Alianza. Ahora tenemos una coalición opositora vigorosa, que tiene peso institucional, y que expresa bastante bien la visión que predomina en los hombres y mujeres del campo. Juntos por el Cambio no es el campo ni lo va a ser, porque el campo no tiene peso económico, demográfico o electoral suficiente como para marcar la agenda de una fuerza que aspire a gobernar la república. Pero es lo más parecido a un vocero de los intereses rurales que la Argentina puede generar. No les ofrece identidad, pero sí un refugio bastante confortable. Lo mismo que algunos peronismos provinciales, como el de Córdoba.

“El sector se volvió más homogéneo gracias al acceso a la propiedad del suelo de muchos viejos arrendatarios y, por tanto, de la disolución de la vieja tensión entre chacareros arrendatarios y propietarios rentistas”

TA: ¿Qué implicancias concretas tiene esta inserción en un sistema político más estructurado?

RH: Una muy importante es que en un sistema político mucho más estable y estructurado, Juntos por el Cambio va a tratar las demandas de los productores agrarios como demandas importantes, pero no como los temas que están al tope de su agenda. Esto se puede ejemplificar mirando el caso de Alfredo de Angeli. Este chacarero entrerriano fue el gran héroe de la lucha en las rutas en el 2008. Mostró que dominaba la retórica del populismo agrario a la perfección. Pero ahora es senador nacional por el PRO. Y esto significa que los temas agrarios aparecen en su agenda como temas importantes pero no como los únicos temas de relieve y, sobre todo, como temas subordinados a las prioridades que impone la nueva carrera en la que de Angeli se embarcó, y a las necesidades de la organización política a la que pertenece. ¿Qué le gustaría más a este chacarero convertido en político: una fuerte protesta en la ruta contra las retenciones o ser gobernador de Entre Ríos y conquistar esta provincia para su partido? Estamos ante un panorama muy distinto al de 2008.

RA: Esto nos dice algunas cosas sobre la dirigencia. Pero, ¿cómo es el escenario abajo, en las bases?

RH: Creo que, en ese plano, el principal cambio identitario se asocia a la percepción de que -a diferencia de lo que era hace tres o cuatro décadas- el campo es un agente fundamental del desarrollo argentino. Muchos empresarios se ven como actores de un entramado económico y social que tienen más futuro que pasado. Las viejas tradiciones los constriñen poco, las viejas glorias de la ruralidad no los conmueven. Pero, al mismo tiempo, creo que las decepciones que les trajo la política post 2008 los han vuelto mucho más conscientes de sus limitaciones políticas. Saben que no tienen recursos políticos suficientes como para gravitar electoralmente, o incidir sobre el rumbo de la política pública. El fracaso de los “agrodiputados” elegidos en 2009 les mostró eso. Y volvieron a recordarlo cuando Macri, en el final de su gobierno, elevó las retenciones.

TA: En los últimos años tuvimos manifestaciones urbanas en defensa del campo, como las que se produjeron en el marco del conflicto del 2008 y el de Vicentín, el año pasado. ¿Cuándo comenzaron a generarse esas identificaciones por las que sectores de las clases medias urbanas salen a protestar en defensa de propietarios y productores rurales? ¿Qué es lo que ha cambiado?

RH: Me parece que es un fenómeno reciente, también hijo de las transformaciones y disputas de la primera década de siglo. Durante el gobierno de Alfonsín hubo “camionetazos” que llevaron la protesta agraria a la ciudad. Los protagonizó CARBAP, con el apoyo de la Sociedad Rural. ¿Y qué pasó, cómo les fue? Los manifestantes fueron recibidos con mucha frialdad en Buenos Aires. Nada de solidaridad entre esos manifestantes y las clases medias urbanas. El contraste con el 2008 no podría ser mayor. La adhesión al acto de la Mesa de Enlace en los bosques de Palermo el 16 de julio de 2008 fue enorme. No se limitó a los vecinos de Palermo, Belgrano o Barrio Parque. Congreso y Caballito también estuvieron allí. Recordemos: la convocatoria de la Mesa de Enlace tuvo mucho más público que el contra-acto organizado por Néstor Kirchner en la Plaza del Congreso. Creo que allí se evidencia una novedad que, como antes decía, expresa cuánto ha cambiado la valoración del nuevo campo. Pero al evaluar la significación de esa protesta no podemos olvidar que estuvo y está maridada con la línea de tensión más profunda de nuestra vida política. El hemisferio político que acompañó entonces al campo es, a grandes rasgos, la que hoy acompaña y constituye a Juntos por el Cambio. Y es la que, en 2020, vimos movilizarse por Vicentín.

TA: En tu visión el conflicto del 2008 no fue la causa de que el campo comenzara a actuar como un bloque relativamente unificado, sino, en parte, su consecuencia. Esa aglutinación entre los distintos actores que componen el sector, y que precedía al conflicto, ¿se profundiza con él?

RH: Los conflictos tienen su propia dinámica, y producen sus propios actores. Nadie sale de un gran conflicto igual que como entró. Creo que esto se aplica al conflicto del campo del 2008. Por una parte, porque ayudó a forjar la imagen pública del campo, contribuyó a darle identidad, a proveerles de una mística. Y también contribuyó a que la dirigencia aprendiera cómo se hace política en la era democrática, y premió a sus sectores más colaborativos. Los dirigentes agropecuarios dejaron atrás una larga historia de enconos, ganaron en confianza mutua. Después del conflicto Cristina designó a Julián Domínguez como Ministro de Agricultura y le puso como tarea quebrar el bloque agrario nucleado en torno a la Mesa de Enlace. Su intento de reeditar la alianza tradicional entre el partido de las mayorías urbanas y un sector de los pequeños productores dio muy pocos futuros. Convocó a la Federación Agraria y abrió la billetera. Pero no logró mucho. Sólo electrones sueltos como Pedro Peretti se vieron tentados a cruzarse de orilla. De hecho, todavía hablamos de la Mesa de Enlace. Y creo que vamos a seguir hablando por bastante tiempo. 

RA: Un bloque que se activa sobre todo en la resistencia.

RH: Lo vimos en el primer año de la presidencia de Alberto Fernández. Cuando suben los impuestos a las ventas externas, las retenciones, o cuando se imponen restricciones a las exportaciones, la unidad se fortalece. Pero es importante recordar que esa unidad también existe cuando se apagan las cámaras de la televisión.

Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli en las protestas por el conflicto del 2008. FOTO: imagen publicada por el diario El Cronista.

TA: ¿Por qué, teniendo tanto peso económico, nunca se consolidó un “partido agrario” que represente específicamente los intereses del sector? Un partido single-issue competitivo. ¿Hubo intentos por crearlo a lo largo de la historia argentina? 

RH: Parte de la respuesta es que nunca tuvimos partidos single-issue, ni en este ni en ningún otros tema. Si no pudieron los católicos o los laboristas, y no creo que en el futuro pueda el feminismo, ¿por qué habrían de lograrlo los del campo? Dicho esto, una de las sorpresas que me llevé investigando la historia de la relación entre intereses agrarios y política es que, en la era del crecimiento exportador, antes de 1916, hubo varias iniciativas dirigidas a organizar partidos agrarios, partidos representativos del interés rural. Esto habla de la potencia que tuvo este sector. La Liga Agraria insistió mucho con esta propuesta, y hasta la Sociedad Rural se sumó. Partidos como Defensa Rural, que compitió en las elecciones en 1912 llevando en sus listas a presidentes y eminencias de la Sociedad Rural, fueron creados para enfrentar no a partidos “populistas”, o de izquierda, sino a la clase dirigente del orden conservador, a la que acusaban de cobrar impuestos muy altos, que ahogaban a la producción. La tensión era entre sociedad y política, entre los que producen y los que consumen la riqueza. Suena el argumento, ¿no?

TA: Parece que viene de hace tiempo.

RH: Repasar estas experiencias es importante porque nos recuerda que la tensión entre la clase propietaria rural y el Estado es un rasgo constitutivo de nuestra política, de nuestra organización institucional. ¿Por qué estamos ante una tensión estructural? Porque el campo fue desde muy temprano un sector económico fundamental, el gran generador de exportaciones y de recursos fiscales, pero nunca pesó mucho en la vida pública. En nuestro país, la distribución geográfica de la riqueza es muy desigual: una pampa rica, con abundantes recursos naturales, y el resto bastante más pobre. Esta asimetría hizo que no hubiera más que una caja de donde sacar los recursos para pagar el ferrocarril a Catamarca o Jujuy, o el sistema educativo que se fue armando tras la sanción de la ley 1420 y la Ley Láinez. Y a esto hay que agregarle que ya en el siglo XIX Argentina era un país muy urbanizado, con mucho peso de los intereses urbanos. Esto significa que nuestro país tuvo, desde muy temprano, un Estado bastante grande y con bases políticas mucho más amplias que la clase propietaria pampeana. Y que, por las asimetrías que recién mencionamos –federal, urbana–, ese Estado siempre gastó mucho fuera de los distritos pampeanos donde está el motor de su economía y su principal fuente de recursos. Y agreguemos que, por la naturaleza del orden productivo pampeano, que se apoya en una pradera formidable, nunca necesitó mucho del Estado, al que siempre vio como un peso antes que como un aliado. Por eso, el conflicto fiscal entre campo y Estado recorre nuestra historia.

TA: El campo tiene peso económico pero no demográfico…

RH: La demografía no lo ayuda nada. En parte reflejo de la alta productividad agraria, hay poca población rural en la región pampeana, y eso significa pocos votos. Y a esto agreguemos la asimetría federal que ya mencionamos, el hecho de que las provincias del interior son muy gravitantes dadas las características de nuestro régimen federal. Ya en tiempos de Mitre y Roca provincias como La Rioja y Catamarca podían explotar el hecho de que tenían la misma cantidad de senadores que Buenos Aires. Y a esto agreguemos que los grupos de interés urbanos están mejor organizados que los del campo, y son más capaces de hacerse escuchar en el gran escenario de la vida pública, la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, recordemos que tenemos una política muy inclusiva, con partidos muy legítimos, con grandes apoyos ciudadanos, muy profesionalizada. Si sumamos estos tres elementos –urbanización, federalismo y política inclusiva y profesional– se ve que, con o sin partidos single-issue, las cosas no estaban armadas para favorecer a los intereses agrarios de la pampa. Hasta la Gran Depresión de 1930 el sistema funcionó bien para el campo porque ese mundo de mercados abiertos que demandaba alimentos de clima templado, lana y cueros, que se había armado para mimar a la Argentina, el dinamismo del sector exportador daba para todo. Pero tras la Gran Depresión la torta fue achicando. Y a los voceros del campo les resultó más difícil hacerse escuchar, o promover sus intereses. Mucho más que a los dueños de fábricas, que integran un bloque en el que sindicatos y trabajadores urbanos formales hablan por ellos, ya que la suerte de ambos, capital y trabajo industrial, está asociada a la pervivencia del entorno en el que floreció y todavía sobrevive, ya muy dañada, la industrialización por sustitución de importaciones. La UIA y la CGT se necesitan mutuamente, discuten un poco pero en el fondo saben trabajar juntos porque se necesitan. Si a los industriales se les hubiera ocurrido armar un partido propio creo que les hubiera ido aún peor que a los empresarios agrarios. Pero como tienen a la CGT, se las arreglaron bastante bien. Eso no sucede en el campo, que emplea poco trabajo. Con la UATRE, el gremio de peones rurales no es posible ir muy lejos.

RA: Igualmente, a pesar de no tener una representación política directa o específica, el campo parece haberse activado como actor político. ¿Te parece que hoy tiene cierta organización en su representación de intereses, al menos en la Sociedad Rural y en la Federación Agraria? ¿O ya desbordó y es un fenómeno de autoconvocados que no están canalizados necesariamente mediantes entidades gremiales?

RH: El campo no podía permanecer al margen de la crisis de representación que es un signo de nuestra era. Desde hace bastante tiempo que las organizaciones tradicionales del campo vienen perdiendo peso. El fenómeno de los autoconvocados, muy importante en el conflicto del 2008, no hizo más que sacarlo a la luz. Al mismo tiempo, el panorama asociativo está en transformación: sus expresiones más dinámicas son asociaciones como CREA, AAPRESID o MAIZAR, para nombrar solo algunas, que tienen mucho para ofrecerle al productor en el plano de la incorporación de tecnología y la organización de la empresa. Y a esto hay que sumarle que el campo se integra cada vez más en cadenas de valor más amplias, que tienen su propia agenda, como se ve hoy en el Consejo Agroindustrial Argentino. Es importante que el campo tenga más y una mejor institucionalidad. Para que produzca más y mejor, cuidado más el ambiente, y para que se vincule de manera más estable y productiva con las instituciones de la Argentina política. Conversar con los que son distintos no soluciona los problemas pero ayuda a no tener visiones alienadas sobre cómo es el mundo y cómo se solucionan los problemas.  

“El conflicto fiscal entre campo y Estado recorre nuestra historia”.

RA: ¿Qué es el campo hoy? ¿Cuáles son los actores principales? Pensando en términos de si existe una brecha entre lo que es y lo que pensamos que es en las ciudades. A veces se habla de los grandes terratenientes, por ejemplo. ¿Esa realidad todavía existe?

RH: Todo actor es en parte una representación, propia y de otros. Y esas representaciones no se forjan o desaparecen de la noche a la mañana. Argentina es un país que tuvo, desde temprano, una estructura de propiedad muy concentrada, propia de un país de frontera que puso en explotación millones de hectáreas en unas pocas décadas, en la última parte del siglo XIX. Menos concentrada de lo que suele decirse pero de todos modos lo suficientemente concentrada para que diera lugar a la formación de una de las clase propietarias agrarias más ricas a escala internacional. Ese grupo, que era muy visible y poderoso en el Centenario o en 1930, ya no existe más. Cuando uno hace la lista de los grandes empresarios agrarios, ya no encuentra muchos apellidos tradicionales. Y no están porque, como a veces se dice, se esconden detrás de sociedades anónimas. Las grandes empresas del campo, además, en muchos casos, son arrendatarias más que propietarias. Se expanden sobre tierra ajena, aportando capital y tecnología. La tierra es cada vez menos la base en torno a la cual gira el negocio agrario, como lo fue en tiempos de Roca o Perón. Esto significa que quizás tenga sentido hablar de una burguesía agraria, pero ya no de una burguesía terrateniente. Pero en muchos ambientes sobreviven imágenes anacrónicas de lo que es el mundo agrario. Sobreviven porque están arraigadas en el imaginario popular y porque son políticamente rentables. Pero reflejan poco lo que es el campo del siglo XXI. 

RA: ¿Qué distinguió a esa gran propiedad?

RH: La gran propiedad fue un rasgo distintivo de la economía de exportación pampeana, sobre todo en tierras ganaderas. Fue muy importante en el sur y oeste de Buenos Aires, y en muchos otros distritos de ocupación tardía. Pero lo que hay que recordar es que aquí no existió el correlato social que suele acompañar a la gran propiedad en otras sociedades agrarias europeas o latinoamericanas, donde el terrateniente ejercía un gran influjo sobre la sociedad local, y podía traducir ese influjo en capital político, preeminencia social, etc. Algo de eso hubo en el noroeste, en lugares como Salta. Pero en la pampa, la gran estancia fue el producto de la expansión del capitalismo agrario, y siempre se subordinó a esa lógica. Era y es una empresa capitalista, no una unidad social. A veces fue también una unidad de recreo, y un motivo de orgullo para sus dueños. Pero políticamente nunca contó mucho. De hecho, las grandes mansiones rurales de la era dorada del crecimiento exportador fueron construidas de espaldas a la sociedad rural local, a distancia del pueblo, para el disfrute exclusivo de sus propietarios (y hoy de los amantes del turismo de estancias que pueden pagarlas). Están hundidas en un parque, protegidas de la mirada de los curiosos por un denso bosque. No fueron pensadas para conectarse con la sociedad, para ejercer o reforzar liderazgo. Ni se les reclamaba, ni podían ejercerlo.

RA: ¿Cuándo surge entonces ese imaginario del gran propietario rural como “el enemigo”?

RH: Cuando uno recorre la historia del problema agrario argentino puede comprobar que la gran propiedad siempre fue un tema polémico. Lo fue ya para Sarmiento y los liberales de su generación, que querían forjar un campo de farmers, no de grandes terratenientes, y arraigar sobre esa base a las instituciones de la república democrática. No les gustaba la gran propiedad porque la veían como el ambiente en el que se había forjado la dictadura de Rosas, que había dado lugar al caudillismo. En la Argentina, la civilización es urbana, no rural. Y la gran propiedad nunca alcanzó la legitimidad que tuvo en Europa, donde el poder del señor y la presencia de la gran propiedad tienen siglos, vienen del fondo de los tiempos. Pero el latifundio recién se convirtió en un problema de cierta envergadura desde la década de 1910 y con mayor fuerza en la década de 1930. ¿Por qué? Porque en la estela del Grito de Alcorta comenzó la era del conflicto social agrario, de la disputa entre arrendatarios y terratenientes. Justo cuando el régimen político se volvía más democrático e inclusivo. En esos años se extendió la creencia de que no había progreso social posible en el campo, que el campo era el reino de la injusticia. Hasta entonces no había sido así, no lo era para Sarmiento y tampoco para José Hernández, que no tenía mala opinión de los propietarios (en el Martin Fierro los malos son otros, comenzando por los agentes del estado). En la era liberal hubo mucho cambio social en la campaña, con progreso social para muchos. Si alguien recorría la campaña en 1870 y la volvía a visitar en 1910 se encontraba con un mundo muy transformado.

TA: ¿A partir de ese momento comienza a enlentecerse el proceso de mejora social?

RH: Desde entonces el cambio fue más lento y, sobre todo, las oportunidades de mejora social para las mayorías se fueron cerrando. Era quizás inevitable, porque estaba dejando de ser una sociedad de frontera. Menos acceso a la tierra, menos oportunidades de mejora para los trabajadores. Todo esto sobre un fondo donde el contraste con el brillo de la sociedad urbana se hacía más marcado. Ya en la década de 1920 estaba claro que quien quería progresar en serio lo mejor que podía hacer era irse a probar suerte a la ciudad, a Buenos Aires, que entonces estaba en auge. Y poco después vino la Crisis del Treinta, que fue muy dura en el campo, que empobreció a muchos chacareros, provocó expulsiones, dejó a mucha gentes sin trabajo, y acentuó la migración hacia las ciudades. Entonces se afirmó la imagen que ve al campo como el reino de la injusticia social. Y al gran terrateniente como el arquitecto y gran beneficiario de ese orden injusto, emblema de los males que aquejan a la Argentina. Es una idea que fue cobrando envergadura en el periodo de entreguerras.  

RA: El escenario estaba dispuesto para una figura como Perón.

No es casual que Perón, como buen político, y como político sensible al problema de la justicia social, haya puesto allí el ojo. Para 1945 la gran propiedad ya no tenía ningún peso electoral y, en una Argentina donde el producto industrial supera al agrario los problemas sociales del campo se estaban volviendo políticamente marginales. Recordemos que, según el censo de 1947, la tasa de urbanización de la región pampeana era de más del 70 %. Pero lo que importaba, y mucho, era el lugar que el problema del latifundio ocupaba en la imaginación política. Por eso Perón dijo “quiero colocar a esos terrateniente oligarcas en el lugar de mis mayores enemigos, y voy a hacer campaña castigándolos, proponiendo una reforma agraria”. Por supuesto, una vez que llegó a la presidencia tomó otro camino. Su prioridad siempre fue otra: el núcleo de su programa de justicia social estaba dirigido a elevar el nivel de vida de los trabajadores urbanos, que eran los que decidían las elecciones e incidían mucho en la puja de poder, a través de sus organizaciones sindicales. Al campo lo necesitaba para generar alimentos baratos y divisas, ventas externas. Y a los peones rurales los necesitaba poco y nada. Por supuesto, una ola justiciera de tanta magnitud como la de 1946 no dejó al campo intocado: el Estatuto del Peón, el congelamiento de los arrendamientos, todo eso parte de la historia peronista… Pero la gran batalla por la construcción de una nueva coalición política apoyada sobre las clases trabajadoras se libraba en la ciudad. Para Perón, apostar muchas fichas a cambiar el campo era perder el tiempo.

TA: Tomo ese punto. Perón sanciona el Estatuto del Peón Rural en 1944 y el kirchnerismo sanciona un nuevo estatuto en 2011, con avances importantes en materia de protección laboral para los trabajadores del sector. ¿Qué hace que hablemos de que el peronismo tiene “conflictos con el campo” (es decir, con un sector productivo) y no, simplemente, de “conflictos con el capital”?

RH: El kirchnerismo recién puso la atención sobre el problema del trabajo rural luego del 2008. Hasta entonces tenía cosas más importantes de que ocuparse, porque el núcleo de nuestra pobreza y de nuestros problemas de empleo es la periferia urbana. El peso relativo de la fuerza de trabajo en el agro pampeano es muy reducido, porque la actividad productiva está muy mecanizada. Distinto es el caso de algunas producciones regionales, que sí emplean más trabajo, sobre todo trabajo estacional para las tareas de cosecha, muchas veces contratado de manera informal. Allí está el núcleo de los 3,5 millones de puestos de trabajo que genera todo el agro. Pero, visto en conjunto, y siempre con algunos “peros”, hay pocas tensiones entre trabajo y capital en el campo pampeano. El hecho de que la UATRE se haya plantado del lado de sus empleadores en 2008 y que luego el Momo Venegas lo haya transformado en un firme aliado formado del PRO de Macri nos dice algo al respecto. Por buenas o malas razones, se sienten parte del bloque agrario, atan su suerte a ese mástil. Más original y más relevante es la intensidad del enfrentamiento entre el kirchnerismo, o el peronismo urbano, y el sector agropecuario. Es muy difícil encontrar, en otros países, un fenómeno análogo, donde una fuerza política tan importante, una fuerza de gobierno, conciba, al menos en el plano retórico, a un sector de actividad tan relevante como un enemigo que debe ser combatido. No me parece una idea muy brillante, sobre todo en un país que, para mejorar el nivel de vida de sus mayorías, sí o sí necesita fortalecer su perfil exportador… Relacionarse de este modo con un sector que contribuye como ninguno a resolver el crucial problema de la anemia exportadora y la falta de dólares creo que es un error.

Los conflictos entre gobiernos nacional-populares, o de izquierda, y clase capitalista son frecuentes en muchos países, y en ciertas circunstancias inevitables e incluso deseables. No creo que los argumentos de los empresarios, o la visión de los dueños de empresas, tengan que ser el norte de la conversación pública. De allí a ver a todo un sector como un problema, con sospecha, hay una distancia. En vez de denunciar al campo y a sus voceros, prefiero el camino que tomó Alfonsín cuando en 1988, al inaugurar la Exposición de Palermo, fue abucheado por la barra brava de la Sociedad Rural: “no son los verdaderos productores agropecuarios los que me silban”, les dijo. También les dijo cosas durísimas, pero pensaba que era un error impugnar al empresariado del campo en su conjunto. Habiendo dicho esto, agrego que muchas de las tradiciones políticas y culturales que predominan en el asociacionismo agrario no me gustan nada. Pero esto es un tema secundario. Vivimos en una sociedad plural, tenemos que convivir y trabajar con los que piensan distinto, en nombre de objetivos superiores. Me gustaría que, en el futuro, la relación entre el sector agrario y los funcionarios públicos de máximo nivel se plantee en términos que recojan algo de la actitud de Alfonsín. Un sector tan crucial no puede ser concebido como parte del problema sino como parte central de la solución a los problemas argentinos.

RA: El peronismo cordobés pareciera tener una relación con el campo mucho más dinámica y amigable. Esa visión del peronismo nacional sobre el sector, ¿creés que surge de una mala estrategia o realmente no termina de entender bien qué es el campo hoy y cuáles son sus actores, por lo que terminaría retomando una visión del pasado?

RH: Trabajos como los de Federico Zapata nos muestran que otros peronismos, como el de Córdoba, una provincia muy importante en términos agrícolas, se relacionan mejor con el sector agrario y, en general, con el empresariado del campo. ¿Hasta qué punto el peronismo del conurbano bonaerense, que es el que domina en el plano nacional y el que desde comienzos de siglo marca el ritmo de lo que hace la Casa Rosada, puede aprender de esa experiencia, tomar otro camino? Seguramente la relación con el sector agrario puede mejorar, con beneficio para el país todo. Pero creo que soy menos optimista que Federico, porque las restricciones que operan sobre uno y otro peronismo no son las mismas. Antes que verlo como un conflicto de ideas y de culturas políticas prefiero entenderlo ante todo como un conflicto de raíz estructural, determinado por el lugar que cada peronismo ocupa en el mapa del poder. Sobre la elite kirchnerista: entiendo a los que dicen que un grupo dirigente que le dio mucho poder durante mucho tiempo a un personaje tan tosco y dañino como Guillermo Moreno no puede tener argumentos de política económica decentes. Pero quisiera ver el problema a la luz de su mejor versión, de la manera más empática. Y esto me lleva a pensar que desde la Casa Rosada las cosas se ven distinto que desde Córdoba pues cobra otro relieve, por ejemplo, la cuestión fiscal. Y esto me invita a concebir la disputa con el sector agroexportador, ante todo, como una disputa que, más que ideas o valores, está determinada por los intereses de esa dirigencia y, por supuesto, por los demandas de sus seguidores, de sus votantes. 

Quizás tenga sentido hablar de una burguesía agraria, pero ya no de una burguesía terrateniente

¿Dónde está el núcleo duro del peronismo de Cristina, su base más constante y fiel? Entre los votantes más pobres del conurbano, esos que no pueden esperar. Esos que, desde que el kirchnerismo de 2005-2008 permitió que la Argentina retornara al mundo de la inflación, destruyendo toda posibilidad de ahorro popular de mediano o largo plazo, en las buenas o en las malas (y desde entonces ha habido más malas que buenas), no tienen más horizonte que el día a día. Necesitan hoy, no pasado mañana, el auxilio del Estado: tarifas subvencionadas, AUH, etc. Para estos sectores todo proyecto de crecimiento económico que invite a sacrificar presente en nombre del siempre esquivo largo plazo es una propuesta muy poco atractiva. Entonces entiendo por qué Cristina dice “subamos las retenciones y congelemos las tarifas; mañana vemos cómo seguimos”. Pese a que a Cristina le gusta la idea de la estadista con vista de águila, es claro que su horizonte político es muy corto. En 2006 o 2007, cuando había margen fiscal, se perdió una oportunidad, y desde entonces las cosas se hicieron más difíciles. En Córdoba, en cambio, la tienen algo más sencilla: no están obligados a pensar en la solidez de la moneda ni en la estabilidad macroeconómica. Y no tienen que lidiar con la demanda constante del conurbano, ni con los movimientos sociales que rodean al Ministerio de Desarrollo Social, ni con las tomas de tierra en Florencia Varela.

TA: Es decir que esa retórica antagonizante te parece una estrategia inconveniente pero racional, en el sentido de que necesita legitimar una transferencia de recursos para sostener una coalición social que constituye su base de apoyo político.

RH: Exactamente. No es buena para la Argentina pero está al servicio de objetivos que uno puede compartir o no, pero que son políticamente legítimos y racionales. Esa retórica sirve para templar la mística de la militancia que tiene una visión agonal de la política y, sobre todo, para darle legitimidad a un régimen fiscal de baja calidad, y malo para el crecimiento. Cumple una función similar a la queja contra los helechos iluminados de Horacio Rodríguez Larreta: “Necesitamos esos recursos más que ellos, vamos a darle mejor uso”. 

RA: La pregunta es si es sostenible a largo plazo tener al sector agropecuario como enemigo.

RH: Está claro que lo que es bueno para el día a día y para mantener a flote a este tipo de peronismo no ayuda a que dentro de 5 o 10 años el país esté mejor, con más empleo de calidad, más exportaciones y más crecimiento y, por tanto, con cuentas públicas más saneadas y una moneda más sólida. Pero, sabemos, el largo plazo es un lujo que la política argentina hace tiempo que no sabe cómo darse.

TA: Recién dijiste “este peronismo”, señalando a una de sus versiones. ¿Creés que los conflictos del peronismo con el campo ilustran que es una tensión inherente a la identidad política peronista o es más bien contingente? Es decir, ¿es un elemento esencial e inevitable o es algo circunstancial y, por tanto, evitable?

RH: La travesía del peronismo nos muestra que, en la vida política, puede haber tensiones y disputas de gran intensidad pero que ello no es igual a contradicciones constitutivas, estructurales. Un recorrido por su historia muestra que, como toda fuerza política importante, tiene mitos identitarios y tradiciones, pero no posiciones de principio irrenunciables. No hace falta traer a la conversación a Menem y al giro pro-mercado -sostenido por casi toda esta fuerza política por una década-, para ilustrar este razonamiento. Basta con acordarse del propio Perón. Ganó las elecciones de febrero de 1946 levantando tres banderas: justicia social, soberanía política e independencia económica. En los primeros años de su gobierno fue muy generoso en términos de distribución. Su revolución distributiva de 1946-48, la más importante de toda nuestra historia, fue central para consolidar una base de apoyo que en 1945 o 1946 todavía no tenía fidelizada. En 1946 también jugó la carta nacionalista: “Braden o Perón”. Pero sabemos que cuando percibió que tenía más margen de maniobra acortó la rienda y se dispuso a cambiar el rumbo, acicateado por la crisis de fines de los cuarenta. Entonces los salarios bajaron y la revolución distributiva se frenó. Y las otras dos banderas también las arrió. Cuando pudo cambiar, primero porque la Guerra Fría hizo posible el acercamiento, y luego porque Perón entendió que necesitaba de la ayuda del capital norteamericano para obtener energía y empujar la industria, no lo dudó un minuto. En 1953 recibió al hermano del presidente de Estados Unidos, a Milton Eisenhower, como si fuese un amigo de toda la vida. El mismo presidente que unos años antes había llegado al poder diciendo “Braden o Perón”, y que en 1949 sancionó una Constitución nacionalista le abrió le puso la alfombra roja al capital norteamericano. Si el acercamiento a Estados Unidos descarriló no fue por la contradicción que suponía con las Veinte Verdades Peronistas sino por el golpe de 1955. 

TA: Lo que demuestra cierta flexibilidad, cierto pragmatismo para definir las estrategias políticas a seguir.

RH: El peronismo es muy versátil, muy capaz de reformular su estrategia política, de mezclar viejos y nuevos lenguajes. Pero es un partido mayoritario, y esto le impone una restricción enorme, no puede hacer cualquier cosa. Puede hacer muchas cosas, pero siempre y cuando el rumbo adoptado prometa traer dividendos políticos y sea electoralmente redituable, y sirva a la mejora de la condición material de sus bases. De otro modo, no se sostiene en el tiempo. Este ductibilidad se ve en el caso de Cristina. Antes de ser “Cristina eterna”, fue otras cosas. Recordemos que en 2007 hizo campaña diciendo “yo quiero ser como Angela Merkel”, con la idea de institucionalizar la transversalidad, y darle un barniz de sofisticación europea al movimiento nacional-popular. Después vino la crisis del campo y todo cambió. Pero no descartaría que, si se vuelve políticamente redituable, una propuesta de este tipo se vuelva a escuchar. Y puede haber otras estrellas polares que orienten la marcha, todo es posible. Antes de Alberto Fernández, el candidato presidencial del kircherismo fue Daniel Scioli. ¿Este hijo de Menem es el límite que el peronismo de nuestro tiempo puede tolerar? Figuras como Sergio Berni, que hoy tiene respaldos importantes en la cumbre del poder, nos muestran que otras opciones aún más preocupantes están sobre la mesa.

TA: Es difícil hablar de esencialidad en política en general y en el peronismo en particular, podría decirse. 

RH: Sobre todo en las fuerzas mayoritarias de una sociedad que no siente demasiada simpatía por los extremos ideológicos, que no organiza su oferta política en torno al eje izquierda-derecha, y que tiene partidos que quieren representar un arco bastante amplio. Por supuesto, las posiciones se vuelven más duras e identitarias cuanto más nos alejamos del centro de gravedad político, pero eso lleva a lugares políticamente marginales. Los que están en el negocio de disputar por el poder tienen muy claro que la rigidez no es políticamente rentable. Y esto no es nuevo. Antes de que marcara la historia del peronismo, marcó la del radicalismo, durante el cuarto de siglo en que Yrigoyen convirtió a la UCR en un partido mayoritario.

TA: ¿Cómo evaluás la postura que otros espacios progresistas no-peronistas tuvieron hacia el campo históricamente? Pienso en el caso del Partido Socialista a principios del siglo XX, con Juan B Justo como referente, y a mediados de siglo, con los gobiernos peronistas.

RH: El Partido Socialista fundado por Juan B. Justo a fines del siglo XIX fue un partido urbano. Pero como Justo tenía la ambición de pensar un programa de reforma para toda la Argentina, el campo tenía que entrar en el radar. Y lo que hizo fue elaborar una visión que recoge mucho de una larga tradición de crítica a la gran propiedad de inspiración liberal que lo precedía. Con eso, más la literatura socialista europea de ese momento, con Berstein más que con Kautsky, en 1901 dio forma al Programa Socialista del Campo. Al igual que para los liberales, su horizonte era la agricultura farmer, a la que quería ver rodeada y sostenida por un mundo cooperativo. Creo que luego de Justo no hubo muchas novedades de importancia en la visión socialista del campo. Y, lo más importante, al socialismo nunca le fue bien en el campo. De hecho, el núcleo dirigente del socialismo nacional siempre estuvo ligado a la política urbana, y en particular a la política porteña, que es donde tenían su principal base de apoyo. Esto no cambió tras el nacimiento de la Federación Agraria, porque la dirigencia federada (y seguramente también sus bases) prefirió buscar sus aliados en las fuerzas que controlaban el estado, el radicalismo y el conservadurismo. La Federación Agraria nunca estuvo tan cerca de un gobierno como con el de Manuel Fresco, el gobernador del fraude. Creo que las dificultades del socialismo para hacer pie en el campo hicieron que no tuviera tantos estímulos para renovar su visión del problema agrario. Ni en el periodo de entreguerras, ni en los años peronistas. A los comunistas les pasó algo parecido.  

TA: ¿Eso se extiende al socialismo santafesino en la actualidad?

RH: Con Binner, el socialismo de Santa Fe logró algo que hasta entonces había sido muy difícil, que es armar un tercer polo de poder, una tercera opción que pueda gobernar y sostenerse en el tiempo en un distrito importante. En relación con tu pregunta, lo primero que hay que decir es que este proyecto nació en el medio urbano. Comenzó con la conquista de Rosario en 1989, y luego poco a poco avanzó sobre el resto de la geografía santafesina, y lo hizo con bastante éxito en distritos rurales o donde lo rural pesa mucho. Gobernó una provincia con una gran ciudad y también con una economía rural muy importante, y logró forjar una relación productiva y pragmática con el mundo de la producción agropecuaria. Un poco como en la Córdoba que mencionábamos hace un rato, pero al servicio de un proyecto progresista, más amigo de la igualdad y la diversidad, que logró afirmar sobre todo en aquellos lugares donde encontró bases políticas que lo ayudaran a avanzar por este camino. Y ha logrado manejar bien las tensiones que toda fuerza política de inspiración socialdemócrata enfrenta al encontrarse con un mundo de propietarios como es el de la Santa Fe rural.

TA: ¿Hay una actualización del pensamiento de izquierda sobre el campo?

RH: Cobra cada vez más relieve la voz ambientalista, que me parece fundamental en un mundo como el de hoy, signado por la crisis climática. Un proyecto progresista para el campo debe preocuparse por el crecimiento sustentable, amigable hacia el ambiente. Pero, contra lo que a veces se escucha en el discurso ambientalista, tenemos que tener claro que nuestras mayores deudas con el ambiente son urbanas, no rurales. Las principales son la recuperación de la cuenca del Matanza-Riachuelo y del Reconquista, que vuelve más penosa la vida de varios millones de personas que viven en la vera de esos desastres ambientales. Esa tiene que ser nuestra gran “causa nacional” en términos de recuperación de un ambiente degradado, que afecta muy directamente la vida de los más pobres. Me gustaría ver más interés en esta cuestión y menos en la verdura o la carne orgánica, que son lujos de los que están cómodos, del 10 o el 20 por ciento superior de la pirámide del ingreso, de los que no tienen que preocuparse sobre cómo llegar a fin de mes. Y, sobre todo, me gustaría una discusión que incorpore de manera más central la pregunta por cuál tiene que ser la contribución del campo a la construcción de una sociedad más democrática, más capaz de ampliar los horizontes de sus clases populares. Y esto significa, creo, poner en relación el cuidado del ambiente con el crecimiento de la economía y la distribución de sus frutos. Preocuparse por el bosque nativo, o por qué la gente como yo tenga su bolsón de verdura orgánica con delivery a domicilio puede hacerse sin pensar mucho en estos temas. Pero si metemos a los pobres en la ecuación la cosa cambia. Y esa agenda se tiene que poner en relación con otras. Pues sin crecimiento económico sostenido –y esto significa más presión sobre los recursos– no hay posibilidad de darle un futuro mejor a los millones de argentinos que están en el fondo del pozo.

RA: ¿Por qué? ¿Y qué hay de lo específicamente rural?

RH: Porque esta Argentina estancada, que cada día degrada más las condiciones de vida y las esperanzas de las mayorías, no logrará nada perdurable si no logra poner en marcha la rueda del crecimiento. No alcanza con distribuir mejor lo que hay. Hace falta agrandar la torta, y sumar a millones al mundo del trabajo formal, al empleo de calidad. Y esto significa que debemos insistir más en la importancia del sector rural para promover el crecimiento, ya no sólo del campo, sino de toda la economía nacional. No es una tarea exclusiva del agro, pero sin un agro pujante, sin más exportaciones, no podremos ampliar el mercado interno y satisfacer las demandas de empleo y de consumo de las mayorías. Para sacar a medio país de la pobreza, y ofrecerle un futuro mejor a las clases populares, la Argentina necesita un sector exportador pujante. ¿Con qué instrumentos contribuir a impulsarlo? Política sectorial bien orientada, una macroeconomía ordenada y más colaboración público-privada, por supuesto. Pero también con estímulos fiscales. Y en el caso del agro esto significa reducir los impuestos que son malos para el crecimiento y para una mejor distribución social y regional de los frutos del crecimiento. Esto significa, en mi opinión, menos retenciones y más impuestos al suelo.

TA: ¿Cuáles serían las principales ventajas de avanzar hacia un esquema de ese tipo, con menores impuestos a las exportaciones?

RH: La primera es que menos retenciones supone un premio a la inversión productiva; más inversión y más tecnología que van a traer un aumento del volumen exportable. Una baja de las retenciones también servirá para estimular la actividad en el interior, que tiene costos productivos y de transporte más altos. Un esquema de este tipo, bien calibrado, puede utilizarse, también, para diversificar la canasta productiva, para evitar tanta concentración en la soja, que tiene sus costos ambientales. Más inversión, una economía más federal, más cuidado del suelo y, sobre todo -o más urgente- más exportaciones. En una Argentina que hace una década que no ve crecer el volumen de sus ventas externas, esto es fundamental. Más exportaciones significa un mercado interno más grande, condición necesaria para aumentar la oferta de empleo y aumentar los salarios. Y un perfil exportador más sólido significa mejores condiciones para atenuar la fragilidad macroeconómica de la Argentina. El rol dinamizador de un comercio exterior pujante se siente mucho más allá de los sectores directamente vinculados con el agro. En la industria volcada sobre el mercado interno y sobre todo en el sector de servicios, que es muy sensible a la expansión económica que se produce con el ingreso de dólares provenientes del campo. Si queremos sacar a la mitad de la Argentina de la pobreza tenemos que promover iniciativas que expandan sobre todo el sector de servicios, principal demandante de empleo de nuestro tiempo. 

TA: ¿Cuáles serían las ventajas de la otra parte de la propuesta, la de gravar más el suelo?

RH: Es el costado igualitario de la propuesta, la prenda de paz que el campo tiene que ofrecerle al resto de la sociedad a cambio de un tratamiento más benévolo para la inversión productiva. La tributación siempre tiene dos caras: una que mira la eficiencia, el impacto sobre la producción; la otra, está inspirada en los valores que, como comunidad, queremos promover. Y a mi me interesa promover la igualdad. La presión impositiva sobre la actividad agropecuaria exportadora es muy alta en términos comparativos: más que en Uruguay o Brasil, Australia o Canadá. En pocos países hay impuestos a las ventas externas tan altos. Por eso, además de reducirlos de modo de promover el crecimiento de las exportaciones, sería conveniente que el fisco grave menos la actividad productiva y más el patrimonio. En la comparación internacional se ve que los impuestos al suelo y a la herencia son bajos en nuestro país. En proporción, se paga más impuestos de patente por un auto que por una casa o una hectárea de campo. Y esto, como ha mostrado Thomas Piketty, es un gran productor de desigualdad, y de desigualdad intergeneracional. Esto es más viable que en otros tiempos porque parte importante de las empresas agrarias trabajan tierra que no les pertenece. Podemos gravar más el suelo sin dañar el potencial de las empresas para crear riqueza, y haciendo recaer un mayor porcentaje del impuesto sobre dueños que son rentistas, que perciben un ingreso que no es producto de su esfuerzo productivo. 

“Un perfil exportador más sólido significa mejores condiciones para atenuar la fragilidad macroeconómica de la Argentina

TA: ¿Hay incentivos políticos para avanzar en esa dirección? En principio eso implicaría que el Estado nacional resigne cuantiosos recursos y simultáneamente acepte un empoderamiento fiscal de las provincias en relación al Estado central, lo que podría darles mayor autonomía relativa y encarecer los costos de la gobernabilidad…

RH: Soy muy consciente de que es más fácil proponerlo que hacerlo, porque un cambio en esta dirección requiere acuerdos entre gobiernos de distintos niveles. Y que la Casa Rosada resigne ingresos, que a veces ha utilizado de manera discrecional, para premiar aliados políticos, para castigar rivales, etcétera. Acotar esa discrecionalidad me parece bueno. Pero, al margen de su posible efecto sobre la desigualdad, lo que más valoro en el plano federal es que ayudaría a forjar un federalismo en el que las administraciones provinciales tengan más incentivos para recaudar, porque de este modo invertirán más energía en ver de qué manera generar riqueza en sus propios distritos. Redefinir las relaciones entre estado federal y provincias tal vez sólo sea posible en un contexto de mayor holgura fiscal. En todo caso, creo que debemos tener claridad respecto a cuál es el horizonte deseable: más estímulos al crecimiento, mejor distribución regional y social de sus frutos.

RA: Una mayor correspondencia fiscal. Decir “si querés aumentar el gasto, preocupate también por generar los recursos”. 

RH: Tocaste uno de los grandes problemas de nuestro federalismo. Contamos con un conjunto muy importante de provincias que resuelven sus problemas fiscales con transferencias por coparticipación y que, por tanto, se desentienden de recaudar y de estimular la actividad económica, de expandir el trabajo formal en el sector privado, de mejorar el sistema educativo, de incrementar la transparencia de su gestión, etcétera. Es un tema importante, uno más. La Argentina que emergerá de la pandemia tendrá demasiadas zonas oscuras. Tenemos que trabajar para dejarle a las próximas generaciones algo más que un paisaje de ruinas, o la Argentina mediocre que nosotros heredamos. Debidamente orientado, el campo puede hacer un gran aporte a la difícil tarea de construir un país con un horizonte de progreso para todos. 

* El autor es historiador, doctorado en la Universidad de Oxford. Es investigador principal del Conicet y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Se ha dedicado a investigar en profundidad la historia del campo argentino y las élites agrarias. Su último libro es ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe (Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2018).

Elecciones a la carta

Por Ramiro Albina

Todo indica que el domingo 6 de diciembre tendrán lugar las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Elecciones? A pesar de que pueda parecer una contradicción, uno de los triunfos de la democracia a nivel global a partir de la segunda mitad del siglo XX es que incluso los regímenes autoritarios con la mochila cargada de violaciones a los DDHH buscan crear una pantalla de legitimidad, a partir de una extendida creencia en la soberanía popular.

A pesar de quienes aún hoy en día siguen atragantándose con su propia lengua al momento de realizar malabares conceptuales para justificar la dictadura de Nicolás Maduro, las elecciones que tendrán lugar el próximo mes son una muestra más de las arbitrariedades y de la falta de independencia de poderes que impera en Venezuela. Sin embargo, incluso las elecciones amañadas constituyen siempre un día de nerviosismo para los gobiernos ante la posibilidad de que el capricho de la democracia nos de una sorpresa. 

Combate al pluralismo

Desde las últimas elecciones legislativas del año 2015, en las cuales la oposición consiguió 112 escaños frente a los 55 ganados por el oficialismo, el gobierno avanzó en un proceso de radicalización con vistas a eliminar definitivamente del juego político a los opositores. Este proceso encontraría su paroxismo en el autogolpe de febrero de 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional opositora y se arrogó sus competencias. 

Junto con la intensificación en las violaciones a los Derechos Humanos documentados por organizaciones de la sociedad civil como Provea y el conocido Informe Bachelet de Naciones Unidas, se avanzó en un proceso de continuas inhabilitaciones políticas a los principales opositores. En la siguiente imagen con fecha de febrero del 2018, perteneciente a la ONG Acceso a la Justicia, se puede observar claramente la purga encabezada por los poderes adeptos al oficialismo como el TSJ o el CNE.

Más recientemente, la intervención a las directivas de algunos de los principales partidos de oposición durante este año y su reemplazo por juntas ad hoc integradas por dirigentes más cercanos al oficialismo es un nuevo paso en esa dirección. Como se señala en un documento de Acceso a la Justicia, “(el TSJ) determinó que las juntas ad hoc son las únicas facultadas para postular a los candidatos de esos partidos políticos en las elecciones que convoque el ilegítimo CNE; por ello, ordenó al árbitro abstenerse de aceptar cualquier candidatura no avalada por los interventores”.

De juegos y estrategias.

Al analizar las estrategias de los partidos políticos en Venezuela tenemos que tener presente un elemento crucial: el tipo de régimen político, entendido como el conjunto de reglas para el acceso y ejercicio del poder. Generalmente pensamos a los partidos como organizaciones guiadas por la búsqueda de maximización de votos para fortalecer su posición y acceder a cargos legislativos o ejecutivos. Sin embargo, esta generalización puede aplicarse solamente a los contextos de democracias consolidadas en las cuales los actores comparten la expectativa de que en el futuro cercano las elecciones legítimas seguirán siendo el único canal de acceso al poder. The only game in town. Como nos enseña Scott Mainwaring, en contextos de democracias frágiles o autoritarismos competitivos, los partidos no solamente juegan el juego electoral sino también un juego de régimen. Los partidos tienen que prestar atención a conseguir más votos (y competir con otros partidos por ellos), pero al mismo tiempo deben fijar estrategias en torno al régimen político. Estos dos juegos no son independientes sino que la estrategia decidida para uno de ellos puede incidir de forma determinante en el otro. Por esta razón puede ser incomprensible la dinámica política venezolana si la analizamos con las mismas anteojeras que usamos para mirar la política argentina, chilena, uruguaya, etc.

En los últimos meses la discusión dentro de la oposición venezolana sobre si participar o no en las elecciones legislativas llegó a un pico en septiembre cuando un sector, encabezado por Henrique Capriles, había dejado trascender la posibilidad de subirse a la carrera electoral (aún cuando este se encuentra inhabilitado para competir), tomando distancia del sector encabezado por Juan Guaidó. Sin embargo, ante la intransigencia del oficialismo de no postergar las elecciones como solicitó la Unión Europea, Capriles retrocedió y advirtió que su espacio político no participará en las mismas si no son postergadas.

En la dinámica de este doble juego (electoral y de régimen) la oposición venezolana se vio recurrentemente encerrada en un laberinto. Cuando la oposición participó y ganó (como en el 2015) el oficialismo desconoció los resultados; sin embargo, cuando la oposición encabezada por Guaidó apostó a una estrategia de deslegitimación bajo las consignas de “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, ninguna pudo cumplirse mientras el oficialismo encontró la manera de seguir ganando tiempo. Participar o no en las elecciones no parece ser un dilema real cuando se trata de encontrar la manera de lograr una transición de régimen. A pesar de que los argumentos para abstenerse en unas elecciones a medida de Maduro pueden ser razonables, esta decisión es suicida si no está acompañada por una estrategia sobre qué hacer luego de la abstención en un contexto donde el oficialismo controlaría absolutamente todos los poderes del Estado.

Una elección amañada.

En diciembre el chavismo buscará eliminar del mapa al último espacio institucional controlado por la oposición: la Asamblea Nacional. De esta forma, se cae también la falsa pantalla de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), formada en el año 2017 con el objetivo de neutralizar a la primera. El oficialismo ya ha dejado trascender que la ANC podría disolverse a fines de este año marcando un récord: en más de tres año no presentó siquiera un borrador de proyecto constitucional.

A pesar del “indulto” a 110 perseguidos políticos, en un intento del oficialismo por dar una ambiente de mayor legitimidad para las elecciones, Foro Penal asegura que siguen habiendo 333 presos políticos. Las elecciones del próximo diciembre se planean llevar a cabo con un Consejo Nacional Electoral designado de forma express por el cooptado Tribunal Supremo de Justicia (y no por la Asamblea Nacional); con algunos de los principales partidos políticos opositores anulados o intervenidos como Copei, Acción Democrática, Voluntad Popular, y Primero Justicia (con respecto a este último, la intervención había sido suspendida por el mismo TSJ en septiembre), una suerte que también corrieron partidos afines al oficialismo como Patria para Todos y Tupamaro. Además, las elecciones se regirán por un sistema electoral modificado a discreción por el CNE (nuevamente pasando por encima de la Asamblea Nacional). Entre los cambios incorporados de forma unilateral esta el de incrementar los escaños legislativos de 167 a 277 y reducir del 70% al 48% el número de diputados electos nominalmente.

Nicolás Maduro ha demostrado una capacidad de resistencia sorprendente. Ante cada coyuntura que parecía ponerlo contra las riendas, se las ingenió para patear el tiempo hacia adelante. Hay que ser claros en un punto: en Venezuela hay un gobierno que se sostiene sobre las Fuerzas Armadas, con los altos mandos involucrados en crímenes gravísimos y con un ¿líder? que no puede ganar elecciones libres. Como mínimo, el costo de dejar el poder sería la cárcel. De esta manera, mientras no se quiebre el mando militar, la salida pacífica por medio del diálogo parece una tarea imposible sin una cuota de impunidad. Las elecciones libres sin condiciones sólo existen en democracia y Venezuela ya dejó de serlo. Entre tantas interrogantes, podemos recuperar una certeza: el tiempo juega a favor del gobierno.

* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires

Un viaje retrospectivo a las convenciones 2020

Opinión | Por Joaquín Nuñez* |

Se pueden decir muchas cosas acerca de las convenciones nacionales en los Estados Unidos. Para algunos son innecesarias como la citación de Diego al “Chino” Garcé para el mundial de Sudáfrica. Otros, en cambio, las perciben infaltables como el vitel toné del 24 de diciembre. Incluso están los que tachan los días como los presos esperando a que lleguen. Pero si hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo es en que las convenciones de este año fueron las más particulares de la historia.

Para aquellos amigos lectores que no están muy en tema, vamos a explicar un poco de qué se trata esto de las convenciones nacionales.

Pasando en limpio

Podemos definir a las convenciones nacionales en los Estados Unidos como grandes eventos políticos, celebrados únicamente en años electorales, generalmente de tres o cuatro días de duración, en donde se reúnen los delegados del partido en cuestión para nominar a un candidato. Suelen realizarse en grandes estadios, con tribunas colmadas y ruidosas, al mejor estilo Racing Club. Podríamos afirmar que los principales objetivos de las convenciones son los de anunciar al nominado presidencial del partido y dejar bien en claro cuál será la plataforma del mismo (base ideológica, candidatos y propuestas).

Tanto el partido demócrata (DNC) como el partido republicano (RNC) celebran sus convenciones, pero en fecha y lugares diferentes.

Convención republicana 2012. Fuente: Roll Call

Decenas de oradores tendrán su momento a lo largo de esas cuatro noches. Estos suelen estar ordenados según su jerarquía, como cuando uno sale a cenar. No empieza con el plato fuerte. Primero traen la canasta de pan, con algún dip de dudosa procedencia, luego uno comienza a abrirse el apetito con un tentempié, van trayendo las bebidas, para luego esperar, a veces de más, el plato fuerte de la noche. Queda a gusto del lector si prefiere o no cerrar con un postre. 

Entre los oradores suele haber mucha diversidad, ya que no solamente son políticos quienes pronuncian su discurso: celebridades, cantantes, empresarios, maestros, comerciantes, activistas, entre muchos otros rubros, también son invitados según sus ideales. 

Aunque, sin lugar a duda, quienes más tienen en la mira la convención nacional del partido son los jóvenes candidatos. Estos intentaran esforzarse al máximo para conseguir la atención de las bases del partido para futuras elecciones. Sino, pregúntenle al presidente Obama. Su discurso en la DNC del año 2004 fue su boleto directo a la nominación presidencial del 2008; boleto que también le dio acceso a las Casa Blanca meses después.

Imagínense, para un político absolutamente desconocido, de repente aparecer en televisión nacional y contar con la atención de decenas de millones de personas. A muchos se les hace agua la boca.

También es una ocasión inmejorable para recaudar fondos, ya que a los lobbies más grandes del país no les van a escribir ausente en ninguna de las 4 noches que dure la convención.

En cuanto a la campaña, la convención suele reforzar al partidario, ahuyentar a la oposición más dura y seducir al indeciso. Esto último resulta fundamental, ya que para aquellas personas bautizadas por Paul Lazarsfeld como “cristalizadores” (aquellos que definen su voto en las últimas instancias) estos eventos resultan de gran importancia. Los ayudan a definirse por uno u otro partido, según cuál de estos represente, momentáneamente, sus ideales de la mejor manera. El caso de los Estados Unidos es muy claro en este sentido, ya que es un juego de suma cero, lo que significa que lo que gana uno lo pierde el otro (pido por favor que no se me ofenda la gente del Partido Verde o del Partido Libertario).  Por este motivo, los dos partidos mayoritarios se esfuerzan al máximo para poder ganarse la simpatía de estos cristalizadores, y qué mejor manera que bombardearlos con toda su agenda política por televisión nacional.

Barack Obama en la convención demócrata del 2004. Fuente: WBUR

¿Sirven electoralmente? Estadísticamente hablando, estos eventos suelen suponer una inyección de alza en las encuestas para los nominados en cuestión. Vamos con un ejemplo concreto: en las elecciones presidenciales de 1992, después de las convenciones nacionales, el presidente George H.W. Bush (R) subió 3 puntos en las encuestas, mientras que el por entonces gobernador, Bill Clinton (D) subió 16 puntos. Un numerito. Afortunadamente para él, pudo confirmar esa diferencia en el colegio electoral, lo que le valió para mudarse sin escalas desde Arkansas a Pennsylvania al 1600 en Washington DC.

El día y la noche

Ahora sí, vamos a lo que venimos. Este 2020 presenció las convenciones más particulares de la historia de los Estados Unidos. Ambos partidos tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad de pandemia. Ya no se podían llenar estadios con miles de simpatizantes, así que optaron por retrasar el inicio de sendos eventos para poder realizarlos de manera virtual, cada uno a su manera.

Sin embargo, la virtualidad fue lo único en lo que ambos eventos coincidieron. ¿En qué se diferenciaron? Veamos.

Convención Nacional Demócrata

La Convención Nacional Demócrata tuvo lugar entre el 17 y el 20 de agosto, donde decenas de oradores intentaron convencer a la audiencia de que la fórmula Biden-Harris es lo que Estados Unidos necesita. Desde los presidentes Barack Obama, Bill Clinton o Jimmy Carter, ex nominados como John Kerry y Hillary Clinton, ex candidatos como Bernie Sanders o Pete Buttigieg, republicanos como John Kasich y hasta cantantes como Billie Elish.

Cada uno de ellos hizo un excelente trabajo en transmitir el mensaje central de la plataforma demócrata de cara al 3 de noviembre: Donald Trump no está capacitado para ser presidente de los Estados Unidos. Esto puede ser un arma de doble filo ya que fue exactamente la misma estrategia que utilizaron cuatro años atrás. ¿Cómo fue el resultado entonces? Habrá que preguntarle a Hillary Clinton.

Se centraron casi exclusivamente en los aspectos negativos de la administración Trump en términos económicos, políticos y atacaron su gestión contra el Covid-19: “La ignorancia e incompetencia de Donald Trump fue siempre un peligro para nuestra nación. El coronavirus fue su más grande evaluación; falló miserablemente”, comentaba la senadora Elizabeth Warren.

Elizabeth Warren. Fuente: WBUR

Muchos de los oradores expusieron los aspectos negativos de los Estados Unidos, en términos económicos y raciales, dando a entender que el país del norte es racista e injusto. Todos coincidieron en que están inmersos en un momento muy difícil y que esta realidad de crisis empeoraría enormemente si el presidente resultase reelecto. “Las cosas no están bien, y créanme, puede llegar a estar mucho peor si no generamos un cambio en esta elección”, expresaba Michelle Obama.

La ex primera dama pronunció uno de los discursos más destacados de la convención. “Donald Trump tuvo mucho tiempo para demostrar que era apto para el cargo, pero está claramente por encima de su cabeza (…) simplemente él no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. Él es lo que es”, sentenciaba.

Su esposo, Barack Obama también tuvo palabras muy críticas para con el actual inquilino  de la Casa Blanca. Aunque articuló uno de los discursos más moderados en cuanto a los Estados Unidos, sugirió que la democracia estaría en jaque con cuatro años más de Trump. “No dejen que les quiten el poder (…) esta administración ha demostrado que derribarán nuestra democracia si es necesario. Hay que votar como nunca antes, por Joe, por Kamala, para que no quede duda, de lo que este país, el cual amamos, representa”, formulaba.

A su vez, el racismo fue uno de los principales protagonistas a lo largo de las cuatro noches. “Las personas de raza negra, latinos e indígenas están sufriendo y muriendo desproporcionadamente (…) siendo causa de un racismo estructural”, exclamaba la flamante nominada a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris. Este concepto del racismo sistémico estuvo en boca de muchos de los oradores, lo cual evidencia que el discurso en general estuvo orientado a las minorías. En su mayoría latinos, mujeres y, sobre todo, afroamericanos.

Transmisión en vivo del discurso de Michelle Obama. Fuente: Miquer Pelicier

También enfatizaron en los aspectos positivos del vicepresidente Biden, definiéndolo como un hombre “decente”, “capaz”, “valiente” y “de fe”.                         

A muchos les llamó la atención que pasaran por alto sus propuestas políticas y económicas, a las que se refirieron poco y nada. Esto se debe principalmente a la creciente división ideológica dentro del partido, que actualmente se encuentra en medio de un forcejeo entre la moderación y la izquierda progresista. Un claro ejemplo fue el curioso y breve discurso de la representante Alexandria Ocasio Cortez, quien expresó que buscaba conseguir la nominación del senador Bernie Sanders. Quizás lo conozcan como “el loco Bernie”, representa el ala más radical hacia la izquierda del partido.

Tampoco le dedicaron mucho tiempo a la violencia que está ocurriendo en ciudades como Portland, Minneapolis y Kenosha, entre otras. No quisieron inquietar a ninguna de las dos bases, un discurso recatado y prudente, con el objetivo de no ofender a nadie.

Si nos referimos al “show” que se suele ofrecer en este tipo de eventos, los demócratas fueron bastante austeros. Incluso, hablando un poco en criollo, pareciera que ratonearon con la pirotecnia.

El encargado de cerrar esas cuatro noches no iba a ser otro que el nominado presidencial, Joe Biden. Ya un experimentado, por no decir un dinosaurio, en este tipo de eventos. Fue protagonista de las tres últimas convenciones como vicepresidente. Biden intentó no fragmentar a la coalición del partido, llamó a la unidad del país y  le dedicó unas bonitas palabras a su esposa Jill y a sus hijos. Enfatizó en la gran crisis que está sufriendo Estados Unidos, comparado con Canadá, Japón o incluso Europa. Sin embargo, fue uno de los pocos oradores en dedicarle palabras positivas al país y casi no mencionó al presidente.

Joe Biden cierra la DNC junto a su esposa Jill y su Kamala Harris. Fuente: El Español

“Esta es una elección trascendental, el carácter de esta nación está en la boleta, la compasión está en la boleta, la decencia, la ciencia y la democracia, todas están en la boleta. (…) Esta es nuestra misión, la historia va a decir que el final de este capítulo oscuro de Estados Unidos empieza aquí, esta noche, con amor, con esperanza y con luz. Únanse a la batalla por el alma de la nación”, finalizaba. 

Convención Nacional Republicana

La Convención Nacional Republicana tuvo lugar entre el 24 y el 27 de agosto. La diferencia entre ambas convenciones fue abismal en todo sentido. Solo coincidieron en dos aspectos: esta es la elección más importante de “nuestro tiempo” y, de ganar el otro partido, es muy posible que el sol no vuelva a salir.

Los principales valores que buscaron transmitir fueron el optimismo, la inclusión y fundamentalmente el patriotismo. Para ello contaron con un amplio abanico de oradores, entre los que se destacaron Charlie Kirk, los senadores Rand Paul y Tim Scott, la ex embajadora Nicky Hailey, el ex alcalde Rudy Giuliani, el Doctor Ben Carson, el empresario Máximo Álvarez e incluso algunos demócratas, como los representantes Vernon Jones y Jeff Van Drew. De más está aclarar, todo el clan Trump también dijo presente.

Centraron su mensaje en cómo las políticas del presidente ayudaron a la población en general. Sacaron chapa de la baja de impuestos, una economía fuerte, históricos números de desempleo para las minorías, reforma de la justicia penal, su política exterior y las “zonas de oportunidad”. Personificaron estas políticas con personas comunes y corrientes. Gente a pie de calle que se vio beneficiada por alguna de estas iniciativas, como Alice Johnson o la familia Mc closkey. Llenaron a la audiencia de optimismo, fieles a uno de los eslóganes de campaña: “Lo mejor está por venir”.

Por supuesto que también dispararon sus flechas contra el partido demócrata, al que acusaron de haber sido consumido por la izquierda. Para ello subieron al escenario a Jeff Van Drew, un representante que fue demócrata hasta el 2019, cuando cruzó a la vereda de enfrente. “Este no es el partido demócrata que yo conocí. He visto al “Escuadron” tomar el control del partido, se ha vuelto radical. Ahora no solo buscan subir los impuestos, buscan abrir las fronteras, están en contra de la policía y en contra de los derechos que nos fueron dados por Dios.(…) Ya tuve demasiado de su agenda radical y socialista”, exclamaba.

Jeff Van Drew junto a Donald Trump en el despacho oval. Fuente: NYT

 A esto último se sumó el senador Tim Scott. “Los demócratas radicales quieren transformar permanentemente lo que significa ser norteamericano. No cometan el error. Joe Biden y Kamala Harris buscan una revolución cultural. Si los dejamos, comenzarán a transformar este país en una utopía socialista”, enunciaba.

Otro que no quiso quedarse afuera del ataque fue Máximo Álvarez, empresario cubano: “Esas cuatro promesas: distribución de la riqueza, “Medicare” para todos, educación ‘gratuita’ para todos y desfinanciar a la policía. Esas políticas no suenan radicales para mí, suenan familiares. (…) Cuando escuché esas promesas, escuché ecos de mi vida anterior, ecos que nunca quise volver a escuchar”, declaraba.

Otro de los objetivos de la convención fue sacarle al presidente Trump y a Estados Unidos los carteles de “racista” que les fueron colocados por los demócratas. La primera de estas misiones le fue encargada a Hershel Walker, ex jugador de fútbol americano y amigo personal del presidente. Walker ilustró a Trump como un hombre cálido y familiero: “Conozco a Donald hace 37 años, me duele en el alma cuando escucho a la gente llamarlo por nombres horribles y el peor de todos, es el de ‘racista’. Tomo como un insulto personal que alguien me diga que fui 37 años amigo de un racista. Crecí en lo profundo del sur, créanme, sé lo que es el racismo y no es Donald Trump”, comentaba.

La segunda misión estuvo a cargo de Nikki Hailey y nuevamente Tim Scott. “El cumpleaños número 99 de mi abuelo hubiese sido mañana. Fue obligado a dejar la primaria para cosechar algodón, nunca aprendió ni a leer ni a escribir. A pesar de todo, vivió lo suficiente para ver a su nieto convertirse en el primer afroamericano en ser elegido para la Casa de Representantes y para el Senado en la historia de este país. Nuestra familia pasó del algodón al congreso en una generación. Por eso es que creo que este próximo siglo puede ser mejor que el anterior”, manifestaba.

Tim Scott durante su discurso en la RNC. Fuente: National Review

Tampoco iba a faltar tiempo para perseguir a Biden por sus recientes dichos sobre la comunidad afroamericana. Daniel Cameron, fiscal general de Kentucky, le respondió al nominado demócrata: “Pienso en Joe Biden, quien dijo que si no votamos por él, no éramos negros. Quien argumentó que los republicanos nos pondrían cadenas y quien dijo que no había diversidad de pensamiento en la comunidad negra. Señor vicepresidente, míreme a mí. Soy negro, no somos todos iguales, no estoy encadenado, mi mente es solo mía y usted no puede decirme como votar por el color de mi piel”, sentenciaba. Todos los anteriores oradores fueron transmitidos en vivo desde el Auditorio Andrew Mellon en Washington DC.

Ahora vamos al plato fuerte de la última noche: el discurso del presidente Trump. El lugar elegido fue la casa blanca, contó con un numeroso público, algo que fue bastante cuestionado por el contexto actual. Habló, sobre todo, de los éxitos de su administración, defendió a la familia, fulminó al actual partido demócrata, nombró 41 veces a su adversario, se jactó de su gestión del Covid-19 y atacó a la audiencia con bombas de patriotismo.

“Nunca antes los votantes se enfrentaron a una decisión tan clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías y dos agendas. Esta elección va a definir si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista destruya nuestro destino”, comenzaba. Suave, por suerte.

No tardó en atacar a los demócratas y en especial a Joe Biden, a quien calificó como el “caballo de troya del socialismo”. “En la DNC, Joe Biden y su partido atacaron repetidamente a Estados Unidos como una tierra de injusticia racial, económica y social. Hoy les hago una simple pregunta, ¿cómo el partido demócrata pide liderar nuestro país, cuando pasan tanto tiempo intentando tirarlo abajo?”, disparaba.

Donald Trump finaliza la convención republicana. Fuente: NYT

También le dedicó unos minutos a la violencia que se estuvo viendo en las calles estos últimos meses. “El partido republicano condena las revueltas y los saqueos que hemos visto en Kenosha, Minneapolis, Portland, Chicago y Nueva York. Todas ciudades gobernadas por demócratas. (…) No debemos y no podemos permitir la ley de la calle”, afirmaba.

Para finalizar, el presidente lanzó un mensaje de unidad a la audiencia. “Los norteamericanos construimos nuestro futuro, no tiramos abajo nuestro pasado. Somos la nación que ganó una revolución, combatió la tiranía, el fascismo y llevó la libertad a millones. Lo hicimos con confianza, estilo e instinto. (…) Porque eso es lo que somos. Cuando nuestro estilo de vida fue amenazado, nuestros héroes aparecieron, respondieron la llamada. (…) Para nuestro país, nada es imposible. Juntos, somos imparables; juntos, somos invencibles; porque juntos, somos los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América”, cerraba.

Si hay algo que no le podemos reprochar al presidente Trump es su empeño por producir un buen show. Luego de que terminó su discurso, comenzaron seis minutos seguidos de fuegos artificiales. Lo que se ahorraron en gastos de la convención sin duda lo invirtieron en pirotecnia. 

Entonces, transcurrido este -no tan breve- repaso por ambas convenciones, definitivamente quedan muchas interrogantes: ¿Cuál estuvo mejor? ¿cuál fue más efectiva? ¿cuál transmitió mejor su mensaje? Las respuestas a esas interrogantes estarán disponibles el tres de noviembre.

*El autor es estudiante de Periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

Fuente de la imagen principal: Morning Consult

Juicio a la “lista sábana”

Opinión | Por Ramiro Albina |

Luego de la particular sesión de la Cámara de Diputados del jueves 24 de septiembre, los cañones apuntaron hacia una presunta culpable: la “lista sábana”. 

Las historias simples nos ayudan a ordenar nuestra cabeza. Cuando encontramos fácilmente al culpable, podemos protestar y hacer escándalo mientras en el fondo estamos tranquilos por haber hallado una respuesta certera. 

La “lista sábana” se convirtió en el cuco que más usamos como explicación cuando asoma un escándalo protagonizado por alguno de nuestros representantes políticos. Se convirtió en un cliché.  Cuando una idea recurrente no encuentra adversarios con los cuales discutir y afianzarse, la verdad se devalúa y se transforma en dogma. Por esta razón, hagamos el ejercicio de ponernos en modo “abogado del diablo” y analicemos los posibles argumentos positivos por parte de la conservación de la “lista sábana”. Por las dudas ya pedí custodia. 

Si la “lista sábana” hubiera tenido un juicio justo el 24 de septiembre, su inocencia hubiera quedado demostrada. Los sistemas electorales nos plantean una historia apasionante pero nunca simple. Rebobinemos. 

Los sistemas electorales tienen la enorme tarea de conectar la expresión de nuestras preferencias por medio del voto con la ocupación de cargos públicos electos. Simplificando bastante, dentro de sus componentes fundamentales podemos encontrar 1) la magnitud de los distritos electorales, 2) la fórmula electoral, 3) el umbral de exclusión (un mínimo de votos para que el partido/candidato pueda acceder al reparto de cargos), 4) la estructura de la boleta de votación.

A muy grandes rasgos, los sistema electorales suelen ser clasificados según su principio de representación como mayoritarios o proporcionales. Los primeros tienen como objetivo conseguir mayorías legislativas sólidas premiando a los principales partidos. El mejor ejemplo son aquellos en los que se elige solamente un representante por distrito por mayoría simple de votos. Por otro lado, los sistemas proporcionales privilegian una representación fiel de la distribución de preferencias (algo que depende en buena medida de la fórmula electoral y el tamaño de los distritos). 

Cada distrito electoral está definido por sus límites, la cantidad de electores en su interior y la cantidad de cargos en juego. Para las elecciones legislativas, los distritos en los que se disputa solamente una banca reciben el nombre de “uninominales”, mientras que cuando se eligen dos o más se denominan “plurinominales”

Cuando se elige más de un representante, entra a jugar la fórmula electoral. Siguiendo a Gary Cox, esta constituye “el procedimiento de cálculo que convierte en forma usualmente mecánica los totales de los votos de los electores en una determinada distribución de los puestos en disputa entre los distintos partidos políticos o candidatos”.

En los sistemas electorales proporcionales, un elemento fundamental lo constituye la magnitud de los distritos. Esta está determinada por la cantidad de bancas legislativas en juego. Generalmente se divide en pequeñas (entre dos y cinco bancas), medianas (entre seis y diez) y grandes (más de diez). Cuanto más cargos hay en disputa, más se acentúa el efecto proporcional y el reflejo es más fiel. En este sentido, el tamaño de la asamblea legislativa es un elemento importante. 

En los distritos plurinominales, la estructura de la boleta de votación es otra característica fundamental. Generalmente se la puede clasificar como: a) lista cerrada y bloqueada: el votante no puede alterar el orden de los candidatos, ni elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría; b) lista cerrada y desbloqueada: el votante no puede elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría pero sí puede manifestar preferencias dentro de la lista (estableciendo un orden de preferencias en términos positivos o tachando/borrando candidatos que no sean de su agrado); c) lista abierta: el votante puede elegir candidatos de distintos partidos para una misma categoría (de esta forma, tendría la libertad para armar su propia lista). 

¿Y la lista sábana?

En el debate público se suele escuchar hablar de “lista sábana” para referirse a dos fenómenos distintos. Hay quienes llaman así a las boletas de votación que presentan distintas categorías de cargos en juego (presidente, gobernador, diputados nacionales, etc.), lo que favorecería el efecto arrastre. Sin embargo, en este caso nos referiremos a su segunda utilización, que fue la que entró en juego con el escándalo del diputado salteño. Se denomina entonces “lista sábana” a lo que técnicamente sería una boleta partidaria cerrada y bloqueada en distritos plurinominales de magnitud mediana/grande. El argumento en contra de la misma sostiene que dificulta al votante conocer a todos los candidatos que van detrás de quienes ocupan los primeros puestos de la lista, lo que desvirtúa el vínculo representante-representado. 

De esta definición se desprende que, en contra de lo que dicta la opinión más difundida, en nuestro país la “lista sábana” podría ser a lo sumo un problema (incluso estirando un poco el concepto) de únicamente 4 distritos. Además, tengamos en cuenta también que el “efecto sábana” tampoco cuenta para los candidatos que ocupan los primeros lugares en las listas.

“A lo sumo, la lista sábana podría ser un problema (incluso estirando un poco el concepto) únicamente de 4 distritos”

Aclaración: debido a que en el caso argentino la Cámara de Diputados se renueva de forma parcial (por mitades cada dos años), debemos prestar atención a lo que se denomina “magnitud efectiva”.

Como podemos ver, a pesar de que formalmente los diputados son electos en distritos plurinominales por representación proporcional, con fórmula D´hont y un umbral legal del 3%, en la práctica existen grandes diferencias de acuerdo al distrito del que se trate. En aquellos distritos que eligen entre 2 y 5 diputados se genera en la práctica un efecto mayoritario que si bien contribuye a un mayor reconocimiento de los candidatos, lo hace al costo de un menor reflejo fiel de las preferencias al imponer fuertes barreras de entrada a las fuerzas minoritarias. Por el contrario, en los distritos con magnitudes más altas (en los que se critica la “lista sábana”) existe la posibilidad de un mayor reflejo de las preferencias, a un costo de despersonalizar las candidaturas. Esta combinación puede generar efectos distorsivos tales como la facilidad de las terceras fuerzas para conseguir representación en las provincias metropolitanas pero la fuerte dificultad para extenderse más allá de estas a lo largo del territorio nacional. 

“Cuanto mayor es la cantidad de bancas en disputa, más se acentúa el efecto proporcional”

En los sistemas proporcionales es clave la magnitud del distrito. De nuevo: cuanto mayor es la cantidad de bancas en disputa, más se acentúa el efecto proporcional, y el reflejo es más fiel.  Hagamos un breve ejemplo, comparando el resultado de una igual distribución de votos en tres distritos con diferente magnitud, utilizando el método D´hont. 

Como vemos, lo que se conoce como “lista sábana” hace posible la representación parlamentaria de minorías. Por supuesto que sería absolutamente legítima una postura que defienda la reducción de la cantidad de candidatos por lista, pero esta no puede perder de vista su costo en términos de representatividad. 

En la discusión sobre cómo mejorar la calidad del vínculo representativo fortaleciendo la rendición de cuentas, una de las propuestas que se pueden escuchar en estos días es en favor del sistema de distritos uninominales. Si bien el sentido común nos dice que en un distrito en el cual se elige un solo representante la rendición de cuentas es mayor, es necesario tener en cuenta que esto entra en juego con otras variables tales como el sistema de gobierno o la selección de candidaturas, que pueden conducir a efectos distintos (por ejemplo, a pesar de que Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con sistemas uninominales sus efectos en la dinámica partidaria son muy diferentes). 

El talón de Aquiles de los sistemas uninominales es la subrepresentación de minorías. Incluso se puede dar la situación en que la fuerza subrepresentada en realidad sea la mayoritaria. Pongamos un ejemplo extremo, al borde del absurdo. Imaginemos un país dividido en 101 distritos electorales uninominales donde existe un sistema bipartidista perfecto: únicamente compite el partido A y el partido B. Supongamos que el partido A consigue el 50% + 1 voto en 51 distritos (por lo cual gana la banca en disputa en cada uno de ellos), mientras que el partido B consigue el 100% de los votos en los 50 distritos restantes. El resultado terminaría siendo que el partido A, con cerca del 25% del voto a nivel nacional tendría mayoría en la asamblea, mientras que el partido B, con cerca del 75% de los votos a nivel nacional quedaría en minoría. 

Otra de las alternativas para solucionar el problema de las “listas sábana” sería mediante la modificación de la estructura de la boleta. Sin embargo, a medida que se otorga una mayor libertad al votante para modificar la boleta, también se incrementa la complejidad del sistema. Como vimos, el reemplazo de la lista cerrada y bloqueada por una lista abierta permitiría al votante combinar candidatos de distintos partidos para una misma categoría. Para no ir tan lejos, también se puede optar por una lista cerrada y desbloqueada (donde se permite alterar el orden de los candidatos, pero no mezclar candidatos de distintos partidos para una misma categoría), lo que permitiría al votante elaborar un orden de preferencias entre los candidatos de la lista, ya sea por la positiva o tachando aquellos que no le gustan. A pesar de que esta alternativa podría mejorar la rendición de cuentas y el control por parte de los ciudadanos, también podría contribuir a un mayor debilitamiento de los partidos políticos, una mayor dificultad para sellar acuerdos electorales, e incluso un encarecimiento de las campañas debido a que los candidatos deberían competir no solo contra los otros partidos o alianzas sino contra los candidatos de su propia lista. 

Los puntos tratados acá son apenas una punta del iceberg, y en muchos casos una simplificación. Existen cientos de maneras distintas de contar y traducir los votos. Con la misma distribución de preferencias pero distintas reglas para contar y asignar cargos, los resultados pueden ser incluso opuestos. Por esta razón no podemos simplificar un problema que es complejo por naturaleza y menos cuando constituye el corazón de nuestro régimen democrático. 

En esta historia no hay buenos y malos. La cuestión gira en torno a los principios que buscamos privilegiar. Los sistemas electorales inevitablemente tienen efectos que generan ganadores y perdedores. Sin embargo, tenemos una buena noticia: la vasta experiencia no solo a nivel internacional sino también de los 24 distritos en nuestro país con variados arreglos electorales, nos permite recabar importantes lecciones sobre sus efectos. 

En la discusión sobre la “lista sábana” es necesario tener en cuenta su impacto y discutir los puntos débiles de sus alternativas. ¿La disconformidad de muchos ciudadanos con sus representantes nace de este arreglo electoral o tiene otros orígenes? Si la “lista sábana” fuera realmente la fuente de todos los males, deberíamos poder corroborar una imagen positiva mucho mayor de la Cámara de Senadores, donde se eligen únicamente tres representantes por cada provincia (dos por la lista más votada y uno por la segunda). ¿Menos candidatos en una lista contribuiría a superar la disconformidad de muchos ciudadanos y mejorar la calidad de la representación? 

Estamos estirando tanto la sábana, que corremos el riesgo de terminar tapando los problemas antes que encontrando soluciones.

*El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El desencantamiento del mundo judicial: entrevista a Ezequiel Kostenwein

Entrevista a Ezequiel Kostenwein sobre la reforma judicial

Dossier Reforma de la Justicia | Entrevista a Ezequiel Kostenwein*|

A fines de julio, el Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Poder Judicial que incluye la creación de juzgados federales penales con asiento en las provincias, la unificación del fuero Criminal y Correccional federal (Comodoro Py) con el Penal Económico, la unificación del fuero Civil y Comercial federal con el Contencioso Administrativo federal (aspecto que ya sufrió modificaciones en el Senado) y el traslado de la Justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, entre otras medidas.

A su vez, creó un Consejo Consultivo, conformado por once juristas, cuyas tareas consisten principalmente en formular recomendaciones relativas al diseño y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura y a la implementación de los jurados populares.

Con varias definiciones pendientes, tanto en relación a la recomendaciones del Consejo Consultivo como a posibles cambios en la letra del proyecto por parte del Congreso, entrevistamos a Ezequiel Kostenwein, profesor de Sociología Jurídica (UNLP) y de Criminología (UNL) e investigador del Conicet en esta quinta entrega del Dossier Reforma de la Justicia.

Ezequiel, estuviste estudiando con cierta profundidad el funcionamiento de la Justicia, sobre todo del fuero penal de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué problemas reconocen los propios actores judiciales sobre el funcionamiento actual? ¿Qué cosas agregarías como observador de la Justicia?

Los problemas son varios, al menos desde el tiempo que yo llevo indagando, haciendo entrevistas, pero me circunscribiría a dos fundamentalmente. Uno de ellos es el de la injerencia cada vez mayor de los medios de comunicación y de las autoridades políticas, al menos respecto de lo que deciden plantear quienes trabajan allí. Desde luego esos vínculos o relaciones son complejas, pero más allá de eso uno podría sugerir que van influyendo o condicionan el trabajo cotidiano de quienes integran la Justicia Penal. Y a eso podríamos agregar el “desencantamiento mundo judicial”: los propios actores judiciales consideran que están en una institución que no los protege, no los preserva, no los apoya. Entonces,  frente a cualquier injerencia externa, es decir, de algún actor extrajudicial, las posibilidades de resistir esas envestidas son pocas.

¿Cómo se explica ese “desencantamiento del mundo judicial”?

El diagnostico que se puede generar es que hay como dos grandes perspectivas por parte de los integrantes de la  Justicia Penal… ¿Esa falta de cohesión interna cómo se puede explicar? Para algunos, ese debilitamiento, esa falta de integración de la Justicia Penal, que es un proceso complejo y largo, se debe a que empezó a haber debilidades entre los propios actores judiciales y eso hizo posible que estos actores extrajudiciales, que son más pero para circunscribirnos vamos a pensar en los medios de comunicación y autoridades políticas, cada vez puedan tener más influencia.

Sin embargo, hay otro grupo de actores judiciales que dice que en realidad fueron estos actores extrajudiciales los que generaron esa pérdida de cohesión interna. No sé si soy claro pero hay dos grandes posturas: 1) más internalista: actores judiciales que dicen que fue primero la pérdida de integración o cohesión la que hizo posible el ingreso de los actores extrajudiciales; 2) fueron los actores extrajudiciales los que generaron mayor debilitamiento interno.

“Los propios actores judiciales consideran que están en una institución que no los protege, no los preserva, no los apoya”

¿Y cuál es el grado de autonomía relativa de estos actores judiciales respecto de estos otros actores extrajudiciales que mencionás?

Es difícil, desde luego, hacer un planteo general, sobre todo en un ámbito como el de la provincia de Buenos Aires, con las heterogeneidades que existen respecto de los departamentos judiciales, y en ese aspecto las relaciones con políticos/as varía. Tenés desde personas que consideran que hay una vinculación espuria -es decir que eso termina en una genuflexión o una actitud sumisa por parte de la Justicia frente a los pedidos, los reclamos o exigencias de los poderes ejecutivos de turno- a, por otro lado, quienes sostienen, y en este caso también ubicaría a actores judiciales, que en realidad es esto que se ha dicho más de una vez: el papel de la Justicia es mas bien de aquellos tiempistas. Los que saben advertir cuando van cambiando de acuerdo a las circunstancias, a las coyunturas, a las elecciones los poderes ejecutivos y en ese aspecto la Justicia se va adecuando a las necesidades o exigencias de las nuevas personas que llegan a los cargos ejecutivos empezando a perseguir o investigar a aquellos que los dejan.

A mí me parece que si bien tiene algún asidero, debería ser analizado o evaluado a partir de casos más específicos, pero es evidente que las designaciones, los nombramientos, las promociones de los cargos, sobre todos los más importantes, en el ámbito judicial están estrechamente ligados al campo político. Allí se encuentran diferentes experiencias, actitudes y posturas de los integrantes de la Justicia Penal. Lo que es interesante -y también previsible- es que los actores judiciales mismos, cuando los entrevistan, están en condiciones de hablar y señalar a otros pares, es decir de colegas que son más “flexibles” o “tienden a ceder más rápidamente frente a las presiones de las autoridades políticas” pero los entrevistados nunca se autodefinen de esa manera; siempre lo hacen en una actitud de mayores límites que ponen a los reclamos o exigencias del poder político.

¿Hay otros actores que perciban como influyentes además de los medios de comunicación y las autoridades políticas?

Yo diría que, con matices y de acuerdo a circunstancias, coyunturas y jurisdicciones: los medios de comunicación, las autoridades políticas, como ya mencioné, determinadas organizaciones no gubernamentales… El trabajo de la policía, si es mancomunado o no, si en definitiva en el territorio investiga la policía y la Justicia rubrica o legitima lo que hace la policía… Sabemos que en algunos ámbitos o momentos esto efectivamente puede ser así.

Después por ejemplo en algún trabajo que he escrito hace un tiempo trataba de señalar que la metáfora o alegoría de la familia judicial quizá no es la más precisa o la más adecuada para tratar de dar cuenta algunos de los movimientos o rasgos de la Justicia, precisamente por estos escepticismos que existen entre los mismos integrantes, y que deberíamos pensar no solamente o fundamentalmente a la familia judicial si no del judicial. Y en este aspecto está asociado a las consecuencias o secuelas cuando a un actor judicial se lo somete a jury o a juicio político: cómo altera, cómo reconfigura su vida cotidiana; es decir, cómo se ven alterados sus lazos con sus familias, sus padres, sus parejas si es que tienen, sus hijos si es que tienen… Entonces, para tratar de entender las decisiones judiciales en la actualidad quizá es importante pensar en la familia del judicial; es decir, cómo un integrante de la justicia puede proyectar o puede pensar en una decisión que va a tomar, y si eso en el futuro puede llegar a acarrear a algún daño a su familia y entonces lo revea y no tome esa decisión. Yo creo que esto último, para pensar en la influencia de situaciones respecto de las situaciones judiciales, puede ser importante.

¿Crees que estas consideraciones que venís haciendo pueden extenderse a la Justicia Penal Federal? ¿O son dos mundos distintos?

Me parece que en algunos puntos hay desde luego vasos comunicantes; es decir, hay algunos esquemas similares. En definitiva se trata de la misma institución, pero me parece que debido a los temas de competencia de cada una de las justicias no es exactamente comparable. Creo que construir herramientas para tratar de entender la dinámica de la Justicia por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, no necesariamente es la misma que para hacerlo en la Justicia Federal…. Además cuál Justicia Federal estamos pensando… En definitiva, yo pondría un término medio, no son dos mundos distintos pero tampoco son los mismos mundos. De allí que lo que habría que diferenciar son las causas profundas y próximas de esas diferencias y de esas similitudes.

¿Hay problemas estructurales relacionados al procedimiento de nombramiento y remoción de magistrados? ¿Qué aspectos de estos procedimientos se presentan como problemáticos?

A mí me parece que el problema respecto a los nombramientos y la separación, suspensión o incluso expulsión de magistrados está asociado a la falta de rigurosidad de un control cierto sobre cómo se despliegan esos resortes; y esto no equivale a hablar bien de actores judiciales que se victimizan cuando están en esa situación, ni tampoco hablar bien de quienes integran, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que por lo general cuando están en ese cargo o esa función tienden solo a ponderar lo positivo que quieren lograr o al menos la dirección en la que quieren avanzar.

Considero que se genera como una discusión endogámica, donde se empieza a hablar un mismo vocabulario y las expectativas o pretensiones de hacer cambios relativamente profundos y con consistencia, incluso hasta con valentía, se terminan diluyendo. No por señalar cobardía, ni conformismo por parte de quienes están, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura; son lógicas que para desactivarlas, para generar nuevos escenarios posibles y alternativos no es tan sencillo. Pero me parece que hay una circulación de individuos por que por lo general tienen ya todo el capital acumulado y es difícil que al ingresar estén en condiciones de proponer un nuevo diálogo, un nuevo esquema… Mas bien con algunas diferencias o sutilezas tienden a reproducir las lógicas establecidas.  Si tuviese que decir una cuestión o aspecto problemático diría que es el poco control de decisiones que toman primero en la Justicia y después en el Consejo de la Magistratura y a su vez que en algún punto siguen siendo bastante encriptados o encapsulados esos ámbitos y como consecuencia las personas que pululan por allí son más parecidas que diferentes.

“Si tuviese que decir una cuestión o aspecto problemático diría que es el poco control de decisiones que toman primero en la Justicia y después en el Consejo de la Magistratura”

En base a la versión actual el proyecto que  presentó el gobierno, con la aclaración de que aún queda un largo camino por recorrer en el Congreso, por lo que puede sufrir modificaciones, ¿qué aciertos, omisiones y problemas marcarías?

No quisiera tampoco dar detalles que no esté en condiciones de respaldar. Sí voy a hablar en calidad de docente e investigador y que además trabaja temas ligados a la justicia o a la sociología de la Justicia Penal… Por ejemplo, el hecho de que de manera muy, muy lateral hayan tenido en cuenta a investigadores/as que se vienen dedicando a la temática de la Justicia es un punto débil. Pero además digo investigadores/as en términos multidisciplinares; es decir, personas que desde la antropología, la etnografía, la sociología, las ciencias sociales en general -y podríamos incluir a otros ámbitos y disciplinas- podrían dar nuevos enfoques, pero no para cambiar radicalmente la propuesta sino para oxigenarla, es decir para que hablen sin el bagaje absolutamente introyectado e incorporado que tienen quienes sí han formado parte de las comisiones o los teóricos expertos respecto del funcionamiento de la Corte.

De hecho en parte algo insinué en la respuesta anterior: en algún aspecto es bastante autorreferencial, bastante circular y los argumentos o las justificaciones que validan estas reformas para mí son endebles, entre otras cosas porque siguen hablando el mismo idioma que hablaban las propuestas de reformas anteriores; y considero, desde mi punto de vista, con poca participación de individuos, de colectivos, de agrupaciones, de actores que podrían ofrecer una mirada más novedosa o más innovadora.

El énfasis de la reforma pareciera estar puesto en Comodoro Py. ¿Alguna observación sobre ello?

El presupuesto de que la Justicia federal o al menos estrictamente Comodoro Py  tiene mucho poder acumulado y que por lo tanto debemos multiplicar los integrantes que tengan competencia en esos temas parece bastante infantil, ¿no? Decir que si algo se hace mal entre 5 personas, si ponemos a 20 a hacerla, de por sí es algo bondadoso o beneficioso, me parece que no resiste mucho análisis. A mí me habían parecido un tanto arriesgadas las palabras de la ministra Losardo cuando hablaba del costo de la reforma, de que eso además no podía ser después utilizado para cuando la gente vaya a la plaza entonces como gobierno no podían decir “no tenemos plata” o “nos sale cara la reforma”. Me parece muy elemental ese razonamiento así planteado, no Losardo sino lo que dijo en esas circunstancias (1).

Habría que revisar ciertos tópicos, ciertos disparadores que utilizan sobre todo para poner en agenda un problema tan sensible. Y por otro lado, se parte de una idea que no está demostrada en lo más mínimo y es que la Justicia es una de las instituciones peor vistas por la opinión pública. Los trabajos que se han hecho en ese sentido son realmente limitados, segados. Yo no estoy diciendo lo contrario (que en efecto la sociedad realmente no vea mal el desempeño de la Justicia) pero el modo en que se lo conceptualiza es muy restrictivo. Entonces…. yo también pondría al menos entre paréntesis la relación entre la opinión pública -si algo así existe- o “la sociedad” y la administración de justicia, porque la gente en función de la experiencia propia que tiene no deduce las mismas cosas. Además no es lo mismo la justicia laboral, de familia, la penal; la justicia federal penal que la ordinaria… Entonces creo que habría que hacer varias salvedades.

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*El entrevistado es abogado (UNLP), magister en Criminología (UNL) y Doctor en Cs. Sociales (UNLP). Actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET y docente de Sociología Jurídica en la UNLP. También dicta clases en la maestría de Criminología de la UNL.

(1) Palabras de la ministra de Justicia Marcela Losardo acerca de la reforma judicial, en su presentación en el Senado: “La justicia no es un costo. Eso es como decir no tengamos escuelas porque es un costo. La justicia es un pilar. Tiene que dar respuesta Las plazas llenas de gente pidiendo justicia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué no tenemos plata?”.

Porteños y bonaerenses en el laberinto del federalismo

Opinión | Por Patricio Mendez

La decisión del presidente Alberto Fernández de destrabar el conflicto policial a través de la sustracción de un punto de coparticipación de la ciudad a la provincia abrió un fuerte debate en las redes sociales y los medios. Mientras que unos rechazaron la decisión arbitraria e inconsulta del gobierno, otros aprovecharon para recordar el aumento de la coparticipación que había establecido el gobierno anterior a través de un método igualmente inconsulto con el resto de las provincias. La legalidad de la medida va a ser definida por la Corte Suprema en un fallo tan distante como incierto. En esta nota me gustaría analizar tres puntos que fueron evidenciados por la decisión y que son problemas inherentes del federalismo argentino.

En primer lugar, la Provincia de Buenos Aires es la gran perdedora del sistema federal. Lo es en términos de coparticipación: la provincia genera 40% de la masa total, solamente se lleva 22%. Se trata de la jurisdicción con mayor cantidad de habitantes y con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas en materias sociales como vivienda, agua potable, cloacas, salud y educación. Si los derechos tienen costos, como nos dicen Holmes y Sunstein, la falta de recursos deriva en una situación de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. No es justo condenar a los bonaerenses a esta situación de desamparo por el solo hecho de haber nacido en esa provincia.

Pero Buenos Aires es también la gran perdedora en términos de representación política. A pesar de representar alrededor del 38% de la población, solo representa el 27% de la cámara de diputados y el 4% del Senado. Esto no solo genera problemas a la luz del ideal democrático de “una persona un voto” sino que genera efectos prácticos sobre cómo se recauda y como se distribuyen los recursos en nuestro país. Argentina tiene el sistema representativo más distorsionado de todos los países federales, según los expertos en la materia. La subrepresentación de las provincias grandes y la sobrerrepresentación de las pequeñas genera un sesgo favorable a estas últimas en detrimento de las necesidades e intereses de la mayoría. La cantidad de recursos que reciben los fueguinos o los santiagueños en desmedro de los bonaerenses es un resultado directo del sistema representativo.

Si esta situación nos parece problemática, es natural que nos parezca necesario cambiarla. Sin embargo, el régimen de coparticipación es prácticamente inmodificable. La sanción de una nueva ley de coparticipación no solo requiere mayorías absolutas de los miembros totales de las dos cámaras (que ya cuentan con una distorsión representativa a favor de las provincias más pequeñas) sino que requiere de la ratificación de todas las provincias. Se trata de una regla tan injusta como impracticable. Lo que a simple luz parece una oda a los consensos en realidad implica la “tiranía del disidente”. Si la regla es la unanimidad, la consecuencia es que una solo de las provincias tiene poder de veto sobre cualquier reforma. El método elegido para sancionar la nueva ley de coparticipación genera incentivos concretos para que las provincias beneficiadas por el actual sistema no cooperen y rechacen toda reforma, más allá de la injusticia manifiesta del sistema.

Esta situación se agrava a los ojos de las personas preocupadas por la situación actual. Si uno analiza los datos de los recursos otorgados a las provincias, puede notar que la mayor cantidad de dinero es otorgado a las provincias con peores estándares de protección de derechos y de menor calidad democrática. Y en este caso, el federalismo argentino también se aparta de lo que hacen la gran mayoría de los países de este tipo. Mientras que es una práctica normal atar desembolsos de dineros federales al alcance de ciertos objetivos de política pública y de progresiva expansión de los derechos, nuestro sistema no cuenta con mecanismos federales de rendición de cuentas y monitoreo de los recursos y las obras a realizar. Lo que termina sucediendo es que a pesar de que en teoría la mayor asignación de recursos a las provincias más desaventajadas se hace en términos de justicia distributiva, la realidad es que no tenemos mecanismos para verificar que efectivamente eso redunda en mejor calidad de servicios públicos para los más desfavorecidos de esas provincias.

Esta situación, sin embargo, no avala la decisión del gobierno de sustraerle los recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Durante los últimos 10 años, la Ciudad asumió la responsabilidad de manejar dos servicios esenciales, como lo son la red de subterráneo y la policía local. En estos días se está discutiendo, asimismo, la transferencia de delitos y juzgados penales nacionales al ámbito de la Ciudad. Estas atribuciones son servicios costosos y, por mandato constitucional, debe ir de la mano de la transferencia de los recursos. No hacerlo así implica un virtual ajuste sobre las arcas públicas de la Ciudad, generando efectos regresivos en los sectores más desaventajados.

Podemos notar que algunos aspectos del arreglo federal argentino chocan con nuestras intuiciones de justicia y, en especial, generan efectos nocivos sobre las personas postergadas de nuestro país. La decisión de ayer provoca una pelea absurda entre las clases medias y pobres de las dos jurisdicciones. No hay que caer en esa tentación. Tampoco es útil entrar en un conflicto con las provincias más pobres de nuestro país. En un país con las desigualdades económicas y territoriales que tenemos, la recaudación y el gasto tienen que tener un fin redistributivo. Sin embargo, para que esas exacciones a favor de ciertas provincias nos parezcan justas, tenemos que repensar los mecanismos de rendición de cuentas atados a la expansión de derechos y del estado de derecho. A largo plazo también nos invita a discutir la salud del federalismo. Si esta forma de gobierno genera desigualdades políticas y económicas, pero hace imposible el cambio y la transformación del status quo, es necesario que repensemos su funcionamiento y sus características.

*El autor es abogado y docente (UBA) y LL.M en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (University of Essex)